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El dictamen de la jueza Ema Díaz Yévenes, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, condenando duramente a 24 oficiales y suboficiales de Carabineros por 31 víctimas de Osorno en 1973, deberá ser ahora revisada por esa corte y por la Sala Penal de la Corte Suprema, que se ha destacado por rebajar sustancialmente condenas o absolver a los criminales de la dictadura.

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl

Las duras condenas dictadas en una sentencia de primera instancia por la ministra de la Corte de Valdivia, Ema Díaz Yévenes, en contra de 24 oficiales y suboficiales de Carabineros en retiro por los crímenes de 31 víctimas de Osorno y alrededores, esperan ahora las resoluciones de las cortes de Valdivia y Suprema.

A ellas necesariamente llegarán las penas de presidio perpetuo, y a 20, 15 años y otras menores aplicadas por la magistrada a un general, un coronel, un teniente coronel y 21 suboficiales de Carabineros, que actuaron con extrema crueldad y alevosía las primeras semanas después del golpe militar de 1973 en contra de víctimas indefensas. Todos campesinos, dirigentes sociales y políticos y autoridades locales de Osorno, La Unión, Entrelagos y otros lugares de la provincia.

Se trató de la sentencia más numerosa en cuanto a condenados y víctimas y magnitud de penas, dictada en la historia de los juicios que se instruyen en el país por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero la preocupación de abogados querellantes y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, así como de los familiares de las víctimas y de los prisioneros sobrevivientes, está puesta en la Sala Penal de la Corte Suprema.

Esa será la que, en última instancia, deberá revisar lo obrado por la jueza Díaz cuando vea la causa fallada por la vía de la casación que con seguridad interpondrán los abogados de las defensas de los condenados.

La inquietud tiene su fundamento en que esa sala, y especialmente los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, el primero integrante de los Consejos de Guerra realizados en Osorno en contra de los detenidos políticos en los días posteriores a la asonada militar, se han destacado en el último año y medio por rebajar sustancialmente las condenas dictadas en contra de ex agentes de la represión.

Ello, bajo la premisa confesada en privado por un integrante de esa sala, en el sentido de que "rebajamos las penas para equilibrar las cosas, y no absolvemos derechamente para que no se nos acuse mañana de que no hicimos justicia".

Es el caso del oficial (R) de Carabineros de Osorno Hans Schernberger, absuelto de una pena de diez años, y quien integró junto a Ballesteros los irregulares Consejos de Guerra de Osorno, lo que al ministro de la Suprema le valió una acusación de familiares de desaparecidos y ejecutados ante el pleno del Máximo Tribunal.

¿Cuántas de estas penas aplicadas por la ministra Díaz se mantendrán en la Corte de Valdivia y en la Corte Suprema? La duda se mantendrá hasta cuando sendas cortes revisen lo obrado por la jueza Ema Díaz en la sentencia más contundente dictada entre todos los procesos abiertos en Chile por delitos de lesa humanidad.

Agresiones a familiares

La investigación realizada por la magistrada Díaz es considerada como una de las más completas, informadas y documentadas, similar a las que realiza el ministro Víctor Montiglio en Santiago.

Montiglio debe resolver en los próximos días el destino procesal del recientemente llamado a retiro general (R) Gonzalo Santelices y el teniente (R) Pablo Martínez Latorre, así como de otros oficiales (R) de Ejército que se han ido sumando al episodio de Antofagasta de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, en el cual se asesinó a 14 prisioneros.

La sentencia de la jueza Díaz consta de más de 200 páginas y en ella relata con detalle los hechos acontecidos con relación a las 31 víctimas de las que dio cuenta su investigación.

Se trató además del dictamen más duro que afectó a la policía uniformada en la historia de estos procesos, similar o incluso mayor que aquella por la que se condenó a los autores del degollamiento de tres dirigentes comunistas en marzo de 1985, en la que también se dictaron penas de presidio perpetuo.

En el caso de la provincia de Osorno, los oficiales (R) condenados fueron el coronel Adrián Fernández Hernández, a presidio perpetuo, el general Hernán Rodríguez Guerrero, a 15 años de presidio, y el teniente coronel Antonio Baros Muñoz también a 15 años de cárcel.

Los suboficiales Rolando Becker Solís, Rafael Pérez Torres, Gustavo Muñoz Albornoz, Raúl Enrique Zapata y Jorge Obando Rodríguez, sufrieron las penas de 20 años de presidio.

Según informaron familiares de las víctimas, en los últimos días algunos de los sentenciados los han insultado y agredido en las calles de Osorno, acusándolos de que ahora tendrán que ir a la cárcel.

Eso, si la Corte de Valdivia y especialmente la Sala Penal de la Corte Suprema no los absuelve o rebaja sustancialmente las condenas, concediéndoles el beneficio de cumplir una pena inferior a cinco años y un día en libertad por el recurrido expediente que han aplicado en otros casos: "por tener el sentenciado irreprochable conducta anterior".

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