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PÁGINA 12, Buenos Aires - Argentina (07.08.06)
LA JUSTICIA HABIA ORDENADO SU LIBERTAD, PERO SEGUIAN PRESOS POR AÑOS
 La Unidad Neuropsiquiátrica 10 del Servicio Penitenciario Bonaerense mantenía a 16 personas entre rejas sin que hubiera disposición penal que lo sostuviera. El defensor platense Omar Ozafrain presentó un hábeas corpus y la Cámara ordenó la inmediata libertad. En dos casos se abrió una causa penal por privación ilegal de la libertad. En muchos casos, los presos neuropsiquiátricos siguen siéndolo porque en los hospitales públicos no los quieren recibir.
Por Horacio Cecchi
El 5 de julio pasado, el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, presentó un pedido de hábeas corpus. No fue la primera vez ni será la última en que lo haga. La solicitud –a la que Página/12 tuvo acceso– fue realizada ante la Cámara de Apelaciones platense en favor de 18 presos, internados en la Unidad 10, uno de los dos neuropsiquiátricos penales de Melchor Romero. Lo curioso del caso es que el pedido se refería a un maltrato extra al que suelen ser sometidos los internos: estaban presos pero no debían estarlo porque ya había cesado la intervención penal sobre ellos. La respuesta de la Cámara de Apelaciones platense fue rápida y no dejó lugar a dudas: ordenó la libertad inmediata o la derivación al tribunal de familia en 16 de los 18 casos. Y en dos casos, inició una causa penal por privación ilegal de la libertad.
“Advertimos que había un número importante de personas internadas y que no estaban a disposición de jueces penales –señaló Ozafrain–. En el mejor de los casos habían sido puestos a disposición de tribunales de familia, pero las medidas penales habían cesado por lo que no debían permanecer un minuto más en prisión.” En pocas palabras, técnicamente eran 16 personas secuestradas.
La situación da la pauta de que en las prisiones lo que por definición debería ser totalmente irregular es de una regularidad asombrosa. Para el caso, la defensoría de Ozafrain no se enteró de semejante situación porque hubiera recibido ningún informe del SPB sino porque, de casualidad, descubrieron una anomalía en la situación de un preso que correspondía a su defensoría: el juez había dispuesto la cesación de la causa penal hacía casi un año y había pasado al ex interno a disposición de la justicia civil, que no disponía ninguna resolución. “Cuando comprobamos la situación pedí un informe en esa unidad para ver si nos encontrábamos con otros casos iguales”, señaló Ozafrain. La secretaria de ejecución Fabiana Ripani fue la encargada de recibir los datos. “Nos pasaron 17 casos más, de diferentes jurisdicciones, en las mismas condiciones –dijo Ripani a este diario–. Dos de ellos estaban mal pasados porque debían permanecer en un penal.” En total, 16 presos no debían serlo y lo seguían siendo.
Se presentó entonces el hábeas corpus en el que Ozafrain mencionaba dos tipos de casos: los que seguían presos “invocando decisiones del poder administrador”, que en términos legales “constituye un agravamiento ilegítimo de su privación de libertad”, y aquellos en los que pese a estar a disposición de tribunales de familia, éstos no tomaban decisión alguna y los “ciudadanos libres” seguían siendo ciudadanos presos en el olvido.
La respuesta de la Cámara de Apelaciones no se hizo esperar. Entre el 20 y 21 de julio, los camaristas respondieron por cada caso en particular y en 16 de los 18 casos (dos estaban mal informados por el SPB) ordenó la inmediata libertad. En un caso, el juez penal había cesado la causa el 5 de febrero de 2004 y había quedado a disposición de la justicia civil, que ordenó el traslado a la colonia Cabred de Open Door, pero al 28 de septiembre de ese año aún no había cama. Los psiquiatras decían, además, que no revestía peligrosidad. “Que en el hospital de Open Door no existan camas para efectivizar la medida judicial ordenada no resulta razón suficiente para mantener al causante ilegalmente privado de su libertad”, sostuvo la Cámara.
En otro caso, se descubrió que en julio de 2002 se había dispuesto el sobreseimiento total de un preso por inimputabilidad. El juez ordenó que fuera mantenido en una seccional pero no dispuso medidas de seguridad. La Cámara dedujo con buen criterio que si no había medidas de seguridad ordenadas su detención resultaba ilegal.
