COMCOSUR AL DÍA - AÑO 8 - Nº 1215
Sábado 27 de Mayo de 2006

HOY:

1) EL CASO BERRÍOS Y LOS NEGOCIADOS DEL CÓNDOR EN CHILE SE INVESTIGA, EN URUGUAY NO, POR ALGO SERÁ
2)¿MILITARES EXTRADITADOS REGRESANDO TRAS PAGO DE FIANZA?
3) ADEMÁS DE CÓNDORES, LA MAYORÍA TRABAJABA PARA LA C.I.A.
4) LOS CÓNDORES TAMBIÉN ERAN NARCOS Y MAFIOSOS
5) CDE PIDE PROCESAR A EX AUDITOR DE EJÉRCITO POR ASOCIACIÓN ILÍCITA

COMCOSUR AL DÍA - AÑO 8 - Nº 1215
Sábado 27 de Mayo de 2006
Producción: Andrés Capelán
Coordinación: Carlos Casares y Yessie Macchi
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
"NO TE OLVIDES DE OLVIDAR EL OLVIDO"
Juan Gelman

1) EL CASO BERRÍOS Y LOS NEGOCIADOS DEL CÓNDOR EN CHILE SE INVESTIGA, EN URUGUAY NO, POR ALGO SERÁ

Andrés Capelán

MONTEVIDEO/URUGUAY/27.05.06/COMCOSUR AL DÍA - Como en tantos otros asuntos, en el llamado "Caso Berríos": más se sabe, más se entiende. Las actuaciones de la justicia transandina en la investigación del secuestro en Chile y asesinato en Uruguay del bioquímico y agente pinochetista Eugenio Berríos, están dejando al descubierto un denso entramado mafioso que incluye operaciones millonarias en dólares de tráfico de armas y drogas

Estas constataciones hacen más fácil entender por qué militares, políticos y jueces uruguayos nunca estuvieron demasiado interesados en aclarar ni la desaparición (primero) ni el asesinato (después) de Berríos. La relación entre una cosa y la otra era conocida desde hace tiempo (el periodista del semanario Brecha Samuel Blixen, ha escrito abundantemente sobre ello), pero ahora la justicia chilena está encontrando las pruebas.

Cuando el presidente Tabaré Vázquez concedió la extradición de los militares uruguayos que participaron en el operativo, el senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se opuso firmemente. El legislador argumentó que los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli ya habían sido sobreseídos en el mismo caso por la justicia uruguaya, que ellos solamente cumplían órdenes superiores, y que además: "la justicia chilena no ofrece ninguna garantía".

A pesar de los pesares del senador Fernández, los hechos están indicando que la justicia chilena sí ofrece las garantías necesarias y pertinentes. A diferencia de su par uruguaya, que en más de diez años de investigaciones no encontró ni siquiera a un sospechoso de complicidad, el juez chileno Alejandro Madrid está avanzando firmemente en la investigación del asesinato. Pero además, está encontrando las pruebas del entramado mafioso tejido por la dictadura chilena para el enriquecimiento de sus protagonistas. Los millones de dólares que Pinochet depositó en el Banco Riggs no salieron de otro lado que el del tráfico de armas y de drogas.

Es una ley inexorable que no hay dictadura sin corrupción. La dictadura de Pinochet no fue una excepción. La uruguaya tampoco. En Chile se investiga. En Uruguay no. Ni antes ni ahora. Por algo será.
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2) CASO BERRIOS: ¿MILITARES EXTRADITADOS REGRESANDO TRAS PAGO DE FIANZA?

MONTEVIDEO/URUGUAY/27.05.06/COMCOSUR AL DÍA - Según informó el pasado jueves el diario La República, el subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, maneja la posibilidad de que Eduardo Radaelli, Washington Sarli y Tomás Casella, los tres oficiales del ejército que están siendo interrogados en Chile por su participación en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos: "podrían eventualmente retornar a Uruguay tras el pago de una fianza que además en el país trasandino suele ser de bajo monto."

Bayardi dijo en el Parlamento que el pago de la fianza traería en consecuencia la libertad ambulatoria de los detenidos dentro del territorio chileno; "pero habría que ver si el abogado logra que la justicia chilena acepta que los tres militares puedan atender las necesidades requisitorias estando en nuestro país". Para el viceministro esta posibilidad es "algo remota e inédita", y es obvio que es así. Por eso llama la atención que siquiera la mencione. Es extraño.
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3) CASO BERRÍOS: ADEMÁS DE CÓNDORES, LA MAYORÍA TRABAJABA PARA LA C.I.A.

EXTRADICIÓN DE MILITARES URUGUAYOS A CHILE REVELA DATOS DE OPERACIÓN CÓNDOR SE CONFIRMA QUE LA MAYORÍA DE LOS IMPLICADOS TAMBIÉN SIRVIÓ A LA CIA

Stella Calloni (La Jornada/México)

La decisión de la justicia uruguaya de acceder a la extradición de tres importantes militares, solicitada por sus homólogos chilenos en el caso del secuestro y asesinato del bioquímico Eugenio Berríos Sagredo, ex agente de la policía política (Dina) del ex dictador Augusto Pinochet, permite ver una de las tramas más siniestras de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.

