Semanario Brecha, Uruguay
15-09-2006  

Según fuentes del gobierno aún no está decidido dónde serán recluidos los militares y policías procesados el lunes 11 (sep, 2006)

Pero la noticia de que serán alojados en una cárcel especial en un predio militar no había sido desmentida, al cierre de esta edición, por el Ejecutivo ni por los Ministerios del Interior o de Defensa. Ante el desconcierto y la irritación provocados por esta versión, el gobierno debería asegurar, de modo categórico, que no se les otorgará un trato privilegiado.

Guillermo Waksman

La noticia de que el Ejército estaba construyendo una cárcel especial para alojar a los militares presos por violaciones a los Derechos Humanos se conoció el viernes 1 por  El País, diez días antes de que se produjeran los procesamientos de cinco militares retirados, uno en reforma y dos ex policías. En los días siguientes se confirmó que efectivamente se estaba acondicionando como “cárcel especial” el edificio ubicado en camino Domingo Arena 4399, que actualmente pertenece al Ministerio de Defensa, donde funcionó la unidad de logística del arma de Ingenieros, hoy disuelta.

Pero además, el martes 5 el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, consultado al respecto afirmó que cárceles especiales para militares existen en todo el mundo,* mientras que el Subsecretario de Defensa, José Bayardi, dijo que si bien a título personal desearía que los militares tuviesen las peores condiciones de reclusión, gobernar es “administrar tensiones”.

La información generó inquietud y decepción en organizaciones de Derechos Humanos y en varios sectores del Frente Amplio (fa), y en la reunión de su Mesa Política del lunes 11 el MPP reclamó a las autoridades del fa un informe con todos los antecedentes del asunto.

La posibilidad de que los militares dispusieran de condiciones privilegiadas de reclusión, los dichos de Bayardi, y el trascendido de que el funcionamiento de un centro especial de reclusión militar habría sido acordado durante una conversación informal entre el Comandante del Ejército y el propio Presidente de la República parecían reforzar la tesis  - planteada por algunos de los militares de inteligencia hoy procesados y también por dirigentes colorados y blancos - de que habría existido una negociación entre el gobierno y los mandos militares que facilitó la decisión de la justicia.

El acontecimiento histórico de los primeros procesamientos de represores resultó opacado - al menos parcialmente - por la posible puesta en funcionamiento de lo que sería una cárcel de cinco estrellas destinada a alojar a la flor y nata de los violadores de los Derechos Humanos. Daba la impresión de que, a pesar de la resolución judicial, los uruguayos todavía no seríamos “todos iguales ante la ley”. El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) emitió el lunes 11 una declaración en la cual, después de saludar que se haya “comenzado a transitar por el verdadero camino de la justicia”, se señala que, en virtud del “principio de igualdad de la justicia, es inadmisible justificar la construcción de una cárcel exclusiva para violadores de Derechos Humanos, con privilegios de los que no gozan el resto de las personas privadas de libertad”.

Sin proponérselo, el SERPAJ sintetizaba el desconcierto de un importante sector de la ciudadanía, de que se estaría recortando, mediante un tratamiento carcelario privilegiado, el principio de igualdad de la justicia, ausente en democracia hasta los procesamientos de esta semana.

SEGURIDAD Y PRIVILEGIOS. El año pasado el Ministerio de Defensa había ofrecido traspasar el local de Domingo Arena al Ministerio del Interior, para contribuir al descongestionamiento del sistema carcelario.

El Ministro José Díaz rechazó el ofrecimiento. Según dijo a BRECHA una de las fuentes del gobierno consultadas, el motivo del rechazo fue que la construcción sólo permitiría alojar a medio centenar de presos. Hace unos meses, Defensa inició por su cuenta, previa consulta con la Presidencia, las obras con el fin de transformar la construcción en una cárcel. La intención era obvia: alojar allí a los militares que fueran procesados. La finalización de los trabajos está prevista para dentro de un mes.

El punto clave es que los militares procesados no reciban un trato carcelario privilegiado con respecto a los demás presos, más allá del establecimiento donde sean recluidos. En modo alguno puede aceptarse que estén en mejores condiciones que un recluso cualquiera. En cambio, sería atendible que, por razones de seguridad - no sólo la de ellos, sino la del conjunto de la población carcelaria y la del propio establecimiento -, no convivan con el resto de la población del carcelaje donde estén alojados. Como ha sostenido el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcé, “si los militares tienen que estar ahí (en una cárcel especial) por un problema de seguridad, yo lo entiendo; lo que no es admisible es que haya privilegios” (El Observador, viernes 8). El Ministro José Mujica señaló que el Estado debe asumir la responsabilidad por la seguridad de todos los reclusos y que es notorio que los militares correrían serios riesgos de vida si tuvieran que convivir con presos comunes.

