Contratapa, lunes 23 de octubre de 2006

La remoción del General Carlos Díaz parece formar parte de una sucesión de hechos más amplia y el desenlace está, en gran medida, por verse. No obstante, lo mostrado hasta ahora resulta sumamente interesante. La democracia uruguaya tiene un problema con los militares, especialmente con el Ejército. El reconocimiento de esto implica dar por perimida la tesis anterior, sustentada desde varias tribunas, de que no existían dificultades en esa zona. Este es el primer hecho nuevo para registrar. 

 Como se recordará, en los últimos años no cesaron las voces que presentaban un panorama distinto: todo estaba en calma y discurría por los cauces normales, los problemas eran técnicos o logísticos. Como conclusión se sostenía la inutilidad o la inconveniencia de llevar adelante las definiciones programáticas del Frente Amplio que, en lo referido al tema militar, indicaban la necesidad de depurar las fuerzas armadas.

La negativa de los mandos a avanzar en la búsqueda de la verdad muestra la existencia en el seno de las fuerzas armadas de un factor, todavía muy pesado, de identificación y respaldo a lo actuado durante la dictadura. ¿Fue procurando una salida para sus dificultades de brindar información sobre el segundo vuelo lo que movió a Carlos Díaz a la ilegal ronda de reuniones con los dirigentes de la oposición? Todo parece indicar que ese fue, por lo menos, uno de los temas abordados.

El otro elemento nuevo y aleccionador es la respuesta del Presidente de la República a las maniobras de Sanguinetti. Contrariamente a lo que se ha sostenido, la drástica decisión del presidente indicó claridad y firmeza en una zona clave del debate democrático. Tratándose de un cargo político, ante una falta grave solo cabe la destitución, especialmente tratándose de una zona, la del mando de la fuerza armada, donde no se pueden permitir imprecisiones ni desbordes. Y menos en las circunstancias actuales, cuando los militares todavía no se han resignado a aceptar que institucionalmente no están habilitados para la acción política. Ni pueden asistir a actos contra el gobierno, como solía hacer el depuesto comandante haciendo presencia en las ceremonias rituales de los nostálgicos de la dictadura.

Sin historia

Una de las dificultades ‘internas’ de las fuerzas armadas es que, en su alianza con los sectores más autoritarios y conservadores del espectro político, contribuyeron a una ‘salida política’ que no les exigió -y tampoco les permitió- reflexionar sobre su propia gestión. Entre 1973 y 1985 realizaron una intervención totalizadora y violenta sobre la política y no han extraído de ella ninguna enseñanza. No han incorporado ni los reflejos reflexivos mínimos. Se expusieron sin ningún provecho en el conocimiento de si mismos.

En lugar de cabildeos con los políticos colorados, lo que debieran pedir es que se les de una mano para reconstruir su propia memoria, la memoria de sus atrocidades, no solo en materia de derechos humanos. Sus atrocidades de los tiempos cuando, “haciendo política” a su manera, tuvieron en sus manos todo el poder. Sus barbaridades con la vivienda y el BHU, sus crímenes contra el salario, contra la salud pública, contra la educación. Contra los Bancos Oficiales y las empresas públicas. Contra el Poder Judicial. Su responsabilidad en el crecimiento vertiginoso de la deuda externa. Sus actos de corrupción como el Operativo Conserva, la compra de carteras, la represa de Palmar, entre otros.

Si se les hubiera exigido (y permitido) aprender de lo hecho, sabrían que los militares cuando hacen política comenten errores muy gruesos. Muchas veces irreparables. Por eso, después de 11 años de hegemonía militar, llevaron al país a la ruina. Teniendo todas las palancas del poder en sus manos, ellos fueron desalojados del gobierno porque la inmensa mayoría de los uruguayos había llegado a la conclusión que el despotismo militar era perjudicial para el país.

Privados de la narración de sus propios disparates, los mandos militares han terminado por acostumbrarse a oír solamente las palabras cómplices y zalameras de los políticos conservadores. Y todo parece indicar que no les resulta grato que se les hable con otro lenguaje que no sea el de la adulonería.

Los ataques al gobierno

En ese contexto los ataques de las derechas al gobierno han seguido subiendo de tono. Desde fines de setiembre, cuando el nones al TLC con los Estados Unidos, funciona un acuerdo tácito entre varios medios y dirigentes políticos conservadores de sumarse de manera automática a cualquier impugnación contra el gobierno. No se detienen ante ninguna guarangada. Y lo menos que se dice es que estamos en una dictadura. Algunos dirigentes de las cámaras empresariales han mostrado que su alianza con los políticos conservadores sigue en pie.

El tono de algunas declaraciones sobre la huelga de la patronal de camioneros y de taxis que se inician hoy parece mostrar la existencia de otra área en la que se intenta una desestabilización que tiene poco que ver con los objetivos proclamados. Una huelga general por tiempo indeterminado en el transporte tiene una carga política muy fuerte. En este terreno no es prudente dejar solo al gobierno. La fuerza política tiene que pedir la palabra. Y convocar a la ciudadanía para que se exprese. 

En este cuadro, los ataques a los sindicatos también forman parte del paquete. De manera totalmente equivocada, desde la propia izquierda se repiten los tópicos de la necesidad del “voto secreto” para las decisiones sindicales. Jubilosa, la derecha los baraja en el aire.

Será necesario volver a discutirlo. Es un debate interno que aparece y reaparece cada equis años, pero su discusión abajo, entre los trabajadores, siempre deja enseñanzas positivas. Y, finalmente, los sindicatos clasistas terminan fortalecidos, mal que les pese a sus detractores.

Cuando la derecha sube la apuesta

Finalmente, el curso, estilo ‘venezolano’, tomado por la oposición conservadora está llamado a tener consecuencias sobre todo el sistema. Esta polarización política crispada, impulsada por los dirigentes políticos y corporativos de la derecha, con el apoyo irrestricto del oligopolio de los medios de comunicación, deberá ser enfrentada por el movimiento popular.

Parece claro que hay una parte del episodio que culminó con la destitución de Díaz que está por saberse. La publicación, por intermedio de Búsqueda, de la reunión en el Cortijo Vidiella, hace pensar que está en curso un movimiento destinado a poner a prueba a gobierno frenteamplista en el terreno militar. Allí hay tensiones en varios terrenos: las extradiciones a Chile, la disconformidad de algunos jerarcas de que sea, como corresponde, el Ministerio del Interior quien tenga a su cargo el control de la cárcel donde serán alojados los militares procesados y el informe sobre el segundo vuelo.

Los objetivos frentistas de la democratización de la sociedad y del Estado están más vigentes que nunca, así como el alerta democrático de las organizaciones populares para la defensa del gobierno y sus decisiones tanto en el rechazo al TLC como en materia de verdad y justicia.

Las organizaciones sociales se han pronunciado con claridad. Se declaran en estado de alerta. En este contexto, el Frente Amplio, como fuerza política, debiera convocar a la ciudadanía en defensa del gobierno y de los pasos dados. Como decía el General Seregni, “para no dejarnos trampear nuestro destino”.