PÁGINA 12 - Sábado, 23 de Septiembre de 2006

LA NACION Y LA PROVINCIA NO DESCARTAN HIPOTESIS POR LA DESAPARICION DE JULIO LOPEZ

Una búsqueda que despierta fantasmas

El ministro del Interior y el gobernador bonaerense visitaron a los familiares del testigo del juicio a Etchecolatz desaparecido el lunes. La provincia creó un programa de protección de testigos que declaren en juicios contra represores.

Por Adriana Meyer

La incertidumbre por la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a perpetua al represor Miguel Etchecolatz, motivó una multitudinaria marcha y generó iniciativas en los más altos niveles de los gobiernos nacional y bonaerense. Los organismos de derechos humanos tuvieron reuniones con el titular de Interior, Aníbal Fernández, y con el gobernador Felipe Solá, quien además fue a ver a los familiares de López. El mandatario bonaerense anunció el pase a disponibilidad de todos los efectivos de la policía de la provincia que “de alguna manera estuvieron vinculados a los centros clandestinos de detención y hoy siguen en la fuerza”. El ministro, por su lado, aseguró que tiene a “un ejército” abocado a la búsqueda y que no se descarta ninguna hipótesis. La intranquilidad oficial quedó en evidencia con los llamados que hicieron desde Nueva York el propio presidente Néstor Kirchner y la primera dama.

Una de las conversaciones fue con Fernández y la otra con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, que ayer lanzó un “programa para evitar que los testigos se atemoricen” (ver aparte). A última hora la gobernación bonaerense comunicó que “ordenó abrir a los organismos defensores de los derechos humanos toda la información disponible relativa a la búsqueda de Jorge Julio López y a la investigación sobre las circunstancias de su desaparición”.

Durante la jornada los voceros oficiales que contactó este diario se manejaron con cautela e intentaron diferenciarse de la posición de la mayoría de los organismos, que no dudan en calificar la desaparición de López como un hecho de connotaciones políticas. Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, se mostró convencida de que se trata de “un secuestro por parte de nichos de la Bonaerense”.

Por la mañana las noticias surgieron desde la Casa Rosada, al término de la reunión que mantuvieron organismos que integran la agrupación Justicia Ya de La Plata con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Calvo, ex detenida, ofició de vocera y relató: “Le dijimos que nosotros pensamos que esto es un claro mensaje contra la condena por genocida que recibió (Miguel) Etchecolatz y de amedrentamiento hacia los testigos de los juicios contra los represores”. La dirigente no descartó que estuvieran implicados tanto efectivos activos como retirados de la fuerza de seguridad.

Según pudo reconstruir Página/12, respecto de la afirmación de que se trató de un secuestro de características políticas el ministro del Interior le respondió al grupo que “no descarta ninguna hipótesis”, y que están tomando “absolutamente todo el arco de posibilidades”. Según una alta fuente oficial consultada por este diario, “los relatos del hijo (de López) no apuntan en ese sentido, por eso, aunque no descartamos nada, ésa es una posibilidad más en un mismo plano de igualdad con otras porque “no hay demasiados indicios que apunten hacia ese lado”. No obstante, los dirigentes de derechos humanos le recordaron las “numerosas amenazas que hubo durante el juicio”, ya sea en forma telefónica y por cartas escritas con letras recortadas de diarios, y dieron como ejemplo la que recibió Chicha Mariani, una de las impulsoras de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuando le comunicaron que “si Etchecolatz era condenado vamos a volar la cueva montonera”, en referencia a la casa de la calle 30, donde desapareció su nuera y secuestraron a su nieta.

Amenazas

Nilda Eloy, otra de las testigos clave en el juicio contra Etchecolatz, recibió custodia policial tras recibir el sábado pasado una intimidación telefónica. La mujer denunció ante el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza que dejaron grabados en el contestador telefónico de su domicilio “sonidos como si fueran sesiones de tortura”. Eloy detalló que “el teléfono no sonó pero aparecieron tres mensajes como si fueran simulacros de sesiones de torturas”. La mujer, sobreviviente de los campos de exterminio al igual que López, explicó que no hizo antes la denuncia porque no le dio importancia. “No pensé que pasara a mayores. Pensé que era un apriete más, que no iba a pasar lo que está pasando con (Jorge Julio) López”, quien está desaparecido desde el lunes, expresó Eloy.

