De Germán Westphal

La importancia de la desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, testigo de cargo contra uno de los más notables genocidas argentinos, radica en la desaparición misma y la falta de previsión  por parte del Estado --gobierno y tribunales-- para brindar adecuada  protección a los testigos de crímenes de lesa humanidad. Esta  responsabilidad alcanza incluso a los involucrados en DD.HH. por no  anticiparnos a exigir tal protección para todos nuestros testigos de  una manera real y efectiva.

No hay ninguna duda de que las organizaciones de DD.HH. y el actual gobierno argentino han logrado avances altamente substanciales en  materias relativas a DD.HH., especialmente en comparación a los  demás  países del Cono Sur, como Chile, por ejemplo. Con todo, el  caso del compañero López muestra la falencia señalada y la necesidad  imperativa de establecer en cada país del Cono Sur Latinoamericano un  programa de protección a los testigos de violaciones de DD.HH.

Tal programa permitiría que muchos que permanecen en silencio por  temor a represalias puedan comparecer en tribunales y hacer efectiva  la responsabilidad de los criminales que permanecen impunes.

En la ausencia de un programa de esta naturaleza, la desaparición  del compañero López va a tener un efecto paralizador en las causas de  DD.HH. no sólo en Argentina, sino que también en los demás países del  Cono Sur, y los plagiadores habrán logrado su objetivo.

Más que identificar responsabilidades políticas por la desaparición  del compañero López --que en estricto rigor son ampliamente  compartidas en distintos grados por los distintos estamentos de  organización política y social--, lo importante es determinar su  paradero, identificar y castigar a los responsables, y establecer de  inmediato un programa de protección que evite nuevas ocurrencias  tanto en Argentina como en los demás países del Cono Sur.

La responsabilidad de los gobiernos correspondientes es ineludible. Para que se haga justicia en materia de DD.HH., no basta con dejar  que los tribunales "funcionen" --y lavarse las manos y la cara, como  ha ocurrido hasta ahora en Chile, mi país, por ejemplo--, sino que es  imperativo proveer los medios --entre ellos, el establecimiento de un  programa como el señalado. Si hay algo que podemos hacer para corresponder a su valentía de  comparecer como testigo de cargo y la victimización de la cual ha  sido objeto a causa de ello, es trabajar por el establecimiento de un  programa de protección al cual no tuvo acceso --el objetivo último de  esta nota.

Germán F. Westphal

Universidad de Maryland

Sede Baltimore, EE.UU.