SEMINARIO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS, ÉTICA Y RESPONSABILIDADES HUMANAS

Ponencia de Carlos D. PÉREZ

Coordinador General de REDH

Red Solidaria por los Derechos Humanos

Algunas consideraciones preliminares

Por dos motivos muy diferentes, uno meramente accidental y el otro ‘accidental’ sólo en apariencia, me he visto obligado a revisar y rehacer la estructura y el contenido de esta intervención.

El primero de ellos, el verdaderamente accidental e inesperado, consiste en un error imperdonable de previsión. Como defensor de Derechos Humanos, uno desarrolla una elevada (aunque relativamente eficaz) capacidad de prevención frente a sucesos conmocionantes que alteran la conducta humana, la raíz social, la historia de los pueblos. Nada más y nada menos. Hablamos de hechos generalmente brutales, que aún con ejemplos vivos en nuestra memoria colectiva, carecen de antecedentes, al menos en el modo o la intensidad con que se presentaron en el pasado. La ineficacia del alerta, viene de que aún siguiendo el desarrollo de los conflictos, en pleno ejercicio de la memoria, el impacto no se logra atenuar y la sorpresa no puede evitarse.

El primer accidente no tiene que ver con esto. Tiene que ver con una falla general en el disco de mi ordenador, y la tonta falta de prevención que ató a la primera versión de esta ponencia con esa pérdida. El alcance del problema es doméstico, y aquí estoy escribiendo nuevamente.

El segundo ‘incidente’, es el que ‘aparece’ como accidental, pero siguiendo el curso de los acontecimientos resultaba previsible. Este desencadenante sí forma parte de aquellos sucesos que impactan nuestra realidad, nos obligan a repensar nuestra ubicación en el nuevo escenario, nuestra capacidad de hacer, de reaccionar, nuestra responsabilidad para actuar en concordancia con nuestros principios, nuestros valores. El propio punto de vista ético.

En aquella primera versión (tal como en ésta), el objetivo de mi exposición estaba centrado en relacionar –desde la perspectiva de la Ética- el espíritu y consideraciones de la Carta de Responsabilidades Humanas y la Carta de a Tierra, haciendo foco en la problemática de los DDHH en Uruguay, país donde vivo desde hace algunos años. Pero como resultado de este segundo incidente, esta nueva versión, partiendo de los mismos objetivos resultará en gran medida distinta a la anterior.

Ayer, 8 de Agosto (no tenía por qué ser ayer, pero fue ayer), el gobierno progresista recibió un informe de manos de los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. El informe señala la ubicación de tumbas clandestinas, ocultas y negadas por espacio de tres décadas. Este Informe de las tres Fuerzas, fue corregido y redactado por el Secretario de la Presidencia, para que coincida con el informe de la Comisión para la Paz convocada por la administración anterior. La Comisión para la Paz reconoció la existencia sólo de 26 de los 163 detenidos desaparecidos uruguayos, concluyendo que en su mayoría (la mayoría de ese número limitado) habían muerto como consecuencia de excesos en la aplicación de torturas, y sus restos “tirados al mar”.

Conscientes de nuestra memoria colectiva, esto –en rasgos generales- no nos puede tomar por sorpresa, porque lo que ‘nos pasó’ ayer en Uruguay, ‘nos pasó’ hace un tiempo en Chile luego de la experiencia de la Mesa de Diálogo, y posteriormente con la aparición de ciertos listados entregados por el ex Jefe de la DINA en tiempos de la dictadura de Pinochet. Pero como cada aparición supera la experiencia anterior, en Chile nadie agradeció al Gral. (Re) Contreras por el excelente trabajo realizado en la confección de las listas, ni el gobierno resaltó el honor que representaba, en su compañía, dar este anuncio para “por fin cicatrizar esa herida”. Tampoco ‘pasaron en limpio’ su informe. En Uruguay sí. Y también es cierto que tampoco se trata de militares cumpliendo prisión, sino de militares de la más alta jerarquía cumpliendo funciones en este gobierno.

Esta aclaración sólo vale para el ejemplo elegido, porque el hecho de que Contreras esté preso no significa que en Chile se hayan superado las barreras de impunidad frente a los crímenes de la dictadura.

El paralelismo sí nos sirve para confirmar que una mala experiencia, una experiencia mal resuelta, ocurra donde ocurra, tiene impacto más allá de las fronteras de un país, y es cierto también que cuando se repite, el efecto y la fuerza del error se supera.

Si todos nosotros fuésemos conscientes de que compartimos una historia en común, la experiencia chilena habría de haberse dado por cumplida, evitando así el riesgo de la reiteración y la amplificación de sus efectos negativos.

Lo que conmociona cualquier análisis sobre la situación de los DDHH en Uruguay, es que a partir de ayer, las expectativas, el escenario, el tratamiento del tema, varió desde el gobierno que estaba señalado como el único con posibilidades y expectativas de la mayoría de sus votantes, de terminar con tres décadas de impunidad.

La fuerza de gobierno fue impulsada por la integridad de la masa social comprometida con el cambio, la justicia social y la militancia por los Derechos Humanos. Sin embargo, desde hace un tiempo, coincidiendo con la aproximación a la alternativa de poder, se ven cambios en esa masa que como oposición asumía una coherencia de posiciones que se fue diversificando.

Estos cambios surgen como reacción al reposicionamiento ‘estratégico’ que fue tomando la fuerza política camino al gobierno, y que toma nuevo impulso en el ejercicio de la función pública.

Este es un momento interesante, y en absoluto definitivo, para analizar esa composición social desde la perspectiva de la ética y las responsabilidades humanas, integrando nuestra propia posición y la correspondiente revisión de nuestros valores en esta coyuntura.

El incidente, en absoluto accidental, impacta en el análisis que hasta ayer podría haber respondido a una realidad y un sistema de comportamientos que entran en encrucijada. De ahí (y poco importa ya la pérdida de un documento), que se justifica esta revisión integral de lo que hay para decir en el tema que nos ocupa.