El problema es que la línea que separa las “cárceles especiales” de los “privilegios carcelarios” es muy delgada. Para evitar que sea traspasada quizás lo más indicado sea recluirlos en un centro ya existente, pero aislados del resto de los presos. Por ejemplo, en un piso del penal de Libertad destinado sólo a ellos, como sugirió esta semana el inspector Julián Rodríguez, Director Nacional de Cárceles.

Hay varias circunstancias que vulnerarían el principio de igualdad de la justicia. Por ejemplo, que fueran alojados en un establecimiento dependiente de Defensa, que la cárcel no fuese de máxima seguridad, que el establecimiento tuviese comodidades superiores a las habituales en los centros de reclusión, que la custodia interna no estuviese a cargo de personal penitenciario, que se les aplicase un reglamento carcelario diferente, o que se les permitiese un régimen especial de visitas o de salidas transitorias, como ocurre en Argentina. Nada de eso debería permitirse.

De acuerdo con las fuentes del gobierno consultadas por BRECHA, no hay todavía nada resuelto respecto al lugar donde serán recluidos estos militares. Estaría claro, eso sí, que no quedarán alojados con carácter permanente en Cárcel Central, que es un lugar privilegiado de reclusión y que además está destinado a presos con estadías más cortas que las que pueden esperarse en estos casos (ambos motivos llevaron a este gobierno a trasladar - a Libertad primero y a La Tablada después - a los hermanos Peirano). Por otra parte, no existen allí las necesarias condiciones de seguridad, como lo demuestra el hecho de que a Gilberto Vázquez, después de haber sido recapturado tras su fuga, se le hayan incautado tres teléfonos celulares, cuyo ingreso a ese centro de reclusión está prohibido. Según informó el miércoles 13 El Observador, el gobierno se inclinaría por destinar el nuevo establecimiento de Piedras Blancas a la reclusión de los militares y también de los 23 procesados por narcotráfico.

SEÑALES DESDE LOS MANDOS. Importa - y mucho - que los militares procesados tengan similares condiciones de reclusión que el resto de los reclusos. Si se les otorgan privilegios recién se sabrá cuando haya una decisión de las autoridades competentes, que desde 1975 están radicadas en el Ministerio del Interior, por más que es previsible que en un caso como éste haya una decisión política del Ejecutivo.

Pero también es fundamental la actitud que adopte el Ejército. Por lo pronto, el honor que lo caracteriza hace que la condición de militar sea incompatible con la de delincuente. En principio, un militar sometido a un juicio penal debe ser pasado a situación de reforma o dado de baja, previa intervención de un tribunal militar y homologación de su fallo por el Presidente de la República.** Las dos fuentes consultadas por BRECHA a estos efectos tienen distintas opiniones respecto al momento en que debe ser convocado el tribunal de honor: una entiende que es en ocasión del procesamiento y otra que se requiere que exista condena firme.

Más allá de los procedimientos institucionales, es significativa la actitud de la cúpula militar ante estos hechos y sus protagonistas. El 30 de agosto, en vísperas de su viaje a China, el Comandante del Ejército, Carlos Díaz, visitó a los Coroneles José Gavazzo y Jorge Silveira en Cárcel Central. El lunes 11, como estaba fuera del país, se hizo representar en el sepelio de Juan Antonio Rodríguez Buratti. El miércoles 13 los tres Comandantes asistieron al acto de homenaje a este último en el Centro Militar. Por si fuera poco, en esa misma jornada Díaz le comunicó al Abogado defensor de Tomás Casella, Wellington Sarli y Rafael Radaelli - quienes fueron excarcelados pero deberán permanecer en Santiago mientras se siga instruyendo la causa por la muerte de Berríos - que el Ejército se hará cargo del alquiler de su vivienda y demás gastos que genere su permanencia en Chile.

Son señales que apuntan en la misma dirección y que parecen indicar que no todo ha cambiado lo necesario, aunque todas ellas hayan estado inspiradas en el propósito de -Bayardi dixit - “administrar tensiones”.

* Sin ir más lejos, en Chile en 1995 se inauguró el Penal de Punta Peuco, a sesenta kilómetros de Santiago. Su primer preso fue el General Manuel Contreras, ex Director de la DINA. Diez años después los reclusos, todos militares de los tiempos de Pinochet, llegaban a 160. En Brasil fue el Presidente Lula quien, poco después de asumir, creó cárceles especiales, en este caso para narcotraficantes, para evitar su incidencia sobre el resto de la población reclusa.

** Las bajas han sido excepcionales en el Ejército uruguayo. La única producida en las últimas décadas fue, a fines de los setenta, la del ex General Amaury Prantl, Director del Servicio de Inteligencia y duramente enfrentado al entonces General Gregorio Álvarez, a quien atacaba desde la revista El Talero.