BOLETIN Nº 104
ROMPIENDO LA MORDAZA
UNA ALTERNATIVA DE OPINION

Departamento de Arauca, Colombia julio 3 del 2008

LA CORTE PENAL COLOMBIANA MAS ALLA DE CUESTIONAR LA LEGTTIMIDAD, EVIDENCIA LA ILEGALIDAD DE LA REELECCIÓN Y EL GOBIERNO

Nuevamente como por arte de magia, se intenta opacar el escándalo de la para política y la Gidis política que cuestiona la legitimidad y legalidad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con oportunos y extraños positivos de la política de guerra de La Seguridad Democrática en el conflicto interno que vivimos en el país. Esta vez, con el impacto humano de alegría y solidaridad que nos acompaña siempre, por el regreso de quince secuestrados y de toda persona que haya perdido su libertad, entre ellos, Ingrid Betancourt y los tres norteamericanos. Rescate que se presenta al país con el acostumbrado sensacionalismo mediático, fantasía y como lo califica el mismo ministro de defensa "de película". Cabe recordar, en pro de la verdad verdadera, que este fantástico rescate viene antecedido de un anuncio del mismo presidente, días anteriores, donde se afirma que hay jefes guerrilleros que están dispuestos a entregar a un grupo de secuestrados donde estaría Ingrid y los tres norteamericanos, a cambio de que no sean extraditados a los Estados Unidos. Por ahora los colombianos tendremos que conformarnos con la preparada verdad absoluta del gobierno y la campaña mediática. Nos alegramos desde luego, por la libertad merecida de este grupo de colombianos y los ciudadanos Norteamericanos, pero acrecienta nuestra incertidumbre por el futuro de las demás personas retenidas y la paz de nuestro país, porque el problema de Colombia no es si el presidente sale bien librado, sino de superar la grave crisis humanitaria, social, económica y política que profundiza el conflicto.

En medio de la continuidad de la guerra sucia y el terrorismo de estado, mediante el crimen selectivo y masacres de los grupos de exterminio de ultraderecha, aliados incondicionales del régimen que en lo que va corrido del año ha sacrificado más de dos decenas de sindicalistas y centenas de campesinos que se han opuesto a la privatización del país y al saqueo de las riquezas naturales por parte de las transnacionales capitalistas. Es necesario no dejarnos distraer y engañar, el país se debate entre la necesidad de seguir manteniendo o no, un régimen mafioso que ha generado la mayor crisis institucional conocida en nuestra historia, continuar con el autoritarismo, la impunidad o recuperar al menos el estado social de derecho. La Corte Penal Colombiana hace esfuerzos en este propósito, más allá de cuestionar la legitimidad, evidencia la ilegalidad de la reelección y el gobierno. La justicia no puede aplicarse solamente contra los de ruana, si el presidente cometió un delito y además grave como se vislumbra, debe ser investigado y juzgado. Puesto que para los colombianos y el mundo, no nos cabe duda que la reelección para la continuidad del régimen autoritario de "La Seguridad Democrática" está contaminada de para política, terrorismo de estado, corrupción y chantaje. No puede cínicamente pretender el presidente Uribe que el pueblo le refrende un delito, puesto que fue el pueblo quien a través de referéndum hecho a tierra la reforma constitucional propuesta por él, pero que luego por encima de la decisión soberana del pueblo, el presidente haciendo uso de su poder omnipotente, del congreso ilegal, narco para militarizado; aprobó la reformas y leyes que se le vino en gana de acuerdo a sus intereses y conveniencias.

El populismo mediático y la utilización del sentimiento de solidaridad, humanismo y sufrimiento, que genera las pérdidas de la libertad de seres queridos, como la alegría de tenerlos nuevamente de regreso al hogar, no puede permitirse que sea utilizado por el régimen, para mantener su ilegitimidad e ilegalidad. Debe haber respeto por los organismos de administración de justicia colombiana, no se puede pretender utilizar al pueblo para refrendar delitos y suplantar la decisión de la justicia. Se ha engañado al pueblo colombiano y traicionado su confianza en las instituciones. La actitud sensata del gobierno y el congreso es someterse a la justicia, clausurar el congreso y la renuncia eminente del presidente Álvaro Uribe Vélez, para que responda por sus delitos, a si como sus políticas han llenado de colombianos las cárceles; la gran mayoría inocentes, cuyo delito mayor es ser opositor al régimen antidemocrático, a la privatización y saqueo de las riquezas y bienes del país. Debe haber nuevas elecciones, pero no para reelegir el delito, la mafia narco paramilitar y el crimen organizado que avergüenza al país. Debe ser para elegir nuevo presidente y nuevo congreso, con transparencia y participación verdaderamente democrática del pueblo. No olvidemos que la manipulación mediática privada y las empresas encuestadoras que venden la imagen desgastada del presidente Uribe, están al servicio del régimen, de los intereses de la oligarquía colombiana y el imperialismo Norteamericano.

ROMPIENDO LA MORDAZA, POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO OPINEMOS NO CALLEMOS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA