El accionar de la empresa belga Katoen Natie en rechazo a que el Estado uruguayo construya una nueva terminal de contenedores para el puerto de Montevideo, y su alusión a la posibilidad de realizar un juicio internacional por incumplimiento de contrato, reflejan la utilización de las empresas de los Tratados de Protección de Inversiones firmados por los países para asegurar sus ganancias. Así lo afirma REDES-Amigos de la Tierra Uruguay en un nuevo editorial publicado este viernes 4 de julio (ver www.redes.org.uy ).
El Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Bélgica se transformó para Katoen Natie (la socia mayoritaria del Estado uruguayo en la Terminal Cuenca del Plata del puerto montevideano) en una herramienta de presión a favor de sus intereses. Un juicio internacional, y en el peor de los casos una derrota en el proceso, podría llegar a costarle cientos de millones de dólares a Uruguay.
(Montevideo, 04/07/2008) En un editorial que se publica este viernes, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay advierte cómo Katoen Natie se ampara en el Tratado de Protección de Inversiones Uruguay - Bélgica para asegurar sus ganancias económicas y presionar al gobierno nacional para que no construya una nueva terminal de contenedores.
Los dos países tienen vigente ese tratado desde agosto de 1997. El acuerdo implica que en cada estado las inversiones de empresas originarias de la contraparte reciban "un trato justo y equitativo", con "una seguridad y protección constantes, excluyendo toda medida injustificada o discriminatoria ...".
Sobre la solución de controversias el tratado establece que, en caso de arbitrajes, el inversor que presente la demanda podrá elegir el tan cuestionado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, del Banco Mundial) u otros tribunales especiales.
El CIADI ha resuelto que varios países de la región, entre los que se destacan Argentina y Bolivia, paguen sumas millonarias en dólares por demandas entabladas por grandes transnacionales. Uruguay está sujeto al arbitrio del CIADI por haber adherido a ese centro internacional en el año 2000.
Una vez que el gobierno uruguayo empezó a manejar la posibilidad de construir una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, Katoen Natie comenzó a colocar en el debate político su rechazo a esa iniciativa y a valorar como estrategia la realización de un juicio internacional amparándose en el Tratado de Protección de Inversiones firmado por Uruguay y Bélgica. Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones apoyó a la compañía belga, luego de aprobar en diciembre de 2007 un préstamo a Terminal Cuenca del Plata de cerca de 30 millones de euros, para la ampliación del puerto de descarga.
"En caso que el gobierno avance con su intención de concesionar una nueva terminal, todo enfila para que Katoen Natie se plante con una demanda en la que invoque que no se le está disponiendo un 'trato justo' a su inversión", alega la nota de REDES. "Siguiendo un modus operandi ya probado con éxito en la región, la empresa puede alegar que cuando decidió arriesgarse a realizar su inversión, no se hablaba de ninguna terminal adicional, y que pasar de un régimen de monopolio a otro de competencia afectaría sus planes de ganancia", agrega.
Como pasa con el caso Uruguay-Bélgica, los Tratados de Protección de Inversiones limitan por la vía de los hechos las posibilidades de acción de los Estados en la búsqueda de beneficios nacionales, lo que amenaza la soberanía de los pueblos. La discordia con Katoen Natie hecha luz una vez más sobre los peligros de un modelo de conducción económica que apuesta por la atracción a cualquier costo de la inversión extranjera directa.
Por más información:
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
José Elosegui
908 27 30 - 902 23 55
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