Los juicios en torno de esta operación comprueban también que la mayoría de los implicados trabajaron para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense. Las tachaduras de documentos desclasificados por Estados Unidos revelan la intención de ocultar nombres y nexos, pero hasta ahora no existe un solo responsable en esta historia que no tuviera vínculos con dicha agencia o con instituciones como la Liga Anticomunista Mundial o el exilio cubano anticastrista en Miami.

Berríos, quien fabricó gas sarín y otros venenos que se usaron en la guerra sucia, fue colaborador de Michael Townley, hombre de la CIA y la Dina, que hoy ampara Estados Unidos como "testigo protegido". "En la sentencia del ministro Adolfo Bañados se afirma que Virgilio Paz, terrorista cubano, condenado en Estados Unidos por su complicidad en el asesinato de Orlando Letelier (ex ministro del gobierno de Salvador Allende, ocurrido en septiembre de 1976), estuvo en esa residencia en compañía de Berríos y Townley", señala el periodista Manuel Salazar Salvo en la revista chilena Punto Final.

En el proceso en Chile por el asesinato de Letelier, Berríos, también conocido como Hermes, es mencionado "reiteradamente como ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupación Quetropillán -dios Volcán en lengua mapuche-, apéndice de la brigada Mulchen de la Dina, que dirigía el hoy sentenciado general Manuel Contreras". Ambos vivían en la misma casa de Townley en Lo Curro, donde tenían un laboratorio.

Asimismo está documentada la fuerte relación de la Dina con Orlando Bosch, quien junto con Luis Posadas Carriles fue acusado de hacer explotar un avión de Cubana de Aviación en Barbados en octubre de 1976 que dejó 73 muertos. Además existen los testimonios de la ex esposa de Townley, Marina Callejas, y de la secretaria Alejandra Damiani, quien relató cómo fabricaban "un veneno que provocaba convulsiones y muerte". En la casa de Townley en Santiago fue torturado y asesinado el diplomático español Carmelo Soria en julio de 1976.

También hay pruebas de los negocios de Berríos y la Dina con los paramilitares neofascistas italianos de Avanguardia Nazionale contratados por Townley, como consta en el informe de Taylor Branch y el fiscal Eugene Propper sobre el juicio realizado en Estados Unidos por el atentado contra Letelier ocurrido en Labyrinth, Nueva York, en 1982. Esos grupos declararon en juzgados italianos en calidad de "testigos protegidos".

Berríos trabajó en el complejo químico industrial del ejército, lo que le permitió viajar por el mundo hasta que abandonó su trabajo en 1981 para continuar otras tareas que involucraban a la Dina en empresas mafiosas de distinto tipo. En 1991, Alfredo Baños citó a Berríos en el juicio por el asesinato de Letelier y la inteligencia militar chilena, preocupada por su locuacidad y afición al alcohol y las drogas, lo sacó del país armando una red de protección que lo llevó de Punta Arenas a Buenos Aires, en noviembre del mismo año, utilizando el documento del desaparecido Tulio Orellano Bravo.

Después se decidió sacarlo de Buenos Aires y los militares chilenos pidieron ayuda a sus homólogos uruguayos, especialmente al jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia de Defensa, teniente coronel Tomás Casella, y en 1992 Berríos viajó a Uruguay, donde permaneció bajo vigilancia y protección. Por alguna razón especial en octubre de 1992 se convirtió en prisionero "especial" en una casa de la familia del capitán de inteligencia uruguaya Eduardo Radaelli, en Parque del Plata.

De allí escapó en noviembre de 1992 y pidió auxilio en una sede policial, donde denunció que Pinochet lo iba a matar. El escándalo fue mayúsculo, pero mucho más cuando el teniente coronel Casella y otros militares se lo llevaron. Ya no se volvió a ver a Berríos hasta que en abril de 1995 su cuerpo, enterrado en la arena, fue encontrado en el balneario de El Pinar, Uruguay, con varios balazos a quemarropa y señales de tortura.

Según el juez chileno Alejando Madrid, están implicados en el asesinato de Berríos el general retirado Hernán Ramírez Rorangwe, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, los oficiales Raúl Lillo Gutiérrez, Carlos Herrera Jiménez y Arturo Rodrigo Silva Valdés (encargado de la seguridad de Pinochet), quien fue "inculpado por el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross, también llevado a Uruguay para eludir a la justicia, y otro ex escolta de Pinochet".

Ahora en Chile son investigados los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. En abril pasado trascendió en Montevideo que habían desaparecido las actas parlamentarias sobre la investigación del caso Berríos en 1992, que contenían las declaraciones de los entonces ministros del Interior y de la Defensa Nacional, Andrés Ramírez y Mariano Brito, respectivamente.

Al levantarse el secreto sobre las actas, resultó que habían desaparecido de la caja fuerte en que fueron guardadas y se desconoce dónde están. Medios de Montevideo sostienen que en 1996, ante una solicitud de la justicia chilena, se descubrió su desaparición. Una secretaria que había guardado copia de la misma fue sancionada y la copia robada.

