{titleflag:ar}- Bossio aseguró que seguirán investigaciones en DD.HH., 02-02-2007, Ultimas Noticias, Uruguay
- Se juzgará si el Ejecutivo corre velo de Caducidad", 02-02-2007, El País, Uruguay

Ultimas Noticias, Uruguay (02-02-2007)

SIEMPRE Y CUANDO EL EJECUTIVO ''LEVANTE EL VELO DE LA LEY DE CADUCIDAD''

Bossio aseguró que seguirán investigaciones en DD.HH.

La flamante presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Sara Bossio, aseguró que los jueces continuarán a lo largo de este año sus investigaciones de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos siempre que el Poder Ejecutivo “levante el velo de la ley de Caducidad”.

Al asumir ayer su cargo en el acto de apertura de los tribunales, Bossio sostuvo que se trata de una ley “especial” y aclaró que los procesamientos de diez militares, policías y civiles durante 2006 “no implican que la ley haya quedado derogada o anulada”.

Respecto a las causas que quedaron pendientes y aquellas denuncias nuevas que puedan presentarse, enfatizó: “Los jueces van a actuar en aquellos casos en que se denuncie violación de los derechos humanos y que, además, el Poder Ejecutivo admita o levante el velo dispuesto por la ley de Caducidad”.

En este sentido, reafirmó que serán indagados “todos aquellos casos que no están involucrados en la ley de Caducidad, como es el caso de los civiles que están fuera o aquellos casos en los que el Poder Ejecutivo determine que no están comprendidos dentro de la ley”.

El País, Uruguay (02-02-2007)

"Se juzgará si el Ejecutivo corre velo de Caducidad"

Gestión. Bossio dijo que se dedicará a asuntos de menores

La nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Sara Bossio, dijo que los jueces van a actuar en todos los casos que se denuncien sobre derechos humanos y en aquellos en los que el Poder Ejecutivo "levante el velo" de la ley de Caducidad.

Al asumir la presidencia rotativa del máximo órgano judicial, Bossio afirmó que "los casos de civiles que no están comprendidos en la ley de caducidad o de militares que el Poder Ejecutivo determine que no están comprendidos" por la norma, "van a ser indagados".

La ministra reiteró que los procesamientos ocurridos este año no implican que la ley haya quedado derogada, sino que el Poder Ejecutivo "ha abierto la posibilidad en determinados casos que no están comprendidos y mediante denuncia los jueces han seguido su indagatoria y han efectuado los procesamientos".

"Es difícil explicar separando lo jurídico de lo político. La prescripción se cuenta desde el momento en que hace el daño que se hace exigible. Hay jurisprudencia que es bastante firme y entiende que el plazo de prescripción de esos delitos comienza a partir de la fecha en que se volvió a la normalidad institucional en el año 1985", explicó.

Agregó que "hay otra posición que entiende que no, que se cuenta desde el momento en que se produjo el hecho. Aparte de eso está cada caso particular. Pero la ley pone en manos del Ejecutivo la posibilidad o no de abrir la investigación porque determina que en algunos casos la ley no rige".

Bossio rechazó la idea de que haya habido un cambio. "La Justicia sigue trabajando como trabajó siempre, lo que ha cambiado es la actitud del Poder Ejecutivo, que ha abierto la posibilidad de que fueran investigados y juzgados algunos militares y policías que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad, o sea que no es el Poder Judicial el que cambia, son los mismos jueces que estaban antes que están ahora".

Además, la magistrada recordó que en la década del 80 en la primera presidencia después de la dictadura, "hubo jueces que mandaron cédulas citatorias (para interrogar militares) y no fueron tramitadas, fueron guardadas en una caja fuerte. Los jueces tenemos potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado pero si no tenemos medios de hacer ejecutar", enfatizó

Preocupada. Además afirmó que personalmente se abocará a los problemas sociales. En concreto se refirió a los problemas que se dan en materia de familia, violencia doméstica, menores, y menores infractores.

"A pesar de que he estado toda mi vida en la materia civil, uno se da cuenta cuáles son los problemas fundamentales en este momento", afirmó y puso como ejemplo la mala situación edilicia de los juzgados de familia especializados donde se atiende la problemática de violencia doméstica. "Se hará lo que se pueda, se revertirá y se hará lo que se pueda en ese aspecto con los recursos que se tiene", agregó.

También se refirió a la creación del nuevo Ministerio de Asuntos Constitucionales, Judiciales y Registrales y dijo que no se oponen a la creación de la cartera 14 del Ejecutivo. "Lo que no admitimos es que se inmiscuyan en asuntos típicamente judiciales como es el nombramiento de jueces, toda la parte administrativa y toda la parte jurisdiccional del Poder Judicial".

Agregó que los asuntos judiciales que va a tratar ese nuevo ministerio "no son asuntos específicos del Poder Judicial por ejemplo ley orgánica de fiscalías esta fuera de este poder, dependen del Ejecutivo y por ende no tenemos nada que hacer en su formación o reforma".

También fue consultada sobre si piensa impulsar el debate sobre la legalización del aborto, pero dijo que no. Agregó que dio su opinión sobre el tema pero aclaró que los jueces tienen que "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de acuerdo con las leyes que están vigentes, no tenemos iniciativa ante el Poder Legislativo".

Un viejo reclamo del Poder Judicial

El ministro de la Suprema Corte, Hipólito Rodríguez Caorsi aprovechó el discurso que dio al traspasar la presidencia de la corporación a la ministra Sara Bossio para reclamar la independencia presupuestal del Poder Judicial.

En el acto en el que estuvo presente el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, Rodríguez Caorsi afirmó que la "democracia sólida es la que cuenta con un Poder Judicial independiente y fuerte. Para que culmine este proceso es necesario que el Poder Judicial obtenga una real y efectiva independencia presupuestal". Agregó que este poder "se encuentra en una etapa de cambio" y está cerca de "integrar un poder del Estado que es de todos y para todos".

La Suprema Corte de Justicia tiene que pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad a la ley de Amnistía de 1985 presentado por los militares procesados por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba. Los procesados plantean que los delitos que se les imputan están "amnistiados" y que el artículo de la ley que los excluyó de la amnistía viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

También está a punto de emitir su fallo sobre la apelación a la condena del director de rentas, Eduardo Zaidensztat, por el delito de desacato por ofensa. Zaidensztat fue condenado por cuestionar al juez Pablo Eguren luego que procesó sin prisión a directores de La Pasiva. El tribunal confirmó la condena y ahora la Corte deberá definir.

Asimismo está por emitir sentencia en un recurso de inconstitucionalidad presentado por Tienda Inglesa contra la ley por la cual la DGI aplica sanciones a las empresas.