{titleflag:es}Diario de León, España (28-02-2007)

La revisión del franquismo amenaza con enturbiar los lazos de los socialistas con sus aliados parlamentarios. El PSOE dio una de cal y otra de arena en el Congreso: logró, para hartazgo de Esquerra e IU-Iniciativa per Catalunya, que se ampliara por decimonovena vez el plazo de enmiendas a la ley de memoria histórica, pero aceptó dos propuestas de estos grupos, y una más de CiU, para suavizar los requisitos para que los partidos cobren indemnizaciones por los bienes incautados por la dictadura.

Los socios del Ejecutivo, pero también CiU y PNV, tienen la mosca detrás de la oreja y temen que el PSOE no tenga la menor intención de que la ley de memoria histórica, uno de sus proyectos estrella, y la reforma de la restitución del patrimonio expropiado por el franquismo «vean la luz» en esta legislatura. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, resumió las sospechas: «dicen ahora que sí para luego alargarlo en el tiempo y que poco a poco dejáramos agotarse la legislatura», la táctica de «donde dije digo, digo Diego, y no ha podido ser».

«Búsqueda de consenso»

En el caso de la ley de la memoria histórica, los socialistas consiguieron ayer que la Mesa de la cámara baja ampliara una vez más, en esta ocasión hasta el 6 de marzo, el plazo para la presentación de cambios al proyecto. El PSOE justificó esta nueva moratoria, en palabras de su portavoz, Diego López Garrido, por la voluntad gubernamental de evitar «un fiasco», lograr «el máximo consenso» y llegar a «puntos de encuentro» con todos los grupos que, por ahora, parecen muy lejanos.

El proyecto de ley entró en el Congreso el 28 de julio pasado y desde entonces se ha ampliado hasta 19 veces el plazo de enmiendas, con la prórroga acordada ayer. Tal cúmulo de moratorias obedece a la falta de acuerdo. ERC e IU-Iniciativa exigen una ley más ambiciosa con la revisión a fondo, entre otros aspectos, de todos los procesos judiciales del franquismo, mientras que CiU y PNV, sin ir tan lejos, reclaman que, al menos, se anulen los juicios sumarísimos de la dictadura.

Demandas que el Gobierno se niega a satisfacer porque, argumenta, crearía «inseguridad jurídica».