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FALLO HISTÓRICO:
El pasado 11 de Septiembre, frente a HIJOS, organizaciones sociales, militantes, desfilaron los principales represores que la dictadura uruguaya ofreció al Plan Cóndor. Salieron del juzgado procesados, hecho inédito en el Uruguay.
Los espera una cárcel especial en dependencias militares que se está construyendo especialmente para su comodidad.
Aquí la síntesis de prensa:
Página 12, Buenos Aires Argentina
Se abre una senda de justicia
Militares y policías, involucrados en el Plan Cóndor, fueron detenidos. Uno de ellos, Rodríguez Buratti, se suicidó.
Por Adriana Meyer
Uruguay vivió ayer un día memorable porque la Justicia procesó y encarceló a un grupo de represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Aunque no hubo ningún pronunciamiento oficial del gobierno de Tabaré Vázquez, una alta fuente oficial aseguró a Página/12 que hay una “gran satisfacción” porque la medida significa el “cumplimiento de un postulado de siempre de la izquierda y del Frente Amplio: no venganza sino verdad y justicia”. Se trata de los primeros encarcelamientos de militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad en ese período, ya que los otros ocho militares acusados en el caso “Soba-Mechoso” fueron amnistiados por una ley aprobada en 1986, denominada de Caducidad. Pero una parte del proceso había sido excluido de esa norma. “Es un día histórico para nosotros porque se abrió el camino para terminar con la impunidad que durante tantos años apoyaron los sucesivos gobiernos”, expresó enfático el abogado José Luis González, representante del escritor Juan Gelman. Sin embargo, la noticia fue un tanto opacada por el suicidio de uno de los imputados, que se quitó la vida el domingo a la noche, cuando fueron a detenerlo.
Se trata de Juan Antonio Rodríguez Buratti, acusado de haber estado involucrado en el secuestro y el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera de Gelman, en 1976, entre otros delitos. Este coronel retirado se disparó en el garage de su casa y murió horas después en el Hospital Militar. Era el único que permanecía en libertad de un grupo de nueve militares y policías retirados que fueron llevados ayer ante la Justicia. El militar decidió suicidarse cuando una patrulla policial llamó a la puerta de su domicilio, en Montevideo, para ordenarle que se dirigiera al comando del Ejército, donde debía pasar la noche, antes de ser llevado al tribunal para la audiencia prevista para ayer. Pidió a los policías que le dieran unos minutos para arreglar sus pertenencias personales, se dirigió a la cochera de su vivienda, tomó un arma de su automóvil y se disparó en la cabeza.
Pocas horas después se conoció esta medida dictada por primera vez en Uruguay, cuando el juez Luis Charles dispuso los procesamientos de seis militares, además del suicidado, y dos policías en retiro que estaban detenidos en forma preventiva por la desaparición de los militantes de izquierda uruguayos Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte, ocurrida en Argentina en 1976. Soba y Mechoso eran militantes del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y estuvieron detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires. Familiares de desaparecidos realizaron una manifestación ante al juzgado.
Los represores son acusados de los delitos de asociación para delinquir y de privación ilegal de libertad de los detenidos-desaparecidos. La fiscal del caso, Mirta Gianze, pidió para ellos doce años de cárcel. Los procesados, que se retiraron esposados del juzgado, son los militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande. Integraron el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que estuvo en coordinación con organismos represores argentinos durante los regímenes militares que gobernaron en Uruguay y Argentina en las décadas de los años ’70 y ’80. Ramas y Maurente están en el Hospital Militar y los otros detenidos en la Cárcel Central de Montevideo, debido a un pedido de extradición de la Justicia argentina por su presunta participación en el secuestro y desaparición en Buenos Aires en 1976 de la nuera de Gelman. Su abogado manifestó a Página/12 que “esto recién empieza” porque “hay que avanzar en las responsabilidades inferiores”.
“Es un gol que no se grita, que lo juzgue la gente”, comentó la fuente consultada por este diario al pedir anonimato. En la última reunión que tuvo Tabaré con sus colaboradores se habló de la cuestión y también del suicidio del militar, pero decidieron no hacer ningún comentario.
