{titleflag:neolib}OBSERVATORIO: EL TLC- EEUU, CENTRO-AMERICA Y LA REPUBLICA DOMINICANA EN SU PRIMER AÑO

Informe de la Coalición Alto al CAFTA: www.stopcafta.org

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Durante el ultimo año, los miembros de la coalición "Alto al CAFTA" (Stop CAFTA Coalition en inglés) han coordinado la elaboración de este informe con nuestros amigos y aliados en Centroamérica. Aunque es demasiado temprano para detallar las tendencias a largo plazo en el ámbito laboral, textil, prácticas de agricultura, patrones de inversión, servicios y las consecuencias ambientales del TLC, en este informe hemos estudiado primordialmente el proceso de implementación del CAFTA desde el 1ro de Enero 2006 y algunas tendencias y preocupaciones tempranas que han surgido, muchas de las cuales continuaremos monitoreando.

Antecedentes

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica - EEUU (CAFTA por sus siglas en inglés) fue iniciado por la administración Bush en Enero de 2002 como un esfuerzo por revitalizar las conversaciones atascadas para una Área de Libre Comercio de las Américas. Después de un año de discusiones preliminares, las "negociaciones" empezaron en febrero de 2003 y se completaron en diciembre de ese mismo año entre los Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Costa Rica se unió al acuerdo en enero de 2004, y los seis países firmaron el acuerdo formalmente en mayo de 2004. En agosto de 2004 la República Dominicana se sumó al acuerdo base creando así un Acuerdo de Libre Comercio EEUU - República Dominicana - Centroamérica (DR - CAFTA).

El CAFTA fue adoptado primero por El Salvador en diciembre de 2004; Honduras y Guatemala en marzo de 2005; los Estados Unidos en julio de 2005; y Nicaragua y la República Dominicana en septiembre de 2005.

Inicialmente, se fijó la implementación del CAFTA para el 1ero de enero 2006. Poco tiempo antes, a mediados de diciembre 2005, la USTR (Oficina del Representante de Comercio de los EEUU) anunció que en su estimación, los países de Centroamérica habían fallado en decretar las leyes necesarias para que sus sistemas legales estuvieran completamente en concordancia con los cambios demandados por el CAFTA. A esa altura, la USTR inició un proceso de implementación individual, en la cual la USTR certificaría a los países que estuvieran listos para implementar el CAFTA caso por caso. Como resultado de esta política, el CAFTA se implementó primero entre los Estados Unidos y El Salvador el 1ro de marzo 2006; con Nicaragua y Honduras el 1ro de abril 2006; y con Guatemala el 1ro de junio 2006.

A la República Dominicana todavía le hace falta cumplir completamente con las demandas de la USTR y todavía no ha implementado el acuerdo. Costa Rica es el único país que todavía no ha ratificado el acuerdo.

Hallazgos del Informe "El TLC entre los EEUU, Centroamérica y la República Dominicana en su primer año"

El proceso de implementación individual ha tenido consecuencias negativas para la región y para los Estados Unidos al crear confusión sobre las reglas que regulan el origen de los textiles. El resultado ha sido empleos perdidos en los Estados Unidos y en partes de Centroamérica. Lejos de crear el prometido complejo regional textilero que compensaría la competencia de China, la forma torpe utilizada para iniciar la implementación del CAFTA ha contribuido a la tendencia, ya establecida, de que Centroamérica continúe perdiendo su cuota de mercado a los competidores asiáticos.

