El equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), afirmó hoy espera que durante el gobierno de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, se registre un sustantivo avance en materia de Derechos Humanos, y no se buscará cerrar los procesos abiertos por crímenes cometidos durante el régimen militar.

"Confiamos en el compromiso asumido en el programa por la Presidenta electa, que la verdad y justicia son principios irrenunciables, que no dan lugar a la aplicación de ningún mecanismo que conduzca a la impunidad", informaron a través de un comunicado de prensa.

Los abogados afirmaron que en 2005 los DD.HH. tuvieron un gran avance al encarcelar al director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general Manuel Contreras Sepúlveda, y al general Hugo Salas Wenzel, asì como al terminar con los senadores designados y vitalicios, y finalizar con la inamovilidad de los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Pese a los avances en materia de DD.HH., el grupo jurídico identificó que los temas que debe solucionar el próximo gobierno son la eliminación del sistema binominal y la prohibición de elegir a personas que participaron en el régimen dictatorial en el máximo Tribunal.

La Nación, Chile
28-01-2006

Fasic elabora positivo balance 2005 en materia de Derechos Humanos

Como todos los años, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas entregó su balance sobre Derechos Humanos, donde destaca el encarcelamiento de Manuel Contreras, las reformas introducidas a la Constitución del 80 y el desplome de la defensa de Augusto Pinochet, aunque aún quedan importantes avances por hacer en esta materia.

BALANCE EN MATERIA DE DDHH 2005 Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Critianas:

Contexto político jurídico:

El año 2005 se inicia con una situación sin precedentes como fue el encarcelamiento de dos máximos jefes de los organismos de seguridad de la dictadura militar, Manuel Contreras Sepúlveda –DINA- y Hugo Salas Wenzel. – CNI - ambos condenados por graves violaciones a los DDHH.

Ambos hechos fueron el preludio de lo que serían los avances de las investigaciones judiciales en estas materias durante el 2005.

Sin embargo, también se lograron decididos progresos en el marco jurídico institucional, con las reformas más importantes introducidas hasta la fecha en la Constitución de 1980, los que han permitido ir reconstruyendo una democracia más efectiva y real.

Así por ejemplo, el término de los senadores designados y vitalicios ha posibilitado que la Cámara Alta sea por fin representativa de la voluntad popular, aunque por cierto ello sólo será una realidad completa, cuando logre modificarse el sistema electoral binominal, que posibilita todavía una sobre representación de los sectores de la derecha política e impide el acceso a otros sectores minoritarios pero también representativos que aún se encuentran al margen del Congreso.

Igualmente, el término de la inamovilidad de los Comandantes de las FFAA. y Carabineros, corrigió una anomalía que persistía desde el término de la dictadura, poniendo a ese sector, por lo menos nominalmente, bajo la tutela del poder civil democrático, cuestión que también se vio refrendado por el cambio del carácter que ostentaba el Consejo de Seguridad Nacional.

En suma, tales reformas, trabajosamente logradas después de 15 años de transición democrática, han puesto al País en la dirección correcta y dan impulso para avanzar hasta la construcción de un sistema constitucional que verdaderamente sea fruto de la soberanía popular.

Pero sin bien es cierto, hemos logrado significativas mejoras en este campo, subsisten ciertos fenómenos que si no se enfrentan directamente, mantendrán o reforzarán tendencias involucionistas que son preocupantes.

En este sentido, cabe mencionar dos hechos que indican que la ruptura con el pasado no ha sido todo lo radical que debiera esperarse, para reconstruir las confianzas básicas sobre el compromiso que todos los sectores dicen profesar por la democracia.

En efecto, si bien es cierto que las FFAA, y sobre todo el Ejército, han llevado a cabo importantes cambios para adecuarse a la nueva realidad, no lo es menos, el que no hayan sido capaces de hacer una clara y definitiva ruptura con el ex dictador Augusto Pinochet, con quien aún mantienen lazos institucionales y manifestaciones de afecto, que no son aceptables habida consideración de los graves hechos delictuales en los que se encuentra envuelto. Muestra de lo anterior, es, por ejemplo, la visita oficial del actual Comandante en jefe del Ejército, Gral. Emilio Cheyre, a Pinochet el día de su cumpleaños, con la consiguiente manifestación pública de ese hecho.

