Amnistía Internacional – Informe 2006

México

El gobierno del presidente Fox sostuvo que tenía adquirido el compromiso de aplicar los tratados y normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en la esfera nacional hubo pocos avances en lo relativo a poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la impunidad, especialmente a nivel estatal. Se inició un Programa Nacional de Derechos Humanos, pero al parecer tuvo poco efecto. Las reformas propuestas a la Constitución y al sistema de justicia penal no progresaron. Las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para 2006 dominaron en forma creciente la agenda política, al igual que lo hizo la preocupación por la seguridad pública y los delitos violentos. Se continuaron recibiendo informes de detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. El número de mujeres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez volvió a aumentar, y la respuesta a la violencia contra las mujeres continuó siendo inadecuada. El sistema judicial fue nuevamente una importante fuente de violaciones de derechos humanos, pues no protegía los derechos de las víctimas de delitos y de los presuntos delincuentes. Sus deficiencias tuvieron un efecto desproporcionado sobre los sectores más desposeídos y desfavorecidos de la sociedad. Varios periodistas murieron de forma violenta o fueron amenazados. Las personas que defendían los derechos humanos en las comunidades locales debieron hacer frente a amenazas y agresiones. Fracasaron los intentos por lograr que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado rindieran cuentas de sus actos. Muchas personas que integraban las comunidades más socialmente excluidas, particularmente los pueblos indígenas, siguieron sufriendo discriminación y viendo limitado su acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Información general

México ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y resistió las presiones para que firmase un acuerdo bilateral ilícito de inmunidad con Estados Unidos. También ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y presentó una serie de informes atrasados a diversos mecanismos temáticos de la ONU. El gobierno desempeñó, asimismo, un rol positivo en la promoción de la reforma de la ONU para fortalecer la protección de los derechos humanos.

En abril, el Procurador General de la República dimitió entre crecientes presiones políticas tras la decisión del Congreso de autorizar el procesamiento del alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. El procesamiento de López Obrador, candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habría significado su inhabilitación para participar en las elecciones presidenciales. Hubo una amplia percepción de que este procesamiento, que fue dejado sin efecto en mayo, se había ordenado por motivos políticos.

Según informes, al menos 440 migrantes indocumentados murieron al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. La propuesta de Estados Unidos de construir un muro fronterizo hizo temer que se produjera un número mayor de muertes, al tratar los migrantes de cruzar la frontera en las zonas más peligrosas del desierto.

Reforma judicial

El Congreso reformó la Constitución y el Código de Justicia Militar, aboliendo la pena de muerte para todos los delitos. Se iniciaron importantes reformas con respecto a la justicia de menores. Sin embargo, el Congreso no aprobó otras importantes reformas vinculadas con los derechos humanos.

Como respuesta a la falta de cambios a nivel federal, algunos estados propusieron modificaciones de sus sistemas judiciales locales, pero al concluir el año no quedaba claro qué resultado tendrían esas iniciativas.

No se tomó ninguna medida para limitar la aplicación de la justicia militar con el fin de garantizar que las investigaciones y juicios contra militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos se llevaran a cabo por la justicia civil.

Se inició un Programa Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no se le asignaron nuevos recursos y faltó un plan nacional efectivo. En noviembre se creó un comité de evaluación que contó con la presencia de varias organizaciones de derechos humanos.

Se nombró un nuevo representante al frente de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México. Pese a la existencia de varios proyectos valiosos, se produjeron pocos avances en la aplicación de las recomendaciones propuestas por la Oficina.

Impunidad

Se avanzó poco en lo relativo al procesamiento de los responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la «guerra sucia» de los años sesenta, setenta y ochenta. Pese a que se llevaba cuatro años trabajando, sólo se ejecutaron siete órdenes de detención contra ex funcionarios del Estado. En los cientos de casos remanentes, el fiscal especial no presentó acusaciones o éstas fueron rechazadas por los tribunales.

En julio, en contravención del derecho internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que los genocidios cometidos antes de 2001 estaban comprendidos dentro de las normas de prescripción. Esto condujo al fracaso del procesamiento de nueve personas por el asesinato en 1971 de varios estudiantes durante una protesta conocida como la manifestación de Corpus Cristi.

Los procesamientos del ex presidente Luis Echeverría y el ex secretario de Gobernación Mario Moya por genocidio en relación con ese mismo caso también fracasaron cuando un juez federal concluyó que no había pruebas suficientes como para presentar cargos. En septiembre, un juez rechazó también los cargos, incluido el de genocidio, formulados contra el ex presidente y otras siete personas en relación con el asesinato de estudiantes en las manifestaciones de Tlatelolco, Ciudad de México, de 1968. Al concluir el año se aguardaba una decisión de la Suprema Corte al respecto de la apelación presentada por el fiscal especial contra esa decisión.

