{titleflag:mx}Boletín 01
San Cristóbal de Las Casas, 27 de Febrero de 2007

El Frayba reprueba amenazas de muerte en contra de integrantes de CIEPAC

Proteger la actividad de organismos civiles es responsabilidad del Estado.

Se exigen garantías para la integridad de activistas y defensores de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas condena las recientes amenazas que han dirigido en contra de quienes trabajan en organizaciones civiles por la defensa de los derechos humanos. El hecho más reciente lo constituye la amenaza de muerte en contra de los integrantes de CIEPAC quienes, el pasado 26 de Febrero, encontraron una nota escrita que fue arrojada en las oficinas de esta organización.

La denuncia pública de CIEPAC expresa que “aproximadamente entre las 9:20 y las 9:30 de la mañana, fue arrojada por encima de la puerta de nuestras oficinas una nota escrita en una hoja de cuaderno, doblada de manera particular (forma de abanico y doblada a la mitad) con el siguiente mensaje: ‘Disfruta tu ultimo día. Te mataremos estoy buscandote y ya te encontramos’ (sic).

El día 3 de febrero una integrante del equipo CIEPAC se percató de que se encontraba marcado (con lo que pareciera ser un objeto metálico) su nombre en el portón de entrada a su domicilio, borrándolo inmediatamente. El 13 de febrero, frente a la misma casa se encontraba un sujeto (de bigotes, estatura mediana, moreno, aproximadamente 40 años) con el uniforme azul característico de la Policía Sectorial, recientemente renombrada ‘Policía Preventiva’. Al verla llegar y empezar a abrir su puerta, el uniformado se le acercó para preguntar si lo podía dejar entrar a su casa, queriendo ver cómo estaba puesto el portón por dentro, pretextando que estaba construyendo uno y le gustaba ese en particular, por ser corredizo y no tan alto. Frente a la negativa de nuestra compañera, el individuo contestó: ‘No importa, ya lo vi por fuera’, y se fue.

El día 24 de este mes a la 1:30 a.m., saliendo de una cena del equipo CIEPAC en casa de otra compañera de trabajo, compañeros de nuestra organización fueron hostigados por policías sectoriales. Al estar subiendo a sus vehículos, fueron interceptados por seis uniformados, con armas de alto poder, y dos de ellos encapuchados, a bordo de la patrulla PS-344. Mientras solicitaban documentos de identificación de dos compañeros, uno de los uniformados abordó físicamente a otro compañero, exigiéndole agresivamente que se diera vuelta en contra del vehículo para ser cateado. Al percatarse, por medio de la tarjeta de circulación de uno de los vehículos, que éramos miembros de una organización no gubernamental, el discurso de los uniformados pasó de la agresividad a la justificación de un supuesto ‘operativo de seguridad’. Las contradicciones en relación a los fines del operativo fueron evidentes, así como la hostilidad y el hostigamiento.”

A estos hechos le antecede una denuncia de allanamiento y hostigamiento denunciadas el 17 de enero pasado.

Ante los constantes actos de hostigamiento en contra de los integrantes del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria A.C. (CIEPAC), mismos que han sido denunciados públicamente, continúan presentándose poniendo en riesgo la integridad de quienes orientan su labor para fortalecer procesos sociales de poblaciones indígenas en el ejercicio de sus derechos.

Para el Frayba, estas agresiones se enmarcan en las acciones de persecución y represión que han venido denunciando quienes buscan construir alternativas dignas y justas al modelo neoliberal, tal es el caso de CIEPAC cuya organización se ha comprometido con la promoción de los derechos universales, además de su abierto activismo para promover como adherentes “La Otra Campaña” convocada por el EZLN.

Estos hechos de hostigamiento e intimidación que se inscriben en un contexto de incremento de la polarización y conflictividad social en el estado tienen la intención de generar confusión y miedo en la población además de inhibir la tarea de promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

En ese contexto este Centro hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales que, como agentes del Estado mexicano, están obligadas a promover y respetar la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

La falta de acción eficaz por parte del Estado no sólo genera impunidad, también los hace responsables de estos ataques por omisión. Recordamos a los distintos niveles de gobierno que es su obligación respetar la Declaración de defensores y las garantías constitucionales, particularmente que:

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2.- Es responsabilidad del Estado garantizar la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.

3.- Es deber del Estado garantizar el derecho de asociación y de manifestación de sus ciudadanos frente a cualquiera que de manera abierta o anónima pretenda inhibirla.

4.- La promoción de los derechos fundamentales no debe criminalizarse ni considerarse una amenaza para el Estado

5.- Así mismo es obligación del Estado investigar de manera seria y exhaustiva a quienes resulten responsables de estos delitos para que sean debidamente sancionados, así como todos los denunciados anteriormente contra activistas y defensores de derechos en el estado de Chiapas.