Los organismos de DDHH mendocinos expresan su profunda preocupación frente a la crisis que el nombramiento de los policías retirados vinculados a la represión ha generado en el seno del Ministerio de Seguridad: el comisario Mayor (R) Carlos Rico, quien ocupa el cargo de subsecretario de seguridad, comisario inspector (R) Fernando Gómez, director de logística, junto a Pedro Chacón, Vicente Chacón y Raúl Vega

Obviar o minimizar la crisis que estos hechos significa, nos estaría situando en el lugar de la complicidad o lo que es mucho más grave, con la impunidad que los represores han estado acostumbrados ha actuar.

La incansable lucha por la verdad y la justicia por más de 30 años nos permiten hoy ir consolidando un país más democrático. El gobierno nacional acompaña los procesos de los juicios por la verdad que se suceden a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Mientras que en nuestras provincia, no deja de impactarnos el retroceso que significa, que hombres fuertemente vinculados a la dictadura (que además se encargan de reivindicar el haber sido reconocidos por el asesino Santuccione) ocupen cargos relevantes en el ministerio anteriormente citado.

Todos sabemos que se hace indispensable alcanzar la seguridad como un bien común, basado en las garantías y derechos individuales y colectivos, en políticas que ayuden a achicar la brecha entre los excluidos y quienes todo lo tienen, dando mayores oportunidades, tanto en educación, salud, trabajo digno, para reconstruir el tejido social. Todos sabemos que necesitamos una policía capacitada y equipada, para actuar frente al delito...

No son estos hombres que hoy ocupan cargos estratégicos en el ministerio, quienes pueden llevar adelante, esas políticas basadas en los principios de equidad.

Por el contrario y como prueba de ello, ante la supuesta amenaza que pueda significar el aporte de un testigo, quien además ha actuado en el debido marco legal correspondiente, no dudan en investigarlo, pero fundamentalmente convertirlo en sospechoso difamándolo, como una forma de intentar callarlo.

Este hecho es una muestra de los valores que estos sujetos tienen, es lo que marca el retroceso, el que quiere silenciar. En definitiva, volver a generar el miedo.

La reciente desaparición de Julio López es una prueba que nos golpea a todos y que nos pone alerta frente al accionar del aparato represivo.

Nosotros no podemos permanecer al margen de estas actitudes, los organismos de DDHH estamos transitando todos los escenarios posibles: legislativo, judiciales y en el que se abra el debate de cara a la sociedad, como hace 32 años que lo venimos haciendo. No sólo por nuestra propia lucha, sino para garantizar la seguridad a cada uno de los ciudadanos que habitan en esta provincia.

Si no marcáramos enfáticamente este punto de inflexión, que constituye el nombramiento de estos represores como parte del ministerio de seguridad, si no denunciáramos quiénes son estos sujetos y la contradicción insalvable que esto genera, nuestra lucha quedaría reducida a una vacía consigna, a una descolorida bandera que habríamos bajado frente a un gobierno que, acabando de asumir por la voluntad de un pueblo, omite el principio basal de nuestra joven democracia que sostiene, que ningún individuo que haya sido miembro activo o colaboracionista de la última dictadura puede ocupar un cargo público. Esto es mucho más que una consigna, este es el principio ético que debe cumplir cada uno de los hombres y mujeres que desempeñándose en los cargos públicos lleven adelante el mandato que el pueblo les dio a través de su voto.

Madres de plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de detenidos y desaparecidos, Asociación de ex presas/os políticas, MEDH, Casa por la Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos , delegación San Rafael.