H.I.J.O.S. Capital
Comunicado de Prensa

El 24 de junio pasado tuvimos conocimiento de que Carlos Sánchez Herrera, abogado defensor de militares acusados y condenados por gravísimos crímenes de lesa humanidad, se desempeña como apoderado legal de la Provincia de Santa Cruz.

Esta noticia, de por sí indignante, se torna mucho más irritante cuando se recuerda que Sánchez Herrera debió renunciar al cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, apenas 13 días después de haber sido designado por el entonces Presidente Néstor Kirchner, cuando los Organismos de Derechos Humanos hicimos público su desempeño como defensor de varios militares responsables de la desaparición de sus hijos y nietos.

En aquella oportunidad, quienes lo designaron afirmaron desconocer esos antecedentes de Sánchez Herrera. Esa excusa de ningún modo puede admitirse en esta ocasión, especialmente considerando que la designación de Sánchez Herrera se habría producido apenas una semana después de su renuncia al cargo de Procurador.

Si bien somos respetuosos del derecho de todo imputado a contar con un defensor de confianza, no podemos desconocer que los abogados particulares que asumen las defensas de genocidas y apropiadores de niños suelen realizar esta tarea incentivados por convicciones políticas e ideológicas, que los identifican con la dictadura militar, antes que por razones estrictamente profesionales.

Sánchez Herrera fue abogado defensor de Juan Bautista Sasiaiñ en la causa en que se investiga la práctica sistemática de apropiación de niños durante la dictadura militar. Actualmente, defiende a Norberto Atilio Bianco, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Paraguay, enfrentando un proceso de extradición por su responsabilidad en la apropiación de niños nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Además, Bianco fue condenado en el 2001 por la apropiación de dos niños, a quienes inscribió como si fueran sus hijos, uno de los cuales nació en dicha maternidad clandestina.

Es preocupante que una persona tan estrechamente vinculada a genocidas, que pone su oficio al servicio de los mismos, simultáneamente represente los intereses de un Estado provincial. Mal puede defender los intereses de los ciudadanos santacruceños quien actúa buscando impunidad y detener el avance de la justicia. Por ello, los organismos firmantes exigimos la inmediata desvinculación de Carlos Sánchez Herrera de la función pública, así como una urgente explicación de parte de los distintos gobernadores de Santa Cruz que lo tuvieron a su cargo: Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta.

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Asociación Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora.
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas.
H.I.J.O.S. - Regional Capital.