Estimados compañeros de militancia:

Dolidos y preocupados por la situación reinante en la Prov. de Stiago. del Estero, mucho más por el precedente que sienta la promulgación de leyes que avasallan derechos elementales, repudiamos las últimas acciones llevados a cabo en dicha provincia.
Pensamos en la necesidad imperiosa de continuar articulando acciones y difundiendo lo acontecido en cada rincón, con los más pobres, con los excluídos, defendiendo de manera más vehemente y combativa (también en el ámbito judicial) el derecho a vivir dignamente en la tierra que habitamos junto al respeto por la cultura, el hábitat y de los recursos naturales.-

APDH delegación Formosa

Mesa Provincial de Tierras
Obispado de Santiago del Estero
Avda. Belgrano (S) 450 – 4200 Santiago del Estero

Santiago del Estero, 6 de Enero de 2006.

Urgente
COMUNICADO DE PRENSA

El Gobierno promulgo la injusta Ley de Desalojo (Art. 182 Bis), pese al reclamo de las Organizaciones Campesinas

“No hay voluntad política para asumir y cambiar la problemática campesina”
PESE A LAS GESTIONES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE PRESIDENCIA DE LA NACION, DE DIPUTADOS NACIONALES, DEL PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO, DE LAS 14 ZONALES DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DE ESTERO; DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES COMO FUNDAPAZ, GREENPEACE, INCUPO, EL CEIBAL, BEPE, SEPyD, PRADE, JUNTO A LA PASTORAL SOCIAL, EL GOBIERNO PROVINCIAL PROMULGO LA LEY DE DESALOJO.

La Mesa Provincial de Tierra, expresa con preocupación y desagrado por este hecho, lo que constituye una respuesta negativa para el sector.

El Art. 182 bis, ley de desalojo, es un artículo del Código de Procedimiento Criminal y Correccional de la Provincia cuya incorporación originariamente fue promovida por Darío Moreno, ex vicegobernador de Nina Aragonés de Juárez, a fin de crear condiciones para los negociados espurios en inmuebles rurales. Consiste básicamente, en dar facultad al Juez para que ante una denuncia por usurpación, autorice la restitución del inmueble al denunciante; no existiendo notificación alguna al denunciado, ni posibilidad defenderse, violando de manera flagrante el Derecho de Defensa consagrado en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de nuestra Constitución desde 1994.

Con dicho Artículo se ordena la restitución de un inmueble rural, sin haber antes comprobado si los dichos del denunciante son ciertos. El código de procedimiento penal, ley provincial, crea una vía distinta al proceso civil de desalojo, no dando lugar a los mecanismos de defensa, como las reivindicaciones, interdictos posesorios, acciones reales, que es lo procedente en estos casos, donde se discuten los derechos sobre inmuebles (ley nacional).

Con la aceptación del 182 bis se está criminalizando al campesinado, y también se avanza sobre las organizaciones civiles, visto los términos que utiliza el Juez Oscar Juárez en las actuaciones del caso Santos Lugares, cuando se refiere a una supuesta asociación ilícita, a instigación a usurpar por parte de los técnicos de las Ongs.

Es también un hecho que en general el campesino carece de recursos para denunciar, o iniciar el costoso juicio de prescripción. Termina siendo víctima de atropellos y de detenciones arbitrarias, con procedimientos exagerados, como es el uso del GETOAR (Grupo Escuadrón Táctico de Alto Riesgo) en el caso Santa Ana, departamento Dpto. Moreno; evidenciando una vez mas las dificultades de los mas humildes para tener acceso a la justicia.

Este artículo había sido modificado el 09 de Octubre del 2004 Por la Intervención Federal, estableciendo limitaciones a la facultad otorgada al Juez de Instrucción, determinando que exista auto de procesamiento firme, es decir haber completado la etapa investigativa, notificado al denunciado, èste haberse defendido y tenido la posibilidad de apelar una 1º decisión.

Hoy por hoy, en estas condiciones los que están actuando fuera de la ley no son precisamente los campesinos, por eso es totalmente repudiable el proyecto de Pedro Simón y el accionar de todos los diputados que votaron ese proyecto inconstitucional, en desmedro del campesino y en pos de los intereses de una minoría. Hoy el Gobernador Gerardo Zamora, lo promulgó, copiando así lo peor del juarismo.

Los problemas a resolver son muchos, la posesión de la Tierra, la existencia de bandas armadas en el interior provincial, la falta de formación y disposición en algunos policías para tomar denuncias, los desmontes furtivos y a costa del daño ambiental, el robo de las haciendas, los desvíos de cursos de agua , la quema de cercos y postes, el cierre de caminos por parte algunos empresarios inescrupulosos que actúan con impunidad porque el estado provincial no garantiza la igualdad en la aplicación de las leyes.

Las organizaciones que integran la Mesa de Tierras tiene y tendrá una permanente vocación de diálogo, pero este sólo podrá concretarse en la medida que se creen las condiciones para que se respeten los derechos posesorios de los campesinos.

UNA VIDA DIGNA PARA TODAS LAS FAMILIAS QUE HABITAN NUESTRA QUERIDA TIERRA SANTIAGUEÑA.