"Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión.  Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. (...) Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas". Patricio Aylwin Azocar

Y basta que un destacado y lúgubre personaje de la Corte Suprema afirme que el fallo de la Corte Interamericana “no es vinculante para la justicia chilena”, para que todos los bellos discursos y sesudas comisiones de estudio de derogación del decreto de 1978 caigan estrepitosamente al suelo.

Digamos las cosas con claridad, la Concertación no ha sido capaz de resolver un problema de apariencia jurídica, pero de esencia política. No es teorizando sobre la vigencia de un artículo básico de la institucionalidad dictatorial como se resuelve el problema.

El problema pre-existe y subsiste porque es de naturaleza política. Tiene su origen en los compromisos contraídos por la alianza política “Concertación de Partidos por la Democracia” con el dictador Pinochet, para asegurar la impunidad de los militares autores de violaciones a los DDHH. Es allí donde se asienta la causa del problema.

Los 4 sucesivos gobiernos de la Concertación han mantenido impertérritos este compromiso. Se argumentó durante un tiempo que no había quórum en el Parlamento para modificar esta situación, que existían los “enclaves dictatoriales”, tales como los senadores designados, que impedían todo cambio. Pero no decían que esos mismos “enclaves” también formaron parte del acuerdo político necesario a esta sui generis “transición a la democracia”.

Dice el adagio popular: “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y lo que los ojos de los gobiernos concertacionistas no han podido ver, sí lo ven de modo prístino las instancias jurídicas internacionales. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso del asesinato del profesor Almonacid en Rancagua en 1973. A la vista de la justicia de la humanidad no es aceptable que un crimen horrendo como aquél quede impune y no permite que ninguna legislación nacional se sobreponga a los tratados internacionales de justicia firmados por las naciones del planeta y por el propio Estado de Chile.

Entonces la Concertación nacional busca desesperadamente una solución a la cuadratura del círculo: mantener la impunidad de los militares (ya comprometida) y presentar un lavado de cara internacional para ocultar la vergüenza de no haber sido capaces de resolver este problema, que no es otro que hacer justicia a las víctimas y a los sobrevivientes del Terrorismo de Estado, practicado metódicamente por la dictadura del general Pinochet.

Nosotros mantendremos nuestra disposición a luchar por lograr que algún día  se haga justicia efectiva en nuestro país. Los miles de prisioneros que sacrificaron sus vidas o fueron encarcelados y torturados no esperan más que lo que legítimamente les corresponde: obtener el castigo de los culpables y una reparación digna, que pasa en primer lugar por un reconocimiento público para recuperar nuestra dignidad como personas.