Violencia contra las mujeres

Las mujeres y las jóvenes, especialmente las de los sectores más pobres de la sociedad, siguieron sufriendo discriminación y violencia en el ámbito de la familia y de la comunidad. Las estadísticas oficiales mostraban que casi la mitad de todas las mujeres mayores de 15 años habían sido sometidas a alguna forma de violencia durante el año anterior. Los esfuerzos de las autoridades por prevenir y castigar estos delitos eran con frecuencia inadecuados, pese a la creciente sensibilización pública con respecto a este problema. La Suprema Corte resolvió tipificar la violación conyugal como delito.

Continuaron los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, con al menos 28 asesinatos. Aunque las autoridades del estado parecían estar más comprometidas a abordar estos delitos, a los funcionarios responsables de las deficiencias de las primeras investigaciones no se les pidió cuentas por ellas, y se avanzó poco con respecto a llevar ante la justicia a los responsables de desapariciones y asesinatos cometidos en el pasado, tanto en Ciudad Juárez como en la ciudad de Chihuahua. La oficina de la fiscal especial federal para Ciudad Juárez no garantizó la rendición de cuentas, y el cargo permanecía vacante al terminar el año. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicaron sendos informes con fuertes críticas a las actuaciones federales y estatales para procurar justicia a las mujeres de Ciudad Juárez.

Las niñas Airis Estrella Enríquez Pando, de 7 años, y Anahí Orozco Lorenzo, de 10, fueron brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez en mayo. Se detuvo a distintas personas por ambos crímenes, y al concluir el año estaban siendo juzgadas.

En junio, la familia de Minerva Torres identificó formalmente su cadáver, que había sido conservado por las autoridades durante dos años pese a la existencia de pruebas claras sobre su identidad. Minerva Torres tenía 18 años cuando la raptaron en la ciudad de Chihuahua en 2003. La familia presentó cargos contra las autoridades del estado por ocultar un cadáver en forma ilícita.

Seguridad pública

El alto grado de violencia vinculada a los delitos relacionados con las drogas y los secuestros mantuvo el tema de la seguridad pública en uno de los primeros planos de la agenda política. El gobierno aumentó la presencia militar en las operaciones policiales en varios estados, como parte de la iniciativa «México Seguro», que dio lugar a más de 5.000 detenciones.

Según informes, en mayo tres hombres jóvenes y un agente de la policía federal fueron víctimas de homicidio ilegal en Reynosa, estado de Tamaulipas, a manos de miembros de la Policía Federal Preventiva, fuerza policial integrada principalmente por personal militar. La policía, según se informó, había disparado contra los vehículos de las víctimas sin que mediaran provocación o advertencia. A las familias se les negó información sobre la investigación oficial, que se demoró reiteradamente.

Sistema judicial injusto y discriminación

Varios factores contribuyeron a socavar el derecho a un juicio justo, incluidos el hecho de que no se garantizara el acceso inmediato a asistencia letrada y la falta de supervisión efectiva de las fiscalías y de la policía judicial. En mayo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, creado poco antes, publicó un estudio nacional que ilustraba el panorama de discriminación al que hacían frente los grupos socialmente desfavorecidos.

En septiembre, Felipe Arreaga, defensor de los derechos humanos y preso de conciencia conocido por su activismo en la esfera del medio ambiente, fue absuelto de cargos de asesinato después de que la defensa demostró que eran falsos y se habían presentado como represalia por su activismo.

A Nicolasa Ramos la excarcelaron en Baja California, como resultado de una apelación, por falta de pruebas. Había cumplido casi tres años de prisión por cargos, que fueron aparentemente fabricados, de robo de agua a las autoridades locales en favor de la comunidad de Maclovio Rojas, Tijuana, asentada desde hacía mucho tiempo en unos terrenos que había ocupado.

En junio asesinaron al defensor de los derechos humanos y activista gay Octavio Acuña en Querétaro. Su compañero y él habían presentado una denuncia por discriminación contra unos agentes de policía locales en 2004 y se habían quejado de hostigamiento homofóbico antes del asesinato. Pese a estas circunstancias, los investigadores oficiales, según informes, hicieron caso omiso de las pruebas que señalaban que el asesinato había sido motivado por la homofobia.

Detención arbitraria, tortura y malos tratos

Siguieron recibiéndose frecuentes denuncias de detención arbitraria y tortura. Las autoridades no investigaron muchas de ellas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que ponía de manifiesto la práctica generalizada de la tortura en todo el país.

En junio, según se informó, a Teodoro Pérez Pérez, indígena tzotzil de Yabteclúm, lo torturaron miembros de la policía del estado de Chiapas. Según informes, los agentes lo golpearon, le arrojaron agua caliente en el pecho, lo obligaron a desvestirse y lo amenazaron con violarlo. A la mañana siguiente lo dejaron en libertad sin cargos. Según informes, lo amenazaron después de que presentó una queja.

