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Desde el 1º de marzo la sociedad uruguaya viene estando atenta, en direcciones variadas, pero una buena porción de la expectativa está reservada a la cuestión de los Derechos Humanos. Desde que Tabaré Vázquez se comprometió a zanjar determinados casos, emblemáticos en materia de violaciones de DDHH durante la dictadura (Michelini-Gutiérrez Ruiz, María Claudia García de Gelman) los pocos pasos de investigación ensayados han chocado una y otra vez con el cerrado muro de impunidad que campea en el país desde la reinstauración democrática en 1985. Ni en el propio terreno elegido por el presidente para encarar el asunto – el artículo 4º de la Ley de Caducidad –, se ha mostrado sensible o capaz de auspiciar la voluntad política manifiesta por el presidente y recogida con beneplácito en su momento por la ciudadanía. Que ahora sí los desaparecidos; que un 99 por ciento de certeza; que los restos pueden estar acá, allá o acullá; que el informe de los comandantes pudo ser inexacto; que estos pudieron estar mal aconsejados; que vaya a saber por qué los restos no están donde debieran estar; que el fiscal fulano archivó esta causa, el juez mengano esta otra, que el tribunal zultano; que tal muerte prescribe y si no prescribe es porque ni murió ni fue guerrero... Basta, por favor. Han sido nueve meses cargados, más que de embarazo embarazosos. De preñez de esperanza abortada. Nueve meses sin nada de parto, mucho de contracción y no poco de dolor (el viejo dolor de madre que nunca pudo irse). La renovada democracia uruguaya no ha dado a luz, por el momento a tanta espera, a tanta paciencia. Entonces qué. Qué con la verdad, qué con la justicia, qué con la memoria, qué con las pancartas, qué con todas las salvajadas a tanto uruguayo torturado, preso, desaparecido exiliado, qué con las tropelías cometidas contra la sociedad toda desde y en nombre del Estado. Entonces qué con los tres poderes del estado que acusan sus limitaciones, sus incompetencias, sus vacilaciones, su inoperancia o su decidida y cómplice falta de voluntad. Entonces qué otro camino para una ley de impunidad tan probada y perfecta que no sea su derogación inmediata, como reclama Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Entonces qué otro escenario mejor que el de los compromisos asumidos por el estado uruguayo ante los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de DDHH que estipula la incompatibilidad de la ley de impunidad con la normativa internacional suscrita por Uruguay y que denuncia como “las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y la sociedad toda han encontrado en la ley de caducidad una barrera infranqueable” en el camino hacia una sociedad más justa, digna y democrática. Ya está, 20 años de impunidad son más que suficientes.
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