Carlotto en la lista de amenazados

También llegó un mensaje a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. El correo no tiene datos sobre la cadena de cartas.

Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue amenazada ayer.

“A todos les va a pasar lo mismo: el Turco descansa, no duerme”, escribieron en un mail que llegó ayer a la casilla de correo electrónico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, blanco de una de las ya incontables amenazas de distinta índole que están llegando a quienes tienen algún grado de vinculación con los juicios sobre la represión. La cadena alcanzó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y a nuevos funcionarios judiciales de La Plata. Jueces y fiscales recibieron copia de la carta intimidatoria que desde hace una semana recorre despachos oficiales de todo el país. A pedido de la Justicia, el Correo Argentino respondió que no tiene ningún rastro de los despachantes.

El mensaje que recibió la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense no llegó por correo ni en un sobre cerrado sino a través de la casilla electrónica del portal oficial. Desde una dirección probablemente inubicable en el futuro e identificados como Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los bots de spam, necesita activar Javascript para verla , los autores del mensaje encabezaron la misiva a nombre de un empleado de la secretaría, testigo clave del juicio oral contra el Julio Simón (a) “El Turco” Julián, realizado en Buenos Aires en forma paralela al juicio del ex comisario Miguel Etchecolatz. “La única justicia es la nuestra”, pusieron en el mail de no más de tres o cuatro líneas de extensión dirigida a la secretaría de Edgardo Binstock.

El mail y su contenido transcendió a primera hora del día a través del gobernador Felipe Solá. Lo mismo sucedió más tarde con la serie de amenazas de tono parecido que fueron recibiendo otros funcionarios de la gobernación y hasta la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. En su caso, el mensaje le llegó mientras estaba en Mendoza. “Es un momento difícil –dijo–, donde estamos luchando codo a codo para mantener la democracia y estamos luchando por una vida que no sabemos dónde está.”

Estas intimidaciones individuales se suman a la serie de mensajes iguales y por carta que empezaron a llegar desde la semana pasada a despachos oficiales de jueces y fiscales. Las cartas enviadas a través del Correo Argentino desde el 22 de septiembre aún son un misterio.

A la lista ya pública y conocida de receptores, ayer se sumaron por lo menos otros cuatro nombres. Dos de ellos son los dos jueces del Tribunal Oral que condenó a Miguel Etchecolatz y que hasta ahora no habían sido amedrentados. Se trata de Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde. Como sucedió en el resto de los casos, ambos tenían como remitente la referencia al supuesto Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo.

Además de ellos, el mensaje llegó al despacho del juez Arnaldo Corazza y del fiscal Sergio Franco, ambos del ámbito federal platense de primera instancia y a cargo de la instrucción de las causas de derechos humanos. Fuera de esos expedientes, Corazza había empezado a seguir de cerca el origen de las amenazas. En los últimos días y tras el envío de los primeros sobres cerrados instó a una investigación sobre la sucursal de Villa Urquiza del Correo Argentino, desde donde salieron la mayor parte de las cartas. Entre ellas, la que le llegó la semana pasada a Carlos Rozansky, el presidente del Tribunal oral que condenó a Etchecolatz y que dio origen a la pesquisa de Corazza.

De acuerdo con la información recogida por Página/12, el Correo concluyó la primera parte de la investigación. En el día de ayer, sus responsables habrían respondido al juzgado por escrito, que no tienen datos sobre los misteriosos escribas. Hasta ahora se suponía que el sobre había salido desde la sucursal de Villa Urquiza, pero aparentemente no fue así: aunque el matasellos parece legítimo, el sobre tiene una estampilla, razón por la cual se presume que lo mandaron desde cualquier buzón de la zona. El dato no es menor: las estampillas garantizan un anonimato que no sólo impide la localización de los autores de los envíos. Permite que las amenazas puedan seguir haciéndose: “Si lo quieren hacer, pueden hacerlo las veces que quieran –explicó una fuente del Correo–, porque para impedirlo habría que poner un policía en cada buzón de la zona y no vamos a hacerlo”.

El lunes próximo y en función de la ola de amenazas sobre los testigos de las causas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación convocó al Congreso Federal de Derechos Humanos que reúne a los organismos y secretarías de todas las provincias para coordinar acciones de contención psíquica y física de testigos con vistas a los próximos juicios. La Procuración General de la Nación también está coordinando tareas con el Ministerio del Interior para definir acciones semejantes. Y a partir de hoy, el jefe de los fiscales Esteban Righi empezará a recibir –según lo previsto– de parte de las fiscalías de todo el país los listados con testigos.

