Artículo de Susana Merino

La asociación Kairos de origen canadiense, ampliamente relacionada con organizaciones de derechos humanos de México que nuclea a varias iglesias y comunidades de base, ha manifestado recientemente al presidente Fox su honda preocupación por las negativas consecuencias que está generando en Cerro de San Pedro  San Luis  Potosí) la compañía minera canadiense Metallica Resources Inc. y su subsidaria mexicana MSX.

Por el mismo motivo realizó una presentación ante el Gobierno de Canadá solicitándole intervenir en el control de las empresas mineras canadienses que trabajan fuera de sus fronteras argumentando que el gobierno no puede avalar las destructivas prácticas de estas empresas que no ejercen el menor respeto ni a los derechos humanos ni al medio ambiente. Sin embargo el gobierno canadiense no ha tomado ninguna iniciativa para impedirlas.

Tanto México como Filipinas están siendo objeto de los abusos de las mineras canadienses. En México el FAO (Frente Amplio Opositor) un grupo de ciudadanos   junto a otras organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando los impactos negativos que la explotación canadiense de tajo a cielo abierto está produciendo en la  comunidad  de Cerro de San Pedro cuyos monumentos históricos,  su flora y su fauna únicas en la región amenazan desaparecer junto al grave deterioro a que se halla expuesto el abastecimiento de agua próximo a la capital del Estado.

El FAO ha apelado a todos los recursos legales posibles para impedir la continuidad del proyecto. Sin embargo las últimas informaciones revelan que el 12 de octubre ppdo la Minera Metallica Resources Inc. con base en Toronto comenzó a explotar una mina de oro y plata de tajo a cielo abierto, contra la que la comunidad ha estado luchando por más de diez años detonando  100kg de dinamita en un área próxima al centro de Cerro San Pedro levantando un geiser de tierra de unos 80m de altura, destruyendo la vegetación a su alrededor y sacudiendo los históricos edificios del núcleo urbano inmediato.

Los decreto estatales que claramente reconocen que el Cerro San Pedro y su área conurbana como un sitio protegido durante por lo menos veinte años,  y que además prohibe cualquier actividad y lógicamente las explosiones no han sido obstáculo para  que el emprendimiento siga su curso legal y moralmente inaceptable. También existen tramitaciones pendientes de la firma del gobernador que vienen dilatándose "inexplicablemente" para  que dicho Cerro sea proclamado Patrimonio Histórico dela Humanidad. Esta consecuente falta de respeto a los derechos humanos y ecológicos de la  zona  son uno de los tantos ejemplos por los que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en su informe "Diagnostico sobre la
situación de los derechos humanos en México" insta a los poderes judiciales mexicanos a realizar profundos cambios en todas las entidades jurisdiccionales ejecutivas del país, con el objeto de evitar frecuentes y contradictorias actitudes en el seno de las diferentes áreas
gubernamentales.

Los miembros de la comunidad han denunciado asimismo el incremento de la represión y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del estado, cuando pacíficamente se manifiestan contra el proyecto minero y también de las intimidaciones que vienen soportando por ejercer su derecho a protestar, cercenando las libertades de expresión y asociación.

Similares reclamos se han producido en Filipinas a causa  de   las actividades desarrolladas por TVI Pacific Thompson dueña de la mina Canatuan con base en Calgary, región en la que los líderes indígenas han denunciado la deslocalización de la población y las destructivas prácticas medioambientales realizadas por dicha empresa minera.

La mencionada organización canadiense Kairos ha  instado al gobierno de su país a que  "obligue a las corporaciones canadienses en el exterior a que se comprometan y aseguren su responsabilidad sobre los estándares canadienses con respecto a la necesidad del consentimiento de la comunidad, como la necesidad del respeto al reconocimiento internacional de los derechos humanos y a los estándares del medio ambiente"agregando que "si estas normas fueran mantenidas en Canadá y en México, estamos convencidos que Metallica Resources Inc. a través de su subsidiaria MSX en Cerro de San Pedro, habrían
sido obligados a parar sus operaciones desde hace mucho tiempo" así como deberían ser detenidos  los demás emprendimientos mineros de estas compañías canadienses que actualmente asolan las montañas de los Andes en sus vertientes argentina y chilena.