Para demostrar que el Gobierno se está “ocupando” de que el testigo aparezca, los voceros de Fernández detallaron a Página/12 que ya desde el martes el ministro dio órdenes a la Policía Federal y a la Gendarmería para que active el área de búsqueda de personas en todo el país. “Hospitales, comisarías, cementerios, hay un batallón buscándolo”, describió la fuente.

Los representantes de entidades de derechos humanos le reclamaron al ministro que se apliquen sanciones y una “actitud enérgica” contra los responsables de la comisaría de Punta Lara por la difusión del dato sobre la aparición de un cadáver calcinado encontrado en esa zona, y la relación que se hizo inicialmente con el caso de López. Remarcaron la “significación política que tiene un cadáver fusilado y calcinado aparecido en ese lugar, donde se tiraban los cuerpos en el ’74 y el ’75” y consideraron que eso “es un amedrentamiento hacia toda la ciudadanía platense, no sólo hacia los testigos”. En tal sentido, la respuesta vino del gobernador Solá, quien dispuso “informarles a los organismos del proceso de identificación del cuerpo calcinado hallado en Camino Negro”. Y “al mismo tiempo instruyó una rigurosa investigación interna para dilucidar con exactitud el origen de la información falsa que confundió el cuerpo hallado con el de López”.

A primera hora de ayer, una llamada anónima a la línea de denuncias 911 de Seguridad bonaerense con datos sobre el presunto paradero de López desató un amplio rastrillaje policial en el barrio platense de Los Hornos, ya que el testigo habría sido visto en unos terrenos baldíos de esa zona. Sin embargo, el operativo resultó infructuoso, según dijeron autoridades de la delegación de Investigaciones de La Plata.

Para Rubén López, hijo del testigo, su padre “está perdido o escondido con alguien, y pensamos que por algún motivo se encuentra enojado o pretende protegerse de algo que no sabemos qué es”. Los familiares de este albañil de 77 años decidieron no participar de la marcha de los organismos. Nilda Eloy le dijo a Página/12 que el otro hijo, Gustavo, también pensaba que su padre podría estar perdido, pero que era una suposición de “los primeros días”.

El gobernador Solá concurrió al domicilio de la familia López acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Edgardo Binstock, donde explicó a la esposa y los dos hijos las acciones para intentar ubicarlo, entre las cuales mencionó un comunicado que se envió a la AFA para que colabore en los partidos de fútbol que se jugarán el fin de semana. “Se trata de una persona mayor, que tiene un problema de Parkinson, y además cierto estrés emocional pueden haber tenido alguna incidencia”, expresó Arslanian. Respecto de la versión, que maneja su ministerio, sobre la desaparición de López hace algunos años durante dos semanas, Eloy indicó que “no es cierto” y agregó que “su hijo Gustavo lo negó en televisión”. Tras la extenuante jornada, y luego de su marcha bajo la lluvia torrencial, la víctima y testigo concluyó que “esto no es algo de los organismos, es algo que afecta a toda la sociedad”.

UN PROGRAMA PARA LOS JUICIOS CONTRA REPRESORES

Protección especial a testigos

Con la idea de que la desaparición del sobreviviente Julio López no siente un precedente y desaliente a futuros testigos en juicios de derechos humanos, el gobernador bonaerense Felipe Solá anunció la creación de un “programa de vigilancia y atención de testigos en grado de exposición”. La iniciativa beneficiará a los que declaren en causas en las que estén imputados policías o militares que hayan estado involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El programa complementará un plan que ya existe a nivel nacional, para lo que el ministro de Seguridad, León Arslanian, firmó un convenio con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Arslanian sostuvo que el programa tiene como objetivo que “la gente no se atemorice y no entre en terror”, ya que “puede haber testigos que se resistan” luego de la desaparición de López.

La gestión de Solá impulsó el programa “en total coincidencia con el gobierno nacional en la plena vigencia de los derechos humanos y en la persecución penal de quienes los violaron”. Según los fundamentos del programa, el objetivo será “limitar la exposición de testigos que en razón de la importancia de sus declaraciones puedan encontrarse en situación de peligro”, producto de su declaración contra represores de los grupos de tarea de la última dictadura. Tendrá como destinatarios a los “testigos de causas federales” y para ingresar al programa deberá existir el consentimiento del testigo y del fiscal o tribunal que instruye la causa.