La intimidación a Despouy

Luego de que el domingo pasado el radical Leandro Despouy fuera víctima del simulacro de secuestro de su madre y su hermana, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) aseguró ayer que el “confuso episodio” que vivió, al que atribuye un perfil intimidatorio, responde a una práctica que se está “generalizando”. El funcionario comparó el simulacro con los intentos de amedrentramientos recibidos por otros funcionarios judiciales, que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Despouy afirmó que en “los últimos tiempos” se ha ido “enrareciendo” el clima en el organismo que preside. “Mis colaboradores cercanos reciben algunos e-mails amenazantes”, contó. Dos cuestiones refuerzan, para Despouy, la hipótesis intimidatoria. En primer lugar, que los familiares aludidos en la comunicación “efectivamente, en ese momento se encontraban en la vía pública y en condiciones muy similares” a las señaladas. En segundo lugar, que la voz en el teléfono “insistía mucho en que yo abandonara la casa y fuese a un lugar donde yo podría llamar por teléfono”. El presidente de la AGN, que denunció este hecho ante la Procuración General de la Nación, dijo que se están investigando, entre otras pistas, la “sospechosa presencia de un patrullero policial estacionado” frente a su casa en el momento de la misteriosa llamada.

Datos de un cuerpo

El Ministerio de Seguridad bonaerense no pudo identificar aún el cuerpo calcinado y con un balazo en el abdomen que se encontró el pasado 20 de septiembre en la ciudad de Punta Lara, en el marco de la investigación por la desaparición de López. Ante la imposibilidad de llegar a la identificación del cadáver, la cartera que conduce León Arslanian en la provincia solicitó “a la población” información sobre el asesinado al que describió como de “cuerpo robusto, de 30 a 40 años de edad, buen desarrollo óseo y muscular; buen estado de nutrición; 1,70 metro de estatura; 75 a 80 kilogramos de peso; piel blanca; nariz y ojos pequeños; número de calzado 38 o 39. Vestía pantalón largo celeste deportivo con tiras blancas y una remera manga corta estampada, con fondo claro y dibujos color rojo y celeste”. En el lugar, la policía secuestró dos bidones que podrían haberse utilizado para llevar el combustible con el que incendiaron el cuerpo y parte de una camisa y de la ropa interior de la víctima. Los organismos de derechos humanos exigieron que se identifique el cuerpo y que se dé a conocer la identidad de los policías que hicieron trascender que se trataba del testigo. Los teléfonos a los que se puede acercar información son: (0221) 423-1726/27; (0221) 427-4983 o el 0800-333-5502.

RECLAMO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

Más policías bajo sospecha

Por Adriana Meyer

Los organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya! reclamaron a las autoridades provinciales tener acceso directo a la investigación de la desaparición de Jorge Julio López. Durante la reunión que mantuvieron el lunes tras la marcha en La Plata, de la que no participó el gobernador Felipe Solá como tampoco el ministro de Seguridad León Arslanian, los representantes de esa agrupación pidieron explicaciones sobre por qué fueron separados sólo 37 policías que aún revistan en la Bonaerense y trabajaron en centros clandestinos de detención durante la dictadura cuando habría 60. Los funcionarios argumentaron que está en juego la “gobernabilidad de la fuerza” y se excusaron de dar detalles.

La cifra de 60 la había mencionado el gobernador Solá en el primer encuentro que mantuvo con los organismos, el viernes 22 de septiembre. Según pudo reconstruir Página/12, ayer les dijeron que tienen que esperar hasta que se prorrogue la emergencia policial porque si no puede haber problemas legales. Y agregaron que, al no haber imputación penal sobre ellos, no podían suministrar la información sobre quiénes eran. Los organismos pusieron especial énfasis en que sean investigados los policías que mencionó López en su testimonio y los procesados en el próximo juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la comisaría quinta de La Plata.

Aquel viernes, la gobernación provincial había emitido un comunicado cuyo segundo punto establecía que los organismos tendrían “toda la información disponible relativa a la búsqueda de López y a la investigación sobre las circunstancias de su desaparición”. Sin embargo, ayer tuvieron que reclamar por el “brusco cambio de actitud del fiscal Marcelo Martini respecto al acceso a la causa”, dado que –sintetizaron– “ahora no nos dicen nada”. Les respondieron que el obstáculo para satisfacer esta demanda tiene que ver con la división de poderes, a lo cual los organismos replicaron que “la gravedad del caso exige del Estado una respuesta única”. En concreto, se quejaron por no haber podido acceder aún al testimonio de las tres personas que dicen haber visto a López caminando por su barrio.

Otro de los puntos del petitorio que dejaron en manos del director general de investigaciones, en función judicial, Roberto Silva, es la separación de los represores encarcelados en Marcos Paz. En tal sentido, les dijeron que eso depende del Ministerio de Justicia de la Nación, pero les anticiparon que hoy podría haber alguna definición. Respecto de la búsqueda, explicaron que el barrido de celulares que están realizando en Los Hornos es similar al que en su momento permitió detectar a los autores del robo al Banco Río. Los organismos querían plantearle a Solá la necesidad de evitar cuestionamientos a López u otros testigos.