SEMINARIO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS, ÉTICA Y RESPONSABILIDADES HUMANAS

Ponencia de Laura Moya

Casa de la Memoria José Domingo Cañas

Las Casas de Memoria: una forma de Verdad y Justicia.

La Historia de la Impunidad en Chile frente a los crímenes contra la humanidad, cometidos durante la dictadura militar entre 1973-1990, nos llena de tanto dolor y aflicción que bien merecemos un momento de diversión. Es por esto que voy a empezar leyendo un juego que bajé de Internet; en él, a través de un discurso presidencial se ironiza la situación actual de los DD.HH en Chile.

El presidente en uno de los múltiples párrafos de un discurso ingeniosamente inventado se dirige a los Chilenos Todos:

“Gracias Chile, por permitirnos poner fin a la Transición; por callar, y aceptar las leyes de punto final, y de secreto y encubrimiento por cincuenta años de los nombres de los genocidas y de los torturadores. (no sea cosa que se vayan a ofender nuestros gloriosos uniformados).

Prometemos seguir con la parodia de juicio al Innombrable Vitalicio. Quizás lo juzguemos un poquito –en la medida de lo posible- por no pagar impuestos y por lavar dinero sucio, pero nunca por sus crímenes contra la humanidad.

Prometemos olvidarlo todo, callar los crímenes (que no fueron crímenes, sino acciones derivadas del contexto de la Guerra Fría, no lo olvidemos) y hacer un solemne borrón y cuenta nueva en el “problema” de los Derechos Humanos. No sea cosa que destapando la olla se vincule el Pronunciamiento del Once de septiembre (porque ya no se dice Golpe de Estado) con el narcotráfico, el tráfico de armas y los chanchullos de las privatizaciones.

Gracias Chile por seguir felices sin libertad de prensa, por conformarse con las teleseries Rojo, Brujas y Gitanas y seguir atentos a Morande y CIA. Prometemos mantener la incultura, municipalizar la educación y seguir guardando los camiones de la basura en el Internado Nacional Barros Arana, aunque haya sitio disponible para esos menesteres en la Escuela Militar.

Después de este momento de relajo enfrentemos algunos datos objetivos de esta historia de la Impunidad durante la transición a la democracia entre los años 1990 y 2005.

El primer gobierno de la transición a la democracia que presidió Patricio Aylwin entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994 estuvo marcado por la permanente presión que ejerció sobre él el ejército, presión que tuvo dos momentos más críticos: el llamado “Ejercicio de Enlace” de diciembre de 1990 y el “Boinazo” en abril de 1993. el balance de este gobierno en el ámbito de los derechos humanos y en especial de la Impunidad es desalentador: concluyó sin que hubiese un solo autor intelectual o material, de los crímenes de la dictadura, judicialmente condenado o encarcelado. Los tribunales siguieron aplicando el Decreto Ley de Amnistía para cerrar los casos, o bien los traspasaban a la justicia militar.

Sin embargo, hubo un avance en el tema de la verdad sobre violaciones a DD.HH constituido por la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que emitió el llamado Informe Rettig, el 4 de marzo de 1991. A través de un serio estudio que incluyó sólo de los casos de detenidos Desaparecidos y Ejecutados políticos, el informe consignó 2025 víctimas de las cuales 1068 eran muertos y 957 eran detenidos desaparecidos. Cifras que ascendieron a 2005 y 2080 como resultado del trabajo que siguió haciendo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación hasta 1996. Este informe significó un avance en el reconocimiento oficial de las graves violaciones a los DD.HH durante la dictadura, pero no se avanzó en Justicia ni en reparación más global. No se anuló la Ley de Amnistía como se había prometido en el programa de la Concertación.

Durante el gobierno de Eduardo Frei, entre el 11 de marzo de 1994 y el 11 de marzo de 2000 ocurren hechos que dejan en claro que el gobierno presionado por el pinochetismo y la derecha defenderá la impunidad, necesaria para mantener el modelo económico que implantó la dictadura para favorecer a los intereses de los grandes empresarios.

