La República, Uruguay
07-08-2006

Ayer el Plenario Nacional del Nuevo Espacio se definió:  "Debe anularse la Ley de Caducidad"

Apoyo del PCU y del PVP

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez es contrario a la anulación de la Ley de Caducidad. El NE se posicionó oficialmente sobre este asunto, plantándose a favor de anular la ley, para permitir a la Justicia investigar a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura. Otros dos sectores del FA, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y el Partido Comunista (PCU) también apoyan la anulación de la referida ley y plantearán un debate a nivel de la sociedad, además junto a otras organizaciones sociales y sindicales (PIT-CNT).

La Vertiente Artiguista, dijo el diputado Eduardo Brenta, que por el momento se ciñe a las resoluciones del Congreso Nacional del Frente Amplio que establecía la aplicación en todos sus términos del artículo 4 de la Ley de Caducidad. Aclaró que se está dispuesto a considerar cualquier planteo que conduzca el objetivo de alcanzar la verdad y la justicia.

Asamblea Uruguay, en tanto, tiene la posición del gobierno, dijo el legislador Carlos Varela, de no anular la Ley de Caducidad. Informó que todavía no se discutió ningún cambio de postura con respecto al mismo. No obstante se aclaró que siempre se está dispuesto a discutir.

El diputado emepepista Carlos Gamou indicó que este tema fue en su momento saldado en el Congreso del Frente Amplio Héctor Rodríguez en diciembre de 2003 y posteriormente, la posición del FA fue defendida en la campaña electoral y refrendado por el soberano. Esa posición indica agotar los esfuerzos de investigación en el marco del artículo 4º de la Ley de Caducidad. "Considero que lo resuelto en diciembre de 2003 y llevado a la práctica por este gobierno está mostrando sus frutos", sostuvo. Recordó que esta Ley fue sometida a referéndum en su momento y la izquierda se comprometió a respectar el resultado, que en este caso fue adverso, pero de ninguna manera puede cambiar el compromiso asumido. Lo único que puede invalidar el resultado de un congreso, es un congreso.

El senador socialista José Korzeniak dijo que su sector sigue la posición oficial del FA, decidido en un congreso: aplicar correctamente la ley de caducidad, y no plantear la derogación. "Desde el punto de vista jurídico, aunque esta ley nunca nos gustó, fue refrendada en un plebiscito. Jurídicamente para ser derogada o anulada, tiene que haber otro plebiscito que lo haga a través de una iniciativa popular o reforma de la Constitución. "La ley no me gusta, es la desilusión más grande que tuve, pero perdimos. Con ley de caducidad, lo poco que hablaron los militares", dijo el senador.

En el 26 de Marzo, no hay una resolución política, sin embargo, se considera conveniente llegar a una anulación. Fernando Vázquez sostuvo que el problema es el método, plebiscito o salida política parlamentaria. "Tenemos claro, que el camino es la anulación", dijo.

El senador comunista Eduardo Lorier, dijo que hay necesidad de hacer un espacio de convergencia para lograr la anulación, previos pasos intermedios, de aproximación. Hubo conversaciones entre el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Comunista y el Nuevo Espacio. Hay un acuerdo de la necesidad de anular la ley de Caducidad. "La verdad histórica debe ir unida a la justicia", dijo el senador comunista.

Hugo Cores, a su vez, dijo que el PVP apoyó la iniciativa que tomó el PIT-CNT. En este sentido, dijo que "la realidad heredada impide que se haga justicia" a la vez que posiciona a Uruguay "fuera de las responsabilidades que establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos". Según informó Cores, dentro de unos días, "habrá que dar cuentas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de por qué no actúa la Justicia respecto al caso María Claudia García de Gelman".