Las organizaciones abajo firmantes defensoras de los derechos humanos en México deseamos expresar nuestra preocupación por las reacciones ocurridas en México a raíz de la demanda interpuesta ante la Corte Superior del Estado de California, por Joaquín Aguilar, contra el Cardenal Norberto Rivera Carrera, el Cardenal Roger Mahony y el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera. Esta situación nos lleva a demandar el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes mexicanas –en particular la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes – así como a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano como la Convención de los Derechos del Niño y al Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Desde este marco jurídico, el Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos de quienes se presume han sido víctimas de cualquier violación a sus derechos, sobre todo cuando se acuse a quienes, por sus características, ejercen un desigual poder político, económico y moral, como es el asunto en cuestión.

El caso de Joaquín Aguilar ha llegado a la opinión pública y a una instancia externa al país debido a que el sistema de justicia mexicano no garantizó los derechos humanos y el acceso a la justicia de Joaquín y a que diversas autoridades prefirieron proteger los intereses de quienes él estaba acusando, desde noviembre de 1994. De esta negligencia permanente existen diversas pruebas de las cuales tenemos conocimiento y se han dado a conocer a la opinión pública. De manera grave, el pasado domingo 24 de septiembre el padre de Joaquín fue secuestrado, interrogado ilegalmente y amenazado, hecho que se suma a una serie de actos intimidatorios que la víctima ha sufrido a lo largo de todos estos años.

Por lo anterior demandamos al Estado mexicano:

Que se garantice la integridad física y el respeto a los derechos humanos de Joaquín Aguilar, su familia y defensores. En particular demandamos a las autoridades correspondientes que se le brinden las medidas precautorias necesarias. Que se garantice a Joaquín Aguilar la impartición de justicia en México como a cualquier víctima de violencia y abuso sexual.

Que se garantice su derecho a la reparación integral del daño, y se eviten declaraciones que pretenden acusarlo de procurar ganancias económicas, lo que conduce a una mayor victimización e inseguridad de Joaquín Aguilar y su familia. Que el Estado mexicano y la Jerarquía de la Iglesia Católica coadyuven con las autoridades de los Estados Unidos para garantizar una adecuada procuración de justicia a Joaquín Aguilar.

Adicionalmente recomendamos a la Nunciatura en México, como representante del Estado Vaticano que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que exhorte a su feligresía en México a evitar cualquier acto de agresión y hostigamiento en contra de la víctima Joaquín Aguilar y su familia o defensores.

CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR, A.C., CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTIN PRO JUÁREZ, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DE VITORIA, CENTRO NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A.C., OBSERVATORIO ECLESIAL, RED NACIONAL DEMOCRACIA Y SEXUALIDAD, (DEMYSEX), RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS, RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MEXICO