Se condenó al menos a 12 personas por haber participado en manifestaciones violentas en Guadalajara, estado de Jalisco, en mayo de 2004. A muchas de ellas, según se informó, las condenaron sobre la base de confesiones obtenidas mediante tortura. Las autoridades del estado se negaron a investigar denuncias fundamentadas de tortura e informes de irregularidades en la presentación de pruebas por parte de la fiscalía y en la conducta policial.

En junio, según informes, se hizo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Cancún; hubo 34 detenidos y varios heridos. Las autoridades no investigaron las denuncias de malos tratos y tortura.

Periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos

Al menos cuatro periodistas fueron asesinados, al parecer en represalia por su denuncia de la corrupción y del crimen organizado. A muchos otros los hostigaron, amenazaron y agredieron. El gobierno prometió nombrar un fiscal especial para investigar estos casos. También sufrieron intimidación, amenazas y hostigamiento judicial los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban con comunidades locales.

Obtilia Eugenio Manuel, defensora de los derechos humanos de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, recibió amenazas de muerte contra ella y su familia. Obtilia había puesto de manifiesto los abusos cometidos por los militares en la región, incluida, según se informó, la violación de dos mujeres indígenas en 2002. Las autoridades federales proporcionaron cierta protección, pero las del estado, según informes, no llevaron a cabo una investigación efectiva.

En diciembre, se detuvo a Lydia Cacho, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. La llevaron a la ciudad de Puebla, donde estuvo detenida durante 30 horas, por cargos de difamación. Quedó en libertad bajo fianza, y seguía en espera de juicio al finalizar el año.

Estados del Sur

Chiapas

En abril, la policía hizo uso de fuerza excesiva para disolver una manifestación en la localidad de Tila. Detuvieron a 49 personas, a muchas de ellas, según los informes, de forma arbitraria, y las recluyeron en régimen de incomunicación durante varios días.

En junio, según informes, las amenazas del grupo paramilitar Paz y Justicia obligaron a varias familias a abandonar sus viviendas en la municipalidad de Sabanilla.

En octubre, el huracán Stan dejó a muchas comunidades rurales de pocos recursos en estado de extrema necesidad, pero, según informes, la respuesta de las autoridades fue inadecuada. Invocando una nueva legislación estatal que restringía la libertad de prensa, detuvieron e interrogaron al director de un periódico local que había denunciado corrupción en la respuesta oficial al desastre natural.

En julio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, grupo armado de oposición, anunció sus planes de iniciar un activismo político de alternativa.

Oaxaca

Se produjo una crisis del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos. En un aparente intento de impedir la oposición, el nuevo gobierno del estado hizo cumplir varias órdenes de detención cuestionables que databan de tiempo atrás, organizó procesamientos por motivos políticos y socavó la libertad de expresión.

A Agustín Sosa, activista político de base, lo pusieron en prisión preventiva, acusado de asesinato. Pese a que interpuso recursos federales de apelación y los ganó por falta de pruebas en su contra, los fiscales locales presentaron nuevos cargos infundados. La preocupación nacional e internacional por el agravamiento de la situación de los derechos humanos en el estado dio lugar a su puesta en libertad y a la de la mayoría de los activistas detenidos.

Los trabajadores del periódico opositor Noticias fueron acosados y amenazados durante el año, en especial por los miembros de un sindicato vinculado al partido de gobierno local. Las autoridades estatales no tomaron medidas para investigar o castigar las amenazas contra los trabajadores y los ataques contra la sede del periódico. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a favor del director y el personal de Noticias.

Guerrero

Se hostigó y atacó a activistas del medio ambiente.

Según informes, en junio, unos hombres armados trataron de dar muerte al activista medioambiental Albertano Peñalosa en Petatlán. Dos de sus hijos murieron y otras dos personas resultaron heridas en la emboscada, aparentemente preparada como represalia por los esfuerzos de Peñalosa por salvar los bosques de la localidad.

En septiembre, después de dos años de campañas de las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos, se adoptó una legislación que tipificaba como delito la desaparición forzada.

Los medios utilizados por las autoridades para conseguir la aprobación de la propuesta de construcción de la represa hidroeléctrica de La Parota siguieron causando divisiones y violencia comunal.

Derechos económicos, sociales y culturales

La negación del derecho a acceder a servicios básicos siguió siendo una preocupación fundamental de muchos sectores desfavorecidos de la sociedad, en especial de las comunidades indígenas. Los programas del gobierno para aliviar la pobreza y la marginación siguieron teniendo un efecto limitado.

En Chiapas y Guerrero, dos de los estados con mayor población indígena, no había profesionales de la salud en cantidad suficiente como para satisfacer las necesidades mínimas de la población.

El acceso al agua potable era una preocupación creciente que, según informes, motivó 413 conflictos comunitarios en todo el país.

Visitas de Amnistía Internacional

En agosto, la secretaria general de Amnistía Internacional visitó México y se entrevistó con altos cargos del gobierno. Una delegación de Amnistía Internacional también visitó el país en marzo.