Rodríguez Buratti era el único que permanecía en libertad, aunque ya se había anunciado un pedido de detención con fines de extradición cursado por el juez argentino Daniel Rafecas. El militar retirado que se suicidó había sido jefe de un departamento del Servicio de Información de Defensa de la dictadura que tenía a su cargo la actividad de “Planes, Operaciones y Enlace”. Fuentes militares no identificadas citadas por el diario El País aseguran que había comunicado a su familia y a sus compañeros de armas la decisión de suicidarse si era detenido.
Irma Leites, de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, dijo que con la muerte de Rodríguez Buratti se “corta una cadena importante” de información, ya que el militar era “responsable de los centros clandestinos de detención” y fue “clave” en la desaparición de la nuera del poeta argentino Gelman. Por otra parte, Luisa Cuesta, madre de un uruguayo detenido-desaparecido, afirmó que la acción de Rodríguez Buratti “fue un acto de cobardía para no enfrentar la decisión de la Justicia”. La nonagenaria mujer, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, lamentó que el militar “se llevó a la tumba información importante”.
Teledoce, Uruguay
11-09-2006
http://www.teledoce.com/noticia.php?9262
Militares procesados con prisión
Se concretó de forma histórica en nuestro país, el primer procesamiento a militares que cometieron violaciones contra los Derechos Humanos. Tal como solicitó la fiscal Mirtha Guianze, los coroneles, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, el teniente coronel José Nino Gavazzo, el capitán Luis Maurente, el capitán dado de baja por el ejército, Ricardo Arab, y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande, fueron procesados con prisión en la tarde del lunes, por el juez Luis Charles.
Los delitos por los que fueron procesados son, “privación de la libertad”, y “asociación para delinquir”. Las victimas de estos delitos, en las que fue centrada la investigación son, los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Durarte, Gerardo Gatti y del militante tupamaro Washington Barrios, dichas desapariciones fueron excluidas por el gobierno, de la ley de caducidad.
Los procesamientos fueron realizados entorno a la desaparición de Adalberto Soba, en Buenos Aires en 1976.
Los militares arribaron alrededor de las 7:30 de la mañana al juzgado, y allí permanecieron bajo interrogatorio hasta las 17 horas, momento en que se conoció la resolución del magistrado. A la salida, los procesados, fueron despedidos por algunos manifestantes, con una lluvia de huevos y piedras. Los militares Maurente y Ramas también fueron interrogados en el hospital Militar, por el mismo juez Charles.
Aunque todavía no se conoce cual será la sentencia, si se sabe que la condena máxima para estos delitos es de 12 años. Tampoco se sabe donde será su reclusión, pero en principio serán conducidos a cárcel central, y luego podrían ser llevados a una cárcel que se encuentra en construcción en terreno militar.
Video en: http://www.teledoce.com:8080/ramgen/teledoce/ediciones/2006/09/11/video-nac-20060911-9262.rm
Ell País, Uruguay
12-09-2006
http://www.elpais.com.uy/06/09/12/
FALLÒ LA JUSTICIA
Treinta años después procesan a 8 represores de la dictadura
Por delitos de privación de libertad y asociación para delinquir fueron procesados ayer los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente, el ex militar Ricardo Arab y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande
http://www.elpais.com.uy/06/09/12/pnacio_236768.asp
30 AÑOS DESPUES | EL CORONEL RAMAS FUE REPRENDIDO POR EL JUEZ CUANDO LANZO DIATRIBAS CONTRA LA FISCAL | EL TENIENTE CORONEL (RETIRADO) JOSE GAVAZZO PLANTEO UN ALEGATO DE TRES HORAS
Cayó el telón para ocho represores
Ayer los seis militares y los dos ex policías hicieron sus descargos. El juez Luis Charles tomó decisión tras intensa jornada
NATALIA ROBA | R. ROSSELLO
Fiel a su estilo, el coronel retirado Gilberto Vázquez comentó mientras aguardaban el fallo: "Los que estamos acá somos los Carlitos". No hubo sobresaltos en el cuarto piso del edificio judicial de la calle Misiones durante la extensa jornada que comenzó a las 8 de la mañana y concluyó poco después de las 17, cuando el juez Luis Charles comunicó su resolución.
Los militares José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Luis Maurente, así como el ex militar Ricardo Arab y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande fueron procesados ayer por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir.
