RESPUESTA DE REDH:

Sr. César Enrique Bonduri Casals

Creo que el caso que uds. presentan merece difusión y discusión, por tanto reproduzco aquí integralmente su envío, respetando los destaques originales en el caso de la presentación del mensaje y la carta al Presidente Néstor Kirchner, y adjunto el proyecto de Ley tal como me ha llegado.

Para ubicar la información en su contexto, cabe destacar que a la fecha existen más de 200 conscriptos desaparecidos. A mi juicio, de haber incurrido en situación de rebeldía creo que esa era la suerte que ustedes estaban destinados a correr, mucho antes de ser sometidos a Corte Marcial o cualquiera otra normativa ‘legal’ vigente en su momento (el entrecomillado para la palabra ‘legal’ sirve para señalar su aplicación como sarcasmo, por supuesto).

Según el Informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos - OEA) de 1980:

10. La CIDH, recibió en la Argentina a un grupo de "Familiares de Conscriptos Desaparecidos", quienes presentaron un análisis detallado de las circunstancias que rodean la desaparición de los soldados conscriptos y de su "particular significación institucional".

Algunos de los correspondientes párrafos se transcriben a continuación:

En todos los casos se trata de hombres jóvenes –entre 18 y 22 años al tiempo de los hechos—que fueron incorporados para prestar el servicio militar obligatorio. Se establece así una relación especial de naturaleza administrativa entre cada uno de ellos y el Estado Nacional, actuando en representación de éste en tales supuestos, cada una de las tres Fuerzas Armadas, bajo cuya jurisdicción se desempeñaban las víctimas.

Por otra parte, por el hecho mismo de que las víctimas permanecían en establecimientos u oficinas militares, se encontraban sometidas a todas las reglas y procedimientos de disciplina, control y vigilancia, ordinarios y extraordinarios, estando asimismo físicamente a merced de los jefes mediatos o inmediatos.

Más adelante se agrega:

En la acción represiva que ha afectado a los soldados conscriptos se ha procedido como en todos los demás casos, a través de métodos paralelos y secretos, aunque naturalmente con adaptación a las circunstancias particulares en que se encontraban las víctimas. El sistema adoptado permitió que las unidades militares donde prestaban servicio los afectados pudieran quedar como deslindadas de responsabilidades en los hechos sobrevivientes a la par que se satisfacía el objetivo central de la desaparición, es decir permitir que la investigación y las sanciones quedaran fuera de cualquier cuadro legal públicamente conocido.

Y finalmente se señala:

Cuando no medió detención en los domicilios, se utilizó sin excepciones el argumento de que las víctimas habían recibido comisiones o francos y luego nada se había sabido de ellas. Ningún familiar logró que se le proporcionaran datos precisos acerca de las circunstancias concretas de la comisión o el franco que acompañaron a las desapariciones. Con frecuencia además, las versiones recibidas de los jefes y oficiales de las unidades fueron incoherentes y contradictorias. Casi todos los familiares pudieron advertir que en las primeras reuniones en que trataban los hechos eran sometidos a preguntas de evidente objetivo inquisitorio. En la mayoría de los casos, con posterioridad a estas primeras reuniones se les negaban nuevas entrevistas.

En casi todos los casos, se dio por desertores a los afectados.

La frase final se refiere al ‘procedimiento’ de rigor en esos casos: se decretaba la “deserción”, y se imponía a los familiares el pago del uniforme y "demás efectos faltantes, provistos por la Institución".

“Procedimiento”, al que creo –como dije- que uds. no habrían escapado.

De manera que no sería justo considerarlo como un caso de “opción”, salvo que en algún caso alguien se haya plegado voluntariamente a la represión dentro o fuera de ese marco.

El antecedente de denuncia por desaparición de conscriptos, a uds. los implica en cuanto a que determina el grado de indefensión y arbitrariedad al que estaban sometidos, y como verán, estos reclamos datan de los inicios de la lucha por la Verdad y la Justicia en Argentina.

Sería oneroso tratar de ponerse en su lugar y ‘adivinar’ las consecuencias traumáticas de tal experiencia, por lo que valoro la actitud de uds. de denunciarlas, y creo que la carga testimonial que hayan aportado o puedan aportar será capital en el camino que andamos.

El valor testimonial singularmente inestimable de su propia experiencia, y del aporte que uds. puedan hacer en base a ella sobre otras causas.

Este camino del que hablo se construye sobre tres pilares: Verdad, Justicia y Reparación, y carece de consideración y valor si ‘alguno’ de ellos falta, o le restamos importancia.

Lo que a mí, en general, siempre me ha llamado la atención, es la tendencia general de entrarle al tema de la reparación por el lado de la indemnización económica. Lo que a mi juicio simplifica demasiado el rol que le cabe al estado y se adelanta a otro tipo de respuestas y toma de responsabilidades de manera negativa.

En gran medida (y sé que no es todo, pero sí parte fundamental de su reclamo), el pedido de pensión que uds. presentan, aporta a esa tendencia de la que hablo.

Antes de entrar en el balanceo de “porque en tal caso sí” y “porqué en tal caso no”, debo decirle que nunca he estado a favor de la reparación económica en caso alguno. Conozco a gente -para mí incuestionable- que ha percibido distintos tipos de reparación económica, y me consta que luego de haber analizado los argumentos que determinaron en mí tal posición, concluyeron en otra…

Por esto no me considero dueño de la verdad, y es muy probable que esté equivocado. Pero para ser coherente y honesto con lo que pienso y entiendo (hasta tanto no pueda verlo de manera diferente): no avalo, comparto, facilito, ni acompaño ninguna acción que persiga ese objetivo, y por supuesto, tampoco abro juicio ético o moral alguno al respecto.

