{titleflag:gt}A punto de finalizar el segundo mes del año 2007, nos damos cuenta que la violencia sigue cabalgando, que la población, además de vivir en condiciones de exclusión social, de tener poco acceso a salud, educación, vivienda y empleo digno, se continúa enfrentando a ese mal, que pareciera permanente en este país, ese mal que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y que se llama violencia.

La violencia contra la población continúa ejerciéndose contra los mismos sectores desposeídos; hasta hace pocos años las razones eran políticas y hasta ideológicas, se violaron los derechos humanos y los responsables al no ser juzgados y castigados, migraron de este tipo de delincuencia, hacia una más rentable, pues dejaron de servir al Estado y se dedicaron a enriquecerse en lo individual, construyendo de esa manera bandas del crimen organizado, que cada día son más fuertes y es menos probable que se les pueda desarticular.

A la par de este crecimiento de las bandas del crimen organizado. El Estado no ha tenido la capacidad para construir una política de seguridad, que permita garantizar la tranquilidad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas o por lo menos de que se empiece a aplicar la ley de manera efectiva.

Durante el mes de Enero de 2007, según datos estadísticos del GAM, se produjeron 324 muertes violentas, de las cuales 44 corresponden a mujeres, un niño y dos niñas. Según informes obtenidos en el Ministerio Público, el número de casos investigados no alcanza el 3% de la totalidad de crímenes, en tanto que las sentencias, se quedan muy por debajo de ese porcentaje.

El clima de impunidad imperante, transmite un mensaje de confianza a quienes actúan al margen de la ley, que al percatarse de la poca voluntad o la inoperancia de las autoridades se dedican a delinquir con mayor fuerza. Existe el peligro de que Guatemala quede de rodillas frente a la delincuencia, sin que las fuerzas de seguridad puedan hacer algo para evitarlo.

Es importante que se destinen más recursos económicos para fortalecer a la Policía Nacional Civil, que debe ser profesionalizada a fin de garantizar que frente a diversos delitos se realicen las investigaciones pertinentes, cumpliendo de esa manera con brindarle seguridad a la población.

Recordemos que la seguridad debe ser tarea de todos y todas, especialmente de quienes ocupan cargos en los tres organismos del Estado y en las instituciones que deben garantizar el cumplimiento de la ley.

Guatemala 20 de febrero de 2007