Frente a la detención de Manuel Contreras y Espinoza condenados a 7 y 6 años de presidio en Punta Peuco en octubre de 1995 por asesinato de Letelier, se desencadenan diversas propuestas para modificar la Ley de Amnistía, salvar de sanciones penales a los militares culpables de las muertes y desapariciones y solucionar definitivamente el problema de las violaciones a los derechos humanos.

Tanto la derecha como el gobierno y los organismos de DD.HH hacen propuestas sin lograr acuerdos. Se sobrepone a este problema la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, lo que exige de todos los actores políticos intensa actividad; los pinochetistas y el propio gobierno se oponen a su juicio fuera del país declarando que en Chile están las condiciones para juzgarlo, en tanto que los organismos de DD.HH desconfían de esta afirmación y presionan para que el juicio continúe en España.

Hasta el momento de la detención, el máximo responsable de las atrocidades cometidas a partir del Golpe de septiembre de 1973 había mantenido importantes cuotas de poder durante los primeros 8 años de los gobiernos de la democracia restringida y tutelada; había llegado hasta a ocupar el cargo de senador vitalicio, el que había asumido en marzo de 1998. Sorpresivamente el 16 de octubre de 1998 llega la justicia del extranjero. Pinochet es detenido en Londres bajo acusación de Genocidio, Terrorismo y Tortura en el juicio iniciado en su contra por el juez Baltasar Garzón en España. Antes de esta detención se habían presentado 11 querellas en su contra por diversos casos de desaparecimientos y muertes. Después de su detención las querellas en su contra fueron en aumento llegando a 123 en junio de 2000 y a 300 en el año 2003, sin ser condenado en ninguna de ellas. También en el año 2000 consigue su libertad en Inglaterra y vuelve a Chile el 3 de marzo.

A fines del gobierno de Frei se había constituido la Mesa de Diálogo a la que concurrieron representantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas; los primeros se comprometieron a hacer activas gestiones para evitar el juicio al ex dictador arrestado en Londres a cambio de que los uniformados entregaran información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. Algunos abogados de DD.HH también participaron esperanzados en avanzar en la verdad.

Al gobierno de Ricardo Lagos quien asumió el 11 de marzo de 2000 le corresponde informar del fracaso de la Mesa de Diálogo; el informe del destino de los cuerpos de Detenidos Desaparecidos que entregan los militares no resulta veraz. El llamado a la unidad nacional que comparte el propio presidente se desvanece. No le es posible llegar a un “punto final” en el tema de los DD.HH. Posteriormente se declaran Meas Culpas desde la derecha, la Iglesia y sobre todo desde el ejército. En el año 2003, el 14 de junio, Cheyre pronuncia su famosa frase “Nunca Más”, y asegura que “el ejército chileno está viviendo una gran transformación”.

Volviendo al esperado juicio a Pinochet en Chile, éste sólo puede iniciarse a partir de diciembre de 2000 cuando el Juez Guzmán lo procesa por delitos cometidos por la Caravana de la Muerte ( que actuó entre octubre y noviembre de 1973 con homicidio y desaparición de 78 personas). Previamente a este proceso debió ser desaforado lo que se logró en junio de 2000. También debieron vencerse múltiples maniobras dilatorias de la defensa. Por fin en los primeros días de enero de 2001, se realizan los exámenes médicos pedidos por el Juez Guzmán quien había logrado interrogar al dictador y ordenar su arresto domiciliario que duró dos meses. El juez no pudo lograr que se realizara su filiación. Finalmente el 1º de julio de 2002, después de largos alegatos en tribunales es sobreseído con el diagnóstico de Demencia de leve a moderada al que habían llegado los peritajes siquiátricos. Esto lo inhabilitaría para enfrentar un proceso penal en su contra, enterrándose así la posibilidad de enjuiciar al responsable máximo de los crímenes de la dictadura.

Posteriormente en el caso de Calle Conferencia se solicita de nuevo su desafuero el que es negado el 16 de noviembre de 2001. También se rechaza su desafuero en el caso Prat en abril del 2002. En los casos de las Operaciones Cóndor y Colombo la solicitud de desafuero espera el veredicto dela corte Suprema

El juicio a Pinochet es un caso emblemático de las dilataciones en los procesos de derechos humanos por parte de los tribunales de justicia chilenos en quienes el gobierno de Ricardo Lagos dice confiar.