También no deja de ser preocupante, que la Corte Suprema de Justicia, proponga al Presidente de la República para ser designados abogados integrantes del máximo Tribunal, a ex connotados altos personeros de la dictadura, varios de ellos ex ministros del régimen dictatorial, y a ex jueces de los tribunales superiores de justicia que ya jubilaron por razones de edad, y que cuando ejercieron como tales estuvieron fuertemente comprometidos con la impunidad en las violaciones a los DDHH.

Este hecho demuestra como aún los sectores proclives a la dictadura, buscan espacios por donde introducirse en instancias claves de nuestra institucionalidad para desde allí tratar de revertir los notables avances logrados en materia de verdad y justicia.

Llamamos al Gobierno a no dejarse sorprender por esta maniobra y representar al máximo tribunal lo inconveniente que resulta intentar modificar la composición de la Corte Suprema por la vía de los abogados integrantes, proponiendo nombres de personas que se encuentran inhabilitadas moralmente para ejercer tan delicadas funciones.

Confiamos en el compromiso asumido en su Programa por la Presidenta electa que la verdad y la justicia son principios irrenunciables que no dan lugar a la aplicación de ningún mecanismo que conduzca a la impunidad.

Este compromiso permite tener la esperanza de que de parte del Poder Ejecutivo no nacerán proyectos de ley que encierren esa impunidad.

En lo que dice relación con el compromiso del Estado de Chile con la observancia y respeto a las normas internacionales de DDHH el año terminó sin que se ratificaran importantes Tratados Internacionales tales como: Convención Americana sobre la Desaparición Forzada de Personas, El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes; Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, y culminar el largo proceso de ratificación de la Corte Penal Internacional

Contexto Judicial:

En lo concerniente a las investigaciones judiciales en materia de violaciones a los DDHH, el 2005 fue el año en que definitivamente se derrumbó el pacto de silencio que existía entre los ex agentes de seguridad, fenómeno que se había mantenido en forma notable sobre todo entre los ex miembros de la DINA durante todos estos años.

Fue así como se produjeron impresionantes confesiones de tales agentes que permitieron avanzar decididamente en el establecimiento de la verdad y la determinación de las responsabilidades criminales, sobre todo de los mandos superiores, quedando definitivamente quebradas las lealtades que se profesaban unos con otros. Dicho proceso permitió también desnudar el cobarde comportamiento de los mandos que no trepidaron en atribuir todas las responsabilidades en sus subordinados a fin de salvarse ellos de la acción de la justicia.

Dentro de este mismo orden de materias, también resulta interesante constatar la ruptura, cuya profundidad aún no es posible de determinar, entre tales uniformados y los civiles que colaboraron con la dictadura desde posiciones claves del poder, y cuya responsabilidad criminal comenzó a indagarse.

Actualmente, desde el campo de los uniformados, procesados, cada vez es más persistente el hecho de apuntar hacia esos civiles, siendo Manuel Contreras Sepúlveda el más constante en ello. Resulta sorprendente y no creíble constatar la ignorancia que alegan tener de estos hechos mientras fueron autoridades, y lo supuestamente limitado que era su campo de acción, excusas que, a la luz de los acontecimientos ocurridos, resultan evidentemente inaceptables.

Hasta ahora han logrado sortear los requerimientos judiciales de los que han sido objeto, pero ello, en gran medida gracias a una cierta reticencia de nuestros jueces a ser rigurosos en la confirmación de sus justificaciones, recibiendo, inexplicablemente, de parte de los tribunales, un trato más condescendiente.

