Semanario Brecha, Uruguay
22-09-2006

Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz

La increíble inocencia de los militares uruguayos

El semanario Búsqueda afirmó, desde la tapa de su edición de ayer, jueves, que “la Presidencia conoce la identidad de por lo menos un miembro de la banda argentina que asesinó a Michelini y Gutiérrez Ruiz”.

El informe se despliega en una cobertura de cuatro páginas en las que se atribuye la identificación de los asesinos al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Según Búsqueda, Fernández afirmó que Osvaldo Forese, un “miembro de la banda de Aníbal Gordon”, fue uno de los asesinos. La información asegura que Fernández comunicó la novedad a los familiares de los dos parlamentarios asesinados en Buenos Aires en mayo de 1976.

La cobertura de Búsqueda sugiere que los asesinatos fueron obra de represores argentinos y que el móvil de los crímenes era el dinero de los tupamaros que Michelini y Gutiérrez Ruiz supuestamente tenían en su poder.

Al cierre de esta edición, Fernádez no había respondido a una solicitud de BRECHA para confirmar o desmentir tales afirmaciones.

Por el contrario, los familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron terminantes en afirmar que nunca fueron informados por Fernández de la presunta identificación de los asesinos.

Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz, en declaraciones formuladas a radio El Espectador, explicó que el agente Forese había sido identificado como uno de los represores que secuestraron a su esposo, pero hasta ahora no había indicios de que Forese hubiera participado en el asesinato. “Una cosa es el secuestro y otra el asesinato”, dijo. Y agregó que el gobierno nunca le comunicó que estuvieran identificados los asesinos de su marido.

El Senador Rafael Michelini, en declaraciones a BRECHA, fue tajante: “La Presidencia de la República nunca me comunicó que supiera o tuviera pruebas de la identidad de los autores del crimen. Es archisabido que participó la banda de Gordon en los secuestros. Lo que hemos reclamado es que se nos diga la verdad sobre la responsabilidad del gobierno y los militares uruguayos de la época”.

Su hermano, el periodista Zelmar Michelini (h), confirmó a BRECHA desde París, donde reside, que la familia nunca fue notificada por el secretario de la Presidencia de que estuvieran identificados los asesinos de su padre. “No nos comentó absolutamente nada. Espero que en su momento haga un desmentido. Esto se inscribe en una campaña tendiente a deslindar la responsabilidad del Estado uruguayo y de las Fuerzas Armadas en los asesinatos. En ningún momento Búsqueda se dirigió a nosotros para corroborar si Fernández nos había dado o no esa información. Este artículo de Búsqueda es parte de una serie de notas para presionar al Ejecutivo y demorar el avance de la investigación sobre los derechos humanos. Se intenta dejar de lado la responsabilidad de los militares uruguayos. Es, a mi juicio, una operación de inteligencia”, sostuvo. Y agregó: “Además, es un disparate afirmar que mi padre manejaba dinero de los tupamaros, es totalmente falso de la a a la zeta. No en vano los militares nunca salieron a decir oficialmente que no estaban involucrados en los asesinatos. No en vano Sanguinetti aplicó la ley de caducidad al caso. Esta seudoinvestigación intenta también influir en la justicia, donde hay una causa abierta”.

El informe de Búsqueda se explaya sobre las acciones judiciales en curso que involucran en los asesinatos al ex Presidente Juan María Bordaberry y al ex canciller Juan Carlos Blanco, y detalla los argumentos esgrimidos por Blanco para probar su inocencia.

Un documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos (véase nota adjunta) revela el conocimiento de Blanco sobre las operaciones de militares uruguayos en el marco del Plan Cóndor.

Un nuevo documento estadounidense incrimina a Juan Carlos Blanco

Hasta las manos

En tiempos de alegatos de inocencia, un documento estadounidense involucra a Juan Carlos Blanco en un episodio hasta ahora desconocido que prueba hasta dónde llegaban las luchas intestinas en el Ejército en la época de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Samuel Blixen

Algunos de los militares que en agosto de 1976 operaban en el marco del Plan Cóndor se proponían asesinar a funcionarios gubernamentales uruguayos. Los planes fueron comunicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos al entonces canciller Juan Carlos Blanco y al Comandante en Jefe del Ejército Teniente General Julio César Vadora.

La revelación, contenida en un documento secreto elevado al secretario de Estado Henry Kissinger, recientemente desclasificado, complica la situación penal de Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, e investigado por su involucramiento en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. En sus comparecencias ante los jueces penales Blanco siempre reclamó su inocencia y afirmó su desconocimiento de los múltiples crímenes cometidos por personal de inteligencia militar adscriptos a la red Cóndor de coordinación represiva.

