Del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez"

Estimados suscriptores y suscriptoras

Les reenviamos el boletín de prensa de la Red TDT, difundido el día de hoy con relación al derecho a defender los derechos humanos y la descalificación por parte de las autoridades de los diversos esfuerzos.

Luego de los hechos sucedidos en Atenco, diversas organizaciones de derechos humanos se dieron a la tarea de recoger testimonios y reunir evidencias para reconstruir lo que había pasado y documentar cuál había sido la actuación de las policías. Destaca entre estas evidencias el testimonio de tres policías presentada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como el testimonio de algunas de las mujeres detenidas víctimas agresiones sexuales y violación.

Frente a estas informaciones difundidas por organismos de derechos humanos, distintos funcionarios, tanto federales como estatales, han descalificado y cuestionado la legitimidad del trabajo de defensa de derechos humanos.

Les agradecemos la difusión ante las acusaciones de las autoridades al Centro Prodh.

Gracias por su apoyo y solidaridad

LOS REPRESORES DE ATENCO NO INVESTIGAN Y DESCALIFICAN A QUIENS DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS

Boletín 9/2006
18 de mayo de 2006

Luego de los hechos sucedidos en Atenco, diversas organizaciones de derechos humanos se dieron a la tarea de recoger testimonios y reunir evidencias para reconstruir lo que había pasado y documentar cuál había sido la actuación de las policías. Destaca entre estas evidencias el testimonio de tres policías presentada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como el testimonio de algunas de las mujeres detenidas víctimas agresiones sexuales y violación.

Frente a estas informaciones difundidas por organismos de derechos humanos, distintos funcionarios, tanto federales como estatales, han descalificado y cuestionado la legitimidad del trabajo de defensa de derechos humanos.

Al respecto la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” integrada por 55 organizaciones manifiesta lo siguiente:

En días pasados el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SSPF, Miguel Ángel Yunes, realizó declaraciones buscando descalificar el trabajo del Centro Prodh bajo una supuesta vinculación con “grupos violentos” y señalando que es “una trampa” el presentar los testimonios de policías “anónimos”, acusando que con eso se pretende frenar o inhibir la acción de la policía.

Declaraciones muy similares expresó el Comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México, Wilfrido Robledo, al decir que los testimonios anónimos son una “farsa” o una “trampa”.

Ambos funcionarios pretenden ignorar que las organizaciones civiles de derechos humanos tienen el derecho de recabar información sobre violaciones de derechos humanos y también de difundirla públicamente .

Cuando una organización civil de defensa de derechos humanos recibe un testimonio, su obligación es verificar la identidad de quién denuncia y la veracidad de los hechos, cosa que estamos seguros hizo el Centro Prodh, pero también debe asumir responsabilidad sobre la seguridad e integridad de las personas que denuncian en el caso de que éstas manifiesten temor de represalias a causa de sus denuncias, por lo que debe proteger la identidad de los mismos. Hasta la fecha no existen condiciones para que las autoridades de procuración de justicia del Estado de México realicen una investigación imparcial y en donde se garantice la seguridad e integridad de estos policías.

Asimismo, pretender descalificar la trayectoria del Centro Prodh, miembro esta Red, queriendo vincularlo con “grupos violentos” es absurdo, ya que su trabajo es público, conocido nacional e internacionalmente y siempre a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, tanto los dos funcionarios antes mencionados, como el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, han mantenido una permanente duda con respecto de los testimonios de mujeres víctimas de abusos y violaciones sexuales. El gobernador incluso se atrevió a cuestionar la veracidad de los testimonios al manifestar, en entrevista con Denise Maerker que, por ejemplo, las extrajeras expulsadas se dedicaban a actividades cuestionables.

Llama la atención la fuerte carga discriminatoria en contra de las mujeres que existe en estos y otros funcionarios pues ninguna credibilidad se da a su testimonio, y se les exige que presenten su denuncia cuando las circunstancias son totalmente adversas para hacerlo ante la inexistencia de un recurso efectivo. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “para que tal recurso exista (el recurso efectivo), no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios”.

De acuerdo con los Principios sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones de Naciones Unidas , las autoridades del Estado de México tienen la obligación de “Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra ingerencias ilegítimas según proceda y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas.” Es obvio que esto nunca sucedió en el caso Atenco dadas las irregulares condiciones de reclusión en las que se sabe que estuvieron y están las víctimas y la negativa de las autoridades para que organizaciones civiles de derechos humanos pudieran entrar al Penal a entrevistarse con ellas.

Al respecto las autoridades del Estado de México han querido imponer a las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos la obligación de obtener y aportar pruebas, olvidando que en estos casos, las violaciones y abusos sexuales por parte de agentes del estado son considerados como actos de tortura por el derecho internacional de los derechos humanos y por tanto deben investigarse de oficio una vez que se conoce una denuncia pública .

Sólo hasta el día de ayer las autoridades aceptaron iniciar investigación para deslindar la responsabilidad de los policías en las violaciones a los derechos humanos cometidas. La dilación y resistencia que hemos visto en las autoridades mexiquenses pone en duda la verdadera voluntad de las mismas para hacer justicia y hace necesario subrayar lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la responsabilidad de investigar que tiene el Estado “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.” Recordemos además que se cometieron delitos y violaciones graves a los derechos humanos por parte de la policía y no sólo faltas administrativas, por lo que debe haber sanciones penales acordes para los involucrados.

Por tanto, como Red “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS”:

 Reivindicamos el derecho que tiene toda persona y organización de conocer, recabar, recibir, poseer, difundir y publicar información sobre violaciones de derechos humanos.
 Recordamos que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones adecuadas para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. La obligación comprende abstenerse de atacar el trabajo de los organismos civiles.
 Insistimos que a las víctimas de violaciones de derechos humanos les corresponde el derecho de contar con un recurso efectivo para denunciarlas y al Estado el deber de investigar y sancionar a los responsables de forma efectiva y no cosmética.
 Exigimos a las autoridades tanto estatales como federales, seguridad para el trabajo de los defensoras y defensores de derechos humanos y la investigación eficaz y sanción de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del operativo de San Salvador Atenco.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
“TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS”

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (ACAT); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A. C.; Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT-Puebla) Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHAC); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.; Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, A. C.; Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (CDHFBC); Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C.; Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C.; Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C.; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C.; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.; Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C.; Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C.; Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C.; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC); Colectivo Educación para la Paz. (CEPAZ); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz"; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHM); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida"; Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C.; Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C.; Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C.; Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos Ajusco; Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C.; Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, A. C.; Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC.; Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (CODHOMHAC); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo, A. C.; Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C.; Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos; Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC); Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (PIDH-ITESO) Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla; Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-León; Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario; Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.; Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH).