El País, Uruguay
30-05-2006

HOMICIDIOS | EL JUEZ SERGIO TORRES DEBER INVESTIGAR LAS MUERTES DE RAMOS Y DE LOS SANTOS

Acusan un "exterminio de opositores"

Advierten que se debe ampliar la prescripción del delito, como ocurrió con los casos de Michelini y Gutiérrez

El juez Sergio Torres deberá investigar las circunstancias de la muerte de Hugo de los Santos Mendoza (3 de setiembre de 1973) y de Horacio Ramos Bentancor (junio de 1981). En ambos casos se responsabilizó a los mandos.

En el caso de de los Santos, la denuncia comprende al ex presidente Juan María Bordaberry, al jefe del Esmaco, Gregorio Alvarez y a los oficiales responsables de los batallones donde estuvo de los Santos. Se denuncia que "su eliminación física fue provocada y enmarcada dentro de un plan de exterminio de opositores políticos que aseguraba a sus ejecutores la impunidad para actuar". La fiscal del caso será Dora Domenech.

En el caso de Ramos también se denuncia a Alvarez; y se agrega a Germán de la Fuente, del comando general del Ejército; a Walter Machado, del comando general de la Fuerza Aérea; a Alfonso Feola, comando del Ejército; a José Pedro Inizcoz, del cuerpo general de la Armada; a Rodolfo Invidio Romaniello, vicealmirante de la Armada; y a todos los oficiales con responsabilidad en el Penal de Libertad en 1981. También pidieron que declaren 17 ex presos, detenidos con Ramos, apodado "el Gorila", por su complexión física. En este caso la fiscal será Mirtha Guianze.

Los abogados señalaron que "el marco de impunidad que amparó el homicidio (...) se apoyó en las acciones y omisiones de los mandos que promovieron la tortura como práctica sistemática de persuasión", afirmaron.

Además de considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, concluyeron que en estos casos el delito de homicidio no prescribió porque no se puede computar como plazo los años de dictadura. Pero además, sostienen, que se aplica la elevación del tercio la prescripción por la gravedad del hecho. Adjuntaron jurisprudencia de la justicia civil y penal que lo avalan, como el reciente fallo del tribunal de apelaciones que tomó esa postura para el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

La denuncia afirma que durante el período de facto "se violaron sistemáticamente los derechos humanos de cientos de personas, a quienes se le sometió a innumerables castigos crueles e inhumanos, muchos de ellos similares a los de la época de la inquisición, que ni siquiera la Alemania nazi de Hitler se atrevió a cometer. A la gran mayoría de ellos se les dio muerte, ocultando e incinerando su cadáver", afirmaron los abogados.

Según surge de un expediente del juzgado de Rocha, De los Santos falleció por causas que no pueden considerarse naturales. Tenía 21 años, era estudiante de Agronomía, militante del MLN (a cargo de la labor política y de propaganda). El caso fue archivado en esa época y vuelto a archivar en 1993 ya que durante el gobierno de Sanguinetti se informó que estaba comprendido en la ley de Caducidad.

En el caso de Ramos, detenido en el Penal de Libertad se informó que murió por suicidio. El también militante del MLN y funcionario bancario, estaba detenido desde 1970 y tenía al morir 38 años. Había sido sancionado con régimen de incomunicación y trasladado a los calabozos conocidos como la "isla". Su hija que es la denunciante afirma que no se suicidó porque no tenía vestigios de depresión. En cambio, dice la denuncia, que en la "isla" las torturas eran habituales, sobre todo la de atarles una soga al cuello y levantarlos para luego soltarlos. Creen que por su peso, no soportó esta forma de tortura.

En ambos casos denunciaron que las autopsias fueron firmadas por el médico José Mautone, pero no se ajustan a la realidad.