MONTEVIDEO/URUGUAY/27.05.06/COMCOSUR AL DÍA
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4) CASO BERRÍOS: LOS CÓNDORES TAMBIÉN ERAN NARCOS Y MAFIOSOS

LA MAFIA NOSTRA, LA OTRA CARA CRIMINAL DE LOS VIOLADORES DE DDHH

Jorge Molina Sanhueza (La Nación/Chile)

Empresarios, agentes de inteligencia croata, peruana, uruguaya, narcos colombianos, la Cosa Nostra, mafiosos sirios y chilenos, entre otros, operaron en Chile en concomitancia con agentes de la CNI y la DINE. Movieron centenares de millones de dólares en drogas y armas y se mataron entre ellos. Así murieron el químico de la DINA Eugenio Berríos y el coronel Gerardo Huber. Los avances de las investigaciones de los ministros Alejandro Madrid y Claudio Pavez comienzan a cerrar el círculo.

Poco antes de que Chile volviera a la democracia, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestró al coronel de Famae Carlos Carreño. Era 1987. Coincidencia o no, el uniformado lideraba ya una red de venta de armas y transferencia tecnológica a países del Medio Oriente. Esa operación fue uno de los puntos de partida de lo que podría constituirse en asociación ilícita con aires mafiosos, que funcionó al alero de la dictadura hasta 1990 y siguió teniendo un poder en las sombras en los primeros años de la transición. Recién ahora -en 2006- comienzan a conocerse sus verdaderos alcances.

Carreño fue llevado por el FPMR a Brasil. Sus captores, antes de liberarlo,
aprovecharon de interrogarlo acerca de la venta de bombas de racimo a Irán. En diciembre de 1987, un informe del Departamento de Estado norteamericano -desclasificado en 2000- en que se comenta el secuestro de Carreño, concluye que una vez liberado por sus secuestradores fue (supuestamente) sumariado y alejado del Ejército, bajo acusaciones de tráfico de drogas. Carreño diría, años más tarde, en una declaración prestada ante el ministro en visita Claudio Pavez, a cargo de la investigación del homicidio del coronel Gerardo Huber, que siempre le llamaron la atención las preguntas de los frentistas durante su cautiverio.

Dos años más tarde, el 10 de febrero de 1989, un nuevo informe (el N° 937) -también desclasificado en julio de 2000 y esta vez redactado por la Embajada de Estados Unidos en Chile- da cuenta de un intento de negociación del ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, con un intermediario de la legación diplomática. El documento señala que Contreras, a cambio de que el país del norte bajara la presión por el caso Letelier, ofrecía entregar información sobre las actividades en el narcotráfico de "un hijo de Pinochet (posiblemente Marco Antonio) y de Armando Fernández Larios".

Drogas, armas, mafia italiana, colombiana, traficantes peruanos, sirios, agentes de inteligencia militar argentina, chilena, uruguaya, criminales de guerra croatas, espías ingleses, terroristas italianos, ex nazis y toda una pléyade de sujetos afines a los negocios turbios mantuvieron relaciones con los aparatos de inteligencia militar de Augusto Pinochet y su círculo más cerrado. Los nombres se repiten a través de la historia y se instalan pudiendo configurar una suerte de orgánica del crimen.

EL EX MARINE

A mediados de 1985, un sujeto ingresó a Chile con un pasaporte a nombre de Trinidad Moreno. Su contacto en nuestro país era un funcionario del consulado chileno en Los Ángeles, Federico Humberto Silva Pizarro, con quien mantuvo relaciones comerciales y de amistad. Ambos arribaron al país en el mismo vuelo, el 22 de junio de 1985. En realidad, Moreno no era otro que el ex sargento de la Infantería de Marina de EEUU Iván Baramdyka, conocido narcotraficante estadounidense radicado en Los Ángeles (California), que escapaba de la justicia de su país.

El 10 de julio del mismo año ingresó a la sociedad Redes del Pacífico, que, según su escritura pública, se dedicaba a la explotación, promoción y comercialización de pescado fresco chileno en Estados Unidos. Años más tarde, en 1993, fue extraditado a EEUU, luego de cumplir una condena de cinco años por giro doloso de cheques. Pero antes de que el FBI se lo llevara, Baramdyka se preocupó de dejar su historia grabada en video.

De los antecedentes remitidos a Chile en el proceso de extradición queda claro que este personaje participó en las operaciones de los años 80 conocidas como "drogas por armas", a cargo del coronel Oliver North, que sirvieron para entregar armas a la Contra nicaragüense. Los envíos de armas se financiaban con el tráfico de cocaína a EEUU. En sus declaraciones reconoció sus vínculos con Patricio Madariaga Gutiérrez, el cónsul de Chile en Los Ángeles. El diplomático fue el encargado de cuidar los asuntos de Augusto Pinochet hijo, cuando éste fue asignado a esa legación en los primeros años 80.