Con relación a la situación procesal del general Augusto Pinochet, el año 2005 no pudo haber sido peor para él. Toda su estrategia de defensa, laboriosamente construida por sus abogados, en orden a que no podía ser procesado atendido su situación de salud (demencia subcortical moderada), se desplomó estrepitosamente al quedar en evidencia el fraude que se había fraguado para hacerlo pasar por loco o demente.

Junto a las causas por violaciones a los DDHH que se le siguen, donde se obtuvo previamente el respectivo desafuero, se sumaron nuevos juicios, esta vez debido al descubrimiento de una cuantiosa fortuna personal como de su familia, depositada clandestinamente en Bancos extranjeros, cuyos orígenes no ha podido justificar.

Así, el ex dictador no solo ha debido empezar enfrentar cargos por delitos de lesa humanidad, sino que ahora, se le suman acusaciones por apropiaciones de fondos públicos, quedando al descubierto otra faceta de su gobierno: la corrupción y la red de ayudistas y testaferros empleados al efecto.

Es necesario resaltar que, durante el 2005, Pinochet hubo de enfrentar, por primera vez cargos criminales por torturas; delito que ha comenzado también a ser pesquisado con profundidad, gracias al impulso que significó el Informe de la Comisión Prisión Política y Tortura de noviembre de 2004. Lo anterior, sin perjuicio que también fue procesado por casos de detenidos desaparecidos.

Otro aspecto que ha resultado relevante en materia judicial el 2005, dice relación con los grandes avances logrados en la investigación sobre Colonia Dignidad

Los antecedentes reunidos han permitido confirmar las ya antiguas denuncias del rol que jugó ese enclave en la represión de la dictadura y los estrechos lazos que existieron entre dicha colonia, los organismos de seguridad del régimen militar y connotados personeros civiles colaboradores de éste, que desplegaron por años una activa campaña de defensa de esa agrupación criminal y en especial cuando se intentó investigársela.

Es así, como se ha quedado al descubierto una imponente infraestructura que permitía ocultar potentes arsenales de armas, amplios archivos con información de inteligencia sobre opositores al régimen dictatorial, celdas para torturar y mantener secuestrados a personas, junto al hallazgo de fosas de inhumaciones clandestinas de presos políticos de la época, la utilización de su hospital como centro de experimentación con personas, y un sistema que posibilitaba y encubría las actividades pedófilas de su jefe. Todo ello, bajo el amparo de una vasta red de apoyo que se encargaba de obstruir a la justicia, y un enmarañado sistema de protección que comprometía a políticos, militares, empresarios, parlamentarios y autoridades de toda clase.

Todo ello, deja de manifiesto lo débil y permeables que fueron nuestras instituciones básicas ante este singular fenómeno.

Otro aspecto relevante y que resulta necesario destacar en forma especial se refiere a la jurisprudencia que se está produciendo en los procesos sobre violaciones a los DDHH, que incorpora en forma decidida y sistemática el Derecho Internacional de los DDHH, expresado éste en diversos Tratados o el Ius Cogen, que establecen las responsabilidades de los Estados frente tales violaciones y que Chile está obligado a respetar por haberlos ratificado o por ser parte del Derecho Consuetudinario.

Esta tendencia, cada vez mas acentuada, es un signo saludable de cómo nuestros jueces han ido tomando conciencia de la verdadera importancia que dicho ordenamiento jurídico tiene en el campo de la protección de los derechos fundamentales y la necesidad que sus violaciones no queden marcadas con el signo de la impunidad. Este proceso no cabe sino apoyarlo decididamente e instar a nuestros Tribunales de Justicia a seguir transitando por esa senda.

Una prueba de cuan profunda puede llegar a ser esta positiva señal, lo brinda la solicitud de extradición formulada por los Tribunales del Estado del Perú a los Tribunales de Chile, en el caso del ex gobernante de dicho país, Alberto Fujimori, acusado en su país de gravísimas violaciones a los DDHH y, por cierto, también de apropiación de fondos públicos.

Las relaciones existentes entre diversas ONG de DDHH. en el continente, nos han permitido mantener relaciones fraternales y de cooperación, por muchos años, con APRODEH del Perú, organismo que ha solicitado a FASIC cooperación para asesorar jurídicamente a los familiares de víctimas peruanas cuyos casos son precisamente materia de la extradición.

FASIC ha asumido solidariamente este requerimiento y se ha hecho parte en el proceso de extradición en nuestro país a fin de apoyar la causa de esos familiares y en su representación, que al igual que los familiares de víctimas en Chile, buscan la verdad y la justicia para sus seres queridos.

De esta forma, se da un testimonio y se demuestra un compromiso por la causa de los DDHH que trasciende nuestras fronteras, sintiéndonos parte de un movimiento mundial construido sobre las mismas bases éticas y morales.

Sólo nos resta hacer los máximos esfuerzos para que Alberto Fujimori sea definitivamente extraditado al Perú, y responda ante los Tribunales de su país por los graves cargos que pesan en su contra en estas materias.

En otro orden de ideas, durante el 2005, y paradójicamente en relación inversamente proporcional a los éxitos que hemos logrado en los Tribunales de Justicia, se constató un severo debilitamiento de las ONG de DDHH de nuestro país, las cuales o cesaron de funcionar o debieron disminuir significativamente su actividad en momentos en que precisamente su actividad resulta mas necesaria, más aún teniendo en cuenta que los juicios están culminando positivamente.

Lo anterior tiene su causa en el cada vez mas debilitado apoyo económico que reciben desde agencias extranjeras que históricamente fueron su principal soporte. Se suma el casi nulo respaldo que reciben estas Organizaciones en nuestro propio país, ya sea de las organizaciones sociales o de alguna autoridad.

Nos preocupa que nuestra propia comunidad no asuma la responsabilidad de sostener estas Organizaciones que tan importante ayuda y por tantos años han prestado a cientos de miles de compatriotas, como a la comunidad toda, siendo severos y objetivos observadores de la realidad nacional en el campo que nos compete.

Justicia Militar:

Deseamos también dejar constancia que el año que pasó fue un año perdido en lo que a la reforma de la Justicia Militar se refiere, hecho que, a los ojos de la comunidad internacional, resulta incomprensible que aún no ocurra en nuestro país.

En este sentido, la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre pasado, en el caso “ Humberto Palamara” es un verdadero baldón de agua fría sobre nuestro país, pues deja en evidencia una falencia que ya se arrastra por muchos años y, pone al Estado en deuda con la comunidad nacional y también la internacional, esa misma comunidad que tan solidaria fue con nosotros en momentos obscuros de nuestra historia reciente.

Como hemos señalado muchas veces en la Justicia Militar persisten el sistema inquisitivo, ausencia de las normas del debido proceso, carencia de imparcialidad, independencia e inamovilidad.

Hoy por hoy, la Justicia Militar, aún sigue juzgando a civiles, hecho absolutamente anormal y totalmente ajeno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar.

Cabe también señalar, como ya lo hemos acotado, que sin bien es cierto las FF.AA. y Carabineros han dado pasos para adecuarse a una institucionalidad democrática, y se han abierto a fin de que la civilidad conozca sus procedimientos y su gente, para así empezar a reconstruir una relación gravemente quebrantada en el pasado reciente, todavía no ha sido posible conocer cuanto han avanzado estas instituciones armadas en la formación de sus hombres en DDHH, cuales son los contenidos de sus programas formativos en estas materias y quienes son los profesores que la imparten.