La confusión alrededor de la implementación ha sido, en su mayor parte, la creación de la USTR y del liderazgo en el Congreso. La USTR ha insistido en nuevas concesiones de sus contrapartes Centroamericanas que van más allá de los puntos negociados durante las discusiones sobre el CAFTA. Estas concesiones incluyen:

Demandas de re-interpretar las reglas de propiedad intelectual que le otorgan períodos más amplios de protección a las compañías farmacéuticas basadas en los EEUU.
Requisitos que los gobiernos de Centroamérica adopten los protocolos de inspección de carne del Departamento de Agricultura Estadounidense, renunciando a su derecho de inspeccionar los empacadores de carne antes de otorgar licencias de exportación a los Estados Unidos y renunciando a su derecho de re-inspeccionar la carne en la frontera.
Obligando a los países a aceptar interpretaciones de la USTR en una gama de desacuerdos concernientes a las cuotas de tarifas arancelarias y la distribución de licencias de importación.
Demandas que todas estas disputas sean solucionadas por cambios en los códigos civiles de todos los países para, de estar formar, eliminar la posibilidad de disputas legales después.

La USTR se ha negado a negociar de forma significativa con cualquiera de sus socios, aun cuando las nuevas demandas fueron producto de las negociaciones entre la administración Bush y los congresistas Republicanos que ayudaron a que el CAFTA fuera aprobado en los EEU por un pequeño margen de 2 votos.

Los retrasos en la implementación han sido especialmente largos en Guatemala y en la República Dominicana, y como se menciona en el informe sobre Guatemala, asuntos pendientes concernientes a los forros de bolsillos e impuestos sobre la cerveza aún no han sido resueltos aunque ya se pasó la fecha límite de implementación.

Ya existe evidencia de la presión sobre la economía rural Centroamericana que está siendo exacerbada por el TLC. La importación de productos como carne fresca y una variedad de productos lácteos a Centroamérica ha incrementado drásticamente. Guatemala ya ha llevado un caso ante la Organización Mundial del Comercio por la inundación del mercado de cuartos de pollo por parte de los exportadores estadounidenses de aves de corral. En El Salvador, la inflación está creciendo, incluyendo los precios de comestibles, indicando que, a pesar de las promesas al contrario, el incremento de productos importados desde los Estados Unidos no está llevando a una baja en los precios de la comida.

Como plantea el capítulo 1 sobre El Salvador y el capítulo 2 sobre Nicaragua, otro impacto de la implementación del TLC que estamos viendo es el costo para el gobierno de iniciar programas para preparar a la población rural para los trastornos económicos que vienen. El capítulo sobre Nicaragua documenta un programa que demuestra cómo los fondos de apoyo están siendo absorbidos por los grandes productores, no pequeños agricultores quienes desesperadamente los necesitan. Más desbaratamiento de la economía rural llevará a más migración, tanto entre los países Centroamericanos como a países fuera de esa región.

No ha habido mejoría alguna en la situación de derechos humanos en Centro América bajo el TLC. De hecho, existe evidencia que el TLC y otras reformas neoliberales están incrementando los conflictos sociales en El Salvador, Guatemala y Honduras y que el Estado está respondiendo con más violencia, o fallando en proteger a activistas sociales que están demandado sus derechos de una forma no-violenta. Esta es otra tendencia que continuaremos monitoreando de cerca.

Finalmente, hubo mucha preocupación sobre la situación de los derechos laborales en Centroamérica de parte de los miembros del Congreso durante la lucha para aprobar el TLC. Aunque es muy temprano para formar conclusiones específicas, simplemente notamos que muy pocos convenios colectivos existen con sindicatos no-patronales en las zonas francas de Centroamérica, y que la práctica antigua de despedir a líderes sindicales en un esfuerzo por aplastar los esfuerzos organizativos continúa sin disminución alguna.

También, notamos que coaliciones de expertos legales, abogados y organizaciones de la sociedad civil en los países de Centro América han presentado recursos legales en las cortes domésticas y regionales cuestionando la constitucionalidad de las leyes que están siendo implementadas. Esta es otra área donde esperamos poder reportar sobre el progreso de los casos.

El Grupo de Trabajo de Monitoreo, parte de la coalición Alto al CAFTA

La tarea de monitorear los impactos del TLC es continua. El objetivo del Grupo de Trabajo es de coordinar los esfuerzos de monitoreo con nuestros contrapartes en Centroamérica y de hacer informes periódicos sobre el impacto de las políticas aprobadas en cada país para implementar el TLC.

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