En el caso de la presentación que uds. hacen, considero justo y necesario que se reclame al Estado argentino por los perjuicios que les causó experiencia en tal medida traumática. Considero al Estado argentino responsable de lo que han vivido como de todos los perjuicios devenidos de la acción del Terrorismo de Estado.

No creo que eso se reduzca al otorgamiento de una pensión y obra social, en los términos en que uds. la reclaman.

Es de destacar el cuidado que han tenido para que quede clara su posición, en cuanto a que no adscriben en absoluto a los postulados de los genocidas, ni a sus intenciones, ni a los métodos que ellos han utilizado. Resulta lógico, y dicho fue, que los considero víctimas y no parte de los victimarios.

Pero parte de los argumentos que uds. esgrimen en su reclamo, rozan los gambitos con que los represores han burlado a la Justicia y sobre los que levantaron los muros de la impunidad.

Uds. no quieren entrar en la ‘discusión política’ sobre si hubo o no guerra. Creo que es importante hacerlo, sobre todo si dan prioridad al término “combatiente” en lugar de nombrar a su asociación como “ex Conscriptos asimilados al…”. No sé si hubo guerra, pero somos combatientes…

Si hubo guerra, hubo dos bandos; si hubo dos bandos, de una u otra manera, uds. estaban asimilados a uno. Creo que esa perspectiva es errada y como tal no los favorece. Ni los favorece a ustedes, ni a la realidad…

El concepto de Guerra Interna ha sido muy embromado en nuestra historia. Ha abierto callejones legales sin salida, sienta referencia a doctrinas opresivas, desvirtúa la historia, la realidad y sus consecuencias: ¿Guerra contra combatientes populares?, ¿contra bebés?, ¿contra líderes sociales?, ¿contra dueños de bienes preciados por el almirante tal, el cabo, el paramilitar que apoya “el turno”?, ¿Guerra contra militantes sindicales?, ¿contra la democracia?, ¿contra el derecho?, ¿contra la libertad?,¿contra el pueblo?, etc… ¿Guerra bajo qué términos / reglamentos / principios / tratados / convenciones?.

Ubican uds. el origen que los represores genocidas se preocupan por legitimar como instrumento habilitante a sus desmanes: el Decreto firmado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón…

Creo que por muy parecido y traumático que fuese el escenario en el que “se vieron obligados a actuar”, no fueron forzados a actuar en operaciones de carácter bélico, sino a formar parte de una maquinaria brutal de exterminio de la cual no son responsables; por lo que tienen derecho a reclamar, pero no creo que esto sea desde la perspectiva que han elegido.

Como dije anteriormente, quizás refuerce mejor su pedido el considerarse “Ex Combatientes del Operativo Independencia”… Dado que no compartimos ese objetivo, ni gran parte de los argumentos, para mí son “ex conscriptos forzados a participar en el Operativo Independencia”, y creo que uds. han percibido que no es lo mismo…

Ambos términos, presentados como complemento, concluyen en una ambigüedad errática, y poco conducente (aún si -en alguna medida- favorece a la formulación de su reclamo desde un punto de vista legal o de factibilidad política).

Es claro que uds. ocupan un lugar en la realidad que nadie menos que ustedes mismos han querido ocupar, que los afectó y seguramente los afecta. Por supuesto sus Derechos Básicos y elementales han sido avasallados y los organismos, colectivos y militantes de Derechos Humanos debemos atender este caso, desde una perspectiva amplia y efectiva, asumiendo su complejidad, su vínculo con otros aspectos del mismo drama que nos ha tocado vivir, complementando datos, información, actuando sobre los responsables, actuando sobre las consecuencias claves derivadas de esos hechos.

Desde cierto punto de vista, esto puede resultar poco práctico, quizás desalentador.

Muchas víctimas directas, (como ustedes lo son), han perseguido la verdad y la Justicia sobre lo que ocurrió con sus parientes, por ejemplo, descubriendo lo que le ocurrió a otr@s, sin avanzar en nada sobre su propio caso. Esto, aunque resulte raro, se percibe como algo positivo…

La Verdad común es parte de nuestra Verdad, la de todas y todos. Es muy probable que en este aspecto uds. puedan hacer una gran contribución, y de esa manera resultará fácil entender por qué es algo positivo, y por qué trasciende lo personal y lo individual.

La Verdad común delinea el perfil pretendidamente oculto de los responsables y abre caminos a la Justicia. Eso también es capital.

El caso que uds. presentan es singular, pero no aislado. No se puede hacer abstracción del resto de las víctimas del Operativo Independencia, de la dictadura, o juzgar como oportuna la omisión porque para los fines que estamos argumentando viene bien.

No podemos luchar contra argumentos que sirven a la Impunidad, y luego utilizarlos -parcial o integralmente- como propios.

Creo que trastocar el reclamo legítimo que tienen frente al Estado, reduciéndolo a una pensión vitalicia es un error. Y creo que llamarle a esa pensión “Pensión de Guerra”, más que un error es pasarse por el traste todo lo sufrido, y todo lo luchado, por uno, por todas y todos…

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Coordinador General de REDH
Red Solidaria por los Derechos Humanos 

http://www.redh.org