Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Gran preocupación por enfrentamientos violentos en Perú:
un muerto y media decena de heridos

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) manifiestan su preocupación por los enfrentamientos violentos relacionados con las obras de expansión de Minera Yanacocha en el Proyecto de Carachugo II en Perú, que se produjeron el 2 de agosto del 2006, y que dejaron  un muerto y media decena de heridos.

Estos enfrentamientos se produjeron durante una protesta en contra de la construcción del dique El Azufre cerca del Centro poblado Combayo, en el Distrito La Encañada, Provincia de Cajamarca. La ampliación de las operaciones de Minera Yanacocha en este proyecto ha venido ocasionando desde hace varios meses la oposición de los campesinos de la zona de Combayo debido a los impactos ambientales de las operaciones mineras y a las expectativas de participación en beneficios sociales y económicos no satisfechos oportunamente.

Los enfrentamientos se produjeron entre miembros de seguridad de la Empresa Minera Yanacocha (FORZA) con varios grupos de campesinos que habían bloqueado la carretera que conducía materiales para los trabajos de construcción del dique. Poco tiempo después, la policía intervino también en los enfrentamientos, en los cuales falleció el campesino Isidro Llanos Chevarría debido a impactos de proyectiles de arma de fuego, sin que se haya podido determinar de dónde provinieron los disparos que provocaron su muerte. El enfrentamiento también dejó varios campesinos heridos, debido a que el personal de FORZA utilizó gas pimienta contra los manifestantes lo que provocó la asfixia de varios campesinos, que también sufrieron golpes de parte del personal de FORZA.

La FIDH encuentra muy preocupante las informaciones recibidas según las cuales la policía, la fiscalía y la empresa Yanacocha estarían tratando de disimular pruebas con respecto a los hechos de violencia que ocurrieron en Cajamarco. Las funcionarias de la Defensoría del Pueblo fueron impedidas por FORZA de llegar a la zona del conflicto, diciendo que no había orden de ingreso. Luego, la policía y la fiscalía optaron por retirarse por la ruta más larga al interior de las operaciones mineras para eludir así el encuentro con las comisionadas de la Defensoría del Pueblo. De la misma manera, en la morgue de Cajamarco, la Defensoría del Pueblo fue impedida de ingresar a la necropsia de ley. Según las informaciones recibidas, dentro de la morgue se encontraba una camioneta de Minera Yanacocha, personal de FORZA y funcionarios de la empresa minera. A pesar de que diversos periodistas filmaron imágenes de video en las que se puede ver que la propia policía ha recogido decenas de cartuchos de escopetas y municiones de goma del tipo utilizado por FORZA, el Fiscal informó que no se podía establecer el proyectil o arma que había causado la muerte del campesino, puesto que “en la escena del crimen no se había encontrado ningún casquillo”. Por su lado, los funcionarios de Minera Yanacocha declararon que el difunto era una persona anciana que habría muerto de un paro cardíaco cuando huía de la policía.

Según las ultimas informaciones recibidas por la FIDH, la policía de Cajamarca decomisó el 6 de agosto armamento de guerra de los almecenes de FORZA, durante una intervención para esclarecer la muerte de Isidro Llanos Chevarría, peritos llegaron para investigar esa muerte y los policías que prestaban servicio en la minera el día del enfrentamiento fueron sometidos a la prueba de absorción atómica.

La FIDH urge que se lleve une investigación seria e imparcial que esclarezca las causas de la muerte de Isidro Llanos Chevarría, y que las responsabilidades de ambas partes en conflicto sean establecidas y sancionadas imparcialmente por la autoridad correspondiente. 

La FIDH teme que la expansión de las operaciones de Minera Yanacocha sea fuente de innumerables conflictos y de una escala de violencia e insta a las autoridades peruanas a promover una resolución de los conflictos mineros en base al pleno respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.


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