LA CÁRCEL ESPECIAL PARA MILITARES VA TOMANDO FORMA; EL RESTO DE LOS RECLUSOS PODRÁ PROTESTAR SI SE ENTERAN DE PRIVILEGIOS

Comisionado recibirá quejas de delincuentes que se sientan discriminados

Leonardo Pereyra (El Observador) 

El viernes de la semana pasada El País informó que el Ejército estaba llevando adelante obras de remodelación y edificación en el predio de una Unidad actualmente desactivada. Según las "fuentes militares" consultadas, la construcción tendría como destino la reclusión de aquellos militares que sean procesados por la Justicia. Obviamente la noticia se refería al probable resultado de los procesos judiciales vinculados con delitos cometidos en el marco de la represión contra organizaciones de izquierda durante la dictadura instaurada en 1973.

Las obras habrían sido dispuestas tiempo atrás por el Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Díaz, con el consentimiento de la Presidencia de la República. Se habrían acelerado a partir de la solicitud de procesamiento con prisión que la Fiscal Mirtha Guianze formuló a fines de agosto al Juez Luis Charles contra 10 represores vinculados al caso Adalberto Soba-Alberto Mechoso (militantes del Partido por la Victoria del Pueblo desaparecidos en Buenos Aires en 1976). Este es uno de los casos que el Poder Ejecutivo resolvió excluir del amparo de la Ley de Caducidad.
 
El martes 5 la noticia fue confirmada por el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien señaló que cárceles especiales para militares hay "en todos los países del mundo". Al día siguiente el Subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, afirmó que en lo personal desearía que los militares que resulten procesados por crímenes de lesa humanidad tuvieran las peores condiciones de reclusión, pero que en éste como en cualquier otro tema debe recordarse que "gobernar es administrar tensiones".
 
Del lado de las organizaciones de Derechos Humanos y de los abogados que llevan adelante causas relativas a su violación durante la dictadura, todas las reacciones han sido críticas para con este privilegio que el gobierno estaría concediendo al Ejército, a cambio de la colaboración de sus actuales mandos con la nueva política en lo relativo al esclarecimiento del destino y ubicación de restos de detenidos desaparecidos, y a la restricción de los generosos alcances que anteriores gobiernos habían dado a la Ley de Caducidad.
 
Sintetizando el malestar existente ante la confirmación del hecho por parte de los antes mencionados portavoces del gobierno, Luisa Cuesta, una de las principales referentes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, expresó que la reclusión de los eventuales procesados en una cárcel especial del Ejército sería "algo inadmisible", y agregó que "lo único que falta es que les construyan una residencia" y "que tengan guardia militar para que estén mejor". "No tengo palabras para estos asesinos", finalizó.
 
Esta resistencia de los familiares de las víctimas es comprensible y compartible. No únicamente por tratarse de familiares, y ni siquiera porque los acusados sean responsables de crímenes aberrantes. Tampoco porque entre ellos estén los más repugnantes y conocidos exponentes del terrorismo de Estado de la dictadura y de la impunidad de la democracia. Hay que esforzarse para dejar esos "agravantes" a un lado y pensar que cualquier privilegio concedido a cualquier criminal con respecto a los restantes es una lesión del trato igualitario al que los ciudadanos (víctimas, victimarios y terceros) tenemos derecho, y que debemos exigir al Estado.
 
El problema es que, al mismo tiempo, esta eventualidad repudiable es parte de un cambio histórico extremadamente positivo, que no puede ignorarse. Vayan a donde vayan a purgar sus penas, por primera vez en 21 años de democracia estos individuos están sometidos a juicio y cercanos a recibir castigo por crímenes que han permanecido impunes durante tres décadas. Probablemente el que esto haya sido finalmente posible esté vinculado con lo anterior, pero comparto con Luisa la sensación de que resulta inadmisible. Creo que la misma "tensión" nos tortura a muchos en estos días.
 
Las palas mecánicas y las mezcladoras de Pórtland del Ejército están funcionando con tal prisa, que nadie se extrañaría si la cárcel especial para militares esta lista antes de que la Justicia decida el futuro de los represores detenidos en Cárcel Central.  Si son procesados y el Ministerio del Interior habilita su traslado a las instalaciones ubicadas en la calle Domingo Arena e Instrucciones, José Nino Gavazzo y compañía serán la envidia de miles de presos que perdieron la libertad por delitos menos graves que los crímenes contra los Derechos Humanos de que se acusa a los funcionarios de la dictadura.
 
El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Alvaro Garcé, dijo a El Observador que estará atento para que el predio del ex Batallón de Ingenieros de la calle Domingo Arena no se transforme en un refugio de privilegiados. "Si los militares tienen que estar ahí por un problema de seguridad, yo lo entiendo. Lo que no es admisible es que haya privilegios. Si un preso de otra cárcel me pregunta por qué él no puede estar en esa posible prisión, mi deber es indagar la queja", dijo Garcé.
 
Aunque la construcción de una cárcel dedicada especialmente a un grupo de funcionarios del Estado no tiene antecedentes en Uruguay, Garcé dijo que el comisionado tendrá competencia sobre ese establecimiento. El intenso movimiento de personal del Ejército que trabaja en la dependencia ubicada en Domingo Arena e Instrucciones tiene el aval del Presidente Tabaré Vázquez. Pero no la bendición de Luisa Cuestas, integrante de Familiares de Desaparecidos, que rechazó cualquier clase de privilegios para represores a los que calificó de "asesinos, criminales y sinvergüenzas".
 
MONTEVIDEO/URUGUAY/09.09.06/COMCOSUR AL DÍA