El alcance del problema es global, tal como es su origen (los crímenes de lesa humanidad), excede ampliamente el marco del Uruguay; y como cerré la descripción del primero de los accidentes, es por esto que estoy aquí escribiendo nuevamente.

Responsabilidades Humanas y Contexto Global

La Carta de las Responsabilidades propone una guía para repensar nuestra ubicación y nuestras conductas a nivel personal y colectivo, a partir de principios éticos que trascienden la individualidad y las posturas cortoplacistas.

Nos invita a reflexionar sobre un número determinado de prioridades que debemos ubicar en los distintos niveles de contexto donde actuamos y nos desarrollamos de manera trascendente.

La relectura de cada uno de esos contextos, a partir de una perspectiva ética y humana, facilita la reflexión sobre las prioridades propuestas, nos permite analizar los alcances de nuestra responsabilidad y entender que es momento de dar un paso hacia la reconstrucción de nuestra sociedad haciendo base en los valores éticos y la participación efectiva de la sociedad civil. Una nueva construcción basada en las responsabilidades humanas, y un marco jurídico acorde en el que se ejerzan esas responsabilidades.

La reflexión sobre las responsabilidades humanas con perspectiva integradora nos obliga a reconocer, valorar y -en muchos casos- a descubrir los vínculos que nos integran con el resto de la sociedad. Un ejercicio enriquecedor para una sociedad organizada de tal manera que actuamos como si el alcance de nuestra responsabilidad y nuestra influencia no excediera el contexto más inmediato y cercano.

Esa miopía nos limita y nos divide.

Como hemos dicho anteriormente, a partir de un suceso determinado ocurrido en un país en particular, hallamos raíces del conflicto en otros, reflejos casi exactos de soluciones a problemas, o de errores en la pretendida búsqueda de solución a esos problemas. Y como también esta dicho, es frecuente que ese aprendizaje global no sepa aprovecharse por falta de una conciencia integradora. La dificultad de reconocernos como parte de la familia humana, compartiendo origen y destino en común.

También es claro que, poniendo en paralelo dos situaciones que, en rasgos generales, se presenten como similares, en detalle destaquen particularidades que las diferencien: Es muy cierto que la capacidad de reacción de la gente en Uruguay sea diferente a la de la gente en Chile, o Argentina; que cada uno de los procesos posteriores a las dictaduras se hayan resuelto de manera similar pero, por características propias del grupo social, la experiencia en alguno de sus aspectos torna intransferible. Y aquí entra el concepto de “diversidad”, que no limita, sino enriquece el concepto de comunidad global.

“Tomamos nota de las características particulares, y asimilamos los procesos que nos igualan”, una estrategia de superación poco utilizada, aunque hoy día contemos con un desarrollo en la comunicación, inmediatez de la información, y capacidades de interacción que no existían en el pasado. Dicho esto, con el cuidado de aclarar que una gran parte de la población mundial, hoy no sólo tiene vedado su futuro sino también resulta inviable su presente, por tanto sería hipócrita considerar la universalidad de este concepto, como la integración total y equilibrada de estos avances.

Al reconocernos como comunidad global, integrando y abriéndonos al concepto de diversidad, no sólo abrimos espacio a la conciencia colectiva, sino que tenemos mayor y mejor posibilidad de conocernos a nosotros mismos: nuestra capacidad de aporte al bien común, y las características propias que debemos poner en proceso de cambio.

Existen en este momento muchos factores que alientan a repensar nuestra posición en el mundo tanto a nivel personal como colectivo; y que nos llaman a ocupar un espacio trascendente desde la perspectiva de un destino en común:

En principio el momento crítico que vivimos como humanidad, cuando se han saturado los niveles de desigualdad con el resultado de una concentración de poder tanto político como económico en pocas manos, que por supuesto lo mal ejercen.

Los instrumentos que la sociedad se dio en el pasado para acordar normas mínimas de convivencia y desarrollo equilibrado, hoy resultan insuficientes o su función original se ha desvirtuado -y hasta bastardeado- de tal manera que sólo sirven para profundizar la brecha de desigualdades: Las instituciones económicas internacionales dictan recetas ineficaces, con costo social prácticamente absoluto, desencadenando crisis como la asiática o el ejemplo más cercano de Argentina, donde hubo que empezar ‘todo’ de nuevo y –prácticamente- de la nada.

La paz mundial pierde equilibrio justamente en los foros internacionales, rehén de un consejo de seguridad que es manipulado o (como en la experiencia presente de invasión a Irak de parte de los EEUU), absolutamente ignorado.

Vemos, por ejemplo, como los intentos por constituir tribunales internacionales en prevención de los ‘excesos del descontrol’ como la Corte Penal Internacional, son burlados por EEUU quien, bajo la presión de sanciones o retiro de ‘ayuda’ financiera, establece tratados país a país para garantizar inmunidad a sus tropas. Lo que convierte a este mecanismo en un instrumento listo para ser utilizado a su conveniencia, o lisa y llanamente condenado a no entrar en vigor.

Es claro que en este desequilibrio la posibilidad de protagonismo y presión de parte de los Estados periféricos es nula, por lo que las estructuras de consenso actuales fallan en su origen conceptual y práctico: Son insuficientes.

Pero la sociedad civil, por vías de la intercomunicación, la interrelación e interacción, hoy también está creando un consenso alternativo dominante; y, ciertamente, por oposición y proposición, está tomando su lugar influyendo sensiblemente en la toma de decisiones.

Los Estados tradicionales, en su persistencia a atarse a modelos que ya no resultan eficaces, carecen totalmente de influencia en el concierto internacional, donde están cercados por el veto y las presiones financieras de los estados poderosos; y se tornan débiles al persistir en sistemas de ‘representatividad’ que se reducen a reconocer para el pueblo el periódico derecho al sufragio.

Sea cual fuere la fuerza de gobierno que asume el poder, tenga el origen y valores que tenga, al hacerse cargo del ejercicio de esa cuota mínima y relativa de poder, se establece en un gobierno igual al que se criticó para llegar, igual al del país vecino, igual al que vendrá. En el mapa político actual, la “hegemonía de la imposibilidad” es prácticamente integral.

En Latinoamérica hemos visto que la acción de los Movimientos Sociales, ejerciendo de hecho su participación en la realidad política ha producido cambios muy significativos, que en algunos casos implicaron la renovación de los elencos ejecutivos de gobierno (Bolivia, Ecuador, Argentina), sin embargo los problemas y las acciones distan de perder continuidad. Si el problema estuviera sólo en quién dirige, con esto se habría arribado a la solución, pero el problema no radica sólo en el quién, sino en el cómo, el para qué, y el ‘con quienes’.

La resolución de los problemas actuales no pasa por la gestión proveniente de una representatividad menguada, sino por la integración dialéctica de las fuerzas políticas y sociales actuando en conjunto. Este es el espacio que nos toca y de aquí surgirán los cambios.

Como sociedad que vuelve a hacerse cargo de sí misma, debemos ser conscientes de nuestra capacidad de generar cambios, y asumir compromisos en base a principios éticos de proyección universal. En una sociedad global tan interdependiente donde todo lo que hagamos impacta en el prójimo, debemos confundir ‘compromisos’ con ‘principios’: la noción de responsabilidad inseparable del ejercicio de interacción humana; la conciencia de universalidad haciendo base en la valorización de la diversidad.

En nuestros países, castigados por dictaduras, hemos protegido y vivido el concepto más reducido y formal de Democracia, sin hacer ninguna revisión al respecto. Pero está probado que no resulta efectivo si no replanteamos las reglas de participación y deliberación democráticas.

Muchos de los problemas económicos, de desarrollo, de Derechos Humanos, no provienen sino de las medidas tomadas para solucionarlos, desde el autismo de la gestión de gobierno, llamado “responsabilidad de gestión”.

Esta claro que no podemos dejar nuestro destino librado a la ‘iluminación’ de unos pocos, ni permitir que el papel de nuestros gobiernos en el concierto internacional se reduzca a la alineación automática frente al diseño promovido por los países centrales, que creen encontrar su beneficio llevando al planeta a una crisis humanitaria y ecológica sin precedentes.

El contexto regional

En este marco internacional de inequidad surgen propuestas ‘salvadoras’ como el ALCA o su alternativa de viabilidad inmediata: la estrategia de multiplicación de Tratados de Libre Comercio bilaterales o regionales. En un aparente ‘igual a igual’ EEUU y los países periféricos abren y enlazan sus economías. Cuando a ‘todos vista’ la característica representativa de esta relación no es más que la total disparidad.

Los términos del convenio son secretos, los parlamentos sólo tratan ‘independientemente’ la oportunidad política de establecer este tipo de lazos.

En paralelo con esto, los países como el nuestro tienen restringido el control de su economía y el acceso pleno a sus recursos por las condicionantes que impone el pago de la Deuda Externa. De hecho impagable, sólo es posible cubrir intereses usurarios que drenan un excesivo porcentaje del PBI de cada país, y para ‘asegurar’ dicho pago deben aceptarse recetas económicas cuya aplicación impacta sobre el nivel de vida de la gente y su posibilidad cierta de desarrollo. Es decir, la deuda se paga con hambre.

En general se tratan de deudas contraídas por las dictaduras desencadenadas a partir de la Doctrina de la Seguridad Nacional, con represores formados en la Escuela de las Américas (hoy clausurada, por tanto los masters pueden cursarse en su reemplazo: Fort Benning), y aumentadas considerablemente en la década de los ’90 con la profusión de gobernantes acusados (y hasta destituidos) por graves cargos de corrupción. Cabe recordar que muchos de ellos en su momento fueron felicitados y alentados por el sistema financiero internacional, los mandatarios de las potencias acreedoras y las instituciones económicas internacionales.

Este tipo de ‘ayuda’ y ‘cooperación’ también se da en el ámbito militar. Paradójicamente, las bases militares que EEUU ha establecido en Latinoamérica coinciden con los puntos sensibles donde se asientan los movimientos sociales, la riqueza en biodiversidad, los yacimientos de petróleo y las reservas de agua.

Ya tenemos en pleno funcionamiento las bases de Tres Esquinas, en Colombia; Iquitos, en Perú; Manta, en Ecuador; Palmerola, en Honduras; Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz, en la Isla de Aruba; Liberia, en Costa Rica. La resistencia de los movimientos sociales en Latinoamérica y Caribe ha impedido que se le entregue a EEUU la base de Alcántara en un punto estratégico de Brasil, que se frustre el plan de establecerse en la zona de la Triple Frontera haciendo base en Misiones (Argentina), y que se desmantele la base de la Isla de Vieques en Puerto Rico.

Pero, la idea de que estemos ‘bien preparados’ para ‘futuros combates contra el terrorismo’, y ‘el narcoterrorismo’, sigue vigente: Estos fundamentos asociados al interés en ‘aportar al desarrollo’ son los utilizados para justificar el Plan Colombia. Los únicos efectos visibles de este plan consisten en la exacerbada militarización de una de las zonas más sensibles y complejas del continente, y la fumigación con glifosatos para erradicar los cultivos de coca, un pesticida que es rociado desde aviones, afectando la salud de los campesinos y destruyendo los sembradíos que constituyen la base de su economía primaria y única fuente de supervivencia.

La superposición de intereses se lee en el mapa de Amerindia con total claridad, y coincide con los países donde se dio prioridad al intento de imponer el ALCA (plan de proyección continental). No obstante, la presión social en el continente fue suficiente para romper la agenda prevista: El ALCA debió haber entrado en su fase inicial este mismo año, por lo que la estrategia elegida como alternativa se concentra en sumar Tratados de Libre Comercio bilaterales o suscriptos con países asociados por medio de acuerdos regionales.

