Una de las comunidades Mapuche autónomas ícono de la resistencia contra las empresas forestales y latifundistas es Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, IX región, ahí los comuneros denuncian ser víctimas de persecusión política, represión y torturas. Pese a denunciar estos abusos del estado chileno a observadores y varias organizaciones de derechos humanos, el conflicto en la zona se mantiene muy latente, así lo señala el comunero Jorge Huenchullán.

Por Antonio de la Jara

Los indígenas mapuche están renovando una ancestral demanda para recuperar sus tierras en el boscoso sur de Chile, en una lucha que sus portavoces aseguran está siendo reprimida por el Gobierno democrático con la misma mano dura que en dictadura.

Grupos de mapuche y activistas radicales que defienden su causa han ocupado haciendas, quemado predios y cortado carreteras en incidentes que han terminado en choques con la policía y un estudiante indígena muerto.

"Para nosotros no ha cambiado la democracia de lo que fue la dictadura militar," aseguró el werkén o portavoz Jorge Huenchullán, de la comunidad mapuche de Temucuicui, en referencia a la acción de la policía tras la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990).

"Los allanamientos más masivos, más violentos, se han hecho justamente en democracia," agregó en Temucuicui, uno de los epicentros del conflicto mapuche y que está permanentemente vigilado por unidades policiales.

Los mapuche o "gente de la tierra," que resistieron con fiereza por siglos a los conquistadores españoles, exigen al Estado y empresarios la devolución de terrenos de los que han sido despojados por la fuerza, por decretos o subastas a través de los años.

Según algunos observadores, aunque la tensión está lejos de parecerse al movimiento unitario que hicieron los zapatistas en el sur de México -los mapuche no se consideran guerrilleros y muchos velan por casos específicos en sus comunidades-, sí refleja la disconformidad y pobreza de varias etnias por todo el continente.

CONSTANTE PRESION

Hace unas semanas, el estudiante mapuche Matías Catrileo murió de un disparo en un confuso incidente con la policía, lo que fue reprochado por las iglesias Católica y Evangélica, las más influyentes del país. Obispos católicos mediaron con el Gobierno para que la activista Patricia Troncoso, condenada por una ley antiterrorista a 10 años de cárcel, depusiera el lunes una huelga de hambre que duró 110 días. Troncoso, símbolo de la resistencia mapuche, consiguió una flexibilización de su condena.

El conflicto mapuche también ha sido seguido de cerca por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, que solicitó a las autoridades que sea revisada la situación jurídica de algunos mapuche encarcelados, al igual que sus demandas.

Tras las protestas de los grupos mapuche y los choques con la policía, el Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet designó el lunes un alto comisionado para hacer frente a la tensión.

"Creo que no es necesario ninguna tregua (...) Lo que tenemos (que hacer) es conversar mirándonos las caras, escuchar," dijo Rodrigo Egaña, comisionado presidencial de asuntos indígenas designado por la mandataria, al asumir su responsabilidad.

En el Gobierno hacen hincapié en que los indígenas y activistas encarcelados no son prisioneros políticos, sino personas que han cometido delitos, y autoridades han advertido que utilizarán todos los medios para mantener el orden.

Los obispos chilenos esperan que el comité liderado por Egaña pueda avanzar "en la resolución de las cuestiones de fondo que este conflicto nos demanda a la sociedad chilena en su conjunto," dijo un comunicado de la Conferencia Episcopal.

TEMUCUICUI: ¿CAMPO DE BATALLA?

Pese a la designación del alto comisionado, varios policías están instalados en puntos fijos en bosques y plantaciones de trigo cerca de la comunidad de Temucuicui para evitar que 120 familias mapuche ocupen unas 600 hectáreas de empresarios extranjeros.

"Los colonos tienen que irse. No hay otra opción," dijo Huenchullán, quien tras varios intentos accedió a que Reuters ingresara a Temucuicui, una zona rodeada por casetas y cámaras de vigilancia, vehículos antimotines y policías con armas automáticas que han allanado el lugar varias veces.

Lo que vive Temucuicui y otras comunidades mapuche ha provocado la indignación, incluso, en las filas oficialistas.

"El territorio mapuche no es campo de batalla. Esto no es Colombia, ni Irak, donde hay fuerzas beligerantes," dijo el senador Alejandro Navarro, del Partido Socialista.

Huenchullán, quien ha estado cuatro veces preso, dijo que está cansado de la "ineficiencia" y "burocracia" de la gubernamental Conadi, a cargo del rescate de tierras y la cultura indígena.

Pese a estas críticas, la Conadi compró en el 2002 unas 1.800 hectáreas a la forestal Mininco y las restituyó a la comunidad Temucuicui, aunque eso no ha apagado las flamas.

"Vamos a hacer valer nuestra condición de mapuche en un territorio que nos pertenece y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos decididos y no vamos a echar pie atrás," dijo el werkén, en momentos en que sus hijos juegan en el patio de su humilde casa de madera, que luce la bandera mapuche.

En el gremio de las forestales (Corma) califican de "actos terroristas" la ocupación de terrenos e incendios forestales.

"No se puede tolerar esto y el Gobierno debe hacer cumplir el Estado de derecho," dijo Fernando Leniz, líder de Corma.

Pero observadores de derechos humanos advierten que ese no es el camino, dada la historia de despojo del pueblo mapuche, a lo que el senador Navarro agrega que esas invocaciones sólo "buscan generar las condiciones para la represión."

El hermano del werkén de Temucuicui, Jaime Huenchullán -buscado por atentados incendiarios-, dijo que en Chile no están dadas las garantías para enfrentar un debido proceso. "Mi encarcelamiento obedece a la persecución política del Estado, de la derecha y forestales," dijo el comunero.

Fuente: Agencia Reuters