El caso que los llevó a prisión fue el de la desaparición del militante de la OPR 33, el brazo armado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Adalberto Soba. El fallo fijó el primer antecedente en relación con el juzgamiento de responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El juez entendió que sus facultades sólo alcanzaban a este caso, puesto que el mismo fue explícitamente excluido de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo.
De manera complementaria al procesamiento, Charles envió un exhorto a la Justicia de Brasil solicitando la captura internacional del coronel retirado Manuel Cordero, otro de los involucrados.
Expectativa. La cuadra de Misiones entre 25 de Mayo y Cerrito quedó cerrada para el tránsito desde temprano. Equipos especiales de la Policía establecieron una zona de exclusión con vallado y vigilancia aun desde las azoteas del edificio judicial.
En la vereda se apiñaban los militantes del grupo Plenaria Memoria y Justicia, de la organización Hijos, y algunos reconocidos militantes de la izquierda radical, como es el caso del ex tupamaro Jorge Zabalza. A media tarde, cuando ya era firme la versión de la decisión judicial, volvieron los cánticos y aun los insultos hacia los militares sometidos a la Justicia. Unos diez minutos después de las 17 los celulares de la Policía pusieron sus motores en marcha.
En pocos segundos los seis militares y los dos ex policías fueron introducidos en los vehículos policiales, rumbo a Cárcel Central.
El pequeño tumulto que formaban los militantes se lanzó sobre el vallado. Los más perjudicados fueron los camarógrafos y los reporteros gráficos apostados desde temprano en la exigua franja que dejaba libre el cerco policial, que apenas pudieron manipular sus cámaras para captar las imágenes que entrarán en la historia.
"Bueno, ya está", se limitó a comentar con una sonrisa Luis Puig, de la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt. Otros militantes se abrazaban llorando, lisa y llanamente, mientras las camionetas policiales se alejaban. La abogada Hebe Martínez Burlé era una de las que daba rienda suelta a sus emociones. Lentamente, mientras el grueso de las fuerzas tácticas de la Policía comenzaba a replegarse, la rutina volvió a instalarse en la Ciudad Vieja. Dentro del juzgado había terminado una larga jornada de trabajo, cuyos detalles quedarán por ahora en la rigurosa reserva del sumario.
TENSION. El juez Luis Charles escuchó por la mañana los argumentos de la defensa de los militares y policías detenidos.
Los abogados Germán Amondarain y Julio Suárez representaron a Silveira, Vázquez, Ramas, Maurente, Medina y Sande. Tanto Arab como Gavazzo fueron defendidos por sus hijas. En el caso de Gavazzo el criminólogo Germán Aller también se sumó a su defensa. Cuando llegó el turno de hablar para los acusados fue precisamente Gavazzo el que más se extendió en su alegato personal.
Ya sobre el mediodía, el juez Charles y la fiscal Mirtha Guianze se trasladaron al Hospital Militar para interrogar a Ramas y a Maurente. Este tal vez haya sido el momento más tenso de la jornada, en particular cuando le llegó el turno a Ramas.
El coronel retirado comenzó a dirigirse a la fiscal, intentó mostrarle una fotografía en la que se lo veía junto al teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se quitara la vida el domingo al recibir la citación judicial. Ramas comentó que tenía información "sobre los antecedentes de la señora fiscal". El juez Charles lo interrumpió bruscamente para indicarle que se ciñera al expediente judicial.
De vuelta en la sede judicial, ya sobre las 15 horas, el juez Charles les anunció a los detenidos que les comunicaría personalmente, uno por uno, su decisión y luego se retiró a almorzar. En el carcelaje del cuarto piso, junto a los presos comunes, los detenidos aguardaron resignados.
QUEJAS. "Estas son las cabezas que eligió el Frente Amplio para ganar las elecciones. Esta es la bandera que tuvo y tiene el Frente Amplio. Es una venganza política" dijo a El País, Leda Pascale de Silveira, en referencia al pronunciamiento. Insistió en que su esposo, Jorge Silveira, no participó en la represión en Argentina.
Por su parte, el abogado Germán Amondarain dijo a El País que, a su juicio, el juez se apuró en resolver. "Se trata de cuestiones que ocurrieron hace 30 años y no había ninguna urgencia en resolverlo hoy mismo", señaló. Objetó que el magistrado no hizo lugar a ninguna de las pruebas propuestas por ellos.
