{titleflag:pe}Por la Redacción de APM

El Gobierno quiere salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si lo consigue, las acusaciones en contra del Presidente peruano por violación de derechos humanos, quedarían en el olvido.

"Ante el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato de niños menores, creo que esa gente sencillamente no tiene derecho a vivir y que la sociedad debe defenderse reinstaurando la pena de muerte", era una de las propuestas de la campaña electoral del Alan García, para su segundo mandato presidencial.

El martes pasado, la propuesta se cumplió. Alan García, anunció que impulsará la pena capital para los violadores y asesinos de menores, a través de una reforma constitucional o una consulta popular. Y, además quiere que Perú se retire parcialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José.

"El Perú quiere disciplina y un gobierno sólido y firme. Aquellos que violan y destruyen la patria merecen la máxima energía y sanción" dijo el Presidente. El anuncio se produjo un día después de que el primer mandatario criticara un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó el pago indemnizatorio de 20 millones de dólares, a un grupo de familiares del grupo armado comunista, Sendero Luminoso.

"Sugiero que se pudiera consultar al pueblo, con un referéndum que permita al pueblo decidir como soberano de nuestra patria qué es lo que piensa, porque imagino que el sistema político está completamente separado del pueblo peruano", dijo García.

Por su parte, el Consejo de Ministros de Perú, Jorge Del Castillo, sostuvo que no están en el mismo plano los muertos por Sendero Luminoso que los criminales de Sendero Luminoso, "son dos niveles éticos absolutamente distintos". En los próximos días el Gobierno interpondrá la acción, ya que el sistema estipula un margen de acción de 90 días para presentar el recurso.

Desde la década de los ochenta y durante 20 años, Perú sufrió un conflicto armado protagonizado por las fuerzas del Estado y Sendero Luminoso. De acuerdo a una investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los enfrentamientos dejaron un saldo de 60.000 muertos y desaparecidos.

En tanto, defensores de los derechos humanos y abogados rechazaron la medida y el posible referéndum. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODE) afirmó que es lamentable la manipulación del tema, la tozudez y obstinación del Presidente por querer mantener el tema en agenda, aprovechando políticamente el dolor de las víctimas.

En ese sentido, añadió que el Presidente del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otros especialistas en materia legal, aseguraron que un referéndum podría ir contra la Carta Magna, la cual establece la no aplicación de una consulta ciudadana para reducir derechos fundamentales, como el derecho a la vida.

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Alto Huallaga, Segundo Jara, acusó a García de apelar a los "antiguos métodos del fujimorato" para controlar la agenda nacional. "Es decir que Alan García no ha aprendido de sus errores del pasado y vehementemente trata de ganar espacios políticos para recobrar popularidad", se lamentó.

La bancada de la alianza Unidad Nacional (UN) tampoco respaldará la iniciativa para que Perú se retire parcialmente de la Corte por ser un "imposible jurídico", según afirmó el legislador Guido Lombardi.

No obstante, el Presidente y sus aliados siguen adelante con la propuesta, avalados por la opinión de una parte de la población. Un sondeo, realizado en Lima y divulgado el domingo, mostró que un 81 por ciento de limeños está de acuerdo con que se aplique la pena de muerte para los violadores de niños menores de 7 años, y un 64 por ciento consideró que se debe aplicar la misma pena a los terroristas. Además un 72 por ciento apoyó la realización de un referéndum.

El Gobierno prepara el camino para solicitar formalmente el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa será presentada, en primera instancia, ante la bancada de Unidad Nacional (UN). El reglamento interno del Congreso establece que todo proyecto debe tener el respaldo de un bloque legislativo. Si la bancada de UN no lo avala -como se espera- entonces los fujimoristas o los apristas, podrían garantizarla.

De todos modos, analistas políticos consideran que en realidad la propuesta de García, esconde sus temores por los futuros fallos de la Corte de San José: se trata de una posición de gobierno motivada por un interés personal.

Exigir la sanción capital tiene entre sus propósitos cuestionar y negar la autoridad de la Corte Interamericana, que acaba de sancionar al Estado peruano por crímenes cometidos contra prisioneros de guerra en la cárcel de Canto Grande en 1992 durante el gobierno de Fujimori. Y además, está pendiente la sanción a García, por haber ordenado durante su primera presidencia, cientos de crímenes en tres prisiones de Perú.