"La lucha contra el poder, es la lucha de la memoria conra el olvido" Milan Kundera

Panamá: Informe de la Comisión de la Verdad

"Jesús Héctor Gallego Herrera. CV-D-035-01
Desaparecido. Santa Fe, provincia de Veraguas, 9 de junio de 1971.

Rostro de la víctima

Héctor Gallego tenía 33 años de edad, de nacionalidad colombiana. Era sacerdote católico, responsable de la Iglesia de Santa Fe, provincia de Veraguas.

Los hechos

El padre Héctor Gallego fue obligado por dos sujetos a que se montara en un jeep con capota blanca, la noche del 9 de junio de 1971, según lo declaran los testigos Jacinto Peña y Clotilde Toribio de Peña en las sumarias del caso.

Dos hombres se presentaron a la residencia de Jacinto Peña Ábrego, ubicada en la población de Santa Fe, en la provincia de Veraguas preguntando por el padre Gallego. El mismo Padre se despertó y contestó el llamado, lo que despertó a los esposos Peña.

Según ( el testigo), él no pudo distinguir los rostros de las personas que llegaron, porque se quedó dentro de la casa, mientras Gallego conversaba con esas personas. Pero sí escuchó que le decían al Padre que debía acompañarlos al cuartel por orden superior. "El Padre se negó en un principio, pero al decirle algo en voz baja, el Padre accedió y volvió al interior de la casa a vestirse... le pidió (al testigo) que se callara y se fue siempre con los mismos".

Tanto Jacinto como Clotilde Peña vieron cómo el Padre caminaba entre los dos hombres que lo llevaban y escucharon un chillido del Padre; salieron para verlo, pero los hombres se montaron con él en el jeep de capota blanca y salieron rápidamente del lugar. A partir de ese momento, no supieron más de él.

Varios testimonios de personas de Santa Fe involucran a los miembros de la Guardia Nacional , Melbourne Walker, Eugenio Magallón y Oscar Agrazal, ya que efectuaron viajes al lugar preguntando por el padre Gallego, en los días anteriores a su desaparición.

Actividad judicial

Las investigaciones del caso las inicia, de oficio, la Procuraduría General de la República , que comisiona al Fiscal Segundo del Circuito de Veraguas para continuarlas, y las reasume nuevamente la Procuraduría , que posteriormente las remite a la Fiscalía Primera Superior del Segundo Distrito Judicial, que solicita se dicte Auto de sobreseimiento provisional, de carácter impersonal. La solicitud es acogida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante Auto de fecha 26 de junio de 1973.

El 23 de enero de 1990, la Iglesia Católica solicita la reapertura de las sumarias y el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial la acoge. A partir de esta reapertura el 3 de enero de 1991, la Fiscalía Especial solicita se abra causa criminal contra Nivaldo Madriñán Aponte, Melbourne Constantino Walker Nevans, Eugenio Nelson Magallón Romero y Oscar Alberto Agrazal Jiménez, miembros del S-2 y G-2, solicitud que es acogida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante Auto de 5 de abril de 1991.

Los señores Melbourne Constantino Walker Nevans, Eugenio Nelson Magallón Romero, juzgado en ausencia, y Nivaldo Madriñán Aponte, son juzgados en conciencia y condenados a quince años de prisión cada uno, en calidad de cómplices primarios. Se les aplicó, además, la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas, también por el término de 15 años, una vez cumplida la pena principal.

El señor Oscar Alberto Agrazal Jiménez es juzgado en derecho y absuelto de toda responsabilidad.

Se presentó una apelación contra la sentencia de condena emitida por el Tribunal, la cual fue negada. El día 29 de noviembre de 1994, la Corte Suprema , Sala de lo Penal, confirma la pena de 15 años de prisión emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Actualmente, el señor Eugenio Nelson Magallón permanece prófugo de la justicia, mientras que los señores Walker y Madriñán cumplen su condena mediante depósito domiciliario por problemas de salud.

La Comisión de la Verdad considera:

a. Hay suficientes elementos de convicción para concluir que Jesús Héctor Gallego Herrera fue detenido por la Guardia Nacional y que fue desaparecido mientras se encontraba bajo custodia de ese cuerpo armado.

b. Por lo tanto, puede concluirse que se cometió contra él la violación de su derecho a la vida, consagrado en el artículo 19 de la Constitución de 1946, en el artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se violó igualmente el principio de la firma de buena fe de los convenios y tratados, el artículo 4, sobre derecho a la vida, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita, aunque no ratificada, por la República de Panamá."