El documento, que involucra a Blanco y revela por primera vez que funcionarios del gobierno de Juan María Bordaberry (sustituido en esas fechas primero por Alberto Demicheli y después por Aparicio Méndez) eran “objetivos militares”, fue elaborado por Harry Schlaudeman y fechado el 30 de agosto de 1976.

El informe, que incorpora una serie de recomendaciones para Kissinger, es una respuesta a la solicitud de orientaciones elevada por el embajador estadounidense en Uruguay, Ernest Siracusa.

Haciendo referencia al telegrama “Montevideo 3123”, cuyo texto se desconoce, Schlaudeman comenta las reacciones de Siracusa a propósito de las instrucciones del Departamento de Estado para procesar en Montevideo ciertas informaciones sobre el Cóndor.

“La CIA no cree que Siracusa corra peligro por plantear el tema de las conversaciones entre oficiales de los servicios de seguridad del Cono Sur sobre el Cóndor y los asesinatos”, informa Schlaudeman a Kissinger. Del texto se deduce que Siracusa había obtenido información sobre planes en curso para asesinar a elementos del gobierno.

El funcionario del Departamento de Estado opinaba que Siracusa debía encarar un intercambio de información en Montevideo como el más efectivo método para manejar el problema. Por el contrario, opinaba que una acción limitada a un planteo al embajador uruguayo en Washington podía cerrar las puertas para ese intercambio.

Schlaudeman recordaba al secretario de Estado que el objetivo del gobierno estadounidense era cortar de raíz “la serie de asesinatos internacionales que provocan un serio daño al estatus internacional y la reputación de los países involucrados”.

Para entonces se habían producido los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y del General boliviano Juan José Torres.

Este documento revela que en agosto de 1976 el Departamento de Estado ya tenía pruebas de la existencia del Plan Cóndor y de la responsabilidad en los asesinatos de disidentes chilenos, uruguayos y bolivianos ocurridos en Argentina. Hasta ahora, los documentos desclasificados por el gobierno estadounidense hablaban de “sospechas no confirmadas” sobre la existencia de un “Murder Inc”.

Schlaudeman estaba de acuerdo con Siracusa en que, en sus conversaciones en Montevideo, “debería agregar que el Cóndor tiene su propia lista de funcionarios gubernamentales uruguayos para ser asesinados”.

El documento no especifica quiénes eran esos funcionarios señalados como “objetivos”, pero incontrastablemente revela que, en aquel momento de luchas intestinas entre fracciones de las Fuerzas Armadas, ciertos militares no se contentaban con la eliminación de los dirigentes políticos en el exilio, como forma de abortar cualquier negociación para una salida negociada de la dictadura. Conversaciones en ese sentido fueron las que precipitaron los asesinatos de mayo de 1976.

Schlaudeman argumentaba que un planteo de Siracusa ante las altas autoridades del gobierno y del Ejército sobre esos planes facilitaría “un intercambio de puntos de vista” y permitiría demostrar cuál era la apreciación estadounidense sobre “el problema que ellos encaran”.

El funcionario del Departamento de Estado señalaba que había tres opciones para una “aproximación al problema uruguayo”: “Por medio de Siracusa al General Vadora y a Blanco, apoyado en un planteo al embajador aquí”. “Por mi intermedio, ante el embajador aquí, solamente”.

La tercera opción está censurada en el documento desclasificado.

Sclaudeman se inclinaba por enviarle a Siracusa un cable “instruyéndolo para que hable con los dos, Blanco y Vadora, informando sobre una aproximación paralela mía y haciendo referencia a una comunicación que él recibió (…) sobre protección adicional para él (...)”. Los puntos suspensivos entre paréntesis corresponden a tachaduras que probablemente se refieren a las medidas de protección para la fuente que le reveló a Siracusa la existencia de esos planes de asesinatos.

Es la primera vez que se tiene noticia de que militares uruguayos planeaban matar a miembros del gobierno. En ningún momento, durante los interrogatorios judiciales, Blanco aportó pistas sobre las comunicaciones que recibió del embajador Siracusa. Blanco reiteró siempre que desconocía el accionar de militares uruguayos en el Plan Cóndor. Sim embargo, el documento revela que, para el Departamento de Estado, él era la persona adecuada para debatir el tema.

La inocencia de Blanco está cada vez más comprometida. Aparte de este nuevo documento, otras pruebas aportadas por los denunciantes en el expediente Michelini-Gutiérrez Ruiz lo involucran en los actos preparatorios de esos crímenes, brindando información a la dictadura argentina.

NOTA DE REDH:

::> Para más datos sobre el documento desclasificado, ver en REDH (en inglés/español)