Baramdyka también contó que entre 1983 y 1984 varios núcleos de fabricantes de cocaína colombianos compraban éter y acetona producidos en el Complejo Químico Industrial del Ejército chileno en Talagante. Dicha planta fue transferida en 1979 desde el Bacteriológico, actual Instituto de Salud Pública. En 1987, Gerardo Huber, el ex oficial de la DINA asesinado a inicios de 1992 por el caso armas a Criacia, se hizo cargo de esa planta.

En el proceso por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, tramitado por el ministro Alejandro Madrid, hay un documento donde los jefes del Complejo Químico de Talagante reconocen que la DEA les advirtió en varias oportunidades que no existía documentación sobre la producción de éter y acetona en esa planta, productos químicos esenciales para la fabricación de cocaína. De hecho, uno de los oficiales del Ejército declaró ante Investigaciones que en una oportunidad un sujeto de nacionalidad peruana le compró varias miles de litros de éter y le dejó 50 mil dólares en un maletín, luego de firmar un contrato que se haría efectivo al día siguiente. Pero, al día siguiente el peruano fue detenido en el aeropuerto por el OS-7 por sus vínculos con el cartel de Cali.

Baramdyka relata que a semanas de su llegada a Chile, un oficial del Ejército llegó a su oficina de la calle Huelén 102. Le traía un recado: Álvaro Corbalán, el jefe operativo de la CNI, deseaba hablar con él. Se reunieron en el Rodizzio de Apoquindo. Corbalán le dijo que sabía perfectamente con quién estaba hablando y le pidió su asesoría para encontrar comprador a 75 kilos de cocaína que su organización tenía en las Bahamas.

Meses más tarde, en diciembre de 1985, los mismos oficiales del Ejército le presentaron en el restaurante Oliver a un personaje vital en la organización: Edgardo Bathich Villarroel, el hombre de origen sirio, famoso en la jet-set local de los '80. Poseía el único Rolls Royce de la plaza, tenía casas en el sur de Chile, propiedades alhajadas fastuosamente en balnearios de moda y en centros invernales de esquí, donde desplegaba su colección de automóviles, lanchas y vehículos deportivos. Por lo general, viajaba de un lugar a otro en helicópteros de su propiedad. Ser invitado a sus fiestas, donde participaban modelos, estrellas de televisión y reinas de belleza, llegó a ser considerado un verdadero privilegio.

Bathich representó en Chile los intereses de Monzer Al-Kassar, un famoso traficante de drogas y armas sirio radicado en España, que en ese período Monzer Al Kassar, el traficante de armas y drogas sirio radicado en Marbella, España, acompañado de su abogado, cuando fue a declarar a Buenos Aires por el "caso pasaporte". Compraba grandes extensiones de tierras en las cercanías de Mendoza; más tarde obtuvo la ciudadanía argentina gracias a los buenos oficios del gobierno de Carlos Menem, caso que terminó en los tribunales de justicia de ese país.

En 1985, el negocio de Bathich era la importación desde Europa de motores diesel usados. Sus estrechos vínculos con la familia Pinochet llegaban al punto de que Marco Antonio Pinochet Hiriart, representante en Chile de las lanchas Chaparral, vendía sus productos a través de la empresa de Bathich, ubicada en Américo Vespucio 1313.

Esa noche, en el restaurante Oliver, Baramdyka escuchó lo que Bathich tenía que comunicarle: "Me dijo que él podía ayudarme y que tenía excelentes relaciones con el general Pinochet y con los Servicios de Seguridad. Me contó que movía cantidades importantes de cocaína. Ingresaba la droga al país en los motores usados que traía por tierra desde Brasil a su empresa Bathich Motoren. También usaba helicópteros y camiones que traían minerales de Bolivia. Pero ese no era un problema; Álvaro Corbalán se preocupaba de la seguridad del ingreso y del transporte de la cocaína dentro de las fronteras de Chile. Era en el exterior donde sus operaciones presentaba dificultades. Ellos trabajaban casi exclusivamente con Fabio Ochoa y con sus tres hijos, los hermanos Ochoa Vázquez. En los días siguientes conoceré a otros miembros de la organización", contó el ex marine.

En 1986, Baramdyka habría realizado tres viajes al extranjero por cuenta de la organización. El procedimiento para salir y entrar del país fue siempre el mismo: vehículo militar hasta la frontera argentina, donde le entregaban un pasaporte paraguayo a nombre de Hernán Fuenzalida Galvarino. De ahí un taxi a Mendoza, avión a Ezeiza y combinación a otro país. Su misión era asegurar el tránsito de los vuelos que llevaban pertrechos militares chilenos en algunos aeropuertos centroamericanos y del Caribe. En estos lugares se descargaban partidas de cocaína que venían desde Chile escondidas entre el material militar. Baramdyka sostiene haber tenido conocimiento del contrabando de 12 toneladas de cocaína de Chile a Europa y EEUU en los años 1986 y 1987.

