En seguimiento a la documentación y a las denuncias públicas relacionadas con los acontecimientos de los días 03 y 04 de mayo pasados en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en particular con las agresiones sexuales que sufrieron al menos 23 mujeres arbitrariamente detenidas, hacemos de su conocimiento que este Centro de Derechos Humanos interpuso el día de ayer, con la anuencia de las propias afectadas, una formal denuncia ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos violentos cometidos contra la Mujer, instancia dependiente de la Procuraduría General de la República, a fin de que dicha dependencia pueda brindar atención médica y psicológica de forma adecuada a las víctimas, y al mismo tiempo pueda representar los intereses de las afectadas con apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, con respeto a los derechos humanos, ejerciendo su facultad de atracción.

18 de mayo del 2006

BOLETIN DE PRENSA

En seguimiento a la documentación y a las denuncias públicas relacionadas con los acontecimientos de los días 03 y 04 de mayo pasados en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en particular con las agresiones sexuales que sufrieron al menos 23 mujeres arbitrariamente detenidas, este Centro de Derechos Humanos manifiesta:

1. Que las declaraciones realizadas por Wilfrido Robledo, Miguel Angel Yunes y Enrique Peña Nieto manifiestan su incapacidad para abordar la temática de violencia contra la mujer y las implicaciones que ésta conlleva; proyectan una falta de reconocimiento a la arbitraria actuación de los elementos policiacos a pesar del cúmulo de pruebas que se han hecho públicas; y lo más grave aún, dejan ver la complicidad de las autoridades involucradas para solapar la indignante actuación de las instancias policiacas, estatales y federales, que participaron en los operativos implementados.

1. Que dichas declaraciones no garantizan condiciones básicas para una debida investigación penal: imparcialidad y autonomía. En virtud de lo anterior, y con la anuencia de las propias afectadas, este Centro de Derechos Humanos interpuso el día de ayer una formal denuncia ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos violentos cometidos contra la Mujer, instancia dependiente de la Procuraduría General de la República, a fin de que dicha dependencia pueda brindar atención médica y psicológica de forma adecuada a las víctimas, y al mismo tiempo pueda representar los intereses de las afectadas con apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, con respeto a los derechos humanos, ejerciendo su facultad de atracción.

1. Que a pesar de que la investigación de las violaciones a derechos humanos fue aparentemente iniciada en el ámbito estatal; este Centro considera indispensable la intervención de la Fiscal Especial, no sólo para contrarrestar las deficiencias en la indagatoria que puedan existir en el fuero común, sino por la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva en el operativo del 4 de mayo y en cumplimiento a su propio Acuerdo de creación[1] que a la letra dice:

Artículo cuarto: Para el ejercicio de sus funciones, la (...) Fiscal Especial (...) tendrá, en el ámbito de su competencia, las siguientes facultades:(...)

II. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables (...)

VII.. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia (...)

1. Que según el Relator Especial contra la Tortura, “la violación u otras formas de agresión sexual contra las mujeres detenidas es una violación especialmente ignominiosa de la dignidad intrínseca y del derecho a la integridad física del ser humano, y en consecuencia, constituye un acto de tortura”[2]. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la situación de derechos humanos de las mujeres en México, y señalado que “el abuso y violación sexual de mujeres en custodia estatal, policial o del ejército, es una forma de tortura, puesto que representa una brutal expresión de discriminación para ellas como mujeres.... las violaciones sexuales constituyen no solo un tratamiento inhumano que atenta contra la integridad física, psíquica y moral, bajo el articulo 5 de la Convención [Americana], sino además una forma de tortura según el articulo 5 (2) del citado instrumento.[3]”

1. Exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de tratados internacionales de derechos humanos, que con la firma y ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se comprometió a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instrucciones se comporten de conformidad con esta obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios par asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado (...).

6. Demandamos que las mujeres afectadas por el operativo policiaco implementado por elementos federales y estatales, no sean doblemente violentadas al tener que enfrentar un proceso de denegación de justicia, ya que esto significaría la prolongación de su sufrimiento como víctimas de violaciones derechos humanos y la apuesta de las autoridades involucradas al desgaste y al olvido de los hechos, como ha pasado en otros casos similares.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.