Brecha, Montevideo 5 de mayo de 2006:

Violencia doméstica
Un lugar en el reino del señor

La violencia doméstica es abrumadora en Uruguay. Pese a ello las medidas instrumentadas para combatirla siguen siendo aún muy poco eficaces. Pesan mucho, afirman, aspectos culturales que poco o nada acompañan los cambios jurídicos introducidos.

Mariana Contreras

Un año atrás Raúl Antúnez, director de la Defensoría de Oficio de Familia, obligó a descolgar un afiche que hacía un año estaba en la pared de esa oficina: "Sin las mujeres los derechos no son humanos", decía el póster que forma parte de una campaña internacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Al día siguiente Antúnez emitió una orden de servicio en la que prohibió "la colocación de avisos o pósters en alusión a derechos de determinados grupos de personas, con excepción de aquellos relativos a derechos de la infancia y adolescencia y en forma general. Todos los avisos o pósters que estuvieren en contravención a lo estipulado deberán ser retirados". Por este motivo fueron descolgados afiches que dan a la violencia doméstica un enfoque de género, informando que las víctimas son en su mayoría mujeres, y en donde se aportan teléfonos y direcciones a las que recurrir o que explican que violencia doméstica no es sólo cuando te pegan. Para Antúnez el servicio debe brindar la imagen de "imparcialidad y objetividad que realmente posee, referente a que toda persona será atendida de igual manera cualquiera sea su condición en lo referente al sexo, raza, religión o condición social o contextura física". Algunos de los pósters que hacen "alusión a derechos de género" pueden "inducir a cierto público a pensar que por su condición en lo relativo a lo anteriormente mencionado será atendido con menoscabo de sus derechos", así se explicó en la orden escrita a la que BRECHA tuvo acceso.

El hecho fue denunciado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Defensores de Oficio y el CLADEM (que además se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento). La SCJ inició hace un año una investigación que acaba de concluir y en la que resolvió apoyar lo actuado por el director. La orden de servicio, por lo tanto, seguirá vigente.

La resolución de la SCJ aún no fue redactada porque el responsable de hacerlo está de licencia, pero de todas formas Raúl Oxandabarat, encargado de prensa, confirmó a BRECHA que la misma apoya a Antúnez, ya que en su calidad de jerarca éste puede exigir el retiro de los afiches y si los subalternos no están de acuerdo, podrían haber recusado la acción, algo que no sucedió. ¿Tiene el jerarca potestad para tomar una decisión que parece contravenir los acuerdos internacionales firmados en la materia? Tal vez cuando la resolución sea escrita se despeje la duda sobre si los integrantes de la SCJ también piensan que poner carteles que dicen que las mujeres mueren por violencia ejercida por sus parejas o ex parejas es discriminatorio con los hombres o es un dato de la realidad que debe comenzar por difundirse para poder ser superado. El panorama no parece ser muy promisorio: fuentes consultadas por BRECHA señalaron que la resolución podría incluir algunos traslados de funcionarios con los que el director ha tenido discrepancias por este tema.

ROMPIENDO CÓDIGOS. "¿Qué es eso de Belem do Pará con lo que insisten tanto?", contó una abogada haber escuchado durante un curso de capacitación en violencia doméstica. La convención mencionada fue firmada en 1996 por Uruguay y trata específicamente de la necesidad de prevenir, atender y erradicar este mal. La pregunta fue hecha por alguien que debería tenerla como libro de cabecera: un juez en violencia doméstica. Es que si bien ha habido avances (se promulgó una ley, se creó un plan nacional contra la violencia doméstica, ahora hay juzgados especializados en la materia, el tema cobró mayor visibilidad y ya no es tan fácil evitarlo aduciendo que se trata "de la vida privada"), para construir una política pública hacen falta más cosas: fondos y compromiso con el tema por parte de quienes tienen cargos de decisión.

La traba fundamental para avanzar, dentro del Estado uruguayo, sigue siendo la concepción cultural de quienes están en los ámbitos de decisión y ejecución, y la escasez de recursos destinados a capacitación. La senadora Margarita Percovich (FA-VA) dijo a BRECHA que los avances han sido desparejos a lo largo de estos años. Recién ahora se comienza a capacitar a los trabajadores de la salud, el sistema educativo "siempre es resistente a incorporar capacitación, tanto en lo que tiene que ver con este tema como en derechos humanos o sexualidad. En la Universidad ha costado mucho" y el Poder Judicial (PJ) "es el más endógeno de todos. Cuenta con un centro de capacitación propio del que no logramos un compromiso para trabajar este tema. Con la Fiscalía tuvimos suerte dispar: mientras estuvo Peri Valdez se hicieron cosas, pero desde que se fue no se ha hecho nada sobre el tema". Para Ayrel Pacheco y Álvaro Capano, coordinadores de Somos, una institución que trabaja con niños maltratados, también hubo avances, "pequeños logros que vamos construyendo, pero no tenemos claro dónde estamos parados con este gobierno y hacia dónde vamos". Ponen el ejemplo del consejo consultivo creado en el marco del Plan de Violencia Doméstica: "Se pide específicamente que esté integrado por las máximas autoridades, pero por lo general son mandos medios, con raras excepciones. Lo preside Carmen Beramendi, ella es una jerarca. Pero del msp, Interior y el inau no asisten las máximas autoridades, personas con poder de decisión".

La ausencia de los afiches no es el principal problema que enfrentan los usuarios de este servicio público. Para entender el nivel de absurdo que implica esta prohibición en un país donde la cifra de mujeres víctimas de violencia abruma (véase recuadro), y la "lentitud cultural", no hay más que ver el movimiento cotidiano en las sedes de Familia, en el juzgado de violencia doméstica.

SE ATIENDE PÚBLICO. El Estado debe tratar por igual a todos los ciudadanos pero también debe bregar por el cuidado de los más desfavorecidos, opina Mabel Simois, coordinadora de CLADEM Uruguay. En las sedes de la Defensoría de Familia y en el juzgado de violencia doméstica, sin embargo, no siempre se lo entiende así.

Son las 11 de la mañana y ya hay cola en la sede de la calle Soriano, aunque la oficina recién abre a las 13. Cuando sea el momento pasarán a una pequeña sala donde, apiñados, esperarán su turno. También hay una sede en la calle San José y otra más en Rondeau, esta última para los casos de violencia doméstica.

A estas oficinas recurren las personas que no pueden pagar un abogado y necesitan hacer trámites de divorcio, tenencias, pensiones, violencia, rectificaciones de partida y todo lo relacionado con el tema familia.

A pesar de las largas horas que permanecen en la sede, no hay baño para el público y está prohibido que ingresen al de funcionarios, si quieren pueden usar el de la Cinemateca. En medio del loquero, del griterío de los chiquilines, de los malos humores, una mujer llora, y cuando la funcionaria pregunta por qué, esperando alguna historia trágica, la respuesta es sencilla: "Hace horas que me estoy orinando y tenía miedo de salir y perder el turno". Otra mujer también llora, le pidieron que sacara una fotocopia para seguir el trámite. Ella no sabía y, apretada en el puño, apenas tiene la plata justa para el boleto de vuelta. Seguro que no lloran por un baño ni por dos pesos sino por la angustia de pensar en que después de tantas horas el trámite que resuelva el verdadero motivo de su angustia se pueda ver trunco. A eso hay que sumarle todo el contexto, allí llega un público en extremo vulnerable: algunos van caminando porque no tienen plata para el ómnibus, unas pocas llegan después de una noche en que el esposo, que tenía prohibido acercarse, le pateó la puerta y entró a la casa, y otras vienen tratando de que el ex marido, que aceptó cobrar en negro para no pasar pensión alimentaria, pague de una vez, aunque eso implica faltar al trabajo y perder el jornal. Cuando el temor a la "bacteria asesina" tuvo su pico más alto muchos defensores de oficio exigieron guantes de látex para atender al público. Los guantes fueron proporcionados y durante un tiempo varios abogados atendieron a las personas con los guantes puestos.

¿Son todos estos datos apenas la periferia del asunto? No parece. Más bien hablan de la base del patrón cultural que se resiste a cambiar. Y sirven como base para entender aspectos más delicados todavía.

En los juzgados especializados en violencia doméstica la situación no parece ser mejor. Simois relató casos en que el juez suple la audiencia donde se toman medidas cautelares con una llamada de teléfono. Una abogada relató a BRECHA el momento en que presenció cómo una jueza realizó la audiencia evaluatoria (en la que se analiza si las medidas cautelares sirvieron o no) en un pasillo, sin abogados y sin que la víctima, sentada en un banco, tuviera noción de lo que pasaba. "Bueno, retírese que usted ya tuvo la audiencia", le dijo luego la policía a la mujer, que intentaba averiguar cuándo habría sido eso.

Cada uno de estos hechos, contados por diferentes personas, con diferente vínculo con el PJ, son secretos a voces en la institución. Que las herramientas que brinda la ley de violencia doméstica no son utilizadas, o que los traslados de casos de la órbita penal a familia o viceversa se dan sin mucho criterio (lo que implica demoras cuando la denunciante corre peligro), son algunas de las denuncias que se repiten entre las fuentes consultadas por BRECHA.