La propuesta del Presidente Lagos para resolver el problema de DD.HH que llama “No Hay Mañana sin Ayer” y que entrega al país el 12 de agosto de 2003 tiene aspectos que significan algún avance en Verdad y Reparación. De ella deriva la conformación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura y el Informe Valech que fue entregado por el presidente al país el 28 de noviembre de 2004. En este informe aparecen 27.255 personas calificadas como víctimas de tortura y prisión política. El total de las personas que dieron testimonio asciende a 35.000. A las personas calificadas se les indemniza en forma “austera y simbólica”; “la indemnización simbólica es el perdón que Chile les pide por lo que en un momento se hizo con sus cuerpos”.

El Informe Valech si bien significó un avance en la verdad sobre las Victimas de Tortura, deja en la reserva los nombres de los victimarios, los que se podrán conocer en 50 años más, cuando se desclasifiquen la información total entregada en los testimonios de las víctimas.

Esta misma situación ocurre con las casas de torturas (clandestinas o no); en el Informe se menciona la existencia de cerca de 1.200 sitios que sirvieron a la dictadura para fines represivos, sin embargo, y con los testimonios que ejemplifican esta situación, es imposible hacerse una idea global de lo que significaban estos lugares.

Lo mismo ocurre con el universo que abarcó este informe. La parcialidad aquí estuvo dada por el pequeño universo que abarcó la investigación; se dejaron fuera del estudio una importante cantidad de víctimas de la represión quienes habían sido detenidos en protesta o reprimidos en allanamientos masivos, como es el caso de pobladores. Por lo mismo, los recintos adaptados para fines de prisión y tortura no fueron considerados por esta comisión.

Todos estos hechos provocaron en la sociedad un descontento con el resultado de la investigación. Se avanzó en una línea de la verdad, pero no en toda la verdad, aun quedan sitios que no han sido reconocidos como lugares de tortura y miles de chilenos no fueron considerados entre las víctimas. Si a esto sumamos la poca difusión del informe (sólo quienes fueron considerados entre los 27.255, obtuvieron un ejemplar del informe a diferencia de lo masivo que resultó el Informe Rettig), no ha sido posible que la sociedad chilena conozca los contenidos y verdades que en él se encierran.

La propuesta “No Hay Mañana sin Ayer” contempla también la futura creación del Instituto de Derechos Humanos y Libertades Públicas, cuya conformación aun no está precisada.

Sólo un hecho positivo ha marcado este último periodo, el 28 de enero de 2005, por primera vez no se aplicó la Ley de Amnistía (Decreto Ley Nº 2191 de 1978), en el caso de Miguel Ángel Sandoval, condenando el Juez Solis a prisión en el Penal Cordillera a la plana mayor de la Dina.

Por otra parte, varios hechos recientes indican la poca disposición del actual gobierno a avanzar en el tema de los Derechos Humanos. El 10 de agosto, el Senado ratificó la propuesta de Lagos para integrar a la Corte Suprema a Rubén Ballesteros, abogado de amplio prontuario de colaboración con la dictadura. El 16 de agosto se aprueban las Reformas Constitucionales que no contemplan la anulación de la Ley de Amnistía de 1978. El 18 de agosto el presidente Lagos conmutó la pena a Manuel Contreras Donaire, condenado por su participación en el crimen de Tucapel Jiménez.

¿Cómo se ha avanzado en la verdad durante este periodo?.

Evaluando los tres gobiernos que conforman la transición. Podemos argumentar que se ha avanzado de manera cautelosa y parcial tolerando que los poderes fácticos se mantengan en impunidad. Sólo la aplicación de una justicia ética fundamentada en toda la verdad posibilitará el término de este periodo de nuestra historia que llamamos transición a la democracia.

¿Qué papel tienen las Casas de Memoria en este proceso?

La responsabilidad que hemos elegido para llegar a esta justicia ética es el rescate de los centros de tortura y su conformación como Casas de Memoria. La existencia concreta de estos lugares de rescate de la memoria nos entregará la evidencia de la Verdad y nos llevará a avanzar en la Justicia ética.