Esta realidad por demás sofocante, habría sido aún más fuerte y dinámica, si EEUU no tuviese gran parte de su atención y recursos financieros y políticos centrados en la invasión a Irak y Afganistán.

Realidad que por sus efectos devastadores en los países y regiones afectadas, el golpe de gracia al Derecho y las normativas Internacionales, la permanente violación de los Derechos Humanos en la integralidad del proceso, y el relegamiento de Naciones Unidas a un papel decorativo, en absoluto podemos interpretar como un golpe de suerte…

Claves visibles para avanzar sin exclusiones

Por otro lado la capacidad de interconexión entre colectivos sociales se ha mostrado efectiva, dinámica, creciente y con poder suficiente para generar cambios visibles (ya hemos adelantado el freno al ALCA como plan integral, y el establecimiento de bases militares en puntos estratégicos de la región).

Es de resaltar que las zonas con riqueza en biodiversidad y recursos naturales amenazados, en gran medida coinciden con los lugares de asentamiento de los Pueblos Originarios, y también destacable que son ellos mismos quienes ejercen la vanguardia en la defensa de esos recursos al tiempo que dan una señal clara de no aceptar, y estar decididos a revertir, el relegamiento social y económico que los condena. Ocurre en Bolivia, en Ecuador, en el sur de México y Guatemala, en el sur chileno y argentino, por citar algunos ejemplos.

Conscientes de la integración del ser y el entorno van delante en la lucha contra la enajenación del medio ambiente, la reafirmación de su identidad y su cultura, y su reinserción en la trama social de la que fueron desplazados con todos los tipos conocidos de violencia a lo largo de más de cinco siglos.

En esta lucha enfrentan nada menos que al poder del Capital transnacional (eje fundamental de poder y pilar de la globalización hegemónica neoliberal impuesta), el desinterés y desidia de los gobiernos, y las barreras raciales y culturales que como sociedad global debemos por fin erradicar.

Nuestra responsabilidad como comunidad de vida no es “pensar que hacemos con ellos”, sino reconocernos parte de una sola familia humana unida en la riqueza de la diversidad, es decir, pensar, vivir y construir todos juntos.

Los Pueblos Originarios de América avanzan en la construcción de sus autonomías con decisión y con derecho, la sociedad global no puede más que alentar la articulación e integración armónica de esa construcción, que no supone más pérdidas que las de siglos de exclusión y sojuzgamiento.

La integración de la diversidad de culturas es factible sólo a partir de la reafirmación de la identidad. No es posible crecer ni avanzar desplazando, o creyéndonos parte de una comunidad civilizadora. Necesitamos cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida, que garanticen la plena inclusión en armonía solidaria.

“La dignidad de cada uno implica que está contribuyendo con la libertad y la dignidad de los otros”. (Carta de las Responsabilidades Humanas)

Las políticas neoliberales predominantes atan el equilibrio social a las leyes de mercado, con el previsible resultado de que ese equilibrio a la corta se rompe.

La Carta de las Responsabilidades Humanas aporta que: “Mientras que todos los seres humanos pueden aspirar a los derechos humanos siguiendo un principio de igualdad, sus responsabilidades son proporcionales a las posibilidades de que disponen. Cuanto mayores son la libertad, el acceso a la información, los conocimientos, la riqueza y el poder de que dispone una persona, mayor es su capacidad para ejercer responsabilidades y la obligación de responder por sus actos.”

Como hemos dicho, el desequilibrio que supone la concentración brutal de poder político y poder económico en manos de una minoría, implica la exclusión total de las capas más bajas de la pirámide social. La no ‘virtual’ sino ‘real y total’ caída fuera del sistema. En un proceso científicamente calculado, este desencadenante es previsible de origen, y quienes lo conducen absolutamente responsables de lo que podemos ver como el genocidio más desproporcionado que la humanidad haya enfrentado nunca.

Sin embargo en Latinoamérica se ve como los desplazados del sistema pegan un salto, toman la calle y dan señales de vida. Nadie puede ignorar a los piqueteros en Argentina, los Forajidos en Ecuador, los Sin Tierra en Brasil, por citar algunos ejemplos. Son señal visible de resistencia a la exclusión. Reingresan al tejido social del cual se los marginó, en un orden que no previó espacio para ese reingreso.

A los anticuerpos que se quieren activar para evitarlo, como el racismo y la exacerbada sensación de inseguridad, debemos responder con nuestros valores y sentido de la responsabilidad. Somos parte de lo mismo, las divisiones han sido creadas y promovidas por ecuaciones económicas que hoy nos dejan de un lado y mañana del otro.

El ejercicio de revisión de nuestras responsabilidades implica un profundo cambio en una perspectiva ética integradora. Tampoco debemos reconsiderar en esta revisión integral el nuevo papel de la mujer, sino basar el análisis de principio a fin a partir de una perspectiva de género.

La humanidad a través de la historia se ha dado el –dudoso- lujo de establecer bases sobre este principio inicial y primario de exclusión, con los resultados lógicos de tamaña desviación. Si en algún lugar de esta exposición hablábamos de miopía, en este punto hablamos de ceguera. Resulta imposible reformular nuestras responsabilidades y valores éticos, si continuamos parados sobre este sistema relegatorio que desvirtúa cualquier capacidad de análisis y envicia toda alternativa de superación.

Es dable considerar entonces, que la perspectiva de género no es un punto a incluir en el análisis y la reconversión, sino un punto de inicio inherente y por tanto inseparable de nuestros valores éticos y las responsabilidades humanas.

APÉNDICE : Responsabilidades Humanas en el nuevo escenario político del Uruguay

Los años aciagos …

En Octubre de 2004 la sociedad uruguaya optó por la puesta en marcha de un proceso de cambio integral, que cerró un ciclo de certeza de alternancias entre los partidos tradicionales Colorado (de derecha, que gobernó el país durante casi todo el siglo XX), y el Nacional (los blancos, históricamente ubicados en el centro, aunque a turno de gobernar, lo hicieron desde posturas clásicas de la derecha liberal[1]).