"Se debe capacitar de manera de ir cambiando el patrón cultural", se dice una y otra vez. Pero "si es prioridad debe haber fondos y no los hay salvo excepciones", dice Andrea Tuana, de la Red de Violencia Doméstica. Cuando la ley fue aprobada se logró una partida especial en la rendición de cuentas, pero en este presupuesto el tema otra vez fue invisible. Hasta ahora la mayoría de los recursos han llegado a través de la cooperación internacional. El Ministerio del Interior realizó una capacitación durante dos años gracias al financiamiento internacional proveniente del programa de seguridad ciudadana, pero cuando el fondo se terminó, el Estado no se hizo cargo. Este año a su vez comenzará una capacitación para el PJ con fondos del Banco Mundial, indicó Tuana, y algo similar se planea en Salud Pública. Las Comuna Mujer de la Intendencia fueron financiadas durante años por el BID y luego esta institución se hizo cargo presupuestalmente del proyecto.

Por ahora los carteles siguen prohibidos, y la resolución de la SCJ respaldando lo actuado por Antúnez parece indicar que quienes promueven que el tema de la violencia doméstica sea abordado con fuerza desde el Estado tienen mucha razón: los tiempos jurídicos y los culturales difícilmente se dan la mano. Golpeador
Prestigio intachable, carrera exitosa, Piero Solari fue nombrado meses atrás director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, dependiente de la OEA, con sede aquí en Montevideo. La institución es la encargada de velar por que se cumplan los derechos de los menores en el continente americano.

En marzo pasado su esposa llegó a la Comisaría de la Mujer para radicar una denuncia por violencia doméstica. Llegó con moretones, mordidas y señales de haber sufrido estrangulamiento, así lo señaló la revista Rumbosur semanas atrás. Sobre este caso actuaron los juzgados de familia especializada (que atiende violencia doméstica) y penal.

El primero habilitó las medidas de protección: se prohibió a Solari acercarse a su esposa, se retiraron las pertenencias de la casa y se labró un inventario. En la sede penal –lugar a donde ingresan las denuncias cuando se considera que puede constituirse delito de violencia doméstica o lesiones– se dio curso a la investigación. La defensa de la mujer presentó pruebas, no ya de que existió la agresión sino de que la violencia se ha reiterado en varias oportunidades (hecho que convierte la violencia en delito).

Pero mientras la investigación sigue su rumbo, Solari continúa en su cargo, aunque según informó la senadora Margarita Percovich (FA-VA) la bancada femenina ya puso al tanto a las embajadoras acreditadas en Uruguay y a la cancillería. Se aspira a que desde este ámbito se dé cuenta a la OEA y se pida que Solari sea alejado de su cargo.

Compromiso ejemplar

La mujer realizó una denuncia de violencia doméstica y el juez en lo penal prohibió al hombre acercársele. Tiempo después el hombre la amenazó y se llevó a los hijos de ambos. La mujer concurrió a la justicia especializada y allí le dijeron que lo suyo se trata de una tenencia y la derivaron a la defensoría de familia.

El abogado que la recibió comentó a Antúnez la gravedad de este error, ya que la sede adecuada para atenderla era la anterior y la derivación equivocada no haría más que demorar el proceso de restitución de los menores. El abogado, además, propuso ingresar el caso a través de la sede de violencia doméstica y, "si hubiera un fallo judicial adverso apelar, por la gravedad que tal omisión implicaba al apartar por un tiempo prolongado a la madre de sus hijos". Antúnez, director de ambas sedes en cuestión, se opuso y tampoco aceptó "promoverlo personalmente, pues entiende que podría verse perjudicado".

Finalmente gracias a las gestiones de otra profesional de la sede, la mujer en cuestión fue derivada a una ong que atiende casos de violencia doméstica. Así consta en la denuncia que la Asociación de Magistrados elevó a la SCJ.

Ese mismo día Antúnez preguntó por qué esta profesional había colgado "ayer" el afiche (cuando hacía casi un año que estaba) que dispararía todo el conflicto, "alegando que era discriminatorio del derecho de los hombres", y al día siguiente redactó la orden de servicio prohibiéndolos. Pocos días más tarde Antúnez anunció el traslado de la funcionaria a otra sede de la defensoría, traslado que hasta ahora no se ha concretado.

Antúnez también es un duro cuestionador del proyecto de ley de deudores alimentarios.

Un estudio de la Universidad muestra un 60 por ciento de incumplimiento. Trabajar en negro, decir que se hacen changas "a veces" y hasta no trabajar son algunas de las formas que se encuentran para pagar menos o evadir la responsabilidad. El proyecto es una forma de revertir esta situación, pero para el ojo de Antúnez esa cifra no supera el 15 por ciento y por lo general no es por no querer sino por no poder. Así lo señaló en una nota publicada en Caras y Caretas (7-IV-06).

Para la senadora Margarita Percovich (FA-VA), la resolución de la Corte avalando lo actuado por Antúnez "es toda una señal". "Es insólito que siga estando allí alguien que no comprende que si hay diferencias de poder entre partes, el Estado debe defender a los más vulnerables". BRECHA intentó conversar con el director, pero Antúnez dijo no querer "tropezar dos veces con la misma piedra" y que todo lo que tuviera que decir sería dicho ante sus superiores.