LA MIRA LÁSER

El 21 de diciembre de 1990, el Registro Civil denunció la pérdida de 134 pasaportes, iniciándose un proceso en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. Dos de los documentos de identidad fueron incautados el 18 de mayo del mismo año en la ciudad de Roma (Italia) al ciudadano chileno Alejandro Ramírez Cáceres. Los pasaportes iban a ser entregados nada menos que a Edgardo Bathich

De esta misma partida de pasaportes, al menos cuatro documentos fueron extendidos con identidades adulteradas a Augusto Pinochet, los que sirvieron para que éste abriera sus cuentas en el Banco Riggs y estableciera sus sociedades en paraísos fiscales. Ese mismo año, el Presidente Patricio Aylwin -recién instalado en La Moneda- se lanzó en una misión crucial y designó como jefe de Investigaciones al general (R) Horacio Toro.

A los pocos días de asumir el cargo, Toro recibió una información inquietante: a fines de 1989, un joven colombiano llamado Jesús Ochoa Galves se había instalado en el país. El sujeto era pariente del clan de los Ochoa Vázquez, los capos del cartel de Medellín. Su vínculo con Chile era Bathich y la empresa Focus Chile Motores, la única cuyo recinto contaba con helipuerto autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil.

La lógica indicaba una suma matemática fácil de resolver. Si Ochoa Gálvez era socio de Bathich y éste estaba vinculado con Marco Antonio, la inteligencia militar tendría también allí sus garras. Pero además, la firma y el colombiano eran representados por el abogado Héctor Novoa Vásquez.

Las sospechas de Investigaciones se redoblaron en 1992 cuando Bathich fue detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas, junto a Monzer Al-Kassar, en momentos en que se disponían a seguir rumbo a Viena en un Lear-jet privado, matrícula OE GBR. Ese mismo avión, de propiedad de los Al-Kassar, fue utilizado en 1986 para rescatar de Italia a Abu Abbas, el terrorista palestino responsable del secuestro del barco de pasajeros "Achille Lauro". Días más tarde, el juez Baltasar Garzón, a cargo del caso, sin sospechar a quién tenía en sus manos, ordenó la excarcelación del chileno, que viajaba con un pasaporte sirio a nombre de Yamal Bathich.

El juez español mantuvo en cambio a Monzer Al-Kassar bajo arresto para procesarlo por los delitos de falsificación de documentos, tráfico ilegal de vehículos, tenencia ilícita de armas y participación en actos de terrorismo internacional. Años más tarde, luego de que todos los testigos o murieran en extrañas circunstancias o se retractaran, Al-Kassar fue sobreseído. Según los investigadores, Monzer Al-Kassar, uno de los capos de la llamada "mafia siria", mantuvo estrechos vínculos con la Cosa Nostra siciliana y con los carteles colombianos.

En diciembre de 1992, la suerte de Bathich cambió radicalmente. El Servicio de Impuestos Internos se dejó caer en las oficinas de Focus Chile Motores. En la mañana del 7 de diciembre, un grupo de inspectores se presentó en las oficinas de la empresa y selló todos los cajones y muebles que contenían documentación. Al día siguiente, los inspectores descubrieron que todos los sellos habían sido violados. Hombres de Bathich habían ingresado al recinto la noche anterior. Los documentos contables habían desaparecido. En uno de los patios internos humeaban aún las cenizas de papeles y archivos. Los detectives de la Brigadas de Narcóticos y Delitos Económicos de Investigaciones encontraron un pequeño arsenal: escopetas recortadas, cascos de guerra, chalecos antibalas, pistolas, revólveres, municiones y una pistola Uzi con mira infrarroja.

El 9 de diciembre de 1992, Bathich salió del país rumbo a Argentina para instalarse en el palacio Mifadil que posee Al-Kassar en Marbella (España). Dos día más tarde, Jesús Ochoa Galvis, su socio colombiano, escapó con toda la familia. Finalmente, este proceso terminó con multas y penas remitidas de cárcel. Bathich no volvió a Chile sino hasta mediados de los '90, pasó unos meses en la cárcel y salió en libertad bajo fianza.

"TODOS ERAN VICIOSOS"

Pinochet, por otro lado, se ajustaba a la transición democrática. Sus relaciones con Aylwin fueron siempre tensas. Sobre todo cuando las agrupaciones de derechos humanos iniciaron en 1990 la ofensiva judicial contra los agentes de la dictadura. El análisis de la inteligencia militar de la época era claro: el chaparrón mojaría a todos por igual. El ex dictador, entonces, cortó por lo sano. Creó el Departamento Cuarto, que no era sino un grupo de abogados que, coordinados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), defendían a los militares que iniciarían el desfile por los tribunales.

Pero había uniformados con situaciones judiciales más complejas. Era el caso del ex agente de la CNI capitán Luis Arturo Sanhueza Ros. Este último estaba inculpado del crimen del empresario gastronómico Aurelio Sichel, como también del homicidio del vocero del MIR Jécar Neghme, ocurrido en septiembre de 1989. Fue entonces cuando el ex dictador dio la orden al jefe de la DINE, general Hernán Ramírez Rurange, para que lo sacara de Chile, según declaraciones judiciales del propio Ramírez Rurange.

