La República, Uruguay
30-05-2006

Denuncias apuntan al Goyo Alvarez y a Bordaberry en crímenes de la dictadura

Doce abogados, integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, presentaron ayer tres denuncias contra los mandos militares, policiales y civiles de la época de la dictadura, por los casos del denominado "segundo vuelo" y las muertes de Horacio Ramos y Hugo de los Santos. En Maldonado, la abogada María del Carmen Zalazar hizo lo propio por el caso de Gelós Bonilla.

Solicitarán la apertura de archivos de la época y piden a los ministerios del Interior y Defensa la nómina de los mandos a fin de buscar responsables de las violaciones de los derechos humanos.

En un voluminoso informe, los abogados patrocinantes argumentan la demanda contra los mandos de la dictadura, a través de la solicitud a la Justicia de investigar la existencia de un segundo vuelo clandestino (de Argentina hacia Uruguay), que se produjera en octubre de 1976, y que trasladara a 22 personas. Se quiere, además de responsabilizar penalmente por el delito cometido, conocer el paradero de los pasajeros del vuelo.

En este caso, existe una denuncia directa de familiares de cuatro desaparecidos que habrían sido trasladados en el referido vuelo. Ellos son María Emilia Islas Gatti, Ary Cabrera Prates, Pablo Errandonea Salvia y Juan Pablo Recagno Ibarburu.

En todos los casos, el denominador común apunta a los ex presidentes de facto Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry.

Un grupo de doce abogados elaboraron en conjunto el texto de las tres denuncias radicadas en Montevideo, cuyos casos se presentan ante la Justicia por primera vez. Los profesionales son: Oscar López Goldaracena, Graciela Romero, Guillermo Payseé, Pablo Chargoñia, Walter de León, Pilar Elhordoy, Juan Errandonea, Ruben Waisrub, José Luis González, Javier Miranda, Hebe Martínez Burlé y Jorge Pan.

En la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), los abogados patrocinantes y familiares de los presuntos asesinados dieron detalles de las demandas que involucran a los mandos de la dictadura.

El abogado Goldaracena explicó que en el caso de la denuncia del segundo vuelo, se trata de una acción contra los mandos, y se presume que en dicho vuelo se trasladaron detenidos-desaparecidos, y califica el hecho como sumamente grave, "que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, categoriza como un delito de lesa humanidad, es imprescriptible y de juzgamiento necesario."

Enfatizan que de acuerdo con el informe elaborado en el año 2005 por parte de las Fuerzas Armadas, aceptan y confiezan que ese segundo vuelo existió, por lo que quedaría en evidencia no sólo la coordinación represiva en los regímenes de la región, y la existencia de la violación de los derechos humanos, lo que requiere de una necesaria investigación y determinación de las responsabilidades judiciales.

Los abogados patrocinantes aducen que los mandos de la época son responsables como autores, y se solicita a la Justicia que indague y determine esas responsabilidades.

Los demandantes solicitan que se cite en calidad de indagados al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, quien participará del primer y segundo "vuelo", y a todos los que se relacionaran directamente con el segundo vuelo. Piden la indagatoria a los comandantes de todas las armas que en 2005 elevaron el informe sobre los desaparecidos al Presidente de la República.

Solicitan también la citación de los 10 ex comandantes que recientemente se responsabilizaron por las acciones durante el período cívico-militar. El pedido se basa en que estos ex jerarcas castrenses, por su investidura, podrían haber tenido conocimiento perfecto de la existencia de este segundo vuelo.

También se solicita la citación al periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, quien dio a conocer a través de la prensa la existencia del segundo vuelo.

En la denuncia se pide la investigación y responsabilidad de los mandos, aclarando que aun existiendo la Ley de Caducidad, contra todos sus vicios inconstitucionales, "los mandos deben ser investigados y juzgados, porque están excluíidos del tenor de la ley".

Además de la denuncia del vuelo de octubre de 1976 (radicada ante la jueza Gloria Merialdo, y cuya fiscal es la doctora María del Huerto Martínez), fueron presentadas en Montevideo otras dos denuncias por asesinatos.

Una de estas corresponde a Hugo de los Santos Mendoza, quien falleciera en un batallón militar el 3 de setiembre de 1973. Luego de ser sometido a todo tipo de torturas resultó asesinado por quienes lo tenían en custodia. Una vez que los familiares reciben el cuerpo, constatan no sólo que el diagnóstico de la autopsia oficial era falsa, sino que un nuevo examen demuestra que murió a causa de torturas. Aquí también se demanda a los mandos de la época: al ex presidente de la República Juan María Bordaberry, y el ex jefe del Esmaco, Gregorio Alvarez.

La denuncia fue radicada en el Juzgado 3º a cargo del juez Sergio Torres, mientras que Mirtha Gianze es la fiscal del caso.

El otro presunto asesinato refiere a Horacio Darío Ramos, (fue detenido en 1972, era militante del MLN y bancario), quien murió en la denominada "isla" del Penal de Libertad por un supuesto suicidio el 30 de junio de 1981. Su hija, Patricia Ramos, presentó la denuncia solicitando investigar las "extrañas circunstancias que rodearon la muerte de su padre".

El juez de la causa también corresponde al doctor Torres, pero en este caso, la fiscal es Dora Domenech.

A la misma hora que en Montevideo se hacían estas tres denuncias (13.00 horas) en Maldonado era radicada una cuarta, por parte de la abogada María del Carmen Zalazar, por el caso de Gelós Bonilla.

En los primeros días de mayo, dos ediles departamentales radicaron denuncia para conocer el paradero del desaparecido. Pero en este caso se produce una segunda demanda, por parte del padre y del hermano de Gelós Bonilla, patrocinada por la abogada Zalazar. La acción va en la misma dirección que las denuncias radicadas en Montevideo: contra los mandos de la época, ya que se entiende que no están amparados por la Ley de Caducidad. En este caso, dirigido al ex presidente Juan María Bordaberry y al jefe de la Jefatura de Maldonado y el jerarca del Batallón de Ingenieros Nº 4.

El caso fue radicado ante la jueza Lina Fernández y el fiscal es Juan Gómez.

En todas las denuncias se solicita a los ministerios del Interior y Defensa el envío de oficios comunicando quiénes estaban a cargo de los mandos cuando sucedieron los hechos denunciados, y sus actuales domicilios, a fin de ser citados por la Justicia. *