Luego que Clarín levantase la noticia de que el Vaticano no daría el placet al embajador propuesto por la Argentina, Alberto Juan Bautista Iribarne, Página 12 comentó el tema haciéndose eco de la versión de que no se propondría un reemplazante de Iribarne y que la embajada sería atendida por el encargado de negocios.

El análisis publicado en Página 12 el domingo 3, bajo la firma de Horacio Verbitsky, comenta que junto a la decisión de que la embajada quede vacante, el gobierno argentino, por ley del Congreso dispondrá la disolución del Obispado castrense y que “intentará mantener relaciones de mutuo respeto con el Episcopado argentino, que no participó en la decisión vaticana de rehusar el plácet al designado embajador Alberto Juan Bautista Iribarne, amigo personal de uno de los obispos más influyentes del país e hijo de un piadoso oficial del Ejército”

El articulista aclara que esos obispos locales “tampoco tuvieron intervención en la crisis que se desarrolló desde febrero de 2005, cuando el ex obispo castrense Antonio Baseotto sugirió resolver las diferencias con la política sanitaria de Ginés González García arrojándolo al mar con una piedra de molino al cuello”.

Oportunas menciones, para evitar malos entendidos, son los comentarios de Verbitsky sobre Inés Urdapilleta -de quien Iribarne se divorció hace nueve años- que “ha explicado en vano qué buen padre es su ex esposo” y que la decisión del Vaticano “harán más arduo el empeño de los obispos dialoguistas, como los otros miembros de la Comisión Ejecutiva, Agustín Radrizzani y Sergio Fenoy, y el responsable político del Episcopado, Alcides Casaretto” para mantener las relaciones con el Gobierno de Cristina Fernández Kirchner quien ha dado reiteradas señales de buena voluntad.

Según el analista de Página 12, cuando comenzó a insinuarse el rechazo, la presidenta CFK tenía dos alternativas, “dejar la embajada en manos del encargado de negocios Hugo Gobbi, un heredo-diplomático designado allí a solicitud del ex presidente Raúl Alfonsín, o escoger un nuevo candidato y someterlo al escrutinio de Benedicto XVI y sus dicasterios romanos”.

En un novedoso giro argumental sobre una de las dificultades para la segunda opción, Verbitsky señala que en Argentina hay “cuatro millones de ciudadanos” que están en la misma situación de Iribarne, según el censo de 2001, donde se concluye que “14,5 millones de los habitantes mayores de 14 años viven en pareja pero sólo 10,6 millones están casados. Es decir que el 27 por ciento de la población adulta de la Argentina entra en la categoría de indeseable para la sede apostólica”.

Para el articulista ese dato “ayuda a comprender lo que está en juego en este episodio: el rechazo a Iribarne es una impugnación confesional a los estilos de vida que con libertad eligen los ciudadanos argentino. Ningún gobierno que se respete puede aceptar semejante anatema, menos uno como el de CFK cuyas propuestas reformas a la ley del registro de las personas procuran democratizar la vida cotidiana con independencia del sexo o el estado civil”. Así que “Para evitar malentendidos, el gobierno hizo saber que no habría una segunda nominación”

Siguiendo a Verbitsky, sobre el caso Iribarne aparecieron dos sugerencias desde funcionarios eclesiásticos.

Una “que el embajador aceptara la exclusión de su mujer de cualquier actividad ceremonial, al estilo de lo que el Vaticano le impuso a la esposa del ex presidente mexicano Vicente Fox durante una visita al Papa”. La otra “que el gobierno negociara un avenimiento en la situación del Obispado castrense”.

“Ambas propuestas fueron declinadas, una por Iribarne, quien no estaba dispuesto a aceptar tal iniquidad, y otra por el gobierno: una situación no podía condicionarse a la otra y la designación de Iribarne tenía el propósito de desatar aquel nudo porque, a diferencia de Custer que es un hombre de la Iglesia, el ex ministro responde al gobierno que integró”.