El día 25 de junio, alrededor de las 13:00 horas, otra colaboradora de Cadhac se percató de que su automóvil, que se encontraba estacionado a unos metros de la sede de Cadhac, había sido atacado con lo que se llama un "cristalazo", constatando que le había sido robado únicamente el estéreo y un sobre que contenía su identificación oficial de Cadhac, así como papeles diversos relacionados con el trabajo que realiza como visitadora en centros penitenciarios de Nuevo León. De manera poco usual, al llegar ella al lugar donde estaba su auto, ya se encontraba ahí el agente de la Policía Regia Antonio Morales, quien acudió a bordo de la patrulla 910 de la "Policía de Barrio", según él, por un llamado desde la central de radio en el que le informaron que había denunciado el "cristalazo" una persona de nombre José Luis y proporcionando un número de teléfono del que hasta el momento no hemos recibido respuesta. Mientras esto ocurría, se comunicaron desde la casa de nuestra colaboradora, para informar que ahí se había recibido una llamada en la que un hombre, entre otras cosas ininteligibles, mencionó la frase "se van a morir".

En tanto ocurrían los hechos aquí descritos, se encontraba en las oficinas de Cadhac el biólogo Antonio Hernández, quien trabaja en defensa del medio ambiente y en oposición al proyecto vial denominado "Arco Vial Sureste", impulsado por el Gobierno Estatal y contra del que Antonio ha interpuesto diversos recursos legales. Hernández fue víctima hace varios meses de un atentado en el que fue golpeado por desconocidos, despojado de herramienta y equipo, así como del estéreo de su automóvil, y amenazado para que "no ponga más denuncias".

Estos actos, entre otros de la misma índole, se enmarcan en una serie de amenazas, hostigamiento e intimidaciones en contra de varios miembros de Cadhac sucedidos en el último mes y medio y que se narran a continuación:

El pasado 16 de mayo uno de los integrantes de Cadhac fue detenido junto a 31 personas más, mientras acompañaba en calidad de observador de derechos humanos a vecinos de la Colonia Nueva Castilla. Aunque la mayoría de los detenidos fue liberada -entre ellos el integrante de Cadhac arbitrariamente detenido-, cinco personas permanecen privadas de su libertad.

Al día siguiente, sábado 17 de mayo, en las oficinas de Cadhac se recibió una llamada telefónica en la que una voz masculina dijo: "pinche monja, ni te acerques", aludiendo a la religiosa que dirige dicha organización, la Hermana Consuelo Morales Elizondo. El mismo 17 de mayo una persona que conducía el vehículo de la Hermana Consuelo Morales fue obligada a detenerse por tres desconocidos que viajaban en una camioneta. Uno de ellos descendió de la camioneta y se dirigió al automóvil de la Hermana Consuelo, pero tras cerciorarse de que no era ella quien estaba a bordo regresó a la camioneta y se retiraron del lugar.

Debido a la gravedad de estos hechos, a nivel internacional, tanto Amnistía Internacional, como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, formado por la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia y la Organización Mundial Contra la Tortura, de Ginebra; circularon acciones urgentes llamando a la solidaridad en todo el mundo. A nivel nacional la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", hizo lo propio.

No obstante, las amenazas no cesaron. Por diversos medios y en varias ocasiones, integrantes de Cadhac han recibido información en torno a la posible existencia de averiguaciones previas abiertas en contra de otros integrantes de Cadhac e incluso la existencia de órdenes de aprehensión libradas en su contra; además hemos venido padeciendo continuamente inexplicables fallas en nuestro servidor electrónico, particularmente en las fechas en que se han dado las amenazas.

El trabajo de Cadhac se enmarca en lo dispuesto en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, (conocida comúnmente como "Declaración de los Defensores") adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999. Dicho instrumento internacional establece, en su artículo 2: "Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adaptando las medidas necesarias para crear condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades".

Este instrumento legal internacional, al ser asumido por los Estados miembros de la ONU, entre los que se encuentra México, lo hace de obligatorio cumplimiento en todas las entidades federativas, entre ellas Nuevo León. Por ello exigimos al Gobierno del Estado de Nuevo León que cumpla y haga cumplir este mandato, lo que sin duda favorecerá a que el respeto a los derechos humanos sea una realidad en Nuevo León.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.