Alberto José Mechoso, el hijo del otro militante desaparecido junto a Soba, en cambio, dejó entrever que este era sólo un capítulo de su lucha. "No voy a descansar hasta que aparezcan los restos de mi padre y de todos los desaparecidos", anunció.
Presos 12 años y luego extradición
El delito de privación de libertad, previsto en el Artículo 281 del Código Penal, es sancionado con una pena que va desde un año de prisión a 12 años de penitenciaría. El texto legal lo define como "el que, de cualquier manera, privare a otro de su libertad personal, será castigado...".
El delito de asociación para delinquir, previsto en el Artículo 150 del Código Penal, se define como: "Los que se asociaren para cometer delitos, serán castigados, por el simple hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría".
Según lo establece el sistema penal uruguayo, cuando concurren dos delitos en un mismo procesado el sancionado con la pena más grave es el que determina el total del tiempo de reclusión. Una vez concluido este periodo, los procesados podrán ser extraditados si así lo resolvieran los jueces. En este momento los magistrados Juan Carlos Fernández Lecchini, Gustavo Mirabal y Aída Vera Barreto estudian tres pedidos provenientes de Argentina en relación con casos de violación de los derechos humanos.
Fuera de Caducidad
El 24 de mayo pasado el Presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmó la resolución 627 que excluyó el caso de la desaparición de Adalberto Waldemar Soba de la Ley 15.848, también conocida como Ley de Caducidad. El texto establece que "declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el ar- tículo 1° de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986".
los primeros 8 terroristas están presos tras 33 años de impunidad
Juez Charles envió a prisión a seis militares y dos policías por el caso Adalberto Soba
Primera sentencia judicial en Uruguay por desaparición ocurrida en Argentina
El juez letrado en lo Penal de 19º Turno, el doctor Luis Charles, resolvió el procesamiento con prisión a seis militares y dos policías que eran indagados como resultado de las investigaciones por la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba, ocurrida en Argentina el 26 de setiembre de 1976.
Todos fueron procesados por el delito de "privación de libertad" en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de "asociación para delinquir".
Es la primera sentencia de procesamiento que dicta la Justicia uruguaya desde la reinstalación de la democracia en el país, en 1985, y que involucra una causa de violación de los derechos humanos durante la dictadura.
Ocho fueron los procesados, teniente coronel (r) José Nino Gavazzo, coronel (r) Jorge "Pajarito" Silveira, coronel (r) Gilberto Vázquez, coronel (r) Ernesto Ramas, coronel (r) Luis Maurente, y los ex policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima.
El procesamiento implicaba también al coronel (r) Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó el pasado domingo, horas antes de la audiencia.
Sobre este suceso, ayer hubo distintos pronunciamientos, tanto de los militares retirados como del propio gobierno (ver páginas 4 y 5).
El juez también libró una orden de captura internacional (con fines de extradición) para el coronel (r) Manuel Cordero, quien se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya, y, según nuestro Código Penal, no es posible procesar en ausencia del imputado. Según los últimos datos, Cordero se encontraría en algún punto de Brasil, presuntamente cercano a la ciudad de San Pablo.
La resolución del juez Charles contempla en forma parcial el requerimiento realizado por la fiscal letrada nacional en lo Penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, ya que las figuras imputadas refieren únicamente a la desaparición de Adalberto Soba.
El magistrado entendió que sus facultades estaban limitadas a ese caso en concreto en virtud de la resolución del Poder Ejecutivo (requisito de procedibilidad en el marco de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado).
El destino de reclusión final de los procesados, ya que por el momento permanecen en Cárcel Central (a excepción de Ramas y Maurente, internados en el Hospital Militar) compete al Poder Ejecutivo, único órgano facultado para decidir acerca del lugar y las condiciones de reclusión de los procesados.
Los delitos podrán luego ampliarse a los casos Alberto Mechoso y del "segundo vuelo" de Orletti, que a partir de ayer quedó "acordonado" a la causa contra la "patota" del OCOA y sobre el cual el Poder Ejecutivo está por expedirse
El texto del dictamen será dado a conocer mañana, cuando Charles termine de analizar una abundante cantidad de escritos que presentaron las defensas de los militares.
El procesamiento se anunció verbalmente por Charles, en presencia de la fiscal.