Pero las cosas empeoraron para Pinochet en junio de 1991, cuando la Corte Suprema nombró al ministro Adolfo Bañados para sustanciar el proceso por el homicidio -cometido en Washignton en 1976- del ex canciller Orlando Letelier. Paralelamente, el abogado Jorge Mario Saavedra presionaba por otro flanco para que el autor intelectual del crimen de Tucapel Jiménez, el mayor Carlos Herrera Jiménez, enfrentara la justicia.

La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la DINE, por Pinochet, conocida también como "control de bajas", inició el segundo acto: Herrera Jiménez fue sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor Arturo Silva Valdés, conocido como "El Príncipe".

El ministro Bañados había citado al ex químico de la DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente en la casa que el organismo tenía en la calle Vía Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley.

La situación de Berríos era sumamente compleja, ya que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea: la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre otros venenos usados para matar a los opositores al régimen militar. Encargado del proyecto Andrea, después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el entonces mayor Gerardo Huber. Pero el químico también guardaba otro secreto: su vínculo con el narcotráfico, con peruanos ex agentes de inteligencia militar, chilenos prestamistas y militares.

Las declaraciones judiciales de uno de los narcos vinculado con el químico, militares y carabineros son reveladoras. Se trata del peruano Justo Cornejo Hualpa, cuya parcela en Pirque contaba con modernos sistemas de seguridad, guardaespaldas y vínculos con la ex CNI. Este último entregó una versión que da luces del por qué la inteligencia militar chilena protegió al ex químico de la DINA y después lo asesinó antes de que el ex dictador viajara a Uruguay en febrero de 1993.

"A mi finca iba la alta sociedad chilena, políticos, militares, congresistas; hasta a los hijos y sobrinos de Pinochet los vi alguna vez. Todos eran viciosos, todos eran amigos", declaró Cornejo Hualpa. Y así fue como Berríos fue sacado de Chile en octubre de 1991 con destino a Uruguay, a través del paso Monte Aymond de Punta Arenas. Allí permaneció hasta noviembre de 1992, última vez que se le vio con vida.

Berríos pertenecía a una potente red de tráfico de cocaína que abastecía de drogas a Australia y Europa. Más de una vez se reunió en Argentina y Montevideo con sus socios narcotraficantes, todo esto mientras estaba bajo la estricta custodia de la inteligencia militar chilena y uruguaya.

EL MISTERIOSO CORONEL

A principios de los '90, el narcotráfico se mezclaba con la alta sociedad de Viña del Mar. El empresario Manuel Losada traficaba drogas con los carteles colombianos. Como se relató en una nota de LND el pasado 7 de mayo, el representante del cartel de Cali y después de Medellín, Carlos Zuluaga, tenía dos contactos importantes, tanto para llevar la droga fuera de Chile como para traer desde Europa los narcodólares colombianos. La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra, liderada entonces por Bernardo Provenzano. El primero era un coronel de Inteligencia militar; el segundo, un conocido industrial chileno. En 1998, Losada acabó detenido en el marco de la operación Océano. Años antes también cayó Zuluaga.

Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido. En 1991, según las confesiones de Zuluaga, salieron de Chile 150 kilos del alcaloide a Estados Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue, sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad. Y justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, ex agente de Inteligencia militar peruana, que formaba parte de la organización criminal que integraba Berríos. El peruano fue detenido en junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente por un laboratorio de este tipo.

UN ESLABÓN PERDIDO

En diciembre de 1991, un cargamento de armas chilenas fue descubierto en Budapest (Hungría), rotulado como ayuda humanitaria. El pato de la boda se llamaba Gerardo Huber Olivares, coronel de Ejército y jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística. Había sido jefe de Berríos durante los años del proyecto Andrea y encargado de la Planta de Químicos del Ejercito en Talagante.

La operación, sin embargo, había comenzado en abril del mismo año con la llegada a Chile de dos personajes: el ex espía inglés Sydney Edwards y el nazi croata Vladimir Secen. Ambos jugaban distintos roles para un mismo fin: armar a los neonazis croatas contra los serbios. Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de Inteligencia militar en Chile. En los primeros meses de 1992, Monzer Al-Kassar, que también traficaba armas a Croacia, viajó en dos oportunidades a Chile.

Debido al escándalo que produjo el hallazgo en Europa oriental, la Justicia chilena nombró ministro en visita a Hernán Correa de la Cerda para llevar adelante el caso. Una de las primeras diligencias que realizó el magistrado fue interrogar a Huber. Este último se declaró inocente, pero a diferencia del resto de los involucrados dijo que debían preguntarle mayores detalles al general Florencio Tejos, entonces jefe de material de guerra del Ejército. Ese solo hecho puso en alerta a la Inteligencia militar y a Huber fue apartado con una licencia médica por estrés.

Se refugió en el Cajón del Maipo, en casa de su amigo Elwin Tapia. Permaneció allí hasta el 29 de enero de 1992, no sin antes quemar una serie de documentos que comprometían al alto mando institucional de la época. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro hasta el 20 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza.

