MITOS Y PRIVILEGIOS

¿POR QUÉ EL GOBIERNO AVALA LOS PRIVILEGIOS A LOS MILITARES?

Samuel Blixen (Brecha)

La dialéctica del proceso - la confrontación entre las fuerzas populares que reclaman verdad y justicia en materia de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura y los sectores que se involucran en una defensa intransigente de los criminales - ha derrumbado unos cuantos mitos que delinearon las políticas de los cuatro primeros gobiernos de la democracia reconquistada.

Mito uno: los militares identificados en los juzgados por crímenes de lesa humanidad nunca aceptarían ser castigados por civiles; muchos de ellos hoy soportan periódicamente los interrogatorios de los magistrados y sus abogados apelan a chicanas para dilatar los pronunciamientos.

Mito dos: esos militares anunciaron que nunca serían detenidos y algunos afirmaron que estaban dispuestos a resistir con sus armas; hoy muchos de ellos están presos en Cárcel Central sin que hubiera pólvora de por medio.

Mito tres: un pacto de silencio, que abarcaba a todos los oficiales, retirados y en actividad, aseguraba el monolítico secreto sobre los crímenes de la dictadura y sobre las responsabilidades institucionales y personales; hoy los detenidos se cruzan acusaciones mutuas, intentando esquivar esas responsabilidades y delegándolas en una "obediencia debida".

Mito cuatro: la impunidad para esos Oficiales era necesaria porque de lo contrario las Fuerzas Armadas quebrarían el orden institucional. Hoy los Jueces volvieron a librar las órdenes de detención que el ex Presidente Julio María Sanguinetti secuestró en 1986, y el orden no ha sido violentado. Los cálculos de los impunes y sus cómplices resultaron equivocados.

Después de 20 años de vigencia de la caducidad los militares enfrentan posibles condenas, e incluso la prisión podría prolongarse después de cumplida la pena dado que a muchos de ellos les aguardan otras condenas en Argentina, lo que duplica la perspectiva de cárcel. Quizás si el Presidente Sanguinetti no hubiera dado marcha atrás con el proyecto de su ministra de Cultura Adela Reta, que instrumentó una Comisión interpartidaria junto con los Senadores Alberto Zumarán y Hugo Batalla para acotar la lista de los responsables que serían castigados ("salida" que contaba con el acuerdo de los dos principales líderes de la oposición, el General Liber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate), la prisión de los culpables hubiera sido mucho más reducida de la que hoy aparece en el horizonte, y las Fuerzas Armadas no habrían estado sometidas al escarnio popular.

Fue necesario que pasaran 20 años para que esos mitos se derrumbaran, y eso se debe atribuir a la política de Derechos Humanos que impulsa el actual gobierno asumiendo la determinación de la gente, que fue creciendo sin cesar en la lucha contra la impunidad.

Hay, sin embargo, ciertas lecciones que los militares se resisten a aceptar. Hay dualidades y contradicciones que empañan el supuesto giro de los Comandantes. En 1976 el Ejército consideró que el General Seregni era un traidor. Un "Tribunal de honor" lo degradó y lo mandó a la cárcel, la cárcel pública donde permaneció más de siete años; se le quitaron sus beneficios de retirado militar y, por supuesto, se pusieron trabas que impidieron la defensa legal asumida por José Korzeniak primero y Hugo Batalla después. Cuando fue liberado, en 1984, la actitud digna y firme de Seregni fue un elemento sustancial de la estatura que la gente le reconoció.

¿Tiene el Ejército una misma vara? No. Los Gavazzo, los Vázquez, los Ramas, los Silveira, los Arab, los Maurente, los Rodríguez Buratti, los Casella, contracara de la imagen del militar que encarna Seregni, gozan de la protección del Ejército, pese a la magnitud de sus delitos. Mientras estuvieron detenidos en Unidades Militares tuvieron el privilegio de asistentes y hasta caballos para practicar la equitación. Se les asignaron, a cuenta de los dineros del presupuesto militar (o sea del Estado y, por ende, de la sociedad), abogados para su defensa: en el caso de los procesados en Chile se anuncia que, si se les concediera el beneficio de la libertad condicional, se les alquilará una residencia. Y ahora, en previsión de que la justicia uruguaya dicte el procesamiento de una decena de implicados, se ha comenzado la construcción de una cárcel especial en un predio militar. Todo ello con los dineros de la gente.

¿Qué argumentos esgrime el Ejército para instalar ese privilegio? ¿Por qué Seregni, "general del pueblo", cuyo único delito fue el compromiso irreductible con la Constitución, fue sometido a un tratamiento carcelario que se omite para estos criminales? El involucramiento institucional con los terroristas de Estado revela que los generales todavía no han asumido cabalmente que la ley es pareja para todos. Si algunos militares se sienten comprometidos con sus camaradas investigados que paguen de sus propios bolsillos el costo de esa solidaridad, en lugar de meter la mano en los bolsillos de la gente. Y más aun: ¿por qué, en virtud de qué apreciaciones, el gobierno convalida esa discriminación, ese privilegio?

MONTEVIDEO/URUGUAY/09.09.06/COMCOSUR AL DÍA