Y en otra causa, la medida penal había cesado en marzo de 2003 y dos años más tarde se pedía cama para internarlo en los hospitales Alejandro Korn y Neuropsiquiátrico de Necochea. Pero la cama nunca apareció. Con lo que, o bien los presos seguían siéndolo por desidia del SPB, o bien por una supuesta ausencia de cama (ambos casos están bien ejemplificados por la historia de Lali Vázquez, (ver nota aparte), o bien por desidia de la Justicia civil.
La gravedad de la situación llevó a Ozafrain a distribuir durante una reunión de todas las defensorías de la provincia un listado de los presos que no debían serlo. Los había de las más diversas jurisdicciones.
Una buena cantidad de los que deberían estar libres o internados pero jamás presos lo siguen estando por una razón bastante simple y poco exteriorizada por las autoridades: son presos que es lo mismo que sostener que nadie los quiere. “Si a los presos nadie los recibe cuando salen libres –señaló una fuente judicial–, imagínese a los que además vienen de un penal neuropsiquiátrico.”
Muchas veces, el juez hace cesar la pena, el SPB pide cama por orden de la Justicia civil y la cama no aparece. “La Dirección de Salud Mental del Servicio Penitenciario tiene los recursos humanos necesarios para determinar por sí misma una externación directa sin necesidad de derivarnos a los hospitales públicos para que lo hagamos nosotros”, dijo a este diario una fuente jerárquica de uno de los neuropsiquiátricos provinciales dependientes del Ministerio de Salud.
La misma fuente señaló que desde octubre se coordinó con la Dirección de Salud Mental del SPB la conformación de juntas que fueran determinando la internación o no de cada uno de los ex presos derivados. La junta se reúne y funciona pero tampoco da abasto. “En muchos casos mantienen su conducta carcelaria y se hace imposible internarlos. Si llegaron a matar a algún paciente...”, aseguró la fuente.
Las sospechas de Ozafrain dejan suponer que los de la U10 son apenas la punta de un iceberg. Más allá de burocracia, desidia o falta de camas, el estigma del ex preso está vigente.
UN INFORME DE LA PROCURACION PENITENCIARIA
En 20 años, cien mil detenidos
La Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo de Francisco Mugnolo, presentó su informe anual correspondiente a los años 2003-2005, período en el que todavía dependía del Ministerio de Justicia. Entre sus conclusiones, el procurador denunció “la extrema gravedad de la situación carcelaria en Argentina” y mencionó entre sus causas “el estado deplorable de los penales, el crecimiento de la superpoblación carcelaria y los elevadísimos porcentajes de presos preventivos”. En términos de cárceles estrictamente federales, la población creció el 61 por ciento en 10 años, y en 20 años pasó de 2355 presos a más de diez mil. “Si se mantiene la proyección, en el 2034 habremos pasado la cifra de cien mil”, aseguró Mugnolo. Se refería, obvio, sólo a las cárceles federales.
El estado de situación no es nuevo porque la situación deplorable que menciona Mugnolo es parte de un proceso acelerado por las leyes de mano dura desde fines de la década pasada. Lo interesante del informe es que las cifras ya son exorbitantes y desde el año pasado la situación no se ha distendido. El informe se detiene en casos de denuncias penales presentadas por los propios presos contra el Servicio Penitenciario Federal. En un puntilloso informe, desde junio de 2003 hasta junio de 2005, la Procuración detalla 34 denuncias en las que se describe la participación de penitenciarios con palos, bastones, a patadas y puñetazos, provocando lesiones que fueron constatadas por médicos y cuyas denuncias fueron presentadas ante la justicia. “Que las denuncias no prosperen se puede deber a que los jueces atribuyen mayor credibilidad a los testimonios y declaraciones de los agentes penitenciarios que a los presos.”