Estadística procesal:

Procesos sobre Detenidos Desaparecidos - Ejecutados y Torturados

Procesos en tramitación 405

Nº de víctimas calificadas 1240

Procesamientos y acusaciones 600

Condenas 115

(corresponden a 94 agentes algunos con mas de una condena y 45 de ellos están además sometidos a proceso)

37 procesos sobre 89 victimas DD y Ejecutados tienen agentes condenados

121 procesos sobre 508 víctimas DD y Ejecutados tienen agentes procesados

Rama y Rango de los Agentes:

Procesados y /condenados

Ejercito 25 Generales

11 Brigadieres

36 Coroneles

18 Mayores

7 Capitanes

63 Suboficiales

Condenados 42

Fuerza Área 2 Generales

8 Coroneles

2 Capitanes

8 Suboficiales

Condenados Carabineros 7 Generales

10 Coroneles

7 Mayores

5 Capitanes

89 Suboficiales

Condenados 27

Armada 2 Contraalmirantes

5 Capitanes de navío

3 Capitanes de Fragata

1 Suboficial

Condenado 1

Investigaciones 16 Inspectores Condenados 8

Gendarmería 1 Mayor

Civiles 25 Condenados 5

Total 94 condenados.

El Mostrador, Chile
28-01-2006

BALANCE DEL FASIC 2005 EN DERECHOS HUMANOS, DESTACA ESTA DEUDA CON LA JUSTICIA

Ex civiles de la dictadura aún están impunes

La evaluación sostiene que los jueces los han tratado “condescendientemente” y no han sido rigurosos con ellos en sus investigaciones. El abogado Héctor Salazar asegura que son tan culpables como los militares.

Jorge Escalante

Si bien el Fondo de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) entregó un positivo balance de 2005 en materia de derechos humanos en tribunales, criticó que hasta ahora ningún civil que ejerció funciones en las carteras de Interior y Secretaría General de Gobierno, con sus respectivas subsecretarías, haya enfrentado un juicio por las responsabilidades que, en cualquier calidad, les pudo corresponder en el destino final de las víctimas.

“Hasta ahora han logrado sortear los requerimientos judiciales de los que han sido objeto, en gran medida gracias a una cierta reticencia de nuestros jueces para ser rigurosos en la confirmación de sus justificaciones, recibiendo de parte de los tribunales, inexplicablemente, un trato más condescendiente”, dijo el informe Fasic.

Para Héctor Salazar, abogado de este organismo, quienes se encuentran en estas condiciones son los ex ministros de Interior Sergio Fernández (1978-1982 y 1987-1988), Ricardo García (1985-1987) y Sergio Onofre Jarpa (1983-1985). Además, los ex portavoces de la dictadura Hernán Felipe Errázuriz (1982-1983), Ramón Suárez González (1983), Alfonso Márquez de la Plata (1983-1984), Francisco Javier Cuadra (1984-1987) y Orlando Poblete (1987-1988), que ejercieron su mando durante los períodos en que hubo víctimas de la represión. A ellos se agrega, según Salazar, los civiles que ejercieron las subsecretarías de ambos ministerios en períodos de alta represión, como el actual diputado Alberto Cardemil.

“A varios, los jueces les han creído que eran ignorantes de toda la máquina del terror que se armó para exterminar personas, y eso para nadie es creíble”, sostiene Salazar. “A los militares, incluso a los altos mandos, se les ha hecho efectiva la responsabilidad penal en los crímenes cometidos, pero ese razonamiento no se ha utilizado para los civiles comprometidos en la represión, algunos de los cuales alegan absolutamente ignorancia no obstante ocupar cargos de tanta relevancia y cercanos al mando político de Pinochet”, afirma.

Salazar expresa que las responsabilidades de estos ex ministros “son las mismas que Pinochet, porque fueron parte de una estructura que organizó un método represivo que se organizó en varios frentes. Detrás de cada decreto exento para detener, había una visa para torturar. Y las vocerías mintieron respecto de los hechos reales. En los respectivos procesos, los jueces deben investigar el nivel de su participación, si fueron coautores, cómplices o encubridores”, opina el abogado.

“No podemos comprender por qué los jueces han tenido un trato tan condescendiente con éstos, que fueron parte importante de un sistema de Estado. El mismo general Manuel Contreras ha planteado que ya está bueno que se investigue a estos civiles. Es probable que éstos se hayan integrado muy rápido a la vida política de la transición, y esto les ha brindado protección”, manifestó el abogado del Fasic. LN

La Nación, Chile
30-01-2006