El Servicio Paz y Justicia en América Latina ante los hechos sucedidos en Haití y que involucrarían al contingente uruguayo en la MINUSTAH

En abril de 2005 y luego de haber participado en la Misión de Investigación y Solidaridad con Haití, SERPAJ - AL constataba que el pueblo haitiano concebía la presencia de las tropas militares internacionales como una ocupación.

En 10 años, era la segunda vez que el país más pobre de América Latina era intervenido militarmente por la ONU.

La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH, establecida el 30 de abril de 2004, según resolución 1542 del Consejo de Seguridad, tiene autorización actual hasta el 15 de octubre de 2008 (S/RES/1780).

La Comandancia de la Fuerza Multinacional está a cargo de Carlos Alberto Dos Santos Cruz, ex agregado de defensa de Brasil en la Federación Rusa y comandante de diversas brigadas de infantería ligera.

Al 31 de enero de 2008, la MINUSTAH reportaba 8.993 efectivos: 7066 soldados y 1927 policías a los cuales se suman 498 funcionarios internacionales, 1140 funcionarios nacionales y 197 voluntarios de ONU.

La composición de esta fuerza comporta características singulares ya que de 18 países que aportan personal militar, 9 son latinoamericanos ( Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala).

Uruguay aporta el contingente más numeroso luego de Brasil, con 1147 cascos azules destacados en Les Cayes, frontera sur, a unos 190 km de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

La medida impuesta por ONU se apoya en que Haití es una sociedad fragmentada, conflictiva y violenta que necesita el tutelaje de la comunidad extranjera. Casi cuatro años después, la "inseguridad" sigue colocándose como eje medular, desdibujándose así el componente de pluridimensional que la MINUSTAH definía en su constitución. La prioridad de restauración de la seguridad junto al restablecimiento de servicios básicos y la creación de oportunidades económicas eran las metas a corto plazo (junio 2004 - setiembre 2006). A mediano plazo se proponía el desarrollo de cuatro ejes estratégicos: gobernabilidad política, gobernabilidad económica y desarrollo institucional, crecimiento económico y mejora de los servicios básicos, según lo acordado por la sociedad civil, el sector empresarial y diversas instituciones internacionales en lo que se llamó el Cuadro de Cooperación Interina.

Los hechos desencadenados a partir del miércoles próximo pasado son señales de manifestación popular ante una realidad económica y social que lejos de mejorar, se torna aún más crítica. Las consignas exigían a la vez medidas del gobierno ante el alza de los precios de productos básicos y el retiro inmediato de las fuerzas de la MINUSTAH.

Haití, un país tradicionalmente rural y agrícola ha tornado su producción hacia el sector terciario; hoy es un país de servicios cuya agricultura e ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de su población. La tierra, sobre explotada y superpoblada sufre además la erosión gravísima de su suelo. Sequías prolongadas, desastres naturales y la devastación de recursos naturales definen un panorama desolador.

La explotación agrícola es llevada a cabo por familias que cultivan pequeñas parcelas de terreno para producir alimentos para su subsistencia. Los principales cultivos comerciales son la caña de azúcar, el café, el cacao y el sisal, en tanto que los de subsistencia son maíz, mandioca, boniato, mago, porotos, arroz y bananas.

Haití producía hace 20 años, el 95 % del arroz que consumía; hoy importa a EEUU el 80 % del consumo de ese producto.

La semana pasada, el elemento esencial en la dieta de la población haitiana, duplicó su precio por bolsa, subiendo de 35 a 70 dólares.

"Haití está siendo destruido por intención explícita de quienes construyen paulatinamente un bolsón de mano de obra barata para sus propósitos capitalistas. El estado de severa destrucción social habilita el argumento de la ayuda de la comunidad internacional desde parámetros hegemónicos que solapan un proyecto de explotación como son las zonas francas y su conjunto de maquiladoras", dice Didier Dominique, líder de Batay Ouvriye, organización que agrupa sindicatos de fábricas, asociaciones de trabajadores y militantes sociales.

El profundo deterioro de la economía haitiana ha llevado a que el 76 % de la población viva en situación de pobreza. A esto se suman serios problemas de infraestructura que condenan a dos tercios de los haitianos y haitianas a no tener acceso a la energía eléctrica y a más de la mitad de la población a no disponer de fuentes de agua potable.

En este panorama, parece claro que la solución a la grave crisis de Haití pasa por la construcción de diversos caminos complementarios donde la soberanía y la autodeterminación de ese pueblo son requisitos indispensables.

Haití necesita recursos para invertir en la creación de infraestructura que asegure condiciones de vida digna y desarrollo. En ese sentido, es absurdo pensar en una solución militar para un conflicto que nada tiene que ver con ello.

Se impone entonces el análisis de cuáles son los nuevos roles asignados a los ejércitos, cuerpos que asumen en la actualidad funciones policiales en contextos de control y represión de la población civil.

Hoy, las líneas que hace unas décadas delimitaban claramente la seguridad y la defensa, parecen desdibujarse bajo la doctrina de "seguridad multidimensional" que busca dar respuestas a "nuevas amenazas" tan vagamente definidas como omnipresentes, abarcando desde cuestiones ambientales o sanitarias, al narcotráfico, la migraciones, el crimen organizado, los "populismos radicales", el terrorismo.

Confundir estos roles permitiendo que los militares se encarguen de combatir delitos o que asuman funciones de control interno puede resultar muy riesgoso. El pasado reciente debe habernos dejado alguna lección ya que cuando las fuerzas armadas se enfrentaron a un "enemigo" interno, la categorización implicaba líderes populares, dirigentes sindicales o líderes de partidos políticos de oposición.

Uruguay sabe bien de eso.

Hoy, si bien no hay confirmaciones oficiales de Naciones Unidas ni del Ministerio de Defensa Nacional, los militares uruguayos son acusados por la muerte de manifestantes haitianos en la ciudad de Les Cayes.

Duele y avergüenza que sean los ejércitos de países hermanos, quienes estén reprimiendo al pueblo haitiano. Necesitamos buscar otras formas de cooperación solidaria y comprometida, acordes a la ética de los derechos humanos y a su cabal respeto. Cada pueblo debe encontrar su propio camino y Haití no lo logrará en un contexto de ocupación, dependencia y asistencialismo.

Ana Juanche
Coordinadora Latinoamericana

Montevideo, 10 de abril de 2008