La elección para el cambio recayó en el Frente Amplio, una fuerza forjada a lo largo de 34 años, que surgió de la convergencia de la izquierda con partidos progresistas cristianos, mujeres y hombres independientes y figuras escindidas de los partidos tradicionales.

En paralelo con la creación del Frente Amplio (1971), languidecía la presidencia del Colorado Jorge Pacheco Areco, destacada por la supresión de las garantías individuales y la violación sistemática de los DDHH (con la figura ‘legal’ de “Medidas Prontas de Seguridad”, y el apoyo de grupos de choque como la JUP (Juventud Uruguaya de Pie). Con esto se desarticuló el accionar de grupos guerrilleros (entre los que se destacó el MLN Tupamaros), que para el momento del traspaso del poder en 1972 (a otro colorado, Juan María Bordaberry), habían sido asesinados o apresados y torturados en condiciones carcelarias infrahumanas, situación que se prolongó hasta la liberación de todos los presos políticos al final de la dictadura. Uruguay fue el país de América Latina que tuvo más presos políticos, como lo consignaron informes de la Comisión Internacional de Juristas y de Amnistía Internacional en 1976.

Su sucesor Bordaberry, disuelve el Parlamento al cabo del primer año de mandato y continúa como presidente de facto hasta Junio de 1976, entregando el poder ficto a las Fuerzas Armadas, quienes por supuesto, detentaron el poder real a lo largo de todo este proceso.

Como vemos, la transición de democracia a dictadura, fue gestionada por el Partido Colorado. Paradójicamente, la transición de dictadura a democracia, también recayó en el Partido Colorado (en gran medida, gracias a la proscripción de las figuras más importantes del Partido Nacional –Wilson Ferreira Aldunate-, y del Frente Amplio –Líber Seregni-). Un paquete que cerró perfectamente… Julio M. Sanguinetti asumió en marzo de 1985 como el presidente de la transición.

Gracias al reclamo unánime y masivo de la Sociedad Civil, los organismos de DDHH, las asociaciones de Familiares, una de las primeras medidas del gobierno constitucional fue una ley de Amnistía para tod@s los presos y presas polític@s, quienes en algunos casos llevaban más de 13 años una prisión caracterizada por la sucesión de apremios ilegales a lo largo de todo el período, con aislamiento total, técnicas de desgaste, subalimentación, abandono sanitario, traslados permanentes, limitadísimo y esporádico régimen de visitas (sólo a familiares directos y uno por vez), y la arbitrariedad como única norma. 63 pres@s murieron a lo largo de la dictadura en las cárceles militares como resultado de la tortura, el suicidio y la omisión de asistencia médica. La ley de amnistía excluía explícitamente, en su artículo 5º, la reciprocidad de la misma para los delitos de lesa humanidad cometidos por funcionarios estatales.

Los dos primeros años del gobierno de Sanguinetti estuvieron marcados por el debate en torno a qué hacer con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura (desapariciones, asesinatos, torturas, prisiones políticas violatorias de toda norma internacional, supresión de las garantías individuales, exilio y despidos masivos por razones políticas). A pesar del reclamo y la movilización de la sociedad civil, y como garantía para ‘la estabilidad democrática’, el 22 de diciembre de 1986 se promulga la LEY DE CADUCIDAD DE LA PRETENCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO, destinada a resolver la ‘situación’ de funcionarios militares y policiales, donde el estado ‘reconoce’ que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985.

Esta Ley es resultado de las presiones ejercidas sobre el Parlamento por el Ejecutivo y los militares, que ya habían anunciado que no se presentarían ante los jueces que investigaban las violaciones denunciadas. Según el partido Nacional, que no participó en las negociaciones entre políticos y militares que culminaron en el Pacto del Club Naval, donde se acordó la salida de los militares del poder, la impunidad fue parte del pacto, afirmación que fue siempre categóricamente desmentida por el Frente Amplio, que sí participó. La ley de Caducidad, redactada por el partido Nacional, sostenía en su artículo 1º:

Artículo 1º.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.

Esta Ley en su artículo 4º obliga al poder Ejecutivo a investigar y esclarecer el destino de los detenidos-desaparecidos. El presidente colorado Julio M. Sanguinetti (ex ministro de Pacheco Areco, ex ministro de Bordaberry), dio por cumplido este artículo encargando un informe a los propios militares, que por supuesto no condujo a nada.

Inmediatamente de aprobada la ley, el movimiento popular anunció su intención de someterla a referéndum para anularla. Durante 1987 y 1988, la Comisión Nacional Pro-Referéndum, presidida por tres mujeres familiares de víctimas de la dictadura, encabezó una de las campañas por los DDHH más singulares y multitudinarias de América Latina. Los militantes contra la impunidad, con apoyo explícito del Frente Amplio[2], formaron 400 comisiones en todo el país, visitaron 420.000 hogares, conversaron con 1 de cada 3 uruguay@s, y recogieron 635.000 firmas (casi la tercera parte del electorado) para hacer posible el referéndum. El gobierno, a través del aparato estatal, echó mano a todo tipo de presiones e irregularidades para hacer fracasar el intento (incluida la censura de spots de propaganda a favor de la derogación). Finalmente las presiones y amenazas, la campaña del miedo y la mentira, lograron imponerse sobre los anhelos de justicia, y la ley fue ratificada en abril de 1989 por el 57.2% de los votos, lo que selló en la legislación local las bases de la impunidad.

Al gobierno de Sanguinetti sucedió la administración del Partido Nacional de parte de Luis Lacalle. Dicha administración estuvo caracterizada por la aplicación de medidas neoliberales, idéntica cerrazón en todo lo concerniente a las causas de DDHH, y resonantes casos de corrupción.

En la administración de Lacalle ‘aparecieron’ dos grupos paramilitares (“Tenientes de Artigas” y “Comando Lavalleja”), responsables de algunos atentados –incluso con explosivos-, que nunca fueron investigados. El objetivo de estos ataques fue reivindicar lo actuado por el ejército en la ‘lucha contra la subversión’, y crear un clima de presión para evitar cualquier tipo de acción que vaya en contra de los intereses corporativos de la Fuerza. Se produjo en esta administración el caso más resonante que evidencia la existencia del Plan Cóndor y para la época, su total vigencia: el asesinato del científico chileno Eugenio Berríos, a quienes miembros de la inteligencia chilena persiguieron hasta Uruguay, para evitar que declarara ante la Justicia comprometiendo a figuras del régimen de Pinochet. Dicha operación fue coordinada con elementos uruguayos, ejecutada en territorio uruguayo y, con complicidad en los tres poderes del estado, excluida de todo tipo de investigación seria. También formo parte del historial de esta administración la extradición de dos ciudadanos vascos a los que los servicios de inteligencia del estado español sindicaban como pertenecientes al grupo ETA. Una manifestación popular de apoyo a los ciudadanos sospechados (sin ningún tipo de prueba), mientras permanecían hospitalizados por llevar adelante una huelga de hambre, fue reprimida violentamente con el saldo de dos manifestantes asesinados. Hecho que quedo en la más absoluta impunidad.

En 1992 la sociedad civil se movilizó para impedir, por medio de un referéndum, que Uruguay ingrese en el modelo privatizador diseñado para aplicar en cadena en nuestros países. Rechazándose dicho modelo con el 71.5% de los sufragios.

Dos administraciones coloradas siguieron a la presidencia de Lacalle, un nuevo período de Julio María Sanguinetti y otro de Jorge Batlle.

El período de Sanguinetti (el más decidido propulsor y operador político de la impunidad), terminó con la sociedad civil internacional, y un fuerte y decisivo apoyo de la sociedad civil local, exigiéndole que dé respuesta sobre el paradero de la nieta del poeta argentino Juan Gelman. Sanguinetti rechazó airadamente el pedido, diciendo que el problema de los niños desaparecidos es argentino, y en Uruguay no existe. Meses después la nieta de Gelman fue localizada, el apropiador era un comisario de alto rango de apellido Tauriño, amigo personal del presidente Sanguinetti.

Su sucesor (rival histórico dentro del Partido Colorado), quiso diferenciarse de él abriendo lo que dio en llamar “el estado del alma”. Por primera vez se habló del tema ‘desaparecidos’ desde ámbitos oficiales (sin que medie causa judicial, o se trate de alguna reacción o declaración en el marco del sostenimiento de la impunidad), y convocando a la Comisión para la Paz para dar cumplimiento al artículo 4º de la Ley de Caducidad. El objetivo de Batlle, en realidad, era –sin tocar a los militares, por supuesto- poner un punto final al tema desaparecidos (que, dicho sea de paso, es sólo una parte, aunque por supuesto la más sensible, del terrorismo de estado, ya que en Uruguay hubo alrededor de 200 víctimas de desaparición forzada, en contraste con los varios miles de víctimas de tortura). Que el objetivo se haya cumplido, es materia más que discutible, y de hecho la información no es suficiente; además que la comisión no investigó ni interrogó a militares, sino que se limitó a recibir información, ha habido manipulación política de datos, y dudas sobre la veracidad de muchos de ellos.

El presidente Batlle hizo también una gestión personal para que el joven Gerardo Vázquez accediera a hacerse una prueba de ADN, para determinar si su identidad real correspondía a la de Simón Riquelo, hijo desaparecido de Sara Méndez (ex detenida desaparecida, ex presa política), que con 20 días de edad fue arrebatado de brazos de su madre en el momento en que fue capturada. Hacía 13 años que Sara tenía datos que llevaban al joven Vázquez, pero éste y su familia negaron la posibilidad de la prueba de ADN, decisión que refrendó la Justicia. Finalmente Gerardo accedió a hacerse la prueba, que dio resultado negativo. Sara Méndez perdió por espacio de 13 años la posibilidad de reencauzar la búsqueda, con la accesoria de que este proceso fue más que doloroso, debido al rechazo de quien creía era su hijo. En esos 13 años, los militares que conocían la pista real, callaron, y ninguna autoridad los obligó a revelarla. Sabiendo que la pista era fallida, ninguno hizo declaración alguna, ni pública, ni privada.

La Comisión para la Paz incluyó en su informe final datos sobre sólo 26 casos de detenidos desaparecidos uruguayos, indicando que habían muerto como consecuencia de la aplicación de torturas. Según ‘fuentes militares’ las víctimas fueron enterradas primero en cuarteles, pero luego, en 1984, se exhumaron e incineraron los cuerpos, y las cenizas se arrojaron a las aguas del Río de la Plata.

Posteriormente el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, rechazó el decreto del gobierno que sostiene que el Poder Ejecutivo cumplió con el artículo 4º de la Ley de Caducidad al aceptar como versión oficial el resultado de la Comisión para la Paz; asimismo rechazó la reparación prevista, por no estar entre sus prioridades ni ser el objetivo en su lucha.

A lo largo del período de restauración democrática pueden leerse dos constantes: La invariable negativa de parte de los gobiernos a considerar las denuncias de violaciones de DDHH en tiempos de dictadura (en Uruguay no sólo ningún militar sospechado de haber cometido delitos de lesa humanidad fue llamado nunca a declarar, sino que ninguno vio comprometida su carrera de ascensos. Sí se ha dado que algún civil haya tenido que comparecer por haber hecho declaraciones que agraviaron el ‘buen nombre’ de algún uniformado), así como la resignación del Ejecutivo a su obligación de investigar según lo dicta el artículo 4º de la ‘sagrada’ Ley de caducidad, el rechazo sistemático de pedidos de extradición por parte de países que investigan los alcances del Plan Cóndor, y el archivo automático de toda presentación judicial amparándola en el artículo 1º de la ley de Caducidad (esto, se trate de uniformados o civiles –aunque a estos últimos no les corresponda, según la letra de la ley). Para tal cerrazón, la interacción entre poder político y poder judicial, ha sido impecablemente concordante.

