{titleflag:gt}Saludos a nuestros/as amigos y amigas de NISGUA!

Hoy compartimos 2 noticias de interés sobre la lucha por la justicia en Guatemala.

1. Determinación ejemplar de la Audiencia Nacional española sobre el genocidio guatemalteco
2. Las Naciones Unidas y Guatemala preparadas para el inicio de la investigacion internacional contra la impunidad y el crimen organizado

Gracias!

NISGUA Guatemala

Determinacion ejemplar de la Audiencia Nacional española sobre el genocidio guatemalteco

Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Asociacion Pro Derechos Humanos, y Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH)

16 enero 2008

La Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus ligas miembro en Espana, la Asociacion Pro Derechos Humanos y en Guatemala, el Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH) se felicitan del auto emitido hoy por la Audiencia Nacional española en el cual decide seguir con su investigacion sobre los crimenes de genocidio, torturas, asesinatos y detenciones ilegales contra civiles en Guatemala, miembros de la etnia maya en su mayoria (causa 331/1999) y llama a todas las personas que tengan informacion a suministrarla.

Esta decision interviene tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala, notificado el 14 de diciembre 2007, en el cual esta ultima rechazo la extradicion a Espana de Angel Anibal Guevara Rodriguez, ex ministro de la defensa, y Pedro Garcia Arredondo, antiguo comandante de la policia. La FIDH habia manifestado su repudio frente a la decision de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca que descartaba la competencia de Espana para juzgar, entre otras, del crimen de genocidio cometido en Guatemala bajo el principio de jurisdiccion universal consolidando asi aun mas la impunidad que gangrena el Estado de Guatemala ⁽¹⁾ .

Mediante su auto, la Audiencia Nacional denuncia "una clara actitud dilatoria" de las autoridades guatemaltecas frente a la investigacion espanola. Ademas, subraya la grave violacion al derecho internacional y a la obligacion de 'todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar" el delito de genocidio que representa el hecho que la Corte de Constitucionalidad considere lo acontecido contra el pueblo maya como un delito politico. " Esto no hace mas que reiterar lo que ya quedo suficientemente establecido, a saber que el *Estado guatemalteco no ha hecho nada para sancionar tal delito, constatada la comision del mismo en el pueblo maya por lo que Espana puede y debe perseguir universalmente tal delito* ⁽²⁾ ." añade la Audiencia Nacional.

En consecuencia, la Audiencia Nacional considera que, mas que nunca, es competente para juzgar el genocidio y los otros crimenes y que frente a la ausencia de voluntad de las autoridades guatemaltecas de llevar a cabo las diferentes comisiones rogatorias que tenian como objetivo obtener en Guatemala la informacion necesaria para proceder a la investigacion debe acudir a otras fuentes de investigacion. Por esa razon solicita que "las victimas, perjudicados, testigos, investigados" suministren al Juzgado espanol la informacion que tengan sobre estos crimenes.

La FIDH, la Asociacion Pro Derechos Humanos y CALDH consideran que esta informacion se puede canalizar a traves de las organizaciones de la sociedad civil.

Souhayr Belhassen, la presidenta de la FIDH aplaude esta determinacion para juzgar los crimenes atroces que se cometieron durante lo que fue el mas grande genocidio de toda America Latina en el siglo XX y le pide al nuevo Presidente de Guatemala que rompa con este ciclo de impunidad y colabore plenamente con la Audiencia Nacional.

Estas organizaciones tambien llaman a la Corte de Constitucionalidad a que resuelva en contra y a la brevedad el amparo interpuesto por el General Rios Montt en el proceso Guatemalteco por las desclasificacion de los documentos militares en manos del ministerio publico.

(1) Ver el comunicado de prensa del 19 de diciembre de 2007: La FIDH rechaza la decision de la Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala que contribuye a consolidar la impunidad
http://www.fidh.org/spip.php?article5046

Comunicado de prensa
Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas y Guatemala preparadas para el inicio de la investigación internacional contra la impunidad y el crimen organizado

Nueva York, 10 de enero de 2008. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – un esfuerzo internacional innovador que busca ayudar a Guatemala a investigar y desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del aumento del crimen y la parálisis del sistema de justicia del país – será lanzada formalmente mañana por el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas en una ceremonia en Ciudad de Guatemala.

El oficial político de más alto rango de las Naciones Unidas, el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, señor B. Lynn Pascoe, viajará a Guatemala este viernes para participar en la ceremonia, donde estará acompañado por el señor Carlos Castresana Fernández, Comisionado designado por el Secretario General Ban Ki-moon para encabezar este órgano de investigación independiente.

El establecimiento de la CICIG culmina años de esfuerzos para crear un mecanismo efectivo de ayuda internacional para Guatemala en su lucha contra “los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad” – grupos criminales que se cree han infiltrado las instituciones estatales, incluyendo el sistema de justicia, para asegurar la impunidad de sus acciones, minando así los avances democráticos logrados en Guatemala desde el fin del conflicto armado en la década de los noventa. La propuesta fue inicialmente formulada como respuesta a las amenazas y a actos de violencia contra defensores de derechos humanos en Guatemala atribuidos a estos mismos grupos clandestinos, y representa una nueva e importante iniciativa de las Naciones Unidas, en conjunto con un Estado miembro, para fortalecer el estado de derecho en un país en pos-conflicto.

El mandato de la Comisión permite llevar a cabo investigaciones independientes y actuar como querellante adhesivo, apoyando a las autoridades guatemaltecas a juzgar casos representativos en los tribunales nacionales. La Comisión se diferencia de los tribunales internacionales en que trabajará a través del sistema judicial local y en estrecha colaboración con el Ministerio Público de Guatemala y la Policía Nacional Civil. Además, busca no sólo conseguir condenas, sino también fortalecer el sistema nacional de justicia criminal y demostrar que puede funcionar en este tipo de casos. La CICIG también recomendará políticas públicas para ayudar a combatir los grupos criminales que son objeto de sus investigaciones.

La Comisión, con sede en Ciudad de Guatemala, opera actualmente con un equipo núcleo de funcionarios, previendo que para mediados de 2008 cuente con un grupo de aproximadamente 100 funcionarios profesionales, tanto internacionales como guatemaltecos – en su mayoría expertos de justicia criminal con experiencia en el manejo de casos de crimen organizado. La CICIG tiene un mandato de dos años que puede ser renovado a petición del Gobierno.

La Comisión está financiada en su totalidad por donaciones internacionales. Actualmente ha recibido contribuciones y compromisos por un valor total de 21 millones de dólares de países que incluyen los siguientes: Bélgica, Canadá, la Comisión Europea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, los Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido, además del Banco Mundial y de la Fundación Soros.

El Comisionado de la CICIG, Carlos Castresana Fernández, ha sido un Fiscal del Tribunal Supremo de España desde 2005, y cuenta con una amplia experiencia en áreas relacionadas con el mandato de la Comisión. De 1995 a 2005 se desempeñó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, investigando y persiguiendo penalmente casos graves de corrupción y crimenes económicos ante la Audiencia Nacional y otros tribunales españoles. De 1993 a 1995 trabajó en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, donde tuvo a su cargo casos de organizaciones criminales acusadas de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

La CICIG fue establecida bajo un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala en diciembre de 2006, y ratificado en agosto de 2007 por el Congreso de Guatemala, entrando en vigor el 4 septiembre de 2007. La Comisión opera con la asistencia del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas en Nueva York y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala. Para las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Políticos lideró las discusiones con el Gobierno de Guatemala que culminaron con el establecimiento de la CICIG.