{titleflag:mx}Boletín de prensa SC/01

Ciudad de México, D.F. a 18 de enero de 2007

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", el Frente Cívico Sinaloense, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", expresamos nuestra profunda preocupación porque la creciente incorporación de militares en tareas de seguridad interior se da en detrimento del fortalecimiento de la policía civil. Además, esta respuesta del gobierno federal ante la legítima demanda de seguridad de los ciudadanos mexicanos ha demostrado su ineficacia en años recientes.

- Desde la creación de la PFP los gobiernos federales de Zedillo, Fox y Calderón han insistido en militarizar la seguridad pública. A pesar de ello la situación no ha mejorado.

- Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano para desvincular a los cuerpos militares de los cuerpos de seguridad pública.

- Exigimos al Estado mexicano una política de seguridad interior basada en el bienestar social de las mayorías, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y el respeto irrestricto al los derechos humanos y al debido proceso.

Es evidente que el problema de la inseguridad y violencia generada por los grupos del narcotráfico y la delincuencia organizada se ha agudizado en los últimos años afectando de manera importante, no sólo a la sociedad, sino también a la estructura misma de las instituciones del Estado.

Frente a este problema, desde hace dos décadas el gobierno mexicano ha señalado al narcotráfico como un problema de "seguridad nacional", en virtud de lo cual ha construido el entramado jurídico necesario para  combatirlo a través de legalizar -ya sea de manera directa o discrecional- la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, normalmente destinadas a las policías civiles del ámbito federal.

Así, tenemos que desde el año de 1999 en que se crean la Policía Federal Preventiva y la Secretaria de Seguridad Pública, contaron con un alto componente humano proveniente de las fuerzas armadas, tanto en sus mandos operativos como en los ámbitos directivos. También se ha intensificado su presencia física en el territorio nacional, en forma de retenes que afectan a las poblaciones locales de aquellas ciudades donde se aplican, al impedir el libre tránsito de manera inconstitucional.

La experiencia nos manifiesta que existe un riesgo real en el hecho de que las fuerzas armadas se involucren en actividades de seguridad pública. No son pocos los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos militares en contra de poblaciones vulnerables durante operativos como el implementado actualmente, pues el fuero militar evita que los miembros de las fuerzas armadas puedan ser presentados ante la justicia civil, lo cual propicia la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

Por todo lo anteriormente señalado, las organizaciones firmantes insistimos en que el involucramiento de elementos militares en tareas de seguridad interior, en un país con una incipiente democracia electiva y con un incremento acelerado de la pobreza en la población, representa un riesgo importante para la construcción de un modelo de seguridad pública que garantice de manera eficaz, y respetando los derechos humanos, la seguridad de la población. Al respecto queremos insistir que, en distintas recomendaciones emitidas por  organismos de protección a los derechos humanos -entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU-, se ha solicitado al gobierno mexicano "la separación de los militares de las tareas policíacas".[1]

Por otra parte, es importante recordar que en el mes de junio del año 2005, el gobierno federal implementó en la frontera norte, Michoacán y Guerrero el programa especial "México Seguro". Se trató de un operativo policíaco-militar (similar al implementado actualmente) que tenía como objetivo "combatir el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de indocumentados, el robo de vehículos, la portación y trasiego de armas y hacer frente a los 'brotes de violencia', resultado de disputas entre las bandas de la delincuencia organizada"[2]. En el marco de dichas acciones, las fuerzas militares y policíacas se desplegaron en calles, avenidas, plazas y colonias con el fin de "disuadir y evitar la comisión de ilícitos", así como de realizar acciones preventivas y de revisión.

No obstante lo anterior, el informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, reportó que durante el sexenio que acaba de concluir se cometieron 9 mil ejecuciones relacionadas con el narcotráfico[3]. Estos datos nos llevan a cuestionar la efectividad de este tipo de operativos, pues la inseguridad provocada por la delincuencia organizada y la delincuencia común sigue siendo un problema que afecta a la población de manera cotidiana.

Por lo anterior, consideramos que los operativos policíacos que se están implementado en diversas ciudades del país, vuelven a colocar sobre la mesa la urgente necesidad de plantear una reforma al sistema de seguridad pública, que planteé con claridad las competencias de cada uno de los órganos de seguridad existentes en el marco jurídico de nuestro país, mantenga su carácter civil y rebase el falso dilema entre respeto a los derechos humanos y la efectividad en la prevención y combate a la inseguridad pública.

Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con el objeto de la defensa del territorio nacional, la misión de las fuerzas armadas requiere de un esquema opuesto a las prácticas democráticas como son la participación, la discusión y la mediación. Su función implica un fuerte uso de la fuerza, difícil de controlar. En contraste, las instituciones encargadas de la seguridad pública, son responsables de prevenir y perseguir el delito, por lo que requieren de una actuación altamente efectiva, pero respetuosa de los derechos humanos de la población.

[1] Informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, durante su visita a México en 2002, párr. 72 e.

[2] Conferencia de prensa del vocero presidencial, Rubén Aguilar, http://www.presidencia.gob.mx, 13 de junio del 2005.

[3]  Según nota del Periódico La Jornada del 10 de enero de 2007, página 8.