Primero, en el despacho del juez, al grupo de militares que defienden los abogados Germán Amondarain y Julio Suárez.
Luego en un box, a Gavazzo, en presencia de sus abogados Rosana Gavazzo (hija) y el doctor Germán Aller.
Aller sostuvo la hipótesis de que, como en Uruguay no existe la tipificación de desaparición forzada y al hecho sólo puede ser aplicada la de "privación de libertad", corresponde al ministerio público demostrar que Soba está privado de libertad, ya que no puede haber detención de un cadáver, y a 30 años de los hechos se debe presuponer su muerte. El Juzgado desecharía la hipótesis que intenta revertir la carga de la prueba en vez de revelar lo ocurrido finalmente con Soba tras su detención y tortura en Argentina.
Finalmente, en otro box, se comunicó la decisión a José Arab, defendido por su hija, la abogada Estela Arab.
Luego, sobre el mediodía, Charles y la fiscal Guianze se dirigieron al Hospital Militar donde comunicaron la decisión judicial a Maurente y Ramas.
Ramas tuvo un duro intercambio de palabras con Guianze a quien habría recriminado que un familiar fue compañero de armas suyo y de Rodríguez Buratti.
Se espera que los defensores presenten apelaciones antes de que venza el plazo formal de cinco días. Junto al estudio de la apelación, el Juzgado deberá estudiar la serie de escritos presentados con una larga lista de pedidos de prueba.
Si el procesamiento deriva en la condena de los implicados en ambos delitos, deberían cumplir una pena de 12 años de penitenciaría más otros 6 años por los agravantes del segundo delito, lo que implicaría una condena de 18 años de prisión que legalmente deberían cumplir en un presidio de la Dirección Nacional de Cárceles dependiente del Ministerio del Interior.
Respecto de los pedidos de extradición de parte de la Justicia argentina, este procesamiento no los excluye, en el sentido de que los trámites continúan normalmante, más allá de que finalmente no sea posible hacer efectiva la extradición. Esto es, una vez cumplida la pena por esta causa, se debe proceder a la extradición, si es que ésta no refiere al mismo caso.
Setiembre 11
7:45 horas de la mañana de ayer, arribaron al Juzgado, sito en Misiones 1469, los militares retirados José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, el militar degradado José Arab, y los ex policías José Sande Lima y Ricardo Medina. El juez Luis Charles ya se encontraba en la sede judicial.
El portón del Juzgado fue protagonista de la gran pregunta; alguien en la madrugada esbozó con pintura roja un contorno humano y la interrogante: ¿Dónde están?
Además, la agrupación Hijos había desplegado una gran pancarta que rezaba: "Para los responsables, para los que callan, para los que los defienden, Pido Castigo".
A primeras horas de la mañana el número de manifestantes no superaba las quince personas. Empero, con el transcurso de la mañana, más de medio centenar de personas, fundamentalmente integrantes de Hijos y Plenaria Memoria y Justicia.
Además, se dieron cita algunas personas vinculadas a la vida política y cultural de nuestro país, como es el caso del secretario general de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puig; el dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Jorge Zabalza, así como Mario Carrero, integrante del legendario dúo de canto popular Larbanois/Carrero.
El operativo de seguridad se hizo cada vez más numeroso conforme iban arribando más personas.
Se solicitó a las autoridades del Departamento de Operaciones Especiales (DOE), una custodia de efectivos dentro de la misma sede judicial, y en el perímetro del Juzgado. La calle Misiones, entre 25 de Mayo y Cerrito, estuvo cercada por un cordón policial bajo la orden del comisario de la Seccional 1ª, con el típico vallado que se ha dispuesto cada vez que los militares son conducidos a declarar ante la Justicia. Pudo verse, incluso, algunos guardias apostados en la azotea del Juzgado. Se dispuso además de una zona de exclusión que no permitió, a diferencia de otras oportunidades, el ingreso a la prensa. El traslado estuvo a cargo de varias unidades de Interpol desde Cárcel Central hasta el Juzgado de Misiones, brindándole las máximas condiciones de seguridad a los encausados.
No obstante, la multitud logró aglomerarse frente a la entrada principal del Juzgado, espacio destinado a la prensa.