Durante el período del informe la Procuración recibió más de 18 mil denuncias. De los temas planteados, el judicial (respecto de la causa penal) fue el más tratado (5942 casos) seguido por el de seguridad interna (2971) y de salud (1960). Entre la seguridad, en 2004/5 se realizaron 617 pedidos de traslado por temor a perder la vida, contra 548 en 2000/1 y 990 en 2001/2. En cuestiones de salud, en 2003/4 el pedido de médicos fue el más alto desde el 2000, con 681 casos, lo que indica falta de un profesional en el lugar. En 2004/5 descendió a 111. Habrá que agregar la denuncia de ausencia total de atención médica en 58 casos en 2003/4 y 357 casos al año siguiente.
Otra de las perversiones del sistema queda señalada en la cifra de pedidos de traslado de los presos a una unidad más próxima a su núcleo familiar: 289 casos, en 2003/4 y 218 en 2004/5, contra 96 en 2000/1.
En sus conclusiones, Mugnolo sostiene “no ser partidario de construir nuevas cárceles, de que en caso de que se las construya sólo sea para reemplazar las obsoletas y que las nuevas sean de régimen abierto”.
La historia del Lali Vázquez, que murió tuberculoso y esposado
Fue declarado inimputable e internado en la UP10. Contrajo tuberculosis. Murió en la guardia del hospital Alejandro Korn porque los hospitales decían que no había cama para internarlo.
Silvia Lesgourges, madre de Lali Vázquez, denunció que su hijo murió abandonado por las autoridades.
Por H. C.
“Este Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad (INS), destinado a varones, tiene por misión general proteger, promover, recuperar y habilitar la salud de los internos con patología neuropsiquiátrica...” El texto se puede leer en uno de los párrafos de presentación de la U10, del Servicio Penitenciario Bonaerense, colgado de la página web del Ministerio de Justicia bonaerense. Semejante declaración de principios hace agua no sólo los días de lluvia. La historia de Lali Vázquez, pero más que historia, su final, da cuenta de que la misión general de la U10, uno de los dos penales neuropsiquiátricos de Melchor Romero, cayó en el más rotundo de sus fracasos: el Lali, sobreseído pero preso porque su esquizofrenia debía mantenerse a resguardo, no fue protegido porque se enfermó al menos de tuberculosis, no fue recuperado porque en dos meses perdió más de 15 kilos, no se habilitó su salud porque al penal entró sano, y si fue promovido lo fue al cementerio, porque murió abandonado por el SPB en una guardia de un hospital público. Eso sí, protegido por esposas que lo sujetaban a la camilla, aunque no tuviera fuerza siquiera para incorporarse.
El Lali era de Remedios de Escalada. Cayó preso por robo en el ’95 y el Juzgado 6 de Lomas de Zamora le abrió una causa. Deambuló por varias unidades y el 19 de diciembre de ese año un psiquiatra forense dictaminó que Raúl Eduardo “Lali” Vázquez padecía “psicosis esquizofrénica”. Doce días después, era sobreseído, pero los psiquiatras recomendaban que continuara el tratamiento en prisión, por seguridad.
Tras sucesivos dictámenes psiquiátricos, en enero de 2005 tuvo la posibilidad de una salida a prueba por 15 días. El 28 de febrero abrieron la puerta del penal, pero dos días después lo detuvieron por tentativa de robo. Fue alojado en una comisaría y el juez Daniel Viggiano, del Juzgado 6 de Lomas de Zamora, le abrió una nueva causa, la 581.540. El 14 de marzo de ese año, los peritos forenses lo declararon inimputable, la fiscalía pidió el sobreseimiento y Viggiano recomendó la internación en unidad penal. El 2 de mayo de 2005, el Lali Vázquez llegó a la U10, el INS, la de los presos protegidos, promovidos y recuperados.
“Lo íbamos a visitar. Yo tomaba un colectivo a Lanús, después el tren a Avellaneda, hacía el trasbordo a La Plata y de ahí el colectivo 500, ramal 17, a Melchor Romero. Eran tres horas de viaje. Para esa época le dolía el estómago, decía que la comida le hacía mal, que tenía mucha grasa y la repetía”, dijo Silvia Lesgourges, madre del Lali. “N o tenía problemas con los guardias. Pero me decía: ‘Por favor, sacame de acá’.”