El programa proporcionará “a cada testigo un dispositivo de seguimiento informático que suministre en forma continua su georreferencia (con 10 metros de margen) con alerta de pánico y un teléfono celular que le permita la comunicación de 24 horas con un Centro de Monitoreo”. También asesorará a los testigos sobre las condiciones de seguridad que deben adoptar en los casos en que puedan correr peligro. Según dispuso Solá, la Policía de Seguridad de Custodia de Personas será la encargada de implementar el programa y atender las emergencias. El programa, que apunta al posible accionar de la mano de obra desocupada, será financiado por los gobiernos nacional y provincial.

“Aparición con vida ya, a 30 años no podemos esperar”

Miles de personas acompañaron ayer en La Plata la marcha de familiares y organismos de derechos humanos, movilizados ante la desaparición de una de las víctimas del represor Miguel Etchecolatz.

“Hace 30 años el Estado lo secuestró. Hoy el Estado es el responsable de que aparezca.” Esa fue la contundente consigna que la ex desaparecida Nilda Eloy lanzó ayer, mientras recorría el trayecto que la separaba del Palacio Municipal a la Casa de Gobierno de La Plata. Pese al mal tiempo, la acompañaron más de 6000 personas, conmovidas por la misteriosa desaparición de Jorge Julio López, víctima, testigo y querellante en el juicio que condenó a reclusión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz. Aunque no hubo un discurso largo y emotivo, la marcha logró una visibilidad irrefutable: la presencia y participación de la gente.

“Ya pasaron 30 años, ya dijimos ‘Nunca Más’, pero el compañero López no se sabe dónde está”, cantaban desde temprano los chicos del Partido Comunista, ignorando los nubarrones que anunciaban la intensa lluvia que vendría después. Al frente de la marcha, una extensa bandera negra con letras en blanco pedía la “Aparición con vida ya” de López. La sostenían varias víctimas del terrorismo de Estado: Eloy, Adriana Calvo (quienes no se separaron en ningún momento), la dirigente de Izquierda Unida Patricia Walsh y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Lloviznaba. Un nuevo cántico dominaba la escena: “Olé, olé, olé, olá, que aparezca... con vida ya. A 30 años no podemos esperar”.

Cuando la columna llegó a la Plaza San Martín, que antecede a la Casa de Gobierno, un pequeño grupo de organizadores, pertenecientes a distintas corrientes, comenzaron a discutir. Algunas organizaciones sociales ya estaban concentradas hacía bastante rato en el lugar y resultaba complicado distribuir a la gente. La garúa devino en lluvia. Mientras los organizadores deliberaban, uno de los que encabezan la columna, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, abrazado al dirigente de la CTA Víctor De Gennaro, planteaba que era “imprescindible no volver a los viejos tiempos que queremos superar”. Muy cerca suyo, Calvo aseguró, en otro tono, que la desaparición de López “es un secuestro producido por los nichos que hay en la policía bonaerense”, una versión que ella misma murmuró el lunes pasado, durante los alegatos, mientras todos esperaban que López concurriera para la audiencia. López no se había cruzado al represor Etchecolatz durante el juicio y ese día, después de 30 años, “estaba muy interesado en verlo”, le diría más tarde a Página/12 Eloy. Solucionado el problema del espacio, todas las columnas se integraron. La lluvia se convirtió en tormenta. Escaseaban los paraguas, muchos buscaban refugio en los árboles de la plaza pero nadie quería irse. El subsecretario de Tierras y Hábitat de la Nación, Luis D’Elía, destacó “el estupor y la preocupación” causados por la desaparición de López. Una de las Madres de Plaza de Mayo se acaracoló en la extensa bandera, Nilda Eloy subió al acoplado que funcionaba de palco. “Voy a ser breve –anunció–, estamos acá para que aparezca nuestro compañero. El martes se lee el veredicto. Les pido a todos ustedes que me acompañen. Quiero que ese día Jorge esté al lado mío escuchando el veredicto.” Eran casi las 19, ya anochecía. Empapados, varios manifestantes seguían cantando: “Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables”.