Los encausados fueron conducidos en una camioneta de Interpol y otra del Ministerio del Interior, a excepción de Gilberto Vázquez, quien llegó (y se retiró) esposado en un auto particular. La custodia se realizó mediante efectivos de las fuerzas Especiales de Guardia Metropolitana, desplazados en dos camiones blindados.
En la esquina que da a 25 de Mayo las agrupaciones convocantes instalaron una extensa exposición fotográfica mediante la cual los rostros de los desaparecidos hicieron acto de presencia. Además exhibieron fotos de varios centros de tortura y reclusión durante la dictadura, como el Batallón Nº 13 y Servicio de Material y Armamento; el "300 Carlos R" de Punta Gorda; "La Casona" de Millán, entre otros. Igualmente fueron escrachados los rostros de algunos represores como los ya conocidos Cordero, Gavazzo, Silveira y Rodríguez Buratti. También figuraba el teniente coronel Walter Miralles Ponce de León; Roberto Huar de la Armada Nacional; el capitán Eduardo Ferro Bizzozero; Menotti Ortiz del Puerto de Caballería; y el policía Jorge Guldenzoph.
Pasado el mediodía el juez Charles y la fiscal Guianze dejaron el Juzgado en dirección al Hospital Militar, con el objeto de entrevistarse con los ex militares internados, Ramas y Maurente. Dos horas después retornaron. Aproximadamente a las 17:30 horas comenzaron a salir los ya en ese entonces procesados con prisión. Hubo cierto ambiente de tensión, producto del choque entre los manifestantes y la guardia policial, que se abalanzó sobre las vallas, que obstaculizó la normal tarea de los fotógrafos.
Vázquez se retiró sonriente, esposado, en un auto particular. Sande Lima se manifestó hostil e insultó a los manifestantes. Gavazzo se mostró medianamente sonriente, aunque en cierta medida, atemorizado. Silveira, Medina y Arab, inexpresivos. Desde la multitud, partieron gruesos insultos y varios huevos, que se estrellaron en las paredes del Juzgado y sobre alguno de los imputados.
La denuncia
El procesamiento es consecuencia de la denuncia tramitada en el expediente caratulado "Fernández Hilda y otros. Denuncia. Rebollo, Juan y otros. Antecedentes", ficha 2-43332/2005.
La denuncia de la desaparición de Soba fue presentada el pasado 3 de abril de 2006 y la causa era fiscalizada por Elsa Machado, fiscal penal de 6º Turno. De modo que, ante esta unificación de causas, la fiscal Mirtha Guianze, que actuaba en el caso Barrios, asumió competencia en la investigación. La primera refiere a la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, el 18 de setiembre de 1974, en Córdoba. Esta causa se encuentra actualmente a estudio de la Fiscalía.
Ambos casos fueron unificados en un solo expediente en virtud de que, además de compartir parte de los testigos, coexiste la presencia de imputados en ambas investigaciones.
Del mismo modo la causa del "segundo vuelo", antes instruida por la jueza Gabriela Merialdo, fue recientemente unificada a las anteriores.
El motivo de esta unificación de causas responde al hecho de que coinciden el grueso de los indagados, más allá de la diversidad de los episodios; y porque gran parte de los testigos ha aportado elementos que alimentan las tres causas. De este modo, el centro de gravedad de las tres investigaciones pasaría a ser el "segundo vuelo".
La desaparición de Soba Fernández comúnmente se vincula a la desaparición de Alberto Mechoso Méndez, en razón de que ambos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fueron detenidos, y nunca más se los volvió a ver, el 26 de setiembre de 1976, pero por este último no se ha presentado denuncia penal.
Aspectos jurídicos
En este procesamiento participan tres figuras jurídicas: la "asociación para delinquir", la "privación de libertad", pero además "la del delito conexo y la del delito complejo".
Este último responde al artículo 56 del Código Penal.
a) El delito conexo consiste en una pluralidad de hechos unidos entre sí por un vínculo que los vuelve recíprocamente dependientes. Puede ser teleológica, cuando un delito es el medio para cometer otro (ejemplo: hurtar un arma para matar), consecuencial, cuando un delito es consecuencia del anterior (ejemplo: incendiar una casa para ocultar huellas de un delito que allí existe).
b) El complejo está legislado en la frase del artículo: "contempladas en la ley como circunstancias constitutivas o agravantes del delito central". Consiste en dos tipos delictivos, que la ley por ficción unió creando un tercer delito o una expresión calificada de un delito. Ejemplo: rapiña y hurtos calificados.
