Al presentar un balance de la situación de los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas en la materia, condenó el hecho de que en ciertos Países se criminalice la protesta social de los pueblos indígenas, mencionando el caso de Chile.

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“En Guerrero, en Oaxaca es algo que se da constantemente”, dijo el también investigador de El Colegio de México.

A su juicio, el auto de formal prisión dictado ayer contra Flavio Sosa, consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), es “obviamente una persecución por la actividad social de protesta, en un conflicto social que no se resuelve socialmente, sino que se quiere resolver penalmente”.

En su calidad de relator especial de la ONU, Stavenhagen presentó hoy en la sede de esta organización en México el libro titulado Los pueblos indígenas y sus derechos, que contiene los siete informes que realizados por el investigador en más de 10 países entre 2002 y 2007, los cuales presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Stavenhagen dijo, sin embargo, que “México es un país donde hay avances y retrocesos en términos de los derechos de los pueblos indígenas”.

Agregó: “La persecución de la actividad social existe en otros países que he visitado, como Canadá o Chile con los Mapuche”.

“Los indígenas son el eslabón más débil, más vulnerable en la cadena de los derechos humanos. Y sabemos que si se endurece la legislación, aunque sea con motivos declarados de combate al crimen organizado, los efectos para ese sector pueden ser muy negativos” dijo Stavenhagen, al referirse al proyecto de reforma judicial de México.

Esta reforma fue presentada por el presidente Felipe Calderón, con el fin de combatir el crimen organizado. Permitiría a la policía ingresar a un domicilio sin orden judicial. Establece también como delincuencia organizada una organización de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada.

“Esta reforma puede tener implicaciones negativas muy serias para los derechos humanos no sólo de los indígenas, sino del pueblo mexicano en general”, señaló Stavenhagen.

Además, advirtió sobre la globalización que “sigue afectando enormemente a los pueblos indígenas, en cuanto a inversiones de consorcios extranjeros en proyectos de desarrollo mineros, hidroeléctricos y petroleros”.

“Estas actividades van a tener efectos muy fuertes sobre la ecología y la capacidad de supervivencia de las comunidades”, dijo.

Stavenhagen puso un ejemplo: el conflicto que ha provocado el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero. “Si éste se lleva a cabo, tendría implicaciones muy serias para un grupo grande de población”, añadió.

Al final del acto, Stavenhagen afirmó que “en todos los países hay una enorme demanda acumulada de pueblos indígenas por una educación propia, bilingüe e intercultural”.

Las manifestaciones campesinas a favor de una renegociación del capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se inscriben, según Stavenhagen, en la voluntad de defender “el valor de la diversidad”