En medio de la desconcentración Edna, una Madre de Plaza de Mayo de La Plata se cobijó en el paraguas de este cronista. Mientras se dirigía en busca de un taxi, imaginaba la sopa que tomaría cuando llegase a su casa. Muchos se acercaron a saludarla, una mujer joven le robó una sonrisa cuando al despedirla le dijo: “Vos sí que no perdés las mañas”.

Informe: Emilio Ruchansky

Palabra de Argibay

“Genocidio es el nombre de un delito, como homicidio, robo o hurto, pero no está tipificado en nuestro Código Penal, y eso es una falla que tenemos”, señaló ayer la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay. La magistrada participó del 13º Encuentro Nacional y Regional de Mujeres Jueces que se realizó en Mar del Plata. En esa línea, la ministra destacó la importancia histórica que tiene el fallo que condenó a reclusión perpetua al ex policía y represor Miguel Etchecolatz. En ese fallo se mencionó que los delitos que cometió el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense se dieron en el marco de un genocidio. La mención de la palabra genocidio no se tradujo en la condena ya que, como señaló Argibay, esa tipificación no figura en el Código Penal. “Estamos en deuda, porque el Código Penal que se ha reformado con parches muchas veces, nunca se reformó incorporando el delito de genocidio para aplicarle una pena determinada”, dijo la jueza. Recordó incluso que “la convención internacional del genocidio está ratificada hace muchos años por la Argentina”. A la hora de definir el genocidio, aseguró que “es un delito de lesa humanidad que consiste en la muerte de muchas personas con una finalidad especial, que es la destrucción de un grupo por sus creencias, por sus ideas políticas, por su pertenencia étnica y a veces es muy difícil de probar”.

Relato de sufrimiento

El 29 de junio pasado Jorge Julio López testificó sobre lo que vio, oyó y sufrió durante su secuestro y su paso por varios de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) del “circuito Camps”. Ese día, López lloró ante los jueces al recordar que llegó a ver, desde una pequeña mirilla en la puerta del Pozo de Arana, cómo Etchecolatz ordenaba el fusilamiento del matrimonio de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. “Ella les pedía que no la maten, que quería criar a sus nenitas”, contó López, que la conocía de su militancia social en los barrios: “Ella nunca agarró un arma en la mano –declaró–, se dedicaba a cuidar chicos y darles de comer. Esas eran mujeres de oro, y ellos las mataron”.

López conoce bien la mirada de este genocida, que dirigió a la patota que lo secuestró en octubre de 1976 y a quien definió como “un asesino serial, que no tenía compasión”. De hecho, mientras lo torturaban, Etchecolatz lo “miraba desde un costado y les decía (a los otros torturadores): ‘subile, subile más’. La picana era a batería, y él decía que no era suficiente”. Este albañil jubilado también escuchó a una mujer mayor que pedía a gritos que no le pegaran. “Decía: ‘¿por qué no me defendió, padre?’. Le preguntaron quién la había traído, y dijo que era (el obispo Antonio) Plaza” –contó López–. “Ella se había refugiado en la Catedral para que no la secuestraran, y Plaza les dijo (a los represores) ‘yo se las voy a llevar’. Y ahí estaba.”

“Que no sea otro Cabezas”

“Ojalá que, si se lo llevaron, lo devuelvan. Y si se fue que vuelva. Ojalá que no sea otro caso como el de Cabezas”, pidió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a raíz de la desaparición del sobreviviente Julio López. En medio de un clima de tensión, Carlotto hizo referencia al reportero gráfico José Luis Cabezas, quien apareció asesinado en enero de 1997 en la localidad balnearia de Pinamar. Según se probó en el proceso judicial, Cabezas fue asesinado por un grupo de policías bonaerenses por orden del empresario Alfredo Yabrán. “Yo estoy tan preocupada como el resto de la gente que se enteró que este señor desapareció de su entorno hace cuatro días”, explicó la titular de Abuelas. “Me alientan un poco los conceptos del hijo, que no está desesperado como diciendo lo han matado, sino que dice que este señor puede estar como enojado, shockeado, que puede estar con alguien que lo está cuidando”, indicó Carlotto a la prensa tras el acto donde se presentó la reedición del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita a la Argentina en 1979, en plena dictadura militar. “No puedo pensar que hayan hecho con él un agravio tan grande como es borrarlo para infundir el miedo al resto de los que tienen que testimoniar en los centenares de juicios (contra los represores)”, planteó la titular de Abuelas.