El artículo 150 del Código Penal refiere a la "asociación para delinquir" y decreta que "los que se asocien para cometer delitos, serán castigados por el simple hecho de la asociación, con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría.
Finalmente, el artículo 281 del Código Penal sobre la "Privación de libertad" que sentencia que "el que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, será castigado con un año de prisión a nueve años de penitenciaría. La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el autor del hecho o un copartícipe de éste, liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido".
El Observador, Uruguay
12-09-2006
EL HIJO DE ADALBERTO SOBA DIJO QUE AÚN “FALTA MUCHO PARA SABER TODA LA VERDAD”
La izquierda y organizaciones de DDHH aplaudieron el fallo
El presidente señaló que el gobierno busca “verdad y justicia” pero no “venganza”
A la hora 18.40, los integrantes de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) recibieron la noticia del procesamiento de seis militares y dos policías. De inmediato, hubo un fuerte aplauso, brazos al aire y expresiones de alegría y aprobación. Ese clima fue el que predominó ayer en la izquierda, el gobierno y organizaciones de derechos humanos tras conocer el fallo del juez Luis Charles.
“Bienvenida la justicia. Es lo que hemos venido reclamando, que no haya uruguayos de primera y de segunda, con uniformes y sin uniformes, sino que quienes escribieron las peores páginas de la historia del país y los crímenes más horrendos sean juzgados”, dijo el senador Rafael Michelini.
La organización Familiares de Desaparecidos, en tanto, se reunió anoche en un clima de “alegría y felicidad”, dijo el integrante del grupo, Alberto Hein.
Mientras, Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba, uno de los detenidos cuya desaparición forma parte del expediente que derivó en los procesamientos, también se refirió al fallo judicial. “Creo que se abre un paso para romper la impunidad, lo que quedó en el debe de otros gobiernos, y eso es lo más importante”, dijo.
No obstante, agregó que aún “falta mucho para saber toda la verdad” sobre “el caso de todos los desaparecidos, saber dónde están los cuerpos y conocer toda la verdad”. Soba recordó además que los peores recuerdos que tiene, de niño, es ver a su padre “totalmente torturado en Automotoras Orletti”.
El gobierno. En la mañana, algunas horas antes de que se conociera el fallo del juez Charles, el Consejo de Ministros analizó la situación judicial y el suicidio del coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti.
El presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa, Azucena Berrutti lamentaron el suicidio.
Vázquez dijo además que “la venganza no está en el espíritu del gobierno” y que el programa del FA habla únicamente de “verdad y justicia”, dijeron fuentes oficiales.
Eso fue transmitido tras la reunión a un grupo de periodistas por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.
“Seguimos trabajando en el marco de la ley amparando los derechos de cada uno, mucho más de lo que estos ciudadanos hicieron con nuestros presos”, agregó la secretaria de Estado.
La República, Uruguay
12-09-2006
Los hijos de Soba y Mechoso, satisfechos con la sentencia
Sandro Soba manifestó que sentía "Un poco de alivio por mi madre", pero todavía falta mucho. "Para mí es el comienzo, realmente son muchos los desaparecidos, donde ellos todavía no dieron la información del segundo vuelo, de la lista de pasajeros".
Agregó que aun no sabe si su padre Adalberto Soba fue trasladado en el "segundo vuelo".
Relató que la última imagen de su padre fue en Orletti, y "El me daba consejos para poder seguir adelante y ayudar a mi vieja. Los últimos momentos son una imagen que van a durar el resto de mi vida".
Finalmente concluyó: "Mientras luchemos y la sociedad trate construir, no se pierde la esperanza".
Alberto Mechoso (hijo) relató la última vez que vio a su padre, desatascando que se lo "mostró Gavazzo", cuando nos encontró en Buenos Aires". Al respecto recordó: "Me lo mostró descalzo, con ropa que no era de él, todo golpeado, y nos dijo: cuida a tu madre y a tu hermana porque de esta no salgo; decile a tu madre que me secuestró Gavazzo, que lo denuncie que él fue quien me secuestró".