Con el paso de los años, varias piezas se han ido uniendo. En julio de 2004, el Senado norteamericano entregó el informe sobre las actividades de lavado de dinero de distintos dictadores, entre ellos Augusto Pinochet. Allí apareció por primera vez su fortuna en el Banco Riggs de Estados Unidos y en otras entidades financieras de Europa y paraísos fiscales. Hasta ahora, la cifra llega casi a los 30 millones de dólares.

Poco a poco, la olla se ha ido destapando. Por ejemplo, la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos. Este homicidio no sólo tuvo motivaciones políticas, sino que además Berríos tuvo conocimiento directo de las actividades ilícitas del círculo cercano de Pinochet. Aparentemente, Huber no quiso ser sacado de Chile. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Qué sabía? En noviembre de 1977 el "Mamo" le pidió que preparara una sopa de bacterias para "incapacitar" a Mena. "Hablé con Eugenio Berríos... me dijo que lo haría con tétano o toxina botulínica... el producto se lo pasó al mayor Vianel Valdivieso... para introducirlo en el té...".

PRÓXIMOS PASOS

A mediados de junio el ministro en visita Alejandro Madrid -que sustancia la investigación por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, como también su responsabilidad en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva- debiera viajar a Estados Unidos a interrogar al ex agente Michael Townley. La declaración indagatoria que deberá prestar el norteamericano fue solicitada por el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, y coordinada con el actual embajador del país del norte en Chile, Craig Kelly, como una invitación a Madrid para evitar el trámite de autorización formal de la Corte Suprema.

Townley fue interrogado en Miami, en enero del año pasado, por dos oficiales de la policía civil, a propósito de estos dos casos. El ex agente de la DINA prestó una declaración ante los comisarios Nelson Jofré Cabello y Marianela Gómez Toboada. Las seis páginas que constan en el cuaderno separado B-IX entre las fojas 2.993 a la 2.999 del proceso, servirán de marco para la indagatoria que tomará el ministro Madrid próximamente.

Una copia del testimonio fue obtenido por La Nación en fuentes policiales, donde Townley revela un detalle que permite comprobar cómo el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, quiso asesinar a su reemplazante de la CNI, general Odlanier Mena. El ex agente relata que en noviembre de 1977 el "Mamo" le pidió que preparara una sopa de bacterias para "incapacitar a Mena".

"Hablé con Eugenio Berríos, ya que el laboratorio de la DINA lo habían desmantelado y después de algunos días me dijo que lo haría con tétano o toxina botulínica (que provoca el Botulismo) y que las podía conseguir con el director del ex Instituto Bacteriológico (IB, hoy ISP), pero me pidió una incubadora... El producto se lo pasó al mayor Vianel Valdivieso... para introducir este producto bacteriológico en el té...". Esta denuncia fue hecha precisamente por el general Mena hace algunos años, pero esta es la primera vez que aparece un antecedente concreto que la confirme.

LAZOS OPERATIVOS

Al mismo tiempo, los dichos de Townley se entralazan con un aspecto de la investigación por la muerte de Frei, ya que el jefe del ex Instituto Bacteriológico mencionado más arriba era el coronel Joaquín Larraín. Este último no sólo era el contacto de Berríos con la DINA, sino que además con el laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército en la década de los 80, como establece un documento reservado del 8 de enero de 2001 adosado a la causa.

De hecho, es precisamente en el IB que desde fines de los 70 se importa toxima botulínica desde Brasil y Estados Unidos. Otro de los antecedentes aportados por Townley dice relación con el homicidio del ex agente de la DINA, Manuel Jesús Leyton, ocurrido en 1975 y que también es investigado por el ministro Madrid. "Recuerdo que (el sarín) se utilizó para eliminar a un cabo de Ejército involucrado en el robo de una renoleta... y que el sarín se lo aplicó el hermano de Eduardo Iturriaga Neumann (Jorge)", dijo.

Con estas declaraciones el ministro se apronta a dictar procesamientos en el caso de Leyton, uno de los primeros procesos donde se acreditó el uso del sarín para la eliminación de personas en una de las clínicas clandestinas de la DINA. Michael Townley, que fue expulsado de Chile en 1978 y luego de ello asumió su responsabilidad en el atentado que costó al vida al ex canciller Orlando Letelier -ocurrido en septiembre de 1976 en EEUU-, asegura desconocer antecedentes sobre la muerte de Eduardo Frei, acaecida en enero de 1982. Sin embargo, Madrid manejaría antecedentes respecto a que la labor de Townley va más allá de sus propios dichos.

EL PRIMER FABRICANTE DE SARÍN

Uno de los detalles que Townley entregó en su testimonio apunta a que el primer científico de la Universidad de Chile que trabajó haciendo sarín para la DINA no fue Eugenio Berríos, sino Francisco Oyarzún Sjöber. Según el ex agente, fue este último el que le presentó a Berríos, quien se quedó en el laboratorio de Vía Naranja fabricando este veneno anaeróbico. Actualmente, Oyarzún Sjöber vive en Estados Unidos y trabaja como profesor en California. Ha sido interrogado por el caso Letelier y Berríos. En todas las oportunidades ha declarado que nunca conoció ni trabajó con Townley, pero las pruebas que ha acumulado el ministro Madrid desvirtúan esa versión.

