SEMINARIO INTERNACIONAL: DERECHOS HUMANOS, ÉTICA Y RESPONSABILIDADES HUMANAS

Ponencia de Carmen Loyola Guzmán L.

- Secretaria ejecutiva de asofamd
- Vocal de relaciones internacionales de fedefam

1. Introducción

Para informar sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, considero conveniente delimitar un periodo histórico concreto y asumo la posición de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) que ha tomado el periodo comprendido entre noviembre de 1964 a octubre de 1982.

¿Porqué esa etapa? Es importante recordar que las décadas sesenta, setenta y ochenta se aplicó en América Latina la llamada Doctrina de Seguridad Nacional que instauró dictaduras apoyadas por las fuerzas armadas. Esta etapa se inició en Guatemala y Paraguay y en 1964 en Brasil y Bolivia y posteriormente en los otros países, todo con el apoyo del Departamento de Estado y el Pentágono norteamericano con el justificativo de la guerra fría y la lucha contra el “comunismo”

Comenzó la proscripción de los sindicatos, de partidos políticos, la suspensión de derechos y garantías y por supuesto la suspensión de la vigencia real de la Constitución Política del Estado, todo ello originó las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que se resistían a aceptar la dictadura.

2. La situación política en Bolivia entre 1964 a 1982.

Delimitado el periodo de represión en Bolivia haremos una breve descripción de la situación política en Bolivia:

• El golpe encabezado por el General René Barrientos Ortuño, vicepresidente de la República junto con el Dr. Víctor Paz Estensoro, el 4 de noviembre de 1964 marcó no solamente un periodo de sometimiento de la economía boliviana a los intereses del capital extranjero, con sus secuelas en el deterioro de las condiciones de vida del país, sino también de aguda represión del movimiento obrero y democrático.

En este periodo inició el comandante Ernesto “Che” Guevara el proyecto guerrillero en Ñancahuazú, departamento de Santa Cruz (1966-1967). El mundo entero registró la flagrante violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario al asesinarse, fuera de combate, al comandante Che Guevara, el 9 de octubre de 1967, por orden de la Central de Inteligencia Americana (CIA).

• El General Alfredo Ovando Candia, a la muerte del General Barrientos en su propio helicóptero en 1969, derrocó al Vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas que había asumido la presidencia siguiendo la sucesión constitucional. Inició un periodo de restringida apertura democrática de 1969 a 1970 que permitió la reorganización del movimiento obrero y el surgimiento de fuerzas políticas progresistas. Sin embargo, la presión de la extrema derecha llevó al gobierno de Ovando a revertir muchas medidas de apertura y a ceder ante los sectores más autoritarios de las Fuerzas Armadas.

Nuevamente el Derecho Humanitario fue transgredido cuando el gobierno de Ovando y el Ejército enfrentaron la experiencia guerrillera de Teoponte (julio-octubre de 1970). Se atribuye al General Ovando la consigna: "Ni heridos, ni prisioneros”, en cumplimiento de la cual una mayoría de los 67 jóvenes que iniciaron dicha experiencia, luego de rendirse desarmados, fueron torturados, obligados a cavar sus propias tumbas y fusilados.

• Una huelga general frustró un nuevo intento golpista de derecha, en 1970 y llevó al poder al General Juan José Torres (octubre 1970 - agosto 1971)caracterizado por su posición progresista en el Ejército, Ante varios forcejeos e intentos golpistas de la derecha por recuperar el poder, en mayo de 1971 se instaló la Asamblea Popular, que aspiraba a ser un parlamento obrero. Con todo, el gobierno del General Torres se negó a ejercer justicia sobre los militares autores del genocidio de Teoponte, plenamente identificados por las familias de las víctimas y por organizaciones humanitarias, tras rigurosas investigaciones.

• El 19 de agosto de 1971 se impuso de nuevo la Dictadura mediante el golpe del Coronel Hugo Bánzer Suárez, que instauró una de las dictaduras más sangrientas en la historia del país. El asesinato, la tortura, la desaparición de personas, el encarcelamiento arbitrario y el exilio, se convirtieron en los métodos corrientes de represión. Se recordará especialmente la Masacre del Valle en Cochabamba (1974), cuando fue aplastada una protesta campesina, dejando más de 200 víctimas. Banzer apoyó la constitución del Plan Cóndor y reprimió hasta 1978 en que es destituido del gobierno por otro golpe.