Ante la pregunta sobre que le diría ahora a José Gavazzo, respondió: "Cobarde, cobarde, porque tiene mucho para hablar. Tan guapo que era antes, y ahora, es un cobarde; porque se hace cargo de una plata, de un secuestro, y era quien comandaba todo, a todos los torturadores los mandaba él".
Finalmente suplicó: "Que diga..., que diga quién lo mandaba a él".
Ultimas Noticias, Uruguay
12-09-2006
CORDERO
El juez Charles libró ayer la orden de captura internacional a través de Interpol del coronel (r) Manuel Cordero, tras acceder al pedido formulado por la fiscal Guianze.
Cordero, quien se encuentra desde hace un tiempo en Brasil, también fue requerido por la Justicia de la República Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en territorio de ese país.
Charles solicitó su captura dado que, al igual que en los otros casos, existen elementos de convicción suficientes para el procesamiento del oficial por los delitos de privación de libertad y asociación para delinquir.
Observa, Uruguay
12-09-2006
URUGUAY / MILITARES
Declara Gilberto Vázquez
El coronel Gilberto Vázquez comparecerá este martes ante la Justicia por la denominada "Operación Zanahoria". Vázquez fue procesado el lunes por el juez Luis Charles por asociación para delinquir y reiterados delitos de privación de libertad
Gilberto Vázquez, procesado ayer por asociación para delinquir y reiterados delitos de privación de libertad, deberá comparecer este martes ante el juez Juan Carlos Lecchini.
Cabe recordar que la fiscal Mirtha Guianze había solicitado en el pasado mes de agosto que Vázquez fuera citado para interrogarlo sobre la "Operación Zanahoria".
El militar declaró haber participado en dicha Operación en el Batallón 14 del Ejército, donde removieron todos los restos y modificaron el terreno para ocultar todo rastro del operativo.
Vázquez está acusado en Argentina de formar parte del llamado "Plan Cóndor" de coordinación represiva entre las dictaduras militares que gobernaban la región en la década de 1970.
Observa, Uruguay
12-09-2006
URUGUAY / MILITARES
Justicia presentó texto sobre procesamiento de militares
El Poder Judicial presentó este martes a la defensa de los militares y ex policías, el texto sobre la resolución del fallo de procesamiento. El juez Luis Charles, dijo a Observa que se trata "de un expediente complejo" y añadió que por el momento "no hay otras personas citadas para declarar sobre el caso"
Charles informó que este martes se presentó el texto sobre el procesamiento de los militares y ex policías a la defensa.
En ese sentido dijo que el expediente "es complejo" y agregó por ahora "no hay otras personas para declarar sobre el caso.
La defensa de los militares tendrá desde este martes cinco días para apelar el fallo.
El juez señaló que el lugar de reclusión de los militares es "decisión del Ministerio del Interior, porque así lo dice la ley". Actualmente éstos se encuentran alojados en Cárcel Central.
El juez Luis Chales decidió procesar este lunes a ex militares y policías por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, como solicitó la fiscal Mirtha Guianze. El dictamen de la fiscalía sostenía que "existen elementos suficientes para atribuir a los imputados asociación para delinquir y reiterados delitos de privación de libertad".
Los procesados, todos retirados de las filas castrenses, son los coroneles Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ernesto Ramas, el teniente coronel José Nino Gavazzo, el capitán Luis Maurente, y el capitán dado de baja por el ejército, Ricardo Arab, y los policías retirados Ricardo Medina y José Sande. Está prófugo el coronel retirado Manuel Cordero.
Los acusados habían llegado a la sede judicial alrededor de las 7:30 horas del lunes. A las puertas de los juzgados se congregó durante todo el día un grupo de manifestantes a la espera de la resolución del magistrado, por lo que el Ministerio del Interior instaló un vallado de seguridad.
Al caer la tarde, cuando los ex militares salieron esposados del recinto les fue propinada una lluvia de huevos acompañada por un bullicio de los militantes de distintas organizaciones sociales.
La investigación se centró en las desapariciones de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Durarte, Gerardo Gatti y del militante tupamaro Washington Barrios, quienes habrían pasado por el centro de detención bonaerense Automotores Orletti.
Las mismas fueron excluidas por el gobierno de la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidas en Uruguay durante la dictadura, aunque no incluyó los delitos con móviles económicos.
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