Ante la inminente aprobación de la Reforma Penal y la inclusión de puntos violatorios del respeto pleno los derechos humanos de todas y todos, el Centro Prodh, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y la Red TDT enviaron una actualización a lo presentado en la audiencia temática ante la CIDH el 12 de octubre de 2007 sobre la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal en México con carácter de URGENTE.

Les enviamos el boletín al respecto.

Saludos cordiales

Tania Tamara Gómez
Enlace de comunicación del Centro Prodh

Boletín SJ-03-08
México, D.F., 21 de febrero de 2008

La inminente aprobación de la reforma penal implica graves retrocesos en materia de derechos humanos

• El miércoles 20 de febrero los firmantes del presente enviamos información actualizada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en seguimiento a la audiencia temática sobre la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal en México que sostuvimos el 12 de octubre de 2007, así como a los relatores del Sistema de Naciones Unidas con competencia para conocer del tema.
• La aprobación de la Reforma Penal en sus actuales términos implica usar la ley como amenaza para los "enemigos", recortando sus garantías procesales y estableciendo un subsistema particular, muy conveniente a los actuales intereses gubernamentales.

El martes 19 de febrero fue aprobada en la Cámara de Diputados la minuta sobre la Reforma Penal, enviada por el Senado de la República. El aval se dio con 32 votos (PRI y PAN) a favor y 14 en contra (PRD, Convergencia y Partido del Trabajo). Algunos legisladores manifestaron su rechazo a la aprobación y propusieron postergar una semana la discusión, alegando que el documento había sido distribuido de manera discrecional, impidiendo con ello un adecuado análisis de las implicaciones de la reforma.

Frente a estos hechos consideramos que en reforma judicial cuya aprobación es inminente prevalecerán elementos contrarios a las garantías de debido proceso y al respeto pleno de los derechos humanos.

Nuestra preocupación por los aspectos de la reforma que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos nos llevó a acudir, en octubre de 2007, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar al respecto. En vista de que el proceso ha continuado y existe el grave riesgo de que sea concluido sin que se eliminen por completo los puntos de la reforma que limitan las garantías procesales, el miércoles 20 de febrero hemos enviado información actualizada a dicha Comisión, con carácter de urgente, así como a los relatores del Sistema de Naciones Unidas con competencia para conocer del tema. En las comunicaciones que hemos enviado a estos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, hemos reiterado que la reforma de inminente aprobación eleva a nivel constitucional figuras violatorias de los derechos humanos como el arraigo y los allanamientos sin orden judicial; también hemos insistido en los riesgos que entraña la creación de un sistema de excepción para investigar y juzgar delitos relacionados con la delincuencia organizada, entendida ésta de una manera laxa y ambigua".

Pese a que algunos aspectos de la reforma han sido presentados como un avance para la vigencia de los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal, también han sido incluidos otros aspectos que de ser incorporados a la Constitución se traducirían en graves retrocesos en materia de derechos humanos. Estos son:

1. La reforma permitiría a la policía realizar allanamientos sin orden judicial. Los defensores de esta modificación tienden a olvidar la tradición de abusos característica de las policías mexicanas. Un legislador ha recordado al respecto que "la segunda y tercera causas de las quejas en derechos humanos emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales".
2. La reforma elevaría a la Constitución el arraigo. El arraigo es elevado a rango constitucional en casos de delincuencia organizada. Esta práctica, tal y como funciona en la realidad mexicana, ha sido calificada como violatoria de los derechos humanos pues funciona como una prisión preventiva anticipada carente de control judicial efectivo.

3. La reforma permitiría la existencia de delitos inexcarcelables. El proyecto incorpora en el artículo 19 constitucional una serie de pautas para decidir sobre la prisión preventiva, entre los que se incluye que ésta vaya siempre aparejada al procesamiento por ciertos delitos, enumerados en la propia Constitución. Esta norma atenta contra el principio de presunción de inocencia, pues de acuerdo con éste la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y revisable, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.

4. La reforma crearía un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la "delincuencia organizada". Se crea desde la Constitución un régimen excepcional para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada, régimen que se aplicaría desde la investigación de los hechos. Ello no sólo atenta contra las garantías del debido proceso sino contra el principio de igualdad, reconocido en el artículo primero de la Constitución.

La creación de un subsistema de excepción para investigar y juzgar a quienes se impute su pertenencia a la delincuencia organizada es particularmente grave. Al distinguir la Constitución entre dos sistemas de justicia: uno para la "delincuencia organizada" y otro para la "delincuencia común", el proyecto de reforma abre el camino hacia una distinción poco deseable que propicia en los hechos la existencia de dos derechos penales: uno para los imputados comunes y otro para los imputados relacionados con la delincuencia organizada. En otras palabras, uno para los ciudadanos y otro para los enemigos del Estado. Recortando a estos últimos sus garantías procesales y estableciendo un subsistema particular, muy conveniente a los intereses del Estado, para la investigación, el procesamiento y la sanción de los hechos en los que se les relacione.

Llamamos a los legisladores a no limitar las garantías procesales, propias de un Estado de Derecho democrático y reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, en aras de un siempre incierto "combate contra el narcotráfico". Las acciones preventivas y de persecución a la delincuencia organizada y el narcotráfico, que nadie osaría calificar de innecesarias en el momento actual, deben darse con pleno respeto a los derechos humanos. Legalizar desde la Constitución un proceder contrario sienta las bases para lo que será un claro atentado a la dignidad humana pues es contrario al principio de igualdad que de ella se desprende.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas