Denuncia penal por siete crímenes de lesa humanidad

Los mandos en la picota

Bordaberry, Blanco, Gregorio Álvarez, Paulós, Malaquín, pero también Bonelli, Bertolotti y Daners: mandos civiles, militares y policiales de la dictadura, y también jerarcas castrenses en democracia, serán objeto de citaciones judiciales.

Walter Pernas

Semanario Brecha, Uruguay
25-05-2006

Según supo BRECHA, en la denuncia contra los mandos de la dictadura se solicitará a la justicia penal que cite como indagados al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, y a los ex Comandantes Ángel Bertolotti (Ejército) y Tabaré Daners (Armada) a fin de que respondan sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período represivo.

El vuelo clandestino presumiblemente de la muerte, admitido por el informe que la Fuerza Aérea elevó el año pasado a la Presidencia de la República, las desapariciones forzadas de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Juan Pablo Recagno, María Emilia Islas, Juan Pablo Errandonea y Ary Cabrera, y los asesinatos de Hugo de los Santos Mendoza y Horacio Ramos son los siete casos específicos que se expondrán en una sola denuncia a presentar la semana próxima ante la distribuidora de turno del Poder Judicial, que por un sistema aleatorio designará la sede penal que se encargará del expediente.

La denuncia llevará la firma de familiares de detenidos desaparecidos que actuarán a título personal y será representada por abogados vinculados a organizaciones de Derechos Humanos (SERPAJ, IELSUR, Familiares de Asesinados Políticos, Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras), que a su vez la avalarán.

Segundo vuelo. El escrito procura que el Juez actuante indague –entre otros– a los Jefes militares que elevaron en 2005 a la Presidencia los informes sobre “lo ocurrido” con los detenidos-desaparecidos durante la dictadura, y que procure identificar las fuentes en que se basaron esos documentos oficiales.

Existe especial interés en la indagatoria a Bonelli, que reconoció ser el copiloto del vuelo que trasladó en 1976 a detenidos uruguayos desde Buenos Aires a Montevideo, que luego fueron “blanqueados”, y que admitió la existencia de un segundo traslado aéreo ese mismo año con personas que permanecen aún desaparecidas.

“De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el aeropuerto Jorge Newbery en plataforma de aviación general de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento”, señaló el informe entregado el 8 de agosto último al Presidente Tabaré Vázquez. Añadió que “estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese servicio”.

El informe señala que el motivo “alegado por el SID” para el traslado fue el de “preservar la vida” de los detenidos en Argentina ante “la posibilidad inminente de muerte” que corrían en ese país.

Si bien la mayoría de los trasladados en el primer vuelo terminaron encarcelados en Uruguay, se desconoce qué pasó con los del segundo traslado. Es más, se presume que fueron ejecutados masivamente luego de arribar al país, según fuentes de organizaciones de derechos humanos.

“Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de la operaciones”, señala el informe firmado por Bonelli.

Los denunciantes presumen que los cuatro casos de los militantes del PVP están relacionados a estos traslados de 1976 en función de –entre otros elementos de convicción– las fechas de las detenciones en Buenos Aires y de los vuelos admitidos por la Fuerza Aérea.

Ary Cabrera fue detenido el 5 de abril, Juan Pablo Errandonea el 26 de setiembre, María Emilia Islas el 27 de setiembre, Juan Pablo Recagno el 2 de octubre. Por este caso también se solicita que se indague al ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín, señalado por las denuncias de organizaciones de derechos humanos como copiloto del primer vuelo. Malaquín fue edecán del ex Presidente colorado Julio María Sanguinetti.

“Mandos.” En el escrito se responsabiliza a los mandos militares, policiales y civiles de la dictadura de manera genérica –no se especifica cada nombre– y se solicita que la justicia libre oficios al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior y a otros organismos públicos a fin de determinar quiénes ocupaban cargos jerárquicos al momento de los hechos denunciados. Además, se pide que a posteriori la sede penal verifique mediante el Registro Civil cuáles de los mandos han fallecido para, por descarte, indagar a los que se presume con vida.

Las fuentes jurídicas consultadas por BRECHA indicaron que la noción de “mandos” que se maneja en la denuncia es “abierta” y tiende a que la justicia adopte el concepto en forma “amplia”, extendiendo la línea jerárquica de los dictadores y la de Comandante en Jefe de las armas a quienes ocuparon cargos o son responsables de órdenes en organismos clave de la época: el SID, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), el Estado Mayor Conjunto (ESMACO), el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), por ejemplo.

Indicaron además que la noción de responsabilidad de tales “mandos” se basa en el criterio del artículo 3 del Código Penal (relación de causalidad): los delitos se cometen por acción o por omisión, y los jerarcas de la dictadura (militares, policiales o civiles), al tener poder y control sobre sus subordinados pueden ser castigados por dar una orden específica para que se ejecute un delito de lesa humanidad o por no evitarlo. “No impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar equivale a producirlo”, establece el código.

Una de las pruebas que se presentarán en el juzgado actuante es un documento del Ejército argentino –publicado por BRECHA en 1998– que reveló que la detención de María Emilia Islas fue ejecutada a solicitud del Ejército uruguayo, y que su desaparición se produjo después de que la joven fuera entregada al OCOA.

Pero además se pedirá que se tengan presentes tres documentos en los que los mandos militares de la dictadura se hacen responsables de “los hechos” (en este caso eufemismo de delito) registrados en aquella época.

El primero es una carta enviada en 1986 al entonces Presidente Sanguinetti y publicada por el diario El Día. Entre los firmantes se encuentra el ex director del SID Iván Paulós. Otro es la resolución 7777 por la que Gregorio Álvarez (Presidente entre el 1 de setiembre de 1981 y el 12 de febrero de 1985) se autorresponsabiliza de “los hechos”.

El contenido de la carta que hace tres semanas fue firmada por diez ex Comandante en Jefe del Ejército –entre ellos Álvarez– será también parte de la denuncia. Por este último escrito se pedirá que la justicia indague –según dijeron las fuentes– no sólo a Álvarez sino a los otros nueve firmantes para verificar qué cargos jerárquicos ocupaban en los meses en que se procesaron y cumplieron las detenciones de los militantes del PVP, los vuelos desde Buenos Aires, y también en los años en que se produjeron las muertes de Hugo de los Santos Mendoza y Horacio Ramos.

“Homicidios.” De los Santos era un estudiante de agronomía de 21 años y militaba en el MLN. Fue detenido el 1 de setiembre de 1973 y, dos días después, falleció por torturas en el Batallón de Infantería Número 1, Florida, de Montevideo.

La partida de defunción que se hizo falsificó los hechos. El médico militar José A Mautone sostuvo que la muerte fue por “edema pulmonar”; luego admitió la mentira ante la junta de ética médica que se creó en democracia a instancias del Sindicato Médico del Uruguay y del Colegio de Abogados.

En 1974 el Juez Walter Forni ordenó una nueva autopsia que determinó el homicidio. La Suprema Corte de Justicia asignó el caso a otro juzgado, que lo archivó en 1976, y destituyó a Forni y al actuario de la sede penal que certificó la verdad.

Hacía pocas semanas que se había iniciado el mandato de Bordaberry (el 1 de marzo de 1973) cuando De los Santos fue asesinado. Y poco antes de su renuncia, el 12 de junio de 1976, comenzaron las detenciones masivas de uruguayos en Argentina.

El Ministro de Relaciones Exteriores de esa época era Juan Carlos Blanco, al tiempo que el futuro dictador Gregorio Álvarez oficiaba como Jefe del ESMACO (lo hizo entre 1972 y 1974) y por ese motivo formaba parte del COSENA, junto a Bordaberry y parte del Ejecutivo de la época.

La muerte de Horacio Ramos se produjo en 1981, en el penal de Libertad, luego de nueve años de detención. Se presume que fue ahorcado con una faja que siempre utilizaba el dirigente tupamaro. Por este caso en particular se citará a declarar a varios dirigentes del MLN que estuvieron detenidos junto a Ramos.

La República, Uruguay
25-05-2006

Piden citar al Goyo, a nueve ex jefes del Ejército y a los tres comandantes de 2005

Por dos homicidios y cuatro desapariciones iniciarán el lunes causas contra los mandos

Se incluyen dos casos de homicidio durante la dictadura y la desaparición de cuatro uruguayos que pudieron ser trasladados en el "segundo vuelo" de Orletti. Se pide que citen a los diez ex jefes del Ejército que firmaron una carta pública y a los tres comandantes que en 2005 elaboraron los informes sobre los desaparecidos. Las causas a los mandos podrían implicar a los seis extraditables, quienes deberían ser juzgados primero en Uruguay.

ROGER RODRIGUEZ

Los abogados vinculados a causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Uruguay presentarán el lunes las primeras denuncias contra los mandos militares que, excluidos de la Ley de Caducidad, son responsables por asesinatos y desapariciones de personas.

Las causas contra los mandos, en las que los abogados venían trabajando desde meses atrás, se iniciarán con los casos de los asesinatos del estudiante Hugo De los Santos en los días posteriores al golpe de Estado de 1973 y de Horacio Ramos, muerto en el Penal de Libertad.

Otros cinco casos se incluirán como una única denuncia relacionada con el traslado y desaparición de los pasajeros del "segundo vuelo" del centro de torturas Automotores Orletti de Buenos Aires: María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera y Juan Pablo Errandonea.

Los abogados solicitarán que se cite a los diez ex comandantes en jefe del Ejército que en una carta pública se hicieron responsables por los delitos de la dictadura, tenientes generales Gregorio Alvarez, Guillermo De Nava, Juan Curutchet, Fernán Amado, Carlos Daners, Carlos Berois, Juan Rebollo, Raúl Mermot, Juan Geymonat, y Santiago Pomoli.

Asimismo, pedirán que den su testimonio los comandantes en jefe Angel Bertolotti del Ejército, Tabaré Daners de la Armada y Enrique Bonelli de la Fuerza Aérea, quienes realizaron los informes oficiales sobre desaparecidos en respuesta a una orden del presidente Tabaré Vázquez.

Responsabilidad de mandos

Las presentaciones judiciales se basan en el artículo 3º de la Ley 15.848, donde se excluye a los mandos militares del amparo de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, otorgada a los militares y policías que durante el régimen de facto cometieron delitos. Aunque alguno de estos casos ya fueron tratados por la justicia penal y en su momento el Poder Ejecutivo los incluyó en la Ley de Caducidad, se argumenta que nunca se realizaron las investigaciones previstas en la ley y se subraya que se debe identificar a los mandos responsables por los crímenes. La argumentación de los abogados se apoya en el artículo 85 de la propia Ley Orgánica Militar que al señalar el concepto de "mando", lo define como "aquel que tiene facultad de decidir y ordenar dentro de lo establecido por las leyes y reglamentos militares" . La Ley Orgánica Militar establece que el comando es la autoridad ejercida sobre una fuerza o unidad por el militar responsable de su preparación disciplinaria, por lo cual, los comandos que ejercieron la dirección de la llamada lucha antisubversiva ejercieron el don de mando y son responsables.

Las tres causas que se presentarán el lunes, operarán como una "llave" para la actualización de otras causas que también pudieron haber sido amparadas en la Ley de Caducidad y en las cuales los jueces y fiscales no indagaron las responsabilidades de los respectivos mandos. Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA no descartaron que el inicio de estos juicios a los mandos pueda implicar a los cinco ex militares y un ex policía que se encuentran detenidos para su extradición a la Argentina. Si así fuera, los seis podrían ser juzgados primero en Uruguay