MONTEVIDEO/URUGUAY/27.05.06/COMCOSUR AL DÍA
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5) CASO BERRIOS: CDE PIDE PROCESAR A EX AUDITOR DE EJÉRCITO POR ASOCIACIÓN ILÍCITA

EN CALIDAD DE AUTORES DE ASOCIACIÓN ILÍCITA POR CASO BERRÍOS
CDE PIDE PROCESAR A EX AUDITOR DE EJÉRCITO POR ASOCIACIÓN ILÍCITA

Andrea Chaparro (La Nación)

Organismo imputa a Fernando Torres Silva y a Enrique Ibarra por seleccionar a los militares y agentes de inteligencia "peligrosos" para la institución, por manejar información o estar relacionados con procesos judiciales en curso. Con esta información la DINE los sacaba del país y evaluaba si era necesario eliminarlos

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó ayer el procesamiento del ex auditor general del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, junto con su "mano derecha" y entonces abogado de la repartición, Enrique Ibarra Chamorro, por su responsabilidad en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, ocurrido en 1991.

El documento -al que tuvo acceso La Nación-, fue entregado al ministro en visita Alejandro Madrid, quien investiga el crimen de Berríos. En el escrito, el CDE enumera in extenso los hechos que permiten "presumir fundadamente" que ambos ex miembros de la Auditoría General del Ejército participaron activamente en la organización criminal que sacó a Berríos del país, los secuestró, y que lo eliminó en Uruguay.

El organismo fiscal reunió los antecedentes suficientes para acreditar que mientras Torres Silva e Ibarra trabajaron para la Auditoría, actuaron como autores del delito de asociación ilícita, que terminó con la muerte del químico.

Esto porque participaron de manera directa en la operación conocida como "Control de Bajas", que pretendía impedir que miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia del gobierno militar que estuvieran involucrados en causas por violaciones de los derechos humanos llegaran hasta los tribunales a declarar.

De acuerdo con la documentación anexada a la causa, la función del ex auditor general del Ejército y del abogado Ibarra era seleccionar a aquellos militares considerados "peligrosos" para la institución, porque manejaban información clasificada o por estar relacionados con procesos judiciales en curso.

El CDE concluye que a partir de los datos reunidos en la investigación es posible concluir que Torres Silva e Ibarra "excediendo las funciones de sus cargos" se coordinaron con el entonces director general de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange, para ocultar información a los jueces con causas por delitos de lesa humanidad.

Entre los antecedentes que permitirían establecer la participación de Fernando Torres Silva y Enrique Ibarra, en el secuestro y homicidio de Berríos, está el informe de Interpol Nº 87, en el que quedó acreditado que la operación "Control de Bajas" fue planificada por miembros de la DINE y la Auditoría General del Ejército.

Según el mismo documento, el auditor general estaba a cargo del seguimiento de los procesos judiciales conflictivos para el Ejército y de identificar a las personas que debían ser sacadas del país.

Ese fue el caso del mayor Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez; Arturo Sanhueza Ross, inculpado en la denominada Operación Albania, y de Eugenio Berríos, a quien la justicia requería para que declarara en el proceso por el homicidio del canciller Orlando Letelier.

Un hecho clave para estimar a Torres Silva e Ibarra como parte de la asociación ilícita que eliminó a Berríos, fue que a través de ellos "fluía la información para que el director del DINE (Ramírez Rurange), a través de sus agentes pudiesen determinar los cursos ilícitos de acción a seguir respecto de quienes eran entonces requeridos por la justicia", sostuvo el CDE. LN

LAS DECLARACIONES DETERMINANTES

El escrito del CDE además anexó una serie de declaraciones de ex uniformados procesados en causas de derechos humanos, personas relacionados con la DINE y de los mismos involucrados en el caso Berríos. Todas confirman la tesis del organismo fiscal.

Así, el mayor (R) del Ejército y ex agente de la DINA Carlos Herrera Jiménez declaró que "mi salida del país con destino a Uruguay (...) se produjo por una orden militar que fue dada por el general Torres Silva".

El capitán (R) Arturo Sanhueza Ross -por su parte- sostuvo que se le ordenó presentarse en la Auditoría General del Ejército donde lo recibió Ibarra, que le informó que por su propia seguridad debía firmar su baja y salir del país "por un periodo que me manifestó sería de tres años (...) Luego pasé a la oficina del general Torres, a despedirme".

Mientras que el capitán Jaime Torres Gacitúa, ex guardaespaldas de Pinochet y miembro de la DINE, expresó en su declaración que "durante la permanencia de Berríos en el cuartel del BIE (...) se sostuvo una reunión, entre Ramírez Rurange director del DINE, Silva Valdés agente del DINE y que comanda la operación de salida de Berríos, Manuel Provis comandante del BIE Enrique Ibarra Chamorro abogado de la Auditoría".

MONTEVIDEO/URUGUAY/27.05.06/COMCOSUR AL DÍA