• Entre mediados de 1978 hasta fines de 1979 hay un breve lapso de vida democrática accidentada. Banzer hábilmente organiza su partido político y no desapareció del escenario político. El coronel Alberto Natusch Busch lideró otro cruento golpe en noviembre de 1979, el levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al golpe, fue sangrientamente aplastado: cerca de un centenar de muertos, 204 heridos y una veintena de desapariciones fueron el saldo dejado en los 16 días que duró el golpe. Tan trágico episodio de la historia boliviana sería recordado como "La Masacre de Todos Santos".

• Pocos meses después, el 17 de julio de 1980, el General Luis García Meza instauró otra dictadura sangrienta iniciada con el cruento asalto a la sede de la COB y seguida de la ocupación militar a las minas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas. En enero de 1981 se produce la ejecución de 8 dirigentes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) en la calle Harrington de la ciudad de La Paz.

El retorno a un régimen constitucional desde octubre de 1982 no ha contemplado ninguna satisfacción al derecho a la justicia que asiste a todo pueblo. La mayoría de los autores de violaciones a los derechos humanos continuaron detentando el poder económico y político.

3. ¿Qué ha pasado entre octubre de 1982 hasta nuestros días?

Por el breve recuento que se ha hecho de la historia de Bolivia vemos que en 18 años (1964 a 1982) hemos tenido 4 gobiernos de facto resultado de cruentos golpes militares con apoyo civil; 2 gobiernos militares con características populistas y nacionalistas y 3 gobiernos constitucionales o de derecho.

En los gobiernos de facto se han cometido innumerables y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos sociales y culturales. Las víctimas de tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, persecución, detención arbitraria y exilio son numerosas y aún claman justicia.

Sin embargo es importante recordar que en Bolivia la transición de los gobiernos dictatoriales de facto a los gobiernos constitucionales y de derecho no ha sido producto de acuerdos políticos donde los vencedores imponen sus condiciones, sino fue la resistencia organizada de los sectores populares la que puso fin a las dictaduras.

Sólo así, es posible explicar que se lograron medidas favorables a los sectores que habían sido perseguidos y reprimidos por las dictaduras. Algunas de ellas son: amnistía general e irrestricta para los presos políticos, retorno de los exiliados, restitución a sus puestos de trabajo, reconocimiento de los años de detención arbitraria como años de servicio prestados para efectos de jubilación, aunque no se pagó los salarios o sueldos que habían perdido forzadamente. Por otra parte no se dictó ninguna ley o decreto de amnistía para los autores de violación de los derechos humanos.

El 10 de octubre de 1982 el último gobierno militar de facto hizo entrega del gobierno al Dr. Hernán Siles Zuazo de la Unidad Democrática y Popular (UDP) que había ganado en las elecciones de 1979.

Hasta la fecha son veintitrés años que Bolivia no ha sufrido Golpes Militares, aunque en los sucesivos gobiernos constitucionales, se han producido hechos de tortura, ejecuciones arbitrarias, detenciones arbitrarias y fundamentalmente se han violado cotidianamente los derechos económicos, sociales y culturales. El reclamo de derechos y reivindicaciones ha originado movilizaciones masivas que han obligado a renunciar a los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos D.Mesa a partir de octubre de 2003 e impidieron que los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados respectivamente asuman la presidencia. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo que asumir la Presidencia de la República con el mandato de convocar a elecciones generales hasta diciembre del presente año.

4. La lucha por la verdad y contra la impunidad

El planteamiento de conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos y por la justicia ha sido permanente por parte de las víctimas o sus familias y del movimiento popular en general. Resultado de ello se han dado en diferentes momentos, los siguientes mecanismos de investigación:

Asamblea Popular.

En 1970, se organizó la Asamblea Popular que reemplazaba al Congreso, estaba integrada por representantes de organizaciones sindicales, populares. Una de sus decisiones fue crear una Comisión que investigara la desaparición del dirigente minero Isaac Camacho ocurrida en 1997 durante el gobierno del Gral. René Barrientos, que no culminó su trabajo porque se produjo el golpe de Banzer en 1971.

Juicio de Responsabilidades a Banzer

En 1979, en el Parlamento el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz inicia un Juicio de Responsabilidades a la dictadura de Hugo Banzer. Este juicio, que fue respaldado por otras fuerzas políticas, no concluyó porque del 1º al 16 de noviembre de 1979 se produjo un golpe militar civil encabezado por el Gral. Alberto Natusch Busch y posteriormente en julio de 1980 en el golpe encabezado por el general Luis García Meza el diputado Quiroga Santa Cruz fue herido y posteriormente desaparecido en el Cuartel General de Miraflores (La Paz).

Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos.

Terminado el ciclo de gobiernos dictatoriales, entregan el gobierno al Dr. Hernán Siles Zuazo, de la Unidad Democrática y Popular (UDP) el 10 de octubre de 1982. El 28 de octubre por Decreto Supremo No. 19241 crea la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos, con las siguientes facultades: analizar, investigar y determinar la situación de ciudadanos desaparecidos e iniciar y o proseguir todo proceso penal o juicio civil relacionado con los fines, atribuciones o acciones de la Comisión.

Por el trabajo de la Comisión, el 18 de febrero de 1983 se encontraron los restos de diez ciudadanos bolivianos, dos argentinos, un italo-argentino, un chileno, que estaban desaparecidos durante la dictadura de Banzer y el 13 de mayo del mismo año se encuentran los restos del joven dirigente fabril René Sánchez Chalco desaparecido en la dictadura de García Meza (1980).

Juicio de Responsabilidades a García Meza.

En 1983 se planteó a los parlamentarios de varios partidos, en ese momento de izquierda, iniciar Juicio de Responsabilidades a la dictadura de Luis García Meza. Luego de un largo trabajo salió el Auto Final y pasó a la Corte Suprema de Justicia.

El juicio duró hasta que en abril de 1993 se dictó la sentencia que condenó a García Meza y Arce Gómez a 30 años de prisión sin derecho a indulto, por la comisión de varios delitos, entre ellos por el Genocidio cometido contra 8 dirigentes del MIR que fueron ejecutados en enero de 1981. Junto a ellos fueron condenados 52 colaboradores, Ministros y agentes del Ministerio de Gobierno con diferentes penas.

García Meza estuvo prófugo oculto en Brasil y al encontrarlo se solicitó su extradición , el proceso duró un año y finalmente fue llevado a Bolivia donde permanece en la cárcel de Chonchocoro.

Comisión Especial .

En noviembre de 1995 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, organiza una Comisión Especial para la búsqueda de los restos del Comandante Ernesto Che Guevara. La comisión la integraron representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y Fiscal del Ejército. Son convocados militares que participaron en la lucha antiguerrillera en 1967 y se inicia la búsqueda. La participación de los militares es corta, hasta febrero de 1996. Los familiares participamos directamente en esa búsqueda y contamos con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense y un Equipo Cubano multidisciplinario. El trabajo duró hasta el año 2000 y se encontraron los restos de 30 miembros del grupo guerrillero entre los que estaban los del comandante Guevara. Falta encontrar los restos de 5 compañeros.

Comisión para la búsqueda de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El mismo gobierno de Sánchez de Lozada organizó en julio de 1997 otra comisión para investigar el caso del Diputado y dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, apresado y herido en las oficinas de la Central Obrera Boliviana el 17 de julio de 1980.

La Comisión tuvo la misma composición que la que buscó los restos del comandante Guevara , pero el gobierno de Sánchez de Lozada terminó en agosto de 1997 y quedó a cargo del nuevo gobierno presidido por el ex dictador Hugo Banzer Suárez.

Naturalmente no hubo ninguna voluntad política para seguir la investigación y finalmente fue derivada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que trabajó arduamente de 1998 a 1999, cuando solicitó al Ministerio Público que iniciara un juicio. Fue el Juzgado 3º de Instrucción en lo Penal que llevó el juicio y actualmente está radicado en un Juzgado de Partido en lo Penal y los acusados invocan la prescripción.

Caso Trujillo Oroza.