Hacia fin del año pasado, más que el sufrimiento cotidiano por lo que viene a ser el tránsito por el infierno carcelario, el Lali Vázquez llevaba su vida en la U10 dentro de cánones aceptables. Al menos, a simple vista. “Cama no tenía. Le daban un colchón –describió la madre–. En enero fue su hermano Enrique a visitarlo y todo estaba como siempre. Pero en febrero, el papá dijo que lo vio que estaba flaco.”
“En marzo ya había bajado dos kilos o más y no nos decían nada. Cuando preguntamos, ninguna autoridad nos respondía”, dijo la madre. El 30 de mayo el padre vio que había perdido 10 kilos de sus 75 habituales. “El 2 de junio hablé con un médico de la guardia –recordó Lesgourges–. El día anterior había pedido un médico al juez. Mi hijo algo comía, pero le toqué la espalda y le noté los huesos. Nos quedamos hablando. Me dijo que le habían dado unas pastillas. Tenía tos y se sentía afiebrado. Fui a hablar con el médico, esperé dos horas hasta que se dignaron a atenderme. Ahí fue la primera noticia que tuve de que tenía ‘los pulmones tomados por tuberculosis. Se la puede haber contagiado acá –me dijo–. Es normal que baje trece kilos con TBC, ya pedimos el urocultivo, análisis de saliva y VIH. En veinte días tenemos los resultados’”.
Pero tres días después, Lali ya no salió de su celda a recibir las visitas. “Ya no se podía ni vestir.” El hermano lo ayudó y pidió que lo atendieran. A la noche Enrique me llamó llorando y me dijo que Lali estaba muy mal. Fuimos al juzgado a pedir que lo trasladaran a un hospital. Cuando mi hija fue a verlo la dejaron una hora y media esperando. Lo habían llevado a una granja al fondo. El estaba en la cama de cemento, con un colchón, una frazada, una estufa de cuarzo y el inodoro al costado. Llegó un médico y dijo que ordenó que fuera atendido en un hospital y que le pusieran suero. ‘Lo que tiene es desnutrición’, fue lo único que escuchamos.”
Al día siguiente, al Lali lo encontraron en la cama, mirando hacia la pared. No se daba vuelta. “Se sonreía cuando le hablaba –recordó la madre–. No tenía puesto el suero, las burbujitas de la gaseosa le ardían. Al rato, vinieron dos médicos. No tenían los resultados, pero querían que firmáramos que estábamos conformes. ¿Pero sabe quién lo cuidaba a él cuando nos íbamos? Le habían puesto un preso para cuidarlo. Un jefe del penal de apellido Gordon dijo que había que trasladarlo a un hospital. Al final, entre mi hija, el preso y yo lo pudimos subir a una ambulancia. Los del servicio no lo tocaban porque ellos sí se cuidan.”
La ambulancia fue hasta el Alejandro Korn. Allí les dijeron que no lo podían internar. De allí, la ambulancia se dirigió hasta el hospital Juan de Dios, de La Plata. Tampoco había lugar. “Nos quedamos como media hora en la ambulancia mientras el penal pedía la internación en el Muñiz. A eso de las seis de la tarde volvimos al Alejandro Korn. Yo pedía que por favor hicieran algo. Al final, lo metieron en una sala de guardia del Korn.”
Le habían puesto un respirador, y el guardia del SPB seguía la situación tan cerca como creía recomendable para su salud y le permitía una esposa que sujetaba uno de los tobillos a la camilla, por si el Lali de pronto recuperaba fuerzas. “Eran las seis y cuarto y el jefe del penal no apareció más. Dijo que ellos no tenían nada que ver. La médica de guardia nos dijo que ‘por una cuestión de humanidad lo voy a atender’.”
La situación era tan caótica que el SPB no había dejado ninguna historia clínica ni los datos del Lali. La médica lo atendió como “NN o Enrique Vázquez”, con los datos aportados por los familiares. “Me indigna tener colegas de esta calaña”, recuerda la mujer que le dijo la médica, refiriéndose a la contraparte médico-carcelaria. Pidió un estudio, diagnosticó tuberculosis y lo ubicaron en una salita.
“Nos quedamos toda la noche. Esa mañana se murió. Y también vino el jefe del penal a excusarse.” La médica del presentó una denuncia penal en una comisaría platense. Poco después, los familiares del Lali abrieron una causa penal por abandono de persona seguida de muerte contra las autoridades del penal.
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