La otra constante es que pese a ello, en ningún momento la sociedad civil cejó en el reclamo de la Verdad, y siempre (en una labor destacable de la Secretaría de DDHH de la central obrera, por ejemplo), se presentaron causas tendientes a obtener por fin Justicia.

Tan cierto como la solidez de la impunidad, es el hecho que las fuerzas progresistas del Uruguay (en su mayoría adherentes a la actual fuerza gobierno), han dado muestra sobrada de organización y perseverancia en la lucha contra la impunidad. Por lo que se asumiría que en esta situación es posible el cambio.

Uruguay, listo para el cambio …

El 31 de Octubre pasado, en Uruguay triunfó la coalición de izquierda Frente Amplio – Encuentro Progresista – Nueva Mayoría, por el 51% del total de votos emitidos, lo que significó el acceso al gobierno en primera vuelta, y le aseguró mayoría Parlamentaria.

En elecciones municipales, separadas de la nacional por unos pocos meses, el Frente Amplio ganó también la mayoría de las Intendencias, tradicionalmente adversas, incluyendo los Departamentos de mayor densidad poblacional (la única experiencia ejecutiva del FA corresponde a la sucesión de tres períodos consecutivos al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo).

Tabaré Vázquez sucede en el ejercicio del ejecutivo a Jorge Batlle, de extracción colorada, quien terminó su mandato con el nivel más bajo de aceptación que tuviera un presidente en la historia del Uruguay. El gobierno de Batlle sumó a la propia decadencia en materia económica, producto de la aplicación del modelo neoliberal, la proyección de la crisis argentina en la economía local. Lo que produjo una oleada de emigración masiva, que afectó fundamentalmente a la juventud y la franja etaria activa. Claro está que con ese antecedente, la derecha se negó a habilitar el voto consular, de manera que la gran mayoría de los exiliados económicos no pudieron participar del comicio.

Previo a los comicios generales, la sociedad civil con apoyo del Frente Amplio (a excepción del sector liderado por el actual ministro de economía, que formó parte de la redacción de la ley en cuestión) se abocó a juntar firmas con miras a un referéndum para derogar la ley que habilita a ANCAP (la compañía petrolera del Estado) a asociarse con capitales privados. Esta ley abría el ingreso a dichos capitales por espacio de treinta años otorgándole el control total de la empresa. Esta ley burlaba lo resuelto en otro referéndum del año 1992, que impidió que Uruguay entrara en el modelo privatizador que caracterizó a la región. La consulta finalmente se realizó en Diciembre de 2003, con un triunfo del 62.15% a favor de la derogación de la ley.

Otro proceso de firmas comenzó en paralelo y culminó con otro triunfo en un referéndum convocado para el día de las elecciones generales. El día que el FA ganó las elecciones con un 51%, se votó la Reforma Constitucional por el Agua. Esta reforma constitucional inédita en América Latina declara al agua como Derecho Humano y confía al Estado la potestad exclusiva para su gestión y administración. La consulta excedió la aceptación popular de la fuerza política triunfante, arrojando un 64.7% de votos favorables.

Como balance para el día 1 de gobierno, puede decirse que el triunfo de la fuerza progresista es atribuíble al esfuerzo y la constancia de su militancia que supo dar continuidad a su construcción a pesar de la adversidad, las trampas cortoplacistas de los partidos tradicionales, y una feroz dictadura que tuvo como blanco a la militancia de las mayoría de la agrupaciones que hoy forman la coalición.

Por tanto, el Frente Amplio ingresa al gobierno con mayoría absoluta, una sociedad civil activa y propositiva, y la potestad en la gestión de servicios públicos esenciales, como haber.

Las dificultades no son menores, la economía uruguaya está desvastada, la pobreza y la exclusión social han llegado a niveles récord en la historia del país (casi el 65% de l@s niñ@s nacen en Uruguay bajo la línea de pobreza). Por otra parte, desde el final de la dictadura, nada se ha hecho de parte del Estado, para esclarecer sus crímenes (salvo la creación de una comisión investigadora en la administración de Batlle –la Comisión para la Paz-, que obtuvo magros y dudosos resultados), de manera que hereda un historial intacto de impunidad.

El ejercicio de las Responsabilidades…

De la CARTA DE RESPONSABILIDADES HUMANAS, sobre los valores destinados a guiar el comportamiento humano:

“… Sin embargo, a veces sucede que estos valores se deben sopesar entre sí cuando un individuo o una sociedad se ven confrontados a dilemas como la necesidad de favorecer el desarrollo económico a la vez que se procura proteger el medio ambiente y respetar los derechos humanos.

En tales casos, la responsabilidad humana implica que ninguno de estos imperativos se sacrifique con respecto a los otros. De hecho, sería inútil creer que los problemas de injusticia económica, de no respeto de los derechos humanos y de medio ambiente podrían resolverse de manera duradera sin tener en cuenta cada uno de ellos.”

El gobierno progresista lleva escasos 5 meses de ejercicio, tiempo absolutamente escaso para hacer una evaluación, sin embargo ha adoptado posición en gran número de temas sensibles. En su discurso inicial Tabaré Vázquez dio lugar destacado a la lucha contra la pobreza (anunció un Plan Nacional para la Emergencia Social, tendiente a asistir a la franja social más comprometida –alrededor de 100.000 habitantes), y resaltó la voluntad del gobierno en dar respuesta a la deuda pendiente en materia de Derechos Humanos.

El problema en este sentido comienza aquí mismo, dado que manifestó que el estado uruguayo cumpliría a rajatabla con la Ley de Caducidad, en especial con el artículo 4º; señaló que varios casos testigos quedarían fuera del alcance de la ley (como el caso de la nuera del poeta Juan Gelman, los asesinatos de los Senadores Michelini, y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, etc.). Y que inmediatamente se entraría en el batallón Nº 13, donde se sospecha que se ubican fosas comunes y sobre el que meses antes, un equipo de especialistas de la Universidad de la República basándose en estudios sobre fotos aéreas, detectó áreas donde pudo haber movimientos de tierra característicos en este tipo de enterramientos.