En este caso la madre del universitario José Carlos Trujillo Oroza, apresado y torturado desde diciembre de 1971 y desaparecido el 2 de febrero de 1972 de la Comisaría de El Pari , (centro de reclusión de presos políticos en la ciudad de Santa Cruz, durante la dictadura de Banzer) presentó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo admitió en 1992. Luego de 8 años pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentenció en enero de 2000 condenando al Estado Boliviano y luego dando una segunda sentencia de reparaciones. En cumplimiento de esta sentencia hay un juicio lleno de obstáculos porque los acusados se amparan en los restos de poder político que aún tiene el bancerismo.

Acciones internacionales.

ASOFAMD decidió presentar los casos del Plan Cóndor ante el juez Baltasar Garzón y así se hizo en diciembre de 1998.

También se presentaron los mismos casos ante la justicia argentina, en la causa que llevaba el juez Canicoba Corral y que el 26 de diciembre de 2001 expidió un exhorto rogatorio pidiendo la detención con fines de extradición del ex dictador Hugo Banzer Suárez por su participación en el Plan Cóndor, su fallecimiento evitó la acción penal.

5. Resultados obtenidos

Consideramos que la lucha contra la impunidad no ha tenido los resultados esperados, debido a varios factores:

• La debilidad política del gobierno del Dr. Siles Zuazo (1983 a 1985) unida a su debilidad económica, incidió en el lento avance de la investigación y sobre todo en el no enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, especialmente la desaparición forzada.

• El olvido de principios por parte de sectores que se denominaban de izquierda y que en un afán de obtener “poder” pactaron con los responsables de violación a los derechos humanos a cambio de olvido y perdón.

Pese a ello, se logró establecer:

• la aplicación del delito de desaparición forzada, como parte de la política de terrorismo de Estado de las diferentes dictaduras;
• la participación de la dictadura de Banzer en la coordinación internacional para la represión; primero con la dictadura brasileña, luego con Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay mediante el Plan Cóndor;
• el respaldo de la dictadura argentina para el golpe de García Meza a pesar de su conexión con el narcotráfico.
• la investigación permitió impulsar el Juicio de Responsabilidades al ex dictador Luis García Meza y a 58 de sus colaboradores que culminó en abril de 1993 con ejemplar sentencia.

6. La lucha de los familiares

Es importante señalar que lo poco que se ha logrado ha sido por la lucha persistente y larga de los familiares de las victimas que se organizaron y han contado con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos y sindicales.

La lucha contra la desaparición forzada que es un delito complejo, distinto, ha hecho en primer lugar que se coordine en toda América Latina y se organice la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos en enero de 1981. El próximo 2006 se cumplirán 25 años de actividad permanente. Es una red que a pesar de que las asociaciones son de distintos países y con características diferentes, se mantiene unida ya que hay un problema común que nos une: la Desaparición Forzada.

Trabajando unidas, las asociaciones de familiares hemos logrado que se admita la gravedad del delito de desaparición forzada, que se apruebe una Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, una Declaración de Protección a Todas las Personas contra la Desaparición Forzada en ONU, que se incorpore en la legislación nacional de pocos países y que se esté en posibilidades de aprobar una Convención sobre Desaparición Forzada en la ONU.

Nuestro ejemplo de lucha ha servido para que los familiares de desaparecidos forzados en numerosos países asiáticos se organicen en la Federación Asiática contra la Desaparición Forzada y en ese mismo camino hay una Red Africana.

Esto demuestra en los hechos que ante problemas comunes, si se comprende la gravedad de los mismos, es posible unirse y lograr avanzar. Si bien es cierto que los familiares de los desaparecidos no cesaremos en esta lucha, el paso de los años hace que nos planteemos la necesidad de recambio con los hijos, hermanos o familiares jóvenes. Estamos convencidos que es importante la toma de conciencia de la gravedad de los delitos cometidos especialmente por las dictaduras y esperamos que no hayan nuevas víctimas, esperamos que nadie más sufra en carne propia, el asesinato, la tortura o la desaparición de un ser querido para luchar contra estos delitos, y ahí entra el rol de las nuevas generaciones.

La Paz, 23 de agosto de 2005.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

• PARA QUE NO SE OLVIDE: LA DICTADURA DE LUIS GARCÍA MEZA (ASOFAMD. 1997)
• PROCESO A LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN AMERICA LATINA. 1989 – 1991 (Tribunal Permanente de los Pueblos. Bogotá, Colombia 1991)