El problema es que el Estado uruguayo, firmó y ratificó la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas. Esta Convención determina que la desaparición forzada es un delito permanente cuya consumación se dilata en el tiempo hasta que se libere a la víctima (es decir, el delito se comete a diario hasta que se dé con la persona buscada), y niega la validez de cualquier instrumento de alcance interno tendiente a amnistiar, perdonar o burlar la responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad. En síntesis, la Ley de Caducidad carece de validez… Pero el gobierno se ha propuesto la misión imposible de respetar su vigencia al mismo tiempo que el Derecho Internacional en materia de DDHH suscripto, aunque ambas normativas se contrapongan.

Si, por el absurdo, aceptáramos la viabilidad de que ambas normativas convivan y sean plenamente efectivas, la Ley de caducidad tiene alcance sobre delitos cometidos hasta el 1º de Marzo de 1985, y según la Convención, la desaparición forzada es un delito que se está cometiendo hoy mismo. De manera que por este camino, vamos mal…

El gobierno también impulsó la reapertura de causas de asesinatos cometidos antes del período de facto que no obstante, en su momento fueron cerrados por ‘alcances’ de la ley. El secretario de la Presidencia, hombre de confianza del Presidente y único interlocutor en estos temas (aquel que al principio dijimos que redactó y corrigió el ‘informe militar’), se apuró a comunicarle a los militares que no se hicieran problema porque no iría nadie preso, la ley de caducidad amparaba los crímenes en época de dictadura, y los anteriores, tratándose de asesinatos ya habían prescripto.

Esto confirma lo que publicó el diario La República (30.06.05). La Ministra de Defensa dijo a este diario:

"en cuanto a la reunión con los generales y a los dichos del Presidente con relación a que ningún militar iría preso, si estamos hablando de la investigación de los ciudadanos detenidos desaparecidos --situaciones que se pueden analizar perfectamente, tanto desde el punto de vista del lapso aplicable, como de las circunstancias previstas en la Ley de Caducidad-- debemos decir que lo que se investiga son las circunstancias de la desaparición"… "Pero, reitero, ningún militar irá preso".

¿Entonces que tenemos que esperar? …

Por otra parte, El pasado 14 de julio, el presidente Tabaré Vázquez (y su consejo de ministros) designó como integrante de la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) al capitán de navío Ernesto Serrón., un conocido torturador, especialista en “métodos de inteligencia e interrogatorios”. Al tratarse de una comisión bilateral, este nombramiento mereció la protesta de Argentina (un episodio similar había ocurrido durante la presidencia de Batlle).

Otro caso bochornoso es el ascenso otorgado por el Presidente Tabaré Vázquez al Cnel. Miguel Dalmao, promovido el pasado 9 de Agosto al grado de General. Al iniciar su mandato, Vázquez había anunciado que respetaría el ascenso de los militares por antigüedad, pero el único impedimento para la promoción sería la presunción de que el postulante esté implicado en violaciones a los DDHH. En breve, el ahora Gral. Dalmao, será llamado a declarar por su eventual responsabilidad penal sobre la muerte de la militante de izquierda Nibia Zabalsagaray, ocurrida en 1974 (caso excluido de la Ley de Caducidad debido a la participación de al menos un civil en el crimen).

Y en estos días se ha dado el episodio que relaté al inicio de esta ponencia, a pocos días de suceso, no se han encontrado aún cuerpos, y la Asociación de Familiares recalcó en un comunicado que ese informe no es suficiente, y que aún falta recabar mucha información.

En paralelo a las contramarchas que se dan en el ámbito de los Derechos Humanos, hay dos conflictos muy controversiales que afectan el trabajo y el espíritu aportado por la sociedad civil:

Creó gran controversia el reposicionamiento del nuevo gobierno sobre los alcances de la Reforma constitucional en Defensa del Agua. Luego del triunfo de la reforma (64.7%), el gobierno entrante ‘interpretó’ que dicha norma carecía de retroactividad, razón por la cual no existía motivo para que caigan los contratos de las empresas concesionarias. Sólo se aplicaría el acuerdo de cese por incumplimiento de contrato con la empresa más controversial (URAGUA, concesionaria del servicio en el Departamento de Maldonado).

Otro hecho igualmente controvertido fue la decisión de no dar marcha atrás en la instalación de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia, en la localidad de Fray Bentos, sobre márgenes del río Uruguay. La planta será altamente contaminante y creó un problema (además del local) con el gobierno Argentino (el río Uruguay hace frontera entre los dos países).

Sobre estos puntos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano dijo:

“Porque ahora se dice: No, lo que pasa… (Me lo dicen amigos, gente querida, compañeros que quiero), me dicen: 'Eduardo, vos no entendés que el mercado está satisfecho'. Les digo: '¿El mercado?' Me dicen: 'Esto no, porque el mercado no quiere'.

¿El mercado? Y pregunto: ¿y ese Sr. Mercado es uruguayo? ¿Tiene Credencial Cívica? ¿Votó? ¿Fue votado? ¿Quien votó por el Sr. Mercado? El Frente Amplio no tiene que rendir cuentas al Sr. Mercado pero si está obligado a rendir cuentas al pueblo que lo votó.”

Las fuerzas militantes que optaron y trabajaron por el cambio a lo largo de más de treinta años, reaccionan de manera diferente. Muchos dan cuenta de la decepción y siguen luchando por cambios efectivos, otros asumen la clásica posición pragmática (“Eduardo, vos no entendés”…), otros mantienen la fé y piden paciencia en consideración a la pesada crísis heredada.

La tensión entre estas reacciones y tantas otras se simplificarán y convergerán en una tendencia dominante. Lo que es de esperar es que se de prioridad a los valores y prevalezca el ejercicio de la responsabilidad en todos